Observador colombiano encuentra: “Un discurso de tratar de delincuente a aquel que perteneció al régimen de Correa”

La Misión de Observadores Internacionales, que dio seguimiento al proceso judicial que se lleva a cabo por los presuntos delitos de asociación ilícita y plagio a Fernando Balda, concluyó, entre otras cosas, que existe judicialización de la política y violación a los derechos humanos. David Araméndiz Guzmán, especialista en criminología, experto en derechos humanos, exfuncionario del Ministerio de Defensa de Colombia y parte de esta misión, informó, entre otras cosas, que su país no ha podido ejecutar una orden de captura que se tiene vigente en contra de los exagentes de inteligencia, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, porque Ecuador está “entorpeciendo” el trámite judicial.
Explicó, en primera instancia, que se ha visto con sorpresa que una de las principales preocupaciones en Ecuador ha sido el financiamiento de este grupo de personas, cuando lo más importante es lo que sucede en el fondo. “Vemos un país en donde no existe Corte Constitucional y ¿el tema más importante es el financiamiento de los observadores?”.

Pese a su sorpresa, precisó que el financiamiento viene del Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro (IPPE), que es una organización no gubernamental que, a través de una campaña de crowfunding, promovida por el expresidente Rafael Correa, recibió donativos de los migrantes ecuatorianos. “Se ha dicho, por ejemplo, que Christophe Marchand es el abogado más caro de Europa y eso es totalmente falso. Yo podría, incluso violando mi privacidad, aportar estados de cuenta en donde se puede ver que no he recibido ni un solo peso de parte del IPPE”.

“Obviamente hay unos gastos domésticos como tickets aéreos. Pero de hecho, en la actualidad me encuentro hospedado en el apartamento de una persona que, amablemente, ofreció brindarnos su apoyo. Es decir, ¿hoteles 5 estrellas? Me encantaría, pero no es el caso”, aclaró.

En cuanto al seguimiento del caso, Araméndiz puntualizó que lo sucedido con Balda se trató de una retención que se suscitó en Bogotá, Colombia, en el mes de agosto de 2012, organizada, en ese momento, por el agente de inteligencia Raúl Chicaiza, quien contacta al político e inicia ciertas negociaciones, encontrando que estaba vinculado a la venta de equipos de receptación de comunicaciones.

Recordó, como contexto, la existencia de un bombardeo (Angostura), por parte de Colombia, en la frontera que, posiblemente, generaba un riesgo legítimo al Estado de derecho que, para la época, era el régimen de Rafael Correa. En este marco, relató que hubo una reunión muy importante en Medellín en la cual el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, gracias a su cercanía con Fernando Balda, ofrece alternativas, lo cual generó alarma en el Ecuador.

“La conclusión es que el señor Raúl Chicaiza planea una organización junto con otros agentes del Estado y se adelanta la retención, en Bogotá, del ciudadano Fernando Balda. En ningún momento se habla de una orden directa del Expresidente. De hecho, el mismo abogado de los procesados (Diego Chimbo) afirma que, desde ningún elemento probatorio, hay evidencia de que cómo probar que, en efecto, la responsabilidad en el mando o esta estructura de mando, dependía de una orden directa del Expresidente”, indicó.

Dentro de la situación fáctica, comentó, se habla de unas posibles llamadas que habría realizado Raúl Chicaiza a Rafael Correa, quien ha salido a desmentir aquello en reiteradas ocasiones, señalando que en los horarios que señala el exagente de inteligencia, se habría hecho la llamada, él estaba en un viaje en Guayaquil y que estaba en el avión.

“Volvemos a un tema que se convierte en populismo punitivo y en un debate que se da en los medios y no en los tribunales. Lo que nos preguntamos nosotros es ¿cuál es la certeza de los elementos de convicción que aporta la Fiscalía General del Estado para realizar una investigación de aquello?”, cuestionó.

El experto puntualizó que, dentro de la situación procesal, Colombia abrió una indagación en virtud de la captura en flagrancia de los autores materiales y, dentro de esto, hay una ruptura de la unidad procesal que lo que genera es una terminación anticipada del proceso por los preacuerdos judiciales. “Los autores materiales del delito afirman que recibieron una orden directa de Raúl Chicaiza y a esta persona se la vincula a la investigación”.

“Más allá de eso, dentro del contexto ecuatoriano, se desconoció que dentro de la jurisdicción de Colombia ya se estaba realizando una investigación al respecto. Una de las conclusiones del informe es que, claramente, se evidencia una usurpación de funciones de la jurisdicción de Colombia la que, toda vez, era la responsable de llevar a cabo el juzgamiento de los autores materiales y los intelectuales”, dijo.

Según detalló el observador, el mismo COIP señala que, dentro de los elementos para que exista jurisdicción en el caso ecuatoriano, debe existir la certeza de que en Colombia, bajo ningún motivo, se abrió una investigación. “No puede haber indagación en el país extranjero en donde se pretende hacer la investigación y esto, evidentemente, no pasó”.

“De hecho, cuando se da la primera denuncia de Fernando Balda en la Fiscalía de Colombia, se la inadmite porque en ese país se establece unos requisitos mínimos para que las noticias criminales sean presentadas. Esto es: la inferencia razonable de la existencia de un delito, pero además, elementos básicos que demuestren la convicción, no trasladando la carga probatoria al ciudadano, sino generando espacios para que la Fiscalía pueda hacer su labor de investigación. Esto no se comprobó dentro de esa formulación de denuncia”, relató.

Lo que hace la Fiscalía de Colombia, dentro de ese contexto, es decirle a Balda que puede presentar todas las denuncias que considere en su ejercicio de derecho de víctima, pero tiene que hacerlo aportando elementos básicos y mínimos que, incluso, la Corte Constitucional, en ejercicio de la función judicial, delegó a la Fiscalía General de la Nación, detalló.

Explicó, en ese marco, que ese acto administrativo no lo emite cualquier fiscal, sino la máxima autoridad, que es el Fiscal General de la Nación, quien señala que Fernando Balda puede efectuar una nueva denuncia en Colombia, pero esto no ocurre. “Pasó el tiempo y no se amplió la denuncia, es decir, no aportó elementos mínimos de convicción para que se lleva a cabo la orden de investigación”.

En el contexto ecuatoriano, dijo, se formuló la denuncia de nuevo, en 2013, pero solo hasta el 2018 se da ejecución, por lo que preguntó: “¿por qué, si están ocurriendo graves violaciones a los derechos fundamentales, humanos, se activa después de 5 años en un régimen de 10 años, solamente en un tiempo superior a la finalización de ese gobierno?”.

“Esas son las dinámicas habituales de Latinoamérica en este fenómeno del lawfare, en donde primero se aniquila al opositor a través de los medios de comunicación. Hay un discurso que he notado desde que llegué a Ecuador y es el tratar de delincuente a todo aquel que perteneció al régimen de Rafael Correa”, señaló.

Esto, a su criterio, es preocupante en el ejercicio de garantías básicas como el ejercicio de derecho al buen nombre o a la presunción de inocencia. “Es gravísimo para la democracia que salga el secretario de Comunicación (Andrés Michelena) a hacer labores de policía judicial o que competen a la Fiscalía General de la Nación”.

Araméndiz confirmó además, que al día de hoy, la Fiscalía General de Colombia tiene una orden de captura vigente contra Diana Falcón y Raúl Chicaiza, pero no se ha podido efectuar, toda vez que el Estado ecuatoriano está “entorpeciendo” el trámite judicial. “Entonces, el deseo de justicia, la competencia territorial, los principios básicos de legalidad, ¿en dónde quedan?”.

Además, toda persona debe ser juzgada por una ley previa al momento de la comisión de la conducta, por lo que otra conclusión es que cuando se analiza la norma – infraestructura, se deben remitir al momento específico de la comisión de la conducta, que es en 2012, para la cual estaba vigente el Código Penal anterior. “Cuando se hace un análisis dogmático del derecho penal y se adecúan los ingredientes normativos, subjetivos y descriptivos del tipo penal, se tiene que hacer una descripción que permita generar un contexto pertinente a la conducta que se cometió”.

“Esto es, si la descripción de la conducta es que se retuvo ilegalmente a una persona, la adecuación típica es el que se retenga ilegalmente a una persona, pero para la época del Código Penal anterior no había un elemento que permitiera esa descripción adecuada. No se puede juzgar como delito de plagio porque éste tiene claramente señalado un ingrediente subjetivo que es la intención del sujeto agente, es decir, de la persona que cometió el delito, de retener con el propósito de”, explicó.

Por lo que puntualizó que dentro de los elementos de convicción aportados por la Fiscalía de Ecuador y los probatorios que estaban en el expediente de Colombia, no estaba probado el elemento subjetivo del cual habló anteriormente, dijo.

Otra de las conclusiones, mencionó, es que existen graves violaciones a los principios constitucionales, pero que además, tienen repercusiones en el ambiente internacional. “Se evidencia el delito de lesa humanidad porque cuando leemos el Estatuto de Roma, en el artículo 7, se protege a las personas perseguidas políticas, y hay uno de los numerales que señala esto, pero en el Ecuador, por el contrario, el gobierno de Lenín Moreno abre una línea en donde se invita a las personas que fueron víctimas del correísmo a denunciar los casos. Por lo que esto evidencia que hay una persecución política y una cacería de brujas”.

También han encontrado evidencias físicas aportadas por la FGE, tomando en cuenta además, el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), que designó a un fiscal encargado. “¿Creen que, a lo largo de unos años, de llegarse a demostrar que esta persona tuvo un proceso en donde no se posesionó de adecuadamente, no se van a declarar las nulidades?”.

Asimismo, sostuvo que se encontraron todos los elementos relacionados a las dinámicas del lawfare porque, de alguna manera, se desprestigia al opositor desde los medios de comunicación. “La consecuencia además, es que hay temas asociados con el fenómeno de Jorge Glas, que siendo claros, jurídicamente, no guarda relación con el fenómeno de Fernando Balda, pero da la impresión o la apariencia de ser una política, a raíz de la institucionalidad, de criminalizar la justicia”.

Fuente: Radio Majestad

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