Caso Balda podría declararse nulo por accionar de Asamblea Nacional, según abogado de Rafael Correa

Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente de la República, Rafael Correa, presentó un escrito a la jueza Daniella Camacho en el que le pide que se abstenga de continuar con la audiencia de vinculación en su contra, a realizarse el día de hoy dentro de las investigaciones por el supuesto secuestro del político Fernando Balda. Según el jurista, la Asamblea Nacional no acogió el marco judicial, sino que opinó sobre el proceso asegurando que no era necesario que este tema sea tratado por el Legislativo. Por este hecho, explicó, podría declararse la nulidad del caso y el Parlamento estaría incurriendo en un presunto delito de desacato.

“Yo, lo único que he hecho es recordar el contenido de la resolución dictada por la señora Jueza el 11 de junio. Según la cronología de los hechos, el señor Fiscal presenta a la Jueza un escrito corto y concreto en donde pide hora y día para vincular al proceso al señor Rafael Correa. La Jueza recibe esa comunicación dicta una providencia y dice que aparece de auto que el señor economista fue Presidente de la República y, por lo tanto, me corresponde a mí –en aras de precautelar el debido proceso y el derecho a la defensa-, que se cumpla el requisito de procedibilidad”, relató.

Recordó que, fundamentada en el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, dispone que la Asamblea Nacional conozca del tema y la autorice, con una votación de las dos terceras partes, para continuar con el proceso penal. Dijo además, que hace esa petición disponiendo que haga eso la Asamblea porque hay un precedente en el caso ecuatoriano, que es lo ocurrido, hace varios años con Alberto Dahik, quien fue enjuiciado sin que se cumpla este requisito causando la nulidad del caso en la sustanciación de la causa.

“Es la señora Jueza la que nos hace referencia a esos procesos jurisprudenciales y establece, como requisito de procedibilidad para continuar con la sustanciación del proceso, que se dé cuenta de todas estas actividades a las cuales me referí. Entonces, va el oficio a la Asamblea Nacional y allí dicen no, que el pedido de la Jueza no procede, que no es necesario dar la autorización porque Rafael Correa ya no es Presidente y devuelve”, contó.

Por lo que, según explicó Ochoa, lo que le pide a Camacho es que exija que ese requisito de procedibilidad se cumpla, y si no, se abstenga de continuar con la causa. Caso contrario, que devuelva el documento al Parlamento y exija que se cumpla con el pedido fundamental que es la solicitud de autorización o negación, pero “que no se evada” la responsabilidad de hacer un pronunciamiento sobre ese tema.

“Si usted cree que hay conflicto entre lo que usted ha dicho y lo que la Asamblea le contesta, por favor, mandemos a la Corte Constitucional (CC) para que allí se dirima. La señora Jueza dice, en cambio, que tiene prisa –ya me imagino yo cuántas presiones y gestiones estarán haciendo sobre la funcionaria de la Corte- y en aplicación del principio de celeridad convoca a la audiencia de formulación de cargos para hoy. La pregunta que le he hecho públicamente y mediante un escrito es que, ¿de cuándo acá el principio de celeridad está por encima del debido proceso?”, se preguntó.

Caupolicán Ochoa, en declaraciones para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio, aseguró que aún no obtiene alguna respuesta de Daniella Camacho, pero que lo que se le ha hecho conocer es que no quiere que vaya él, sino Alexis Mera Giler presentando la documentación suficiente para sustentar su representación en el proceso por parte de Rafael Correa

Según el abogado del Expresidente, la que avisoró la posible nulidad del caso, es la misa Jueza Daniela Camacho. “Ella es la que nos dice que si no se cumple con este requisito de procedibilidad va a darse la nulidad. Ella nos advierte en la providencia del 11 de junio. Ella es la que se anticipa y dice que se cumpla con este requisito para no tener problemas futuros. Naturalmente, yo no puedo sino respetar la resolución judicial, pero se debe exigir que los requisitos se cumplan. No puedo yo respetar y que luego venga la Asamblea y le diga a la señora Jueza que no quiere hacer lo que ella dice, mi opinión es otra y que todos nos quedemos callados”.

“La actitud de la Asamblea puede estar muy cercana a los elementos que configuran un delito que se llama desacato, que es la inobservancia de la disposición de una autoridad legítima. La señora Jueza tiene la potestad jurisdiccional y de ahí se deriva una autoridad legítima y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es cumplir las resoluciones. Los asambleístas, simplemente, no quieren obedecer a la Jueza, se salen por la tangente y generan un problema que, a la larga, va a terminar declarándose una nulidad. Cuando se declare la nulidad, advertida desde ahora por la Jueza y por las partes procesales, se dirá que es cualquier cosa, menos que se actuó en derecho”, añadió.

En este mismo caso, el penalista Gonzalo Silva detalló que el caso estaría prescrito porque sucedió en 2012, en el que regía el Código Penal anterior y la prescripción para los delitos de hasta 5 años se las dispone en el mismo plazo. Es decir, a agosto del 2017 se habría cumplido el tiempo estipulado. Silva, además, precisó otro elemento y es que no se aperturó ninguna causa dentro de estos 5 años.

Ochoa explicó que, entre los muchos antecedentes que tiene este proceso, es la prescripción, siendo lo que hace “más grueso y más evidente”, que es que se quiere juzgar, en Ecuador, un hecho que ya fue juzgado y sancionado en Colombia. “El tema fue prescrito si se creyere que esos mismos hechos, que ya fueron juzgados en Colombia, deberían volverse a juzgar en el Ecuador, lo cual sería una arbitrariedad. Han pasado ya 6 años desde aquello y la naturaleza de la infracción que se está acusando ahora evidentemente nos lleva a la conclusión de que se da la prescripción”.

“Pero se va a decir que, mediante la prescripción queremos eludir responsabilidades y no hay nada de eso, no hay ningún deseo de eludir ninguna responsabilidad y peor una responsabilidad penal porque el señor economista Rafael Correa no tiene ninguna participación en el hecho que se investigó y se sancionó en Colombia y peor en el que se desglosa en el Ecuador. Aquí no estamos frente a un trámite de naturaleza judicial, no se busca hacer justicia; sino de un trámite para hacer efectivas las venganzas, el odio y la persecución política”, lamentó.

Según el jurista, el documento que expide el fiscal Paúl Pérez a la jueza Daniella Camacho tiene 5 líneas y no se dice nada, no se hace referencia a ningún fundamento, antecedente o indicio. “Simplemente dice que cree que hay que vincularle (a Rafael Correa) y punto. Desde luego, el señor Fiscal tiene la potestad de manejar –por la responsabilidad que tiene- el monopolio de la acusación fiscal, pero no puede ejercerse de manera tan arbitraria”.

“Se deben tener hechos, fundamentos o indicios que le lleven al Fiscal vincular a una persona independientemente de quién sea. Lo que hay es el cumplimiento de una petición política, que ya hemos visto en las declaraciones de los diferentes actores que están participando en el proceso”, puntualizó el abogado de Correa.

El jurista espera que no se llegue a dar la vinculación porque, a su criterio, sería una “atrocidad” y una “violencia extrema” contra todo orden jurídico, el derecho constitucional y la estructura de un Estado de Derecho. Sin embargo, si es que se llega a dar, indicó que ejercerán con “altivez y dignidad” la defensa que le corresponde al Exmandatario.

“En este mes que nos queda, créanme que actuaremos con tanta diligencia y demostraremos, para que no quepa duda alguna, que mi defendido jamás ha cometido alguna infracción que se le está atribuyendo y que solo se trata de una tramoya perversa desde el ámbito de los sentimientos dañinos de odio y de venganza porque no existe ningún elemento que comprometa su responsabilidad penal”, señaló.

Lo único que aspiran, detalló, es que quienes tienen que administrar justicia, lo hagan con integridad, independencia y no se conviertan en instrumentos de la venganza política. Para Ochoa, si es que ya tienen la consigna y no buscan razones para administrar justicia, sino para condenar, el país estará en una situación de incertidumbre y la ciudadanía lo comprobará y sabrá sancionar.

Cabe aclarar que la vinculación es parte de una etapa procesal. “Nos vamos a enfrentar a una audiencia que conocemos los abogados como de formulación de cargos, en donde el Fiscal nos hará saber con qué indicios cuenta para pretender de Rafael Correa sea integrado a esta investigación. Esta es una etapa en la cual ya vamos a preparar suficientes elementos de convicción para que, en una etapa ulterior luego de que se cumpla una audiencia llamada preparatoria de juicio, ir al juicio mismo, que es en donde se debatirán las pruebas pertinentes para establecer la responsabilidad o confirmar la inocencia”.

“Lo que ocurre es que, como no tenían nada en contra de Rafael Correa, se les acababa el tiempo de la instrucción fiscal, que dura 120 días, anticiparon su vinculación para tener 30 días más y decir que garantizaron el derecho a la defensa. Es decir, primero vinculan y después investigan. Eso hace ver que detrás hay una enorme presión política sobre estos funcionarios para que cumplan órdenes, no para que lo hagan de manera independiente”, criticó.

Caupolicán Ochoa manifestó que, independientemente de todo lo que ocurra, se han dado violaciones de carácter constitucional afectando los derechos humanos de su defendido, por lo que tiene todo el derecho de concurrir a las instancias internacionales que considere pertinentes. “Creo que, tal y como están las cosas, hay que hacerlo ya. Es importante que se pongan en los ojos de fuera, que tal vez pueden ver las cosas con imparcialidad, las barbaridades que se están cometiendo en el Ecuador”.

“Uno de los asuntos que más nos ha preocupado en las diligencias de esta audiencia, es que el señor Fiscal –tengo la sensación- de que no está ejerciendo legalmente la Fiscalía General por un solo dato: El artículo 120, numeral 11 de la Carta Magna dice que es la Asamblea Nacional la que debe posesionar al Fiscal General para que pueda ejercer sus funciones. Todos sabemos que un funcionario, para adquirir legitimidad administrativa, antes de actuar, tiene que posesionarse en el cargo”, explicó.

Ochoa precisó que está pidiendo, por escrito el tema porque, de lo que le han informado, el Fiscal no se ha posesionado en la Asamblea, por lo que no estaría actuando de manera legítima. “Primero tiene que posesionarse para después vincula a cualquiera dentro de cualquier proceso. No está posesionado ante el Parlamento como lo exige la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 9, numeral 11”, añadió.

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio y Republica Del Banano

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