Ecuador justifica ante ONU el descarate institucional que realizo tras 10 meses

El Gobierno ecuatoriano, a través de la Misión Permamente ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, respondió con 10 meses de retraso el pedido de información que hizo el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados en Ecuador en enero a propósito de la consulta popular de febrero pasado. En el documento, de hace tres días, el régimen insiste en la legalidad de la convocatoria, añade los resultados electorales y dice que la Corte Constitucional dio una aprobación implícita.

A través de la Nota Verbal N 4-7-254/2018, con fecha 16 de noviembre, la Misión ecuatoriana contesta a la Oficina de la Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados en Ecuador.

El pasado 24 de enero, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas remitió un escrito al Ecuador, en el que se pide al Estado que dé información sobre “los principios de independencia judicial y separación de poderes que podrían suponer los efectos de los Decretos 229 y 330”, con los cuales se llamó a referéndum y consulta popular en Ecuador.

Tales decretos “pretenderían violar las normas constitucionales y los principios de separación de poderes e independencia judicial, evadiendo el imperativo del dictamen previo de la Corte Constitucional para convocar a consulta y calificar el procedimiento respectivo para la reforma”, indica el documento de la oficina internacional de enero pasado.

De la misma forma, la comunicación consideró que dichos decretos podrían llegar a afectar la autonomía de la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la de los órganos de Función de Transparencia y Control Social.

El Gobierno ecuatoriano, según la nota verbal de hace tres días, reiteró “la plena legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular celebrada el 4 de febrero del 2018, bajo la participación absolutamente democrática del pueblo ecuatoriano, que expresó de forma abrumadoramente mayoritaria su respaldo a las preguntas que fueron el resultado de un amplio diálogo con diversos sectores de la sociedad civil”, indica el documento ecuatoriano.

Para el Gobierno de Ecuador, la expresión popular reflejada en las urnas le otorga una inequívoca legitimidad a los resultados del referéndum y consulta popular y, también, agrega los resultados en porcentaje obtenidos en las preguntas 1 y 2.

“Cabe añadir que la legalidad de la decisión del Estado ecuatoriano de convocar a dicho referéndum y consulta popular, mecanismo de naturaleza soberana, democrática y participativa, se sustentó además en que la Corte Constitucional no se pronunció expresamente sobre la convocatoria a referéndum y consulta popular en el plazo establecido por la legislación nacional, con lo cual se concluyó que la Corte había emitido un dictamen favorable ficto para la realización del referéndum y consulta popular”, añade el Gobierno ecuatoriano ante la solicitud de información relacionada a la “oportunidad que tuvo la Corte Constitucional de pronunciarse siguiendo los procedimiento pertinentes establecidos en la ley”.

Para sustentar la respuesta, añade el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre los plazos que tiene la Corte Constitucional en estos casos.

“La Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse conforme al procedimiento, dentro de los 20 días previstos en dicho precepto, sin embargo, si bien la Presidencia de la República remitió las preguntas a la Corte Constitucional el 2 de octubre del 2017, la Corte Constitucional no emitió ningún pronunciamiento, por lo cual 548 días después la Presidencia de la República, en aplicación del artículo 105 indicado, expidió dos Decretos 229 y 330”, detalló.

Al abordar la solicitud de medidas cautelares de los ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Edwin Jarrín y Sonia Vera, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la convocatoria de referéndum y consulta popular, Ecuador remitió de manera oportuna toda la información que justificaba la realización del sufragio, dijo la misión diplomática nacional.

“Mediante la Resolución indicada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó de plano la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal Resolución se adoptó en virtud de que dicho órgano jurisdiccional regional de derechos humanos consideró que las alegaciones no resultan suficientes para sustentar el dictado de las medidas provisionales, al no concurrir los requisitos de extrema gravedad, urgencia y daño irreparable, conforme señala la parte dispositiva de las Resolución mencionada”, indicó Ecuador.

La Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según Ecuador, “debe entenderse como una confirmación de la más alta instancia judicial de nuestra Región, de que las acciones tomadas por el Gobierno ecuatoriano al convocar a la consulta popular y referéndum se enmarcaron en el respeto de las normas constitucionales y legales vigentes en Ecuador”.

Fuente: Ecuadorinmediato, República Del Banano

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