Expresidente Correa es “responsable político de persecución” en su gobierno, según Mesa de Verdad y Justicia

Vocal de Judicatura, Angélica Porras, indicó que han determinado “violaciones” a debido proceso, que han sido muy comunes en anterior régimen

Según la vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJ-T), Angélica Porras, la Mesa por la Verdad y Justicia pudo determinar que existieron mecanismos para que, en el gobierno anterior, exista persecución política. De acuerdo al presidente del organismo, Paúl Jácome, todas las comparecencias que han tenido tienen una conclusión y llegan a un responsable político, que es el expresidente de la República, Rafael Correa.

Indicó que las “violaciones” al debido proceso son “comunes”, habiendo detención sin orden judicial, calificaciones de flagrancia fuera de tiempo, el tipo penal es público y muy grave, cambios de jueces, faltas a la defensa, eliminación de pruebas, inclusión de evidencias que “no tienen nada que ver con el proceso”, no hay motivación de sentencia y los procesos judiciales son múltiples sobre un mismo caso.

“De estas audiencias públicas y del análisis de los datos que se ha hecho, hemos podido identificar varios patrones de actuación de la justicia y de las actuaciones del gobierno anterior. Por ejemplo, en materia de la defensa de los derechos de la naturaleza, además de que el patrón común es que ante una protesta social, una respuesta comunicacional del Estado encaminada, básicamente, a crear a un delincuente, buscó dar órdenes a los jueces y, en muchos casos, sentenciar de manera previa”, indicó.

En este tipo de situaciones, explicó, se tuvo una respuesta “muy violenta”, que si bien es cierto no puede ser ligada, porque no hay evidencias de aquello, al Estado; ha habido también muertes de dirigentes sociales y cuyas investigaciones en la Fiscalía fueron archivadas.

De su lado, Paúl Jácome, presidente de la Mesa, indicó que existe una responsabilidad política del Exmandatario en los casos de “persecución” que han sido expuestos en las audiencias públicas. “Todos los casos nos han arrojado un responsable común que es Rafael Correa Delgado, quien instauró un régimen cuasi-dictatorial al asumir todos los controles de las funciones del Estado”.

“Es importante destacar que, en el viraje que tuvo el señor Correa en los años 2007-2008, inició con algunas denuncias, algunos casos, señalando que alguna gente era terrorista cuando reclamaba por sus derechos y defendía los derechos de la naturaleza. Con el caso de Marcelo Rivera, en 2009, empezó. Se abrió la puerta cuando, por primera vez en el Ecuador, se juzgó a un líder estudiantil, por el delito de agresión terrorista”, recordó.

Para Jácome, desde ese punto se comenzó a utilizar el Código Integral Penal como un “instrumento de silenciamiento” a las acciones sociales, a los defensores de los derechos humanos, a quienes reclamaban por la libertad de expresión, dirigentes y comunidades indígenas. “Desde ahí se marca un patrón de comportamiento del poder político ecuatoriano al cual, con los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010, se radicalizaron”.

Indicó además, que dentro de los patrones mencionados por Porras, está el linchamiento mediático, la actuación “irregular” de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), presión a jueces y fiscales, así como “coimas pagadas” a algunos operadores de justicia.

Por lo que Jácome reiteró que el Estado no puede seguir con su justicia como se encuentra en las actuales condiciones. “Es necesario que nos ratifiquemos en la reestructuración de la justicia. Es urgente, es vital el sacar todos los tentáculos del correísmo que aún persisten en el sistema judicial ecuatoriano”.

“Es necesario que el Estado pida disculpas públicas a las víctimas de persecución política, que se comprometa a reparar a todos quienes sufrieron por estos casos y que acepte que existió esta persecución. Además, creemos que el sistema judicial debe reformarse”, acotó.

(JPM)

Fuentes: Twitter El Universo/Consejo de la Judicatura, Ecuadorinmediato.com, República Del Banano

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