Correa: “Los culpables del complot político-mediático-judicial tendrán que responder por abusos”

Basado en un trabajo que analiza su vinculación al caso de Fernando Balda, el ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, acudirá a instancias internacionales, en donde “los culpables tendrán que responder por sus abusos”. Según el ex Mandatario, es víctima de un “claro complot político-mediático-judicial”.

Oswaldo Ruiz-Chiriboga, profesor asistente en CEU, una escuela de posgrado en Budapest, analizó las medidas cautelares privativas y no privativas de la libertad que se ordenaron en perjuicio del ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, en el proceso penal seguido por el presunto delito de secuestro del Fernando Balda.

Asimismo, estudió algunas de las irregularidades procesales que se produjeron en el trámite del mencionado proceso penal.

El análisis se realiza a partir de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos.

El artículo, que analiza la solicitud de vincular al ex Presidente Correa al proceso penal, la inmunidad presidencial como ex jefe de Estado, la Falta de independencia del Fiscal Pérez Reina, de la Jueza Camacho, las medidas cautelares ordenadas en contra de Rafael Correa, la falta de indicios sobre la participación de Rafael Correa en el delito que se investiga, la falta de idoneidad y proporcionalidad, concluye que “el ex Presidente Correa ha visto mermados sus derechos a las garantías judiciales, a la libertad personal y a la libertad de circulación”, indica el documento.

El documento, además, demuestra las múltiples y reiteradas arbitrariedades cometidas por órganos estatales, que ha traído como consecuencia que en el proceso penal seguido en contra del ex Presidente Correa se mermen sus derechos a un debido proceso, a la presunción de inocencia, a libertad de circulación y a la libertad personal.

“Es extremadamente grave que el Parlamento ecuatoriano no haya cumplido con la orden judicial que requería su aprobación para proceder con el enjuiciamiento del ex Presidente Correa, lo que a criterio de la juzgadora era una garantía del debido proceso y un requisito de procedibilidad”, indica el documento en su parte final.

Y recalca que “existen serías, objetivas y fundadas muestras que el proceso penal es una persecución política en contra del ex Presidente Correa. Lo anterior se refuerza por la falta de independencia del Fiscal y de la Jueza de la causa penal”.

“El Fiscal fue nombrado de manera completamente discrecional por parte de un organismo transitorio (el CPCCS-t), nombrado a su vez de manera completamente discrecional por el Presidente de la República. El CPCCS-t, además, destituyó al CJ y nombró a un CJ-t, nuevamente de manera completamente discrecional y arbitraria, el cual en estos momentos está evaluando a la juzgadora de Rafael Correa”, recalca.

Para el autor del estudio, “todo apunta a que Fiscal y Jueza están actuando para complacer a los órganos transitorios que los nombraron o los están evaluando”.

“Lo anterior trae consigo una ruptura en la separación de poderes y una intromisión en la justicia de órganos ajenos a la Función Judicial, pero también trae consigo una grave afectación a los derechos procesales del ex Presidente Correa”, indicó.

Según dijo, las órdenes de medidas cautelares inmotivadas, innecesarias, no idóneas y desproporcionadas, han afectado gravemente los derechos a la presunción de inocencia, debido proceso, libertad de circulación y libertad personal de Rafael Correa.

“El ex Presidente Correa no ha sido tratado como un inocente, sino como un culpable, imponiéndosele cargas excesivas que culminaron con una orden de prisión preventiva”, detalló.

“La Corte Interamericana ha señalado que “[e]l principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso” y “resulta indispensable para la protección de los derechos fundamentales”. Asimismo, ha indicado que “el Estado está en el deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no sólo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática””, insistió Chiriboga.

“La Comisión Interamericana ha expresado similares consideraciones respecto a la independencia de los operadores de justicia, incluyendo los fiscales. El “proceso de evaluación” de la Jueza Camacho está en curso, y la Jueza ya está sujeta a lo que al respecto resuelva el CJ-t. Este hecho, sumado a las críticas que la Jueza Camacho recibió cuando solicitó la autorización al Parlamento para el enjuiciamiento de Correa, motivaron que la Jueza adopte una posición más hostil hacia el ex Presidente”, agregó.

En cuanto al Fiscal, éste fue nombrado directamente por el CPCCS-t, sin que este último tenga competencia legal para hacerlo e ignorándose el nombramiento legal que el CJ realizó, resumió sobre Paúl Pérez Reina e indicó que “este Fiscal ilegal y arbitrariamente designado fue el que decidió vincular al proceso penal a Rafael Correa y solicitar las medidas cautelares en su contra, sin que se cumplan los requisitos y los estándares fijados por el Sistema Interamericano”.

Sobre el pedido de difusión roja a INTERPOL, para Chiriboga, “el ex Presidente Correa ya corre el riesgo cierto y real de que su libertad personal sea restringida”.

“Además, Rafael Correa ya no puede regresar al Ecuador para defenderse personalmente, puesto que si lo hace, será inmediatamente detenido y encarcelado. Aunado a ello, conforme al Artículo 563(14) del Código Orgánico Integral Penal, “[s]i la persona procesada está prófuga, después de resuelta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la o el juzgador suspenderá la iniciación de la etapa de juicio hasta que la persona procesada sea detenida o se presente físicamente de manera voluntaria””, indicó.

“Al tenor de esta norma, la causa penal en contra del ex Presidente quedará en suspenso, lo que acarrearía que Rafael Correa esté de facto desterrado del país, sin que su culpabilidad haya sido demostrada y declarada en sentencia firme, afectándose con ello su derecho a la circulación y el libre desarrollo de su personalidad y planes de vida”, aseguró el analista.

Así también el documento considera que Rafael Correa ha sido puesto injustamente en la cruel disyuntiva de mantenerse fuera del país y con ello el proceso penal no avanzará, o regresar al país y ser encarcelado, perdiendo su libertad personal, su contacto con su familia, su trabajo, y corriendo el riesgo de ataques contra su vida e integridad personal.

“El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que “[e]l requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”, y que “[e]l requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces, y las garantías en relación con su seguridad en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, en los casos en que exista, las condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo””, sostuvo.

El proceso penal llevado adelante por Jueza y Fiscal faltos de independencia ya ha producido resultados dañosos para los derechos de la defensa, la seguridad jurídica y la institucionalidad del país, considera Chiriboga.

“Dichos resultados dañosos se incrementarán exponencialmente si no se remueven las presiones externas que sufre la Función Judicial, si no se respeta la estabilidad en los cargos de los operadores de justicia, y si no se procede con un adecuado sistema de nombramiento y remoción de operadores de justicia”, concluyó.

En respuesta a este estudio, el ex Mandatario, en su cuenta de Twitter, anunció que: “Dado que Ecuador está totalmente fuera del orden constitucional, así como el claro complot político-mediático-judicial en mi contra, es por las razones expuestas en este artículo que iremos a instancias internacionales, y los culpables tendrán que responder por sus abusos”.

Con información de Twitter, Republica Del Banano y Ecuadorinmediato

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