Según jueces, el Consejo de Participación Transitorio no tiene competencia para evaluarlos

Ayer fue la primera vez que se pudo observar a los jueces de la Corte Constitucional (CC) respondiendo preguntas sobre el ejercicio de sus funciones. Pero también advirtiendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición no tendría competencia para evaluarlos.

Ellos asistieron al CPC a defenderse de un informe de evaluación que cuestiona desde cómo fueron elegidos hasta una presunta falta de probidad por ser parte de investigaciones, aún reservadas, en la Fiscalía.

Las comparecencias orales se dividieron en dos jornadas. En la mañana, Pamela Martínez, Roxana Silva, Tatiana Ordeñana, Marien Segura  y Francisco Butiñá. En la tarde, Ruth Seni, Manuel Viteri, Wendy Molina y Alfredo Ruiz, presidente de la CC.

Martínez sorprendió con su ausencia. Mandó un escrito para que se lea a “viva voz” que no se “prestará para el juego político que sugiere su proceder de evaluar jueces constitucionales y luego a la designación directa y sin concurso previo de nuevos jueces”.

El presidente del CPC, Julio César Trujillo,  respondió que con el voto de seis de sus colegas se definió que son competentes para evaluarlos.

Y con el argumento de Martínez coincidieron  los evaluados: que el Consejo no puede fiscalizarlos y menos cesarlos.

Ordeñana dijo que ellos carecen de competencia, pues eso no consta en el anexo 3 de la consulta popular del 4 de febrero. Consideró que este mandato establece que solo puede evaluarse a las autoridades designadas por el CPC cesado. Y la Corte fue designada por una Comisión Calificadora.

Negó que haya existido un conflicto de intereses en su designación, como se cita en el informe.  Esto porque Ordeñana fue vocal del primer Consejo de Participación, que designó en el 2012 a la Comisión Calificadora, que a su vez designó a la CC, en la que ella fue elegida.

Alegó que ella renunció al CPC el 5 de noviembre de 2012 y se posesionó como jueza  el 6 de noviembre del mismo año, pero que en ese tiempo no cobró doble sueldo  o ejerció dos funciones. El consejero Pablo Dávila la increpó. Le recordó que su renuncia fue aceptada el 8 de noviembre. Es decir, ya estaba en funciones en la Corte.

Segura, en cambio, reiteró que llegó a ser jueza como una ‘ciudadana de a pie’, que representaba a un sector de minoría como la afroecuatoriana.

Tomó un micrófono y se levantó en medio del salón para explicar por qué hay dos sentencias del caso del ingenio Aztra. No sabe qué ocurrió para que la Secretaría  de la CC le haya sorteado este proceso, pese a que ya hubo una sentencia en el 2011, y ella emitió una nueva en el 2018. “No podemos correr con las culpas de todos los funcionarios. Presenté un informe al presidente de la CC, y eso pasa de mis manos”.

A su turno, Butiñá enumeró los cargos que ha ocupado desde el gobierno de Sixto Durán-Ballén hasta el de Rafael Correa, con ello negó que sus actividades hayan sido ‘exclusividad’ del de Correa, y que haya sido adherente de AP.

En la tarde, en la presentación de los jueces Wendy Molina y Alfredo Ruiz, estos alertaron de que la acusación que les hace el informe de evaluación de que son ilegítimos en el cargo podría afectar al Estado con demandas hasta internacionales, por “aquellos que no han sido beneficiados” por sus sentencias.

La jueza Ruth Seni y el consejero Xavier Zavala no asistieron a  esta audiencia.   (I)

Con información de El Universo y Republica Del Banano

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