En la improvisada reestructuración estatal algunos Ministros no fueron informados

La anunciada reestructuración estatal empieza entre desorden, desinformación y dudas sin respuesta. El Gobierno todavía no decide, por ejemplo, qué funcionarios de alto nivel permanecerán definitivamente en el cargo tras las fusiones de ministerios. Hasta ahora, hay solo encargos.

Esa tarea, según los consultados, está pendiente en Carondelet. El presidente Lenín Moreno tiene que decidir, por ejemplo, qué ministro mantendrá su cargo. Dicha incertidumbre motivó, ayer, tres renuncias en el gabinete.

El hasta ayer ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, la titular de Justicia, Rosana Alvarado, y la cabeza del Ministerio de Industrias, Eva García, no esperaron al decreto presidencial que oficialice la fusión de sus carteras de Estado con otras entidades para dejar el puesto. Los tres renunciaron sin dar detalles de su motivación.

Alvarado, en conversación con medios de comunicación, advirtió que desde marzo se debate la posibilidad de eliminar el Ministerio de Justicia. Sin embargo, aseguró que no tiene mayor información de cómo se concretará la fusión con el Ministerio del Interior.

Con las renuncias de Granizo, García y Alvarado se completan, hasta el cierre de esta edición, 28 cambios en el Gobierno de 15 meses del presidente Moreno. Es decir, un promedio de 1,86 renuncias mensuales.

Las renuncias podrían aumentar con el paso de los días y la emisión de los decretos que ordenen las fusiones y eliminaciones. Por ahora, el Ministerio del Ambiente será dirigido por el secretario Nacional del Agua, Humberto Cholango, y el de Industrias queda en manos del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Esos encargos responden a la fusión de las instituciones.

Algo parecido se hizo en los ministerios de Electricidad y Minería que fueron encargados al ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, meses atrás. Las tres entidades siguen en vías de fusión aunque el procedimiento no se concreta y siguen generando gastos como entes individuales.

En Justicia, en cambio, estará Paúl Granda, actual secretario de Gestión de la Política. No se delegó la administración a Mauro Toscanini, ministro del Interior. Esa entidad y Justicia serán una sola.

El destino también es incierto en los ministerios de Agricultura y Acuacultura. Las dos instituciones, antes del Gobierno de Moreno, eran un solo aparato. El presidente ordenó su división y ahora, tras las necesidades económicas, vuelven a unirse.

Ana Katuska Drouet Salcedo, titular de Acuacultura y Pesca, no fue notificada del proceso de fusión que sufrirá su entidad. Ella estaba fuera del país en un compromiso de trabajo cuando se hizo el anuncio y se enteró por la prensa.

Su par de Agricultura, Xavier Lazo, en cambio, fue nombrado el mismo día en que se anunció que su entidad entraría en proceso de fusión.

La decisión gubernamental de reducir una parte del aparato estatal no garantiza que el proceso se cumpla de inmediato. Este es el tercer cambio que hace Moreno, pero los resultados todavía no son visibles.

En mayo de 2017, por ejemplo, el primer mandatario ordenó la eliminación de los ministerios coordinadores. El ahorro fue mínimo porque sus funcionarios fueron absorbidos por otras entidades.

Meses más tarde, el Gobierno anunció otras fusiones que aún no se concretan y siguen generando el mismo gasto público. Petroecuador y Petroamazonas, las dos empresas públicas más grandes del Ecuador, deberían ser una sola pero, hasta la fecha, no hay procesos de unificación en marcha.

Incluso la eliminación de la Secretaría de Inteligencia sigue en el aire. Pese al anuncio del presidente Moreno de suprimir la entidad, el Gobierno aún gasta por ese servicio. Hasta agosto, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, se destinaron 24,1 millones de dólares para dicha secretaría. De ese monto, 3,3 millones de dólares sirvieron para pagar sueldos a burócratas.

Los pendientes

Atención

Las entidades fusionadas o eliminadas dejan tareas pendientes. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, atiende a 38.023 personas privadas de la libertad.

Funciones

Algunas de las entidades que se suprimen tenían funciones duplicadas con otras que continuarán operando. No se descartan, sin embargo, nuevas optimizaciones.

Compromisos

Las autoridades de las entidades fusionadas y eliminadas, esperan que los compromisos presidenciales y gubernamentales se mantengan.

Gastos

El Gobierno, hasta agosto de este año, gastó 18.372 millones de dólares. En salarios, según el Ministerio de Finanzas, se utilizaron 5.287 millones de dólares.

Gasto

$ 13,6 millones en salarios

La eliminación de siete entidades públicas, anunciada el martes, pone fin a gastos menores del Gobierno. El Instituto Espacial, la Secretaría de Comunicación, el Instituto de Fomento de las Artes, la Secretaría de Límites Internos, la Secretaría de Cualificaciones, la Dirección de Registro de datos Públicos y la Agencia de Control Postal gastaron 13,6 millones de dólares en salarios, este año.

Con información de El Expreso y Republica Del Banano

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