37 policías condenados por extralimitación de la fuerza en caso Turi

A 5 uniformados más se les declaró inocentes

106 días y 26 hora de prisión en el Centro de Rehabilitación Social Turi fue la condena que recibieron 37 de los 42 policías procesados por el delito de extralimitación de la fuerza, ocurrida el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad JC del Centro de Rehabilitación Turi, en la provincia del Azuay.

El Tribunal de Garantías Penales del Azuay determinó que la Policía no incurrió en el delito de tortura, pero sí en el de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

El juez ponente Luis Flores inició la lectura de la sentencia relatando cómo las personas privadas de la libertad fueron golpeadas, roseadas gas, obligadas a desnudarse y a realizar sapitos y ejercicios físicos mientras recibían descargas eléctricas por miembros de la Policía y personal de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).

También, dijo que los policías usaron pasamontañas y cascos durante el operativo de requisa que no contó con presencia fiscal como lo garantiza la ley, lo cual era responsabilidad del ex director de la cárcel, Paúl Tobar.

La condena fue de 106 días y 16 horas de prisión y el pago de USD$500 dólares para cada uno de los afectados.

Al mayor de la Policía, René C., responsable del operativo, se le sentenció a 106 días y 26 horas de prisión como autor mediato del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio público. Los argumentos fueron que él fue el jefe del operativo, lo lideró y sabía lo que estaba haciendo.

A los cinco policías restantes, el Tribunal les ratificó su inocencia porque cuatro estaban realizando actividades administrativas y el otro se encontraba en un taller.

Luego de dar a conocer el fallo, el juez ponente precisó que se probó que los policías fueron capacitados en derechos humanos y sabían lo que estaban haciendo, que los efectivos tienen la capacidad de objetar una orden superior si considera que se violenta los derechos, que los agentes no se encontraban en riesgo dentro de la cárcel; que no hubo amotinamientos ni actos violentos para que la Policía haga uso progresivo de la fuerza y que los sapitos no es una técnica de investigación.

Además, el Tribunal cuestionó las labores que los procesados dijeron haber realizado el 31 de mayo, ya que ninguna se refería a su participación en el operativo, sino a tareas secundarias.

INREDH rechazó el “desmerecimiento de la gravedad de los hechos del 31 de mayo de 2016 al calificarlos como extralimitación de funciones y no como tortura”.

“Observamos con preocupación la desproporcionalidad de la pena impuesta en la sentencia con respecto a los hechos, especialmente considerando que la tortura es uno de los delitos más graves que conoce la humanidad”, detalló la organización.

Fuente: El Universo, INREDH, Ecuadorinmediato, República Del Banano

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