Asambleísta aclara que para migrantes no es obligatorio presentar papeleta de votación para trámite de pasaporte

Explica que voto es facultativo para ecuatorianos que residan en exterior, por lo que presentar este documento no es obligatorio

El asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, Esteban Melo, aclaró que en los requisitos para legalizar y obtener el pasaporte para los migrantes ecuatorianos no es obligatorio presentar la papeleta de votación, debido a que es facultativo para los ecuatorianos residentes en el exterior, de acuerdo al artículo 62 de la Constitución.

El legislador realizó la aclaración luego de que circuló en redes sociales un documento en el que la Dirección de Documentos de Viajes y Legalización, notifica a los Jefes de Áreas de Consulados, Embajadas y Misiones Diplomáticas del MREMH, que en virtud de haber efectuado el referéndum y consulta popular el pasado 04 de febrero, de acuerdo al artículo 289 del Código de la Democracia, se incluya como requisito para los trámites de legalizaciones y obtención de pasaporte, la presentación del respectivo Certificado de Votación.

Melo afirmó que el documento carece de legalidad y recae en inconstitucional debido a que en el artículo 62 de la Constitución señala que el voto será facultativo para personas entre 16 y 18 años, los mayores a 65 años, ecuatorianos que residan en el exterior.

Por lo tanto, dijo, que siendo el voto facultativo en algunos casos, “no puede mediante un acto administrativo irse por sobre la Constitución, que es la norma suprema de nuestro país”.

Ante esta aclaración, la Subsecretaría de servicios consulares y migratorios del MREMH, dejó sin efecto el oficio que pedía como requisito la papeleta de votación a uno de los migrantes ecuatorianos.

Bancada correista apoya juicio político contra Ministro, por “manejo ilegal de recursos para reconstrucción”

Señalan que actuación del ministro “es totalmente ilegal ya que inobservó varias disposiciones Constitucionales y legales para desviar recursos”

La bancada de la Revolución Ciudadana, exigen un juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torres, por el retiro de los USD $300 millones de la cuenta correspondiente a la cuenta de la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril. Explican que por “mal manejo de los recursos” dejó a los damnificados “sin el cumplimiento oportuno de las obras que sin dilación, y total urgencia, requerían”.

A través de un comunicado señalan que la actuación del Ministro de Economía “es totalmente ilegal ya que inobservó varias disposiciones Constitucionales y legales para desviar recursos destinados para la reconstrucción y que provienen  de contribuciones solidarias del pueblo ecuatoriano”.

El manejo de estos recursos para otros menesteres, a inicio de este año, fue confirmado por el ministro De la Torre. Posteriormente, informó que la cantidad de los USD$ 300 millones ya fueron restituidos en dos dispositivos, uno por USD $100 millones, el 9 de enero, y otro por USD $200 millones el 10 de enero.

Sin embargo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana exigen la censura respectiva “al uso ilegal de estos fondos”.

Con 53 firmas de respaldo, la mañana de este jueves, los asambleístas del movimiento CREO, presentaron el pedido de juicio político contra Carlos de la Torre.

La parlamentaria Tanlly Vera, una de las proponentes, reiteró que “los manabitas y esmeraldeños no hemos olvido lo irresponsable que fue el Ministro hace un mes con el fondo de solidaridad. Así como también, no hemos olvidado el cambio del orden del día que fue solicitado ante el pleno de la Asamblea y contó con el apoyo de 94 legisladores ¡El ministro debe comparecer ante la Asamblea Nacional!”.

@CorteIDH desestimó pedido de @CIDH, pero aún así, se podrán presentar causas por afectación de derechos e inconstitucionalidad

Esto no exime a que por parte de otros actores, se pueda demandar al Gobierno de Moreno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó el pedido de la CIDH de “medidas previsionales” en el caso de los 3 consejeros ecuatorianos frente al referéndum del 4 de febrero cumplido en Ecuador, por serias fallas de presentación por parte de la Comisión entre otras, falta de sustento, trámite a destiempo y actuación contradictoria que no dictó medidas cautelares. La resolución de los jueces de la Corte no respondió en ningún momento a intervención alguna de las partes del estado ecuatoriano, sino que es un rechazo a una falla del debido proceso y que provocó tal decisión del Tribunal.

El documento de 11 páginas, tiene a su haber una serie de reflexiones críticas contra el pedido de la CIDH, ya que según los cuatro jueces firmantes del tema, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot  Presidente, Eduardo Vio Grossi  Humberto Antonio Sierra Porto y Elizabeth Odio Benito  hay serias fallas en el debido proceso ante el reclamo de los ecuatorianos Edwin Jarrin,Tania Pauker y Sonia Vera.

Entre las consideraciones más importantes de la Corte que se fundamentan para rechazar el pedido de la CIDH están:

SE PODRÁN PRESENTAR CAUSAS POR AFECTADOS POR EL REFERENDUM:

En el tema en cuestión, en el mismo considerando 23, se señala en el segundo párrafo:

                 Tampoco corresponde a este Tribunal efectuar un análisis de convencionalidad sobre las actuaciones de las autoridades internas que culminaron con la organización de esos comicios. Estos aspectos podrían, eventualmente, ser debatidos por los peticionarios y el Estado ante la Comisión Interamericana, conforme a las reglas establecidas en la Convención y en el Reglamento del señalado órgano del sistema interamericano, en caso de que la petición inicial sea declarada admisible.

NO JUSTIFICACIÓN DE PEDIDO DE SUSPENSIÓN DE CONSULTA:

18. El Tribunal constata que debido al hecho que la referida consulta popular se llevó a cabo el día 4 de febrero de 2018, el petitorio de los propuestos beneficiarios el cual se relacionaba con la posibilidad de suspender los comicios quedó sin objeto. En ese sentido, la solicitud presentada por la Comisión no guarda relación con lo requerido por parte de los propuestos beneficiarios.

19. Por otra parte, sobre los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad, este Tribunal ya ha señalado que, conforme a la Convención y al Reglamento, la carga procesal de demostrar prima facie dichos requisitos recae en el solicitante17. En cuanto a la gravedad, para efectos de la adopción de medidas provisionales, la Convención requiere que aquélla sea “extrema”, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. El carácter urgente implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta para remediarlos sea inmediata. Finalmente, en cuanto al daño, debe existir una probabilidad razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables.

PEDIDO CARECE DE SUSTENTO DE GRAVEDAD, URGENCIA Y EVITAR DAÑOS IRREPARABLES

Aqui está el motivo por el cual rechaza de fondo la Corte el pedido de la CIDH.

22. En este punto, corresponde recordar que ante una solicitud de medidas provisionales, la Corte no puede considerar el fondo de ningún argumento que no sea de aquellos que se relacionan estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a personas. Cualquier otro asunto sólo puede ser puesto en conocimiento de la Corte en un caso contencioso21.

23. En el presente asunto, la Corte no está llamada a pronunciarse sobre los derechos presuntamente vulnerados en perjuicio de los propuestos beneficiarios de las medidas provisionales en el marco del procedimiento de referéndum que tuvo lugar el pasado 4 de febrero.

CORTE NO PUEDE TRATAR APROBACIÓN A REFERENDUM COMO PIDIO CIDH

Llama la atención el mal tramite del proceso de la CIDH, lo que la corte considera negativo del pedido de la Comision por no poder tratar temas como el referendum:

26. En ese mismo sentido, este Tribunal considera que la solicitud planteada en el petitorio de la Comisión consistente en ordenar al Estado que “se abstenga de implementar la aprobación de la cuestión tercera del referéndum convocado mediante Decreto 229, relativo a la destitución de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que incluyen a los propuestos beneficiarios, así como la creación de la autoridad transitoria y la ejecución de sus funciones”, implica un prejuzgamiento sobre la convencionalidad del procedimiento surtido para llevar a cabo el referendo constitucional llevado a cabo el 4 de febrero en Ecuador, análisis que no es propio de la naturaleza de una medida provisional.

PEDIDO FUE A DESTIEMPO, CIDH TUVO EN SU PODER LA DENUNCIA MAS DE UN MES.

El párrafo más duro de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace notar ell comportamiento contradictorio de la CIDH, a la que le señala de haber tenido la denuncia un mes sin actuar, y no haber tramitado las medidas cautelares y pedir las provisionales:

28. Por último, esta Corte no puede dejar de advertir que la Comisión, por un lado desechó una solicitud de medidas cautelares sobre un asunto de similar naturaleza, y por otro lado requirió la adopción de medidas provisionales en un asunto de similar naturaleza argumentando extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad. En esa misma línea, llama la atención del Tribunal que la Comisión tuvo una solicitud de medidas provisionales bajo su conocimiento por más de un mes y que ésta recién activó el mecanismo de medidas provisionales una vez que ya fuera celebrado el referéndum, es decir después que la ciudadanía expresara su respuesta afirmativa a la pregunta formulada relacionada con el objeto de la solicitud.   

              29. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el Tribunal estima que lo alegado por la Comisión no es suficiente para sustentar el dictado de las medidas provisionales. En consecuencia, el Tribunal considera que no concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 63.2 de la Convención y 27 del Reglamento, por lo que la solicitud de medidas provisionales sometida por la Comisión Interamericana debe ser desestimada por improcedente

La resolución fue estudiada y resuelta ayer mismo, frente al pedido de urgencia de la CIDH, por lo que no tuvo en ningún momento la intervención del estado ecuatoriano, como se aseguró desde el gobierno de Ecuador este día. Es más, la comisión delegada arribó a San José, Costa Rica pasado el mediodía de este jueves 8 de febrero, horas después de que fue emitida la resolución.

Los jueces Roberto F. Caldas y Eugenio Raúl Zaffaroni hicieron conocer a la Corte su voluntad de presentar sus votos individuales disidentes, posteriormente a la notificación de la presente Resolución.

El juez ecuatoriano, Patricio Pazmiño Freire no tuvo intervención alguna en este caso por ser de la nacionalidad de los reclamantes, según lo prohibe de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento de Tramite de Causas de la Corte Interamericana. (FHA):-

Fuente: Resolución CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Legisladores de Ecuador presentan un juicio político en contra del Ministro de Finanzas

Quito, 8 feb (Andes).- El bloque de legisladores del movimiento Creo presentó este jueves un pedido de juicio político en la Asamblea Nacional de Ecuador en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, con el argumento de incumplimiento de funciones.

Con 53 firmas de asambleístas de diferentes bancadas, las legisladoras Tanlly Vera y Rhina Campain entregaron la solicitud argumentando el supuesto mal uso de los 300 millones de dólares que se tomaron de la cuenta destinada para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto del 16 de abril de 2016.

Según Tanlly Vera, asambleísta por la provincia de Manabí, el Ministro de Finanzas dispuso de ese dinero del fondo de la Ley de Solidaridad y lo trasladó a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, incurriendo así en incumplimiento de funciones.

La legisladora explicó que existe una carta del exsecretario de la Reconstrucción Carlos Bernal en la que se explica que no se ha continuado con el proceso de la reconstrucción por “falta de recursos”.

“74 mil viviendas fueron afectadas y tan solo se ha entregado 27 mil 800, lo que significa que falta atender a cerca del 50 %”, subrayó por su parte la asambleísta Rina Campain en rueda de prensa.

Entre las firmas de respaldo para el pedido de juicio político se encuentran las de Pabel Muñoz, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, desafiliados de Alianza PAIS, entre otros.

En días pasados, el ministro De la Torre reconoció que fueron tomados los fondos de la Ley de Solidaridad 300 millones de dólares, pero que fueron vueltos a transferir inmediatamente a esa misma cuenta.

En los próximos días la solicitud para un juicio político deberá ser calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego pasará a la Comisión de Fiscalización que, en caso de dar paso a esta diligencia, establecerá un plazo de 15 días para que los aludidos presenten pruebas de cargo y descargo.

En rueda de prensa, la asambleísta esmeraldeña Carmen Rivadeneira dijo que se suma al pedido de juicio por la disposición ilegal de recursos y la negligencia para dar respuesta oportuna a la población damnificada.

Precisó que 14 mil comerciantes autónomos de Manabí y Esmeraldas esperan soluciones concretas a su problemática.

@CorteIDH desestima medidas de protección de la @CIDH

Luego de la reunión mantenida con funcionarios del gobierno de Lenin Moreno, la Corte IDH desecha recurso de medidas cautelares, aquí la resolución:

POR TANTO:
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 27 y 31 del Reglamento,

RESUELVE:

Por cuatro votos a favor y dos en contra, que:

1. Desestimar de plano la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Disienten los jueces Roberto F. Caldas y Eugenio Raúl Zaffaroni. Por unanimidad, que:

2. Requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado de Ecuador y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los jueces Roberto F. Caldas y Eugenio Raúl Zaffaroni hicieron conocer a la Corte su voluntad de presentar sus votos individuales disidentes, posteriormente a la notificación de la presente Resolución.

Corte IDH. Asunto Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García respecto de Ecuador. Solicitud de medidas provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2018.

Enlace de la Resolución: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/edwin_se_01.pdf

Luego de que funcionarios de Moreno se reúnan con la Corte IDH, desechan informe de la CIDH

A través de su cuenta de Twitter el presidente de la Republica Lenin Moreno, comunicó:

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió los argumentos de defensa del Estado Ecuatoriano y desecha la solicitud de medidas provisionales solicitadas por la CIDH. Triunfa el derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¡Viva la democracia!”

Con esto, queda desecho todo recurso y la consulta popular sigue su curso, luego de las elecciones.

Lasso exige respuesta s Moreno “a la altura de las circunstancias” tras pedido de CIDH de medidas cautelares

Devela falta de celeridad de diplomacia ecuatoriana

Guillermo Lasso, líder de Creando Oportunidades (CREO), aseguró que la solicitud de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte IDH por la pregunta 3 de la consulta popular “resulta injustificada”. Ante ello, exigió al Gobierno de Lenín Moreno una respuesta diplomática que esté a la altura de las circunstancias con la colaboración de los mejores expertos ecuatorianos en la materia.

En el comunicado, Lasso señaló que ‘todo pronunciamiento realizado mediante consulta popular debe ajustarse a los compromisos internacionales del Ecuador en materia de derechos humanos, y desde luego que el mandato ciudadano expresado el 4 de febrero de 2018 no es la excepción’.

‘No obstante, en este caso, la medida solicitada resulta injustificada’, mencionó.

Dijo concordar con la opinión de varios juristas expertos en la materia, quienes han señalado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no debería otorgar las medidas provisionales solicitadas por la CIDH porque ‘no se cumplen, de ninguna manera, los requisitos jurídicos necesarios’.

‘Exigimos al Gobierno de Lenín Moreno una respuesta diplomática que esté a la altura de las circunstancias, con la colaboración de los mejores expertos ecuatorianos en la materia, dada la importancia institucional de los resultados de la consulta popular’, acotó.

Asimismo, dijo que le llama la atención recientes pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA) con relación a la consulta del 4 de febrero y la celeridad con la que ha actuado la CIDH en el caso.

‘Mientras otros importantes procesos por violaciones de derechos humanos a ciudadanos ecuatorianos, de gran repercusión y gravedad, permanecen a la espera por años’, criticó.

Para Lasso, esto devela ‘una falta de efectividad por parte de nuestra representación diplomática y alerta de la posibilidad de sesgo político en las actuales autoridades de la Organización’.

Gobierno de Moreno llega a Costa Rica para defender consulta popular ante Presidente de Corte IDH

Canciller, ministros, Presidente de Asamblea, Subprocurador y asesor de Secretaría Jurídica llegaron este jueves

Representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Procuraduría arribaron hoy a Costa Rica para ratificar ante el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, los argumentos de defensa del Estado en relación a la legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular celebrados el 4 de febrero.

La delegación de alto nivel está encabezada por la canciller, María Fernanda Espinosa; junto a la que viajan el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; la ministra de Justicia y exvicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado; el secretario de la Política, Miguel Carvajal; el subprocurador general del Estado, Ricardo Velasco; y asesor de la secretaria jurídica de la Presidencia, Juan Sebastián Medina, además de un equipo técnico.

La presencia de los representantes del Estado se produce ante la “infundada, improcedente e irregular solicitud de medidas provisionales” presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se deje sin efecto la pregunta 3 del referéndum, que fue aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, y que modifica el sistema de dignación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Fuente: Cancillería de Ecuador

Feriado de Carnaval, cuidado con la agresión!

AYÚDENOS A COMPARTIR | El juego del #Carnaval2018 deben intervenir únicamente personas que estén de acuerdo, caso contrario se convierte en agresión. #PorTuSeguridad

Policía Nacional

En Manabi protestan por el abandono de acceso a establecimientos educativos

Padres de familia de la unidad educativa “Daniel Acosta Rosales” de Los Bajos de Pechiche de Montecristi protestan por el mal estado del acceso a la institución.