Reyes convoca a Ministros de Finanzas y Salud, por falta de asignación de $7 millones

La asambleísta Cristina Reyes presentó este 9 de febrero la solicitud de comparecencia para la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, por el concepto de incumplimiento de asignaciones con el hospital León Becerra.

El escrito especifica que desde 2006, el Ministerio de Salud tienen la obligación –según indica la resolución número R26-101 de Congreso Nacional– de entregar ochenta mil dólares mensuales al hospital de niños León Becerra.

Sin embargo, según la asambleísta, el Ministerio adeuda al hospital –hasta el 31 de diciembre de 2017- la cantidad de 7’ 200.000,00.

En redes sociales, Reyes mostró el documento dirigido al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, donde también señala que el hospital “no puede cumplir con sus compromisos laborales y contractuales”.

Exministro Iván Espinel ratifica su inocencia tras exámenes realizados por Contraloría por supuestas irregularidades

Audiencia para formulación de cargos, prevista para este viernes, fue aplazada debido a que, según Espinel, no existen elementos que lo involucren

El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, ratificó su inocencia ante los cargos en sus contra tras los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado por supuestas irregularidades que habría cometido. Además, anunció que tomará acciones legales contra quienes lo difamaron. Estaba previsto que se realice la audiencia este 09 de febrero, sin embargo, fue aplazada.

El fundador del movimiento Fuerza y Compromiso Social afirmó que el aplazamiento se debe a que no existen elementos que lo involucren en el caso.

“Precisamente porque no hay argumentos para iniciar una instrucción fiscal. En uno de los casos se envió a practicar la pericia y no se pudo realizar porque el examen estuvo mal hecho en su contexto”, anunció.

Considera que el caso está mal ejecutado desde un principio porque, según Espinel, el informe de Contraloría establece que se debió conformar una comisión tripartita para verificar si existió perjuicio al Estado y “esta nunca se estableció”.

Su defensa, Héctor Vanegas, mencionó que iniciarán una serie de acciones porque “cuando se toca el honor y el prestigio del ser humano, la persona que lo hizo tiene que responder”.

Espinel es acusado por irregularidades en el pago de servidores externos cuando era subdirector nacional del control de la Seguridad Social entre 26 de marzo y 16 de abril de 2014.

El exfuncionario explicó que solo estuvo 7 días en el cargo y el resto de tiempo tuvo permiso médico. Además, aclaró que en el contrato no consta su firma y entre sus competencias no estaba el pago a los prestadores, sino que era responsabilidad de los subdirectores provinciales.

Asambleísta pide a Ministra de Salud que renuncie, por hacer política

“Si usted quiere hacer política, renuncie, porque la LOSEP se lo prohíbe”, aseguró

La legisladora y miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, Poly Ugarte, rechazó el comunicado que en días pasados emitió el Ministerio de Salud Pública en torno a las críticas al proyecto de Código Orgánico Integral de Salud que la asambleísta había presentado. Señaló que se ha venido utilizando políticamente a dos respetables gremios de médicos desinformándolos y engañando a la opinión pública.

Además, sostuvo que ha recibido ataques por parte de la Autoridad Sanitaria para evitar que se unifiquen el Código  Orgánico de Salud (COS) y el Código Orgánico Integral de Salud  (COIS); irrespetando la resolución del Consejo de la Administración Legislativa (CAL, el cual calificó y notificó que se unifiquen ambos proyectos.

“No podemos permitir la injerencia de ninguna autoridad. En la Consulta Popular del 4 de febrero votamos por la separación de poderes. Nuestra posición ha sido siempre abierta al diálogo, a los médicos les digo: dialoguemos, consensuemos. Ya hemos venido dialogando con la Federación Médica, en Foros en la Universidad Espíritu Santo con expresidente y 5 exministros de Salud”, acotó.

Por otro lado, pidió a la Ministra de Salud que renuncie, ya que mostró fotografías de la titular de esta cartera de

Estado en un mitin político con una agrupación política denominada SAUDE y dirigida desde el Ministerio.

“Señora Ministra, lo que usted  está haciendo es política. Si usted quiere hacer política, renuncie, porque la LOSEP se lo prohíbe. ¡Qué raro¡ ¡Salen del IESS y de Ministerios a hacer partido político o movimientos!”.

“No podemos tolerar la politización de la salud mientras hay 44 personas fallecidas por la AH1N1 porque no hizo prevención. Mientras la Ministra hace política, ya han fallecido 16 pacientes con tuberculosis que los trasladaron en camiones cuando cerraron el Valenzuela”, puntualizó.

Finalmente, Ugarte exigió que se explique de donde salieron los recursos para este mitin político, además aseguró que funcionarios del ministerio de Salud fueron obligados a asistir a este sitio, por lo que pedirá información a la Contraloría General del Estado.

(AEH)

Fuente: Prensa Poly Ugarte

En Cotopaxi militantes de Alianza PAIS anunciaron desafiliación masiva

Luego del conflicto interno en el movimiento de Alianza PAIS que terminó dividiendo al partido, un grupo de afiliados del movimiento se auto convocaron la mañana de este viernes, 09 de febrero, a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Cotopaxi para una desafiliación masiva. La asambleísta Carmen García, previo a su desafiliación, aseguró que cuenta con el respaldo de las bases del movimiento en los 7 cantones de la provincia.

El ex gobernador, Fernando Suarez, quien también acudió a la convocatoria, comentó que están en miras para formar un nuevo movimiento político que perseguirá los mismos objetivos de AP en sus inicios. Además, aseguraron no guardar resentimiento con el gobierno del presidente Moreno.

En Cotopaxi un aproximado de 7.000 personas están afiliadas a este movimiento, de las cuales, 50 asistieron acudieron al primer llamamiento de desafiliación.

Esta acción se ha llevado a cabo en varias ciudades como Quito y Guayaquil, luego de que el ex presidente Rafael Correa, ex líder de esta organización, junto a Ricardo Patiño y Paola Pabón se desafiliaron del movimiento debido a que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reconoció a Ricardo Zambrano como secretario Ejecutivo de AP.

El exmandatario manifestó que “no solo son traidores, son ladrones, no podemos seguir participando de un movimiento, cuyo presidente ha pactado con los más corruptos de la política, como los Bucaram, con los socialcristianos, con los más corruptos de la clase económica, los banqueros”.

Canciller propone reformas a Sistema Interamericano para que peso y legitimidad la tenga Corte IDH y no CIDH

Para Canciller ecuatoriana, Corte IDH “es un órgano probo, profesional e independiente, que ha actuado siempre en apego a derecho y sin ningún sesgo político”

La Canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, propuso reformar y optimización del sistema multilateral y, en concreto, del sistema interamericano con la finalidad de que el peso mayor y la mayor legitimidad radique en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y no en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El planteamiento llega un día después de que el organismo judicial rechazara el pedido de medidas cautelares a favor de tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sobre la pregunta 3 de la consulta popular, celebrada el 4 de febrero pasado.

La ministra Espinosa destacó que “desde el primer día de Gobierno” se ha hecho “todo lo posible por tener la mejores relaciones” con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el sistema interamericano de derechos humanos, y que el cuestionamiento a la actuación de la comisión en el de la consulta popular y referéndum no es únicamente de Ecuador sino que la propia Corte IDH.

La canciller María Fernanda Espinosa reiteró la propuesta “constructiva” del país para la reforma y optimización del sistema multilateral y, en concreto, del sistema interamericano, con el fin de que el peso mayor y la mayor legitimidad radique en la Corte IDH, “que es un órgano probo, profesional e independiente, que ha actuado siempre en apego a derecho y sin ningún sesgo político”.

“Ecuador ahora es un país profundamente respetuoso de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales, pero cuando un organismo actúa en detrimento de los intereses nacionales, Ecuador tiene que levantar su voz alto y claro”, dijo María Fernanda Espinosa en declaraciones para Ecuavisa.

Así también se refirió a la resolución de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH) en favor de Ecuador, precisando que el dictamen es “fruto” del trabajo concertado de las funciones del Estado.

Al respecto recordó que se entregaron 70 páginas de argumentaciones jurídicas y legales, más de 35 anexos, hubo reuniones con el secretario de la Comisión de Derecho Humano, el presidente Lenín Moreno llamó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), todas las funciones del Estado suscribieron una declaración conjunta y hubo un equipo permanente en Washington integrado por Cancillería, Procuraduría y Secretaría Jurídica de la Presidencia, entre otras acciones, todas ellas bajo “instrucciones claras” del jefe del Estado.

Con información de Cancillería

ALZA DE PASAJES DE DURÁN A GUAYAQUIL GENERA QUEJAS

La Defensoría del Pueblo convocó a una audiencia pública para tratar el alza de 35 a 45 centavos del pasaje a Guayaquil, implementado por las cooperativas Panorama, 16 de Octubre y Eloy Alfaro, diligencia en respuesta a la queja presentada por el Comité de Usuarios de Servicios Básicos.

La cita fue fijada para el miércoles 14, en Durán, pero la Defensoría decidía ayer cambiar la fecha con el objeto de conseguir un espacio amplio.

Alfredo Carrasco, presidente del comité, sostuvo que entre el 2016 y 2017 el pasaje pasó de 30 a 35 centavos y luego a 45 “sin socializar o consultar con la ciudadanía”.

Un dirigente de la cooperativa 16 de Octubre mencionó que el alza está sustentada en la Resolución 032 de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la que supuestamente fuera emitida en el 2012.

Hay buses prácticamente nuevos en la flota de las cooperativas en mención y que cuentan con aire acondicionado.

Durán también dispone de servicio urbano, cuya tarifa es de 30 centavos.

Ciudadanos como Emma Hidalgo estimaron ‘pesado’ pagar $ 0,45 para usuarios que para ir a Guayaquil toman dos buses de ida y dos de vuelta.

@CPCCS acogen resolución de @CorteIDH, pero aseguran que los deja en desamparo y da paso a prácticas dictatoriales

“No podemos dejar pasar por alto el hecho de que la Corte desestime medidas provisionales solo por el hecho de que consulta popular ya tuvo lugar y que ésta no puede ser detenida”, lamentan

Luego de conocer la resolución adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de desestimar el pedido de la Comisión Interamericana de otorgar medidas provisionales a favor de Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), los tres consejeros anunciaron que acogerán la decisión, sin embargo, aseguran que ésta los deja en desamparo judicial y da paso en Ecuador a las prácticas “más nefastas de la política dictatorial”.

A continuación, exponemos de forma textual, lo mencionado por los tres funcionarios:

Una vez que hemos conocido oficialmente la resolución adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresamos nuestra profunda preocupación con su pronunciamiento a nuestro pedido de medidas provisionales y a las recomendaciones dadas por la Comisión Interamericana.

Quienes hemos defendido la institucionalidad del Estado y los derechos constitucionales de participación libre y democrática, no podemos dejar pasar por alto el hecho de que la Corte desestime las medidas provisionales solo por el hecho de que la Consulta Popular ya tuvo lugar y que ésta ya no puede ser detenida. Este punto se refiere solo a la forma de la ilegalidad, pero el fondo sigue intacto.

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos deja en el desamparo judicial y da paso en Ecuador a las prácticas más nefastas de la política dictatorial: elección de autoridades de manera unívoca en la figura del presidente de la República; destitución o sometimiento de ciudadanos que han ganado concursos públicos, con veedurías ciudadanas e impugnación; concentración de todos los poderes del Estado en una sola persona; y, anulación absoluta de la división de poderes que exige una democracia vigorosa.

Lamentablemente con esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no considera que esto puede convertirse en un precedente en el continente puesto que, de ahora en adelante, cualquier presidente que no esté conforme con las autoridades de control, aquellas que deben auditar su gestión o ejercer justicia, llamará a una Consulta Popular y de un plumazo echará por la borda los pilares de la democracia. Eso, exactamente eso, es lo que ha pasado en Ecuador.

Respetuosos del Sistema Interamericano acogemos su resolución, seguiremos luchando por el respeto a los derechos de participación, la institucionalidad del Estado y el fortalecimiento de una democracia altamente participativa.

Edwin Jarrín J.

Tania Pauker C.

Sonia Vera G.

 

45 días para tratar la consulta en la Asamblea

Los anexos de las preguntas obligan a la Asamblea a intervenir en la ejecución de sus resultados. El tema vuelve a sembrar la división en la bancada correísta.

Los resultados de la consulta popular, con sus implicaciones jurídicas, regirán automáticamente en cuanto se anuncien los resultados oficiales. Sin embargo, hay un par de detalles, previstos en los anexos, que precisan de la intervención de la Asamblea Nacional. Para tratarlos, el presidente José Serrano se reunió ayer (a puerta cerrada, como todo lo que ocurre en su despacho) con los jefes de todas las bancadas. Acordaron formar una comisión especial de nueve miembros, cuya integración se decidirá mañana en el Pleno y que se disolverá en un plazo de 45 días. Trazaron un cronograma. Y, como una suerte de ‘bonus track’, resolvieron por fin, en palabras de Serrano, “finiquitar el trabajo alrededor de la agenda legislativa 2017-2019”. La presidencia la presentará oficialmente, dijo Serrano, el 19 de febrero.

Los dos detalles pendientes son, en palabras de Guillermo Celi (SUMA), de mera carpintería, e implican la elaboración de sendos proyectos de ley por parte del Ejecutivo. El primero: una reforma al Código Orgánico de Participación Ciudadana para normar la elección de los integrantes del CPCCS (no el de transición: el definitivo). El segundo: un proyecto de ley derogatoria de la Ley de Plusvalía. Ambos serán tramitados por esta comisión ocasional y remitidos al Pleno para su aprobación definitiva. El trabajo concluirá hasta el 15 de marzo, según Serrano. Las elecciones del nuevo Consejo de Participación Ciudadana podrán celebrarse, junto con las seccionales, el 16 de marzo del año próximo.

Si algún alcalde especulaba con la necesidad de hacer reformas al Código de la Democracia, lo cual podía demorar las elecciones de 2019 y prorrogar por unos meses su período de gobierno (los suficientes para inaugurar, por ejemplo, una estación de metro), se vio ayer decepcionado. Henry Cucalón (PSC) celebró la “voluntad política” de todos los grupos (incluido el morenismo) para que la transición dure lo estrictamente necesario.

Estas decisiones se tomaron con el consenso de todos los jefes de bloque: Daniel Mendoza y Esteban Albornoz (morenistas), Pabel Muñoz (correísta hasta nuevo aviso), Roberto Gómez (CREO), Henry Cucalón (PSC), Guillermo Celi (SUMA) y Encarnación Duchi (Bancada de Integración Nacional). Las tensiones previas a la reunión, ocasionadas por el inicial desacuerdo de algunos bloques con tratar los temas de la consulta en la Asamblea, entre otros detalles, se desvanecieron rápidamente.

Que todos los bloques coincidieran en la necesidad de conformar una comisión ocasional para tramitar los temas de la consulta es un termómetro de la realidad política del Legislativo. “En una Asamblea que funcione -había dicho Roberto Gómez antes de ingresar a la reunión- bastaría con las comisiones permanentes”. Daniel Mendoza fue aún más específico: “si las actuales comisiones -dijo- estuvieran conformadas de una manera más idónea, quizá todo sería diferente”. El tema vuelve a poner sobre el tapete la necesidad de reestructurar las comisiones para que representen mejor el mapa político del Pleno

luego de la división del partido de gobierno.

La mayor dosis de suspenso corrió, como es costumbre, por cuenta de los correístas. Uno de ellos, Bairon Valle, abordado por los periodistas en el vestíbulo de ingreso, dijo con harta convicción que los suyos no tenían nada que hacer en una reunión convocada para tratar temas relacionados con una consulta a la que se habían opuesto. En efecto, mientras los jefes de bloque pasaban al despacho de la Presidencia, los correístas mantenían lo que aparentaba ser una reunión de crisis en las oficinas de la Comisión de Justicia, que preside Marcela Aguiñaga. Cuando Pabel Muñoz apareció en la rueda de prensa junto a los demás jefes de bloque, al término de su sesión, fue una sorpresa para todos.

La pregunta es si Muñoz acudió ahí en representación de todos los suyos. En los pasillos de la Comisión de Justicia ya se hablaba de nuevas divisiones. El hecho de que Verónica Arias, integrante correísta del CAL, apoyara la víspera el juicio político contra Carlos Ochoa, dejando sola a Soledad Buendía, parece confirmar esa posibilidad. Al parecer, los correístas ahora se multiplican como las amebas: por bipartición.

Comisión ocasional

Solo faltan siete nombres

La Comisión Ocasional para tramitar los temas de la consulta popular previstos en los anexos será integrada mañana, según anunció José Serrano, en la sesión ordinaria del Pleno. Tendrá nueve miembros, dos de los cuales ya fueron designados por sus respectivos bloques- Guillermo Celi irá por SUMA. Vicente Taiano, por el Partido Social Cristiano.