#HumorBananero| identifique las 7 diferencias

Se avecina la eliminación del subsidio al combustible

Ministro de Hidrocarburos presentó informe a Frente Económico, será el Mandatario el que tome la decisión final

El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, envió un informe al Presidente de la República, Lenín Moreno, en el que le muestra “cifras frías” sobre el costo que para el Presupuesto General del Estado el subsidios a los combustibles. Aunque prefirió no confirmar que su sugerencia es que se eliminen los beneficios, detalló: “los números dicen que el valor de subsidios es un peso importantísimo para el Presupuesto del Estado”.

Todos los gobiernos sin excepción analizan los subsidios y nosotros no somos la diferencia”.

“Como Gobierno tenemos que analizar eso, lo ha hecho el Gobierno anterior durante los últimos 10 años y todos los gobiernos lo han analizado siempre porque es un impacto bastante grande”, dijo.

Detalló que, en el año 2017, el impacto de subsidio de combustibles fueron USD$1.900 millones al erario nacional.

“Conforme sube el precio del combustible, en el año 2021, hemos proyectado que el costo de subsidios podría llegar a USD$4.000 millones, son cosas que tenemos que analizar”, aseguró.

“Tengo que analizar eso, es mi responsabilidad analizar eso, presentar las cifras al Frente Económico, ya presenté las cifras, y será el señor Presidente de la República que tome la decisión”, acotó.

Cuando se le preguntó si, en su informe, él sugiere eliminar los subsidios, Carlos Pérez mencionó: “No me corresponde a mí tomar esa decisión”.

“Presento los números fríos y será el señor Presidente quien tome la decisión. Los números dicen que el valor de subsidios es un peso importantísimo para el Presupuesto del Estado”, concluyó en declaraciones para el programa ‘El Poder de la Palabra’ de Ecuadorinmediato/Radio.

Veeduría de caso Jorge Glas: “Juicio fue movido con insólita rapidez, violaciones jurídicas y estuvo politizado

El 4 de diciembre de 2017 se constituyó la una veeduría que vigiló el proceso judicial, que terminó con la sentencia a 6 años de prisión al ex Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, por el delito de asociación ilícita en la trama ODEBRECHT. En el informe de conclusiones, se desprenden supuestas irregularidades, omisiones, incluso, aseguran que el juicio fue “movido con insólita rapidez y violaciones jurídicas a cada paso”. La veeduría concuerda en que “desde el inicio el caso está politizado” con la finalidad de “desprestigiar todo el accionar político de la década administrativa ejercitada por el Presidente Rafael Correa Delgado”. Así también se hizo un llamado a las Facultades de Derecho del país, a los Colegios de Abogados, a las asociaciones estudiantiles de este campo y a los organismos veedores de derechos humanos a un amplio debate nacional.

A continuación difundimos el informe en su totalidad:

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Desde el 2 de octubre de 2017 guarda prisión en la capital ecuatoriana, Quito, el Vicepresidente Constitucional de la República Ingeniero Jorge Glas Espinel, luego de esa fecha despojado de su cargo como consecuencia de injustificables maniobras judiciales y parlamentarias. Poco después se le formuló la acusación de asociación ilícita con otras personas y con la compañía brasileña Odebrecht, para la comisión de diferentes ilícitos contra los intereses del Estado y, por tanto, del pueblo ecuatoriano.

En un juicio movido con insólita rapidez y violaciones jurídicas a cada paso, en que se hizo gala de irrespeto al debido proceso que garantizan la Constitución y las leyes penales del Ecuador, así como los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los que es signatario nuestro país, el acusado fue condenado a seis años de prisión en base a la formulación de cargos, emitida por el Fiscal General Carlos Baca Mancheno y la consiguiente resolución del Tribunal Penal presidido por el conjuez Edgar Flores Mier, luego principalizado. Un brevísimo resumen de los vicios e irregularidades del proceso y la sentencia de marras, lo registramos en los siguientes puntos:

1. El Fiscal basó su formulación de cargos en las declaraciones hechas por el delincuente brasileño José Concesiao Santos, que aducía haber mantenido tratos con él, y haberle entregado dinero por cuenta de Odebrecht, pero el Fiscal se abstuvo de acusar a Santos argumentando que este había sido sentenciado previamente en Brasil, sentencia legal que nunca se conoció, ni consta en el proceso, por lo cual su testimonio no debía ser tomado en cuenta dentro del juicio.

2. La prisión preventiva decretada contra Glas debió ser de última instancia, pues la doctrina jurídica la considera pena anticipada. En el caso de Glas jamás existió el peligro de fuga ni incumplió las medidas cautelares impuestas con anterioridad, por lo que el Vicepresidente no debía ser objeto de prisión preventiva, pues se violaba lo expresamente dispuesto en el artículo 534 del Código Integral Penal (COIP).

3. En la etapa probatoria el Fiscal nunca probó que el Vicepresidente haya incurrido en el delito de asociación ilícita. Tampoco ninguno de los procesados lo mencionó en tal condición. La perito financiera Vergara González en su informe manifiesta que el nombre de Jorge Glas no consta en la documentación de Odebrecht venida de Panamá, mientras el perito Leónidas Issa, que revisó el audio de una conversación Santos-Glas, manifestó que nunca escuchó que Glas solicitara dinero a Santos.

4. Consta en el proceso que Jorge Glas jamás integró ninguna comisión de evaluación de capacidad técnica por lo que no autorizó ninguna contratación ni suscribió contrato alguno.

5. El señor Wadimir Topic, representante de la empresa Telconet, mencionada en el proceso, testimonió que nunca esta empresa tuvo negocios con Jorge Glas.

6. Se ha dado una negativa sistemática a todas la acciones y recursos: a) Petición de revocatoria de la prisión preventiva; b) Del habeas corpus presentado; c) De la apelación a la negativa de dicho habeas corpus; d) Rechazo a las recusaciones legales presentadas contra el Dr. Edgar Flores Mier, Presidente del Tribunal, por haber fallado en una causa conexa, y la presentada contra la jueza Dra. Silvia Sánchez, por cuanto su esposo trabaja directamente a órdenes del Fiscal General.

7. Se dictó sentencia condenatoria de 6 años de reclusión ordinaria por el delito tipificado en los artículos 369 y 370 del COIP varios años atrás derogado; es decir se lo sentenció sin ley en contra del principio procesal universal “nullun crimen, nullun poena, ledeg”.

8. Se violó lo resuelto por la Asamblea Nacional que autorizó el procesamiento judicial por el delito tipificado en los artículos 369 y 370 del Código Penal, subsumido en el actual 370 del Código Integral Orgánico Penal, es decir por asociación ilícita, lo que incumplieron los jueces de juzgamiento; por lo tanto si no hubo sentencia en base al artículo 370 de COIP el juicio es nulo de nulidad absoluta.

Todas estas cuestiones han sido materia de sapientes alegatos expuestos por la defensa ejercida por el doctor Eduardo Franco Loor y por el propio acusado cuando ha sido el caso. Hoy el tema se concreta en la apelación presentada contra la sentencia notificada el 23 de enero del presente año por parte del Tribunal Penal constituido para el juicio No. 17721-201-2017-00022.

Sorprendidos por la sospechosa celeridad que ha tenido este proceso, e indignados porque durante el mismo se ha hecho tabla rasa de la legítima defensa a que tiene derecho cualquier ciudadano en nuestra República, quienes suscribimos este pronunciamiento nos dimos cita el 4 de diciembre de 2017 para constituir libre y voluntariamente una Veeduría sobre el debido proceso en el caso del citado juicio, en el cual aparte de las irregularidades y omisiones anotadas, cuyo señalamiento lo asumimos, queremos consignar las siguientes observaciones fundamentales:

I. Desde el inicio el caso está politizado, y politizado con una finalidad oscura que se ha ido develando poco a poco: desprestigiar todo el accionar político de la década administrativa ejercitada por el Presidente Rafael Correa Delgado, cuyo Vicepresidente fuera Jorge Glas luego de los cuatro años en que ocupó esa función el actual presidente Lenín Moreno. Esto se observa claramente en la acción de los grupos opositores de derecha y otros al ex mandatario, y al activo papel de furibundos enemigos de ese régimen, autoconvertidos en acusadores particulares.

II. En relación con este caso, es fundamental destacar que Jorge Glas ha sido víctima desde el primer momento de un masivo linchamiento mediático, por parte de órganos y periodistas de opinión convertidos en adversarios de aquel régimen y de las leyes generadas en ese período como la Ley de Comunicación Social, adoptada por la Asamblea Nacional con beneplácito popular, a causa de nefastas acciones de los medios como ocurrió cuando solaparon el feriado bancario o la inicua explotación y perjuicios al país por parte de empresas extranjeras como Chevron-Texaco.

III. Por los antecedentes y procedimientos ilegales, anticonstitucionales y ruines ocurridos a lo largo de este proceso, hace falta un despertar del pueblo ecuatoriano, no solo para hacer justicia en el caso del juicio contra Jorge Glas, sino también para poner al desnudo las maquinaciones políticas quienes están empeñados en terminar los logros de la Revolución Ciudadana en bien de la educación, la salud y la vivienda del pueblo, así como de la soberanía nacional.

En este sentido, llamamos a las Facultades de Derecho del país, a los Colegios de Abogados, a las asociaciones estudiantiles de este campo y a los organismos veedores de derechos humanos a un amplio debate nacional que permita establecer nítidamente la verdad, reivindicar a los inocentes y sancionar con su condena pública a los manipuladores y violadores de la Constitución y las leyes.

Quito, 27 de febrero 2018

Sr. Vera Arrata Stilman Alfredo

Sr. Bonilla Naranjo Ricardo Alfonso Sr. Ortiz Morales Eduardo Vicente Sr. Galarza Zavala Jaime Alejandro Sr. Jaramillo Gracés Víctor Hugo

Sr. Moscoso Plaza Francisco Bernardo Sr. Andino Montalvo Fernando

Sr. Ponce Iturriaga Edgar Aníbal Sr. Renato Cordero José Vicente Sr. Rigail Arosemena Francisco

Sra. Silva Erika Sr. Carvajal Luis

Arq. Alfredo Vera Arrata

Dr. Ricardo Bonilla Naranjo

Con información de Veeduría y Republica del Banano

Audio entre Serrano y Pólit: Fiscalía sospecha que “la amiga” es Thania Moreno

Así lo reveló fiscal Carlos Baca Mancheno, quien además, aseveró que existen varias investigaciones por posibles hechos de corrupción a Ministerio del Interior

Que la Fiscalía General del Estado (FGE) sospecha que “la amiga”, en el audio entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; y el excontralor Carlos Pólit, es la fiscal subrogante Thania Moreno; que hay varias investigaciones en contra del Ministerio del Interior por posibles actos de corrupción, y que quiere ser el primer evaluado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio; aseveró el fiscal general, Carlos Baca Mancheno.

“Lo que ha hecho el Fiscal General del Estado es y fue su responsabilidad, es decir, nosotros no podemos llenarnos la boca hablando de la lucha contra la corrupción, no podemos llenarnos la boca de hablar de una nueva democracia, de instituciones; si no actuamos, si no mostramos lo que realmente ha estado ocurriendo en las últimas semanas, en los últimos meses”, indicó.

Agregando que el hecho de que el Fiscal resulte ser una persona peligrosa, incómoda y que tiene que salir hasta finales de este año, como dice la grabación, es de enorme gravedad. Recalcó que, al igual que todos los ciudadanos, este tipo de cosas le ha parecido bochornoso, pero las revelaciones las está haciendo por la institucionalidad del país “porque los fiscales investigan y los asambleístas legislan y los reos de la justicia le contestan a la justicia”.

“No los asambleístas conversan con los prófugos y pactan cómo sacar del cargo al que les está investigando o al que le está investigando al prófugo de la justicia. Creo que eso es una cuestión de altísima gravedad. No importa que mañana Carlos Baca sale del cargo, yo no quiero vivir en un país en el que el Presidente de la Asamblea conversa con una persona procesada por tres delitos y en donde se ponen de acuerdo en que el Fiscal debe dejar de trabajar”, reprochó.

Dejó en claro que no se está aferrando a ningún cargo y se someterá al control político que le corresponde hacer a la Asamblea Nacional y a la evaluación que le realice el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. “Los señores miembros de este organismo, que han sido seleccionados ayer, tienen una enorme responsabilidad para con el país”.

“Yo quiero ser el primer evaluado, yo quiero ser la primera persona a la que evalúe el Consejo. Quiero que vengan y que los señores del Consejo me permitan explicar todo lo que nosotros hemos hecho en todos los ámbitos, cómo hemos luchado en contra de la corrupción, cómo hemos creado una Unidad Especializada de Transparencia, la de Delitos Tributarios, cómo hemos creado una fuerza de tarea, cómo estamos reformando y transformando la institución, cómo hemos incorporado fiscales, cómo hemos conseguido que se hagan nuevos concursos”, relató.

Baca reiteró que la ciudadanía y los integrantes del CPCCS de transición deben tener la certeza de que su trabajo no lo hace por afectar la institucionalidad, a las funciones del Estado, por cuidar su cargo; sino porque él es parte del Ecuador y no se puede admitir lo que está pasando.

Sin embargo, José Serrano entregó documentos de la Contraloría que lo involucran en irregularidades cuando estuvo en la Comisión 30-S. Ante esto, el Fiscal recordó que cuando por primera vez apareció el supuesto indicio de responsabilidad penal, apareció al día siguiente del allanamiento a la casa del Carlos Pólit. “Cuando vuelve a aparecer de manos de dos políticos el documento, lo hace dos días antes de la audiencia de formulación de cargos”.

“Hoy, esta nueva avanzada respecto a documentos de la Contraloría que –en caso de existir y ser auténticos- están sujetos al secreto de la Ley de Seguridad Nacional. Aparecen, no sé si por el ‘chiquito’ o por la ‘amiga’, en el escritorio del Presidente de la Asamblea. No aparecen en donde corresponde, el señor Contralor (Pablo Celi) se pronuncia, menciona que no existen los documentos”, comentó.

Recalcando que se someterá al escrutinio público en el sentido en el que todo lo que han hecho desde la Fiscalía, pero también como ciudadano, abogado, profesional y después como funcionario público; puede ser analizado y revisado.

Además, confirmó que hay una investigación que, durante varios años estuvo sin atenderse por parte de la Fiscalía, respecto de una situación ocurrida con Fernando Balda. Pero además, indagaciones por posibles actos de corrupción que involucran al Ministerio del Interior. “Hay investigaciones muy diversas. Hay una por el posible uso de bienes públicos, tráfico de influencias, etc. Esas investigaciones están abiertas y han continuado sin que la opinión pública, necesariamente, tenga que convertirse en el árbitro porque nosotros tenemos que hacer lo correcto”.

Recordó además, que en el mes de noviembre del 2017 una fiscal (Claudia Romero) presentó una denuncia  respecto de presiones recibidas por parte de Thania Moreno y de José Serrano por la investigación de un caso en la cárcel de Turi. “Más allá de estas hay varias presiones que se han recibido y hay muchísimo que decirle al país en la lucha contra la corrupción”.

“Si yo he tenido y tengo que decirle al país el día lunes lo que está ocurriendo y exhibir esta grabación que fue subida en una red social, es por la gravedad de lo que se está discutiendo y porque además, todo lo que se dijo ahí, se empezó a cumplir”, criticó.

Y recordó lo que ya dijo en unas breves declaraciones de prensa: Que 15 minutos después de haber concluido su declaración de prensa, la fiscal subrogante, Thania Moreno, le inició una segunda investigación penal el pasado lunes. Pero además, 3 horas más tarde, el mismo día, le inició un tercer proceso penal.

“Yo sabía que enfrentar a la corrupción con hechos y no con palabras, iba a ser una tarea de un enrome sacrificio, incluso personal, e institucional. Pero yo lo voy a hacer porque mientras yo sea Fiscal, tienen que saber que conmigo no negocian, no llegan a acuerdos, no hay pactos, no van a tener silencio cómplice.

Lamentablemente, estas son las consecuencias que uno tiene que enfrentar”, mencionó.

Según Carlos Baca, se sospecha que a la persona que, coloquialmente se refieren en la conversación en dicho audio, como la ‘amiga’ es Thania Moreno porque se escucha que dicen “los papeles que le dejamos a la amiga”. “Todo esto se produce única y exclusivamente porque no quieren que el Fiscal General lleve a juicio al señor Carlos Pólit y demuestre que recibió US$10 millones de dólares de ODEBRECHT”.

“El día de anterior a la audiencia –documento suscrito por la Fiscal Subrogante- me corre traslado de un escrito que le presenta la defensa del Excontralor diciendo que tengo que retirarme del proceso y el señor abogado de la defensa del señor Pólit, el día anterior de la audiencia ya menciona el indicio de responsabilidad penal. Esto es en los días 15-16 de enero. Menos de 12 horas después aparece una indagación previa sobre unas copias simples presentada por el señor Fernando Villavicencio y Andrés Páez en el que, sin constituirse una denuncia, la señora Thania Moreno abre una investigación por peculado en contra del Fiscal General”, detalló.

Conce además, que la Fiscal Subrogante ha llevado una indagación que involucraba a una red de corrupción del Ministerio del Interior, que se denominó como el caso ‘pases policiales’, pero también hay algo extraño. “La FGE le ha solicitado a la señora Moreno información respecto de ese expediente y, hasta ahora, no se la recibe”.

Con información de Ecuavisa, Ecuador Inmediato y Republica del Banano.

Fiscal Thania Moreno responderá a contralor Celi sobre supuesto “original” de Comisión 30-S en próximos días

Recordó que esta documentación goza de reserva por estar dentro de investigación previa

Luego de las declaraciones del Contralor General del Estado Subrogante, Pablo Celi, la Fiscal Thania Moreno expuso que recibió a las 10:46 de hoy, 28 de febrero de 2018, el pedido de certificar si la documentación: uso de los “Fondos Públicos Permanentes de Gastos Especiales”, ingresada el pasado 26 de febrero en la Fiscalía Provincial de Pichincha, es original, copia, o copia certificada, por lo que responderá en los próximos días.

Señaló que no se ha recibido de parte de la Contraloría General del Estado ningún pedido de entregar el documento antes mencionado, por lo que analizará la solicitud “en estricto apego a la Constitución y a la Ley y entregará una respuesta a dicho oficio en los próximos días”.

Además, recordó que esta información es parte de la investigación previa abierta al Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno; por ello, goza de reserva, según el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En el comunicado de la autoridad fiscal se menciona que La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, independiente de las demás Funciones del Estado y de otros organismos de control, de acuerdo al artículo 168 de la Constitución, “en donde ordena que la administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, gozará de independencia interna y externa”.

Por ello, asegura que ninguna Ley, Reglamento o solicitud está sobre la norma constitucional y señala que el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que “ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de la Función Judicial”.

De igual manera, el artículo 123 del mismo cuerpo legal establece que los fiscales están sometidos únicamente a la Constitución.

Con información de Boletín de Prensa