Informe pide investigar cuentas de Rafael Correa y otros 50 funcionarios

La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, creada para investigar la documentación alrededor del asesinato del general de la FAE, Jorge Gabela Bueno, reconoce que este hecho constituiría un “crimen de Estado”.

Gabela denunció en el 2008 la existencia de presuntas irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv a la Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 42 millones, de los que cuatro se accidentaron y tres están inoperativos.

“De las conclusiones antes mencionadas, se puede establecer que existen evidencias suficientes y constantes de inobservancia a la Ley incurridas por servidores en el ejercicio de sus funciones, así como, la posible existencia de un crimen de Estado. Esto deberá ser analizado por las instancias respectivas con la finalidad que determinen las responsabilidades de las Instituciones estatales, sus servidores, funcionarios y/o delegados”, reseña el informe final que fue enviado a los miembros de la Mesa para exponerla a debate y aprobación la noche de este jueves.

Este informe previo elaborado internamente por la comisión, presidida por el oficialista César Litardo, recomienda que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigue el patrimonio y movimientos financieros de los funcionarios y exfuncionarios, y sus familiares que suman unas 50 personas que participaron en la adquisición de los siete helicópteros.

Entre ellos están, según el documento: Correa Delgado Rafael; Lara Rivadeneira Lenín José; Zúñiga Rocha Lady Andrea; Arellano Lazcano Homero; Cordero Cueva Fernando; Navas Vera César; Espinosa Garcés María Fernanda; Cordero Cueva Fernando; Guzmán Espinosa Diego; Alvarado Espinel Vinicio; Castillo Cristian Leonardo; Palacios Geovanna; Carrera Palacios Paola; Polit Faggioni Carlos; Chiriboga Zambrano Galo; Astudillo Rubén; Ponce Cevallos Javier; Sandoval Wellington; Sánchez Viñan Isela Verónica; Murillo Cavagnaro Roberto; Estacey Moreno Diego; Valencia Amores José; Alarcón Elizalde Gastón; Jaime Aguirre Valdivieso; Arroyo Jácome John; Baquero Ordóñez Vinicio; Camacho Aputa Héctor; Varela Moncayo Fabián; Guillermo Vásconez Hurtado; Gonzales Pauta Ernesto; Bohórquez Flores Rodrigo; Espinosa Espinosa Livio; Molestina Malta Alnad; Barreiro Muñoz Leonardo; Esparza Paula Eduardo; Villagrán Mervin; Valverde Gustavo; Jiménez Juan Ramón; Guevara Vega Hugo; Puga Dávila Antonio; Jiménez Roberto; Portilla Jiadachs; Flora Tamayo; Medrano Guadalupe; Orellana Carrea William Miguel; Espinoza Alonso; Villacís Trujillo Hugo; Echeverría Martínez Nelson; Medina Salazar Carlos; Salazar Machuca Hernán; Andrade Santander Luis; Mejía Salinas Patricio; Illescas Sánchez Xavier; Estévez Maya Rubén; Alemán Olmedo Wilson; Armendáriz Gallo Víctor; Cevallos Argudo Edwin; Vaca Granda Giovanny; Peñafiel Robiro; Molineros Vivar Diego; Camacho Pauta Héctor; Castillo Camacho Eduardo René; Romero Mediavilla Juan; Angulo Jorge; Rea Fajardo Francisco; Ordoñez Luis; Cortez Juan, Astudillo René (Fiscal de Samborondón).

Se propone que la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y la UAFE, “determine la presunta vinculación” de la empresa SUMIL -que fue la subsidiaria de la HAL en Ecuador- “con empresas offshore vinculadas con los denominados Panamá Papers”.

Piden que la Fiscalía investigue la pérdida del denominado tercer producto que elaboró el perito argentino, Roberto Meza Niella, como parte de un contrato de investigación para investigar la muerte de Gabela, que solicitó un Comité Interinstitucional, creado en el 2012 por el gobierno de Rafael Correa. Además, que se investigue a todos los servidores que participaron en esta instancia.

Se infiere que el juicio político que efectuó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, al exministro de Defensa, Javier Ponce Cevallos y que fue archivado, “carece de motivación suficiente”.

Y se suma que los informes de la Contraloría en los que se analiza la adquisición, “adolecen de falta de precisión en el análisis de la documentación. (…) Se constata que pese a que se encuentran evidencias de inobservancias administrativas por parte del ministro de Defensa, Javier Ponce Cevallos, no se le haya establecido responsabilidad de ninguna índole”.

A la Contraloría le solicitan que haga nuevas auditorías a las fases precontractual, contractual, y pago por la adquisición de las naves. (I)

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