Ciudadano que denunció al Fiscal y al Contralor por usurpar funciones es amenazado

José Regato Cordero, ciudadano que denunció por usurpación de funciones al Contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, y al Fiscal encargado, Paúl Pérez Reina, habló sobre el respaldo jurídico que impulsa este proceso; en el cual, todos los procedimientos en los que participaron estas autoridades quedarían en nulidad. De la misma manera, señaló que posterior a presentar esta denuncia recibió varias llamadas intimidatorias.

Regato Cordero informó que la denuncia fue presentada el 20 de septiembre ante la Fiscalía General del Estado en contra de 2 personas que asumen funciones indebidamente y de los jueces que han participado como cómplices: “He presentado una denuncia ante 2 personas que asumen funciones indebidamente, Paúl Pérez Reina y Pablo Celi de la Torre y a los jueces que actúan como cómplices. Ellos no han sido posesionados ni designados en conformidad con la Ley, en consecuencia han usurpado los cargos de Fiscal y Contralor”.

Debido a esto, explicó que se podría generar la nulidad de todos los procedimientos en los cuales han participado; ya que, cada vez que comparecen a una audiencia judicial o firman un documento oficial se materializa el delito de usurpación de funciones públicas, las cuales tendrían una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y por prevaricato de 3 a 5 años, además, de la inhabilitación de funciones por alrededor de 6 meses.

En referencia a la denuncia que presentó ante la Fiscalía, afirmó que todas las persona tienen que responder por sus actos y a pesar de que el Fiscal encargado sea investigado espera que exista transparencia en este proceso; por lo cual, invitó a especialistas del derecho a que participen en el mismo: “No hay Ley que libere a ningún funcionario de su responsabilidad, por eso, quisiera hacer un llamado al Foro Ecuatoriano, a las Universidades, a los Colegios de Abogados, a los grupos de Derechos Humanos para que se pronuncien y puedan seguir esta denuncia”.

El jurista afirmó que muchas personas quisieron hacer esta denuncia, pero por temor a represalias y distintas formas de presión no la hicieron, asimismo, advirtió que posterior a realizarla recibió dos llamadas intimidatorias: “La denuncia la he firmado como ciudadano ecuatoriano, no obedece a ninguna consigna política. A pesar de esto recibí dos llamadas telefónicas después de haber presentado la denuncia, requiriéndome por mi militancia política o mi profesión. Aparte hay amenazas que se han realizado en distintos ámbitos para que los funcionarios no denuncien estas irregularidades”.

Para concluir su intervención, José Regato Cordero, explicó que Ecuador dejó de ser un Estado de Derecho y con este tipo de acciones se ha roto y se ha pisoteado la Constitución, porque todo funcionario tiene que posesionarse de forma oficial; ya que, desde ese momento entra en función y en este caso para estas autoridades la Ley manda que esto se lo realice ante la Asamblea Nacional: “Posterior a esta denuncia se van a desligar muchas responsabilidades, de jueces y funcionarios públicos que tenían la obligación de denunciar una violación constitucional”.

Fuente Ecuadorinmediato y Republica Del Banano

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