Militares rinden versiones en caso de supuesto tráfico de armas para “Guacho”

Abogado de uno de los implicados critica que no estén vinculados oficiales y solo uniformados de tropa

A la Fiscalía General del Estado fueron convocados 5 militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador para rendir sus versiones en el marco de la investigación sobre el supuesto delito de tráfico de armas y municiones pertenecientes, que habrían tenido como destino el grupo disidente colombiano Oliver Sinisterra.

El mayor Cristian Arias era el primero en la lista de convocados, pero no llegó a la versión dispuesta para las 09:00 de este miércoles.

El mayor Andrés Velástegui sí acudió a rendir su testimonio, que duró cerca de una hora. También estaba convocado el teniente coronel César Pinto, el teniente coronel Mauricio Rosales y la teniente Mariana Camacho

Las versiones entregadas este martes no son públicas, sin embargo, los abogados de los militares procesados en este caso informaron que un oficial, encargado de sistemas y tecnología, en su versión habría revelado que hubo adulteración en la numeración de fusiles HK y habría dado la cifra de las municiones faltantes en varias unidades militares.

Los defensores enfatizan que los detenidos pertenecen a la tropa, por tanto, piden que se investigue a los oficiales, jefes de rastrillos y comandantes de las unidades.

“Podrán evidenciar que aquí se encuentran procesados y privados de la libertad personal de tropa de las Fuerzas Armadas, me pregunto: ¿Cuáles son los jefes de los rastrillos? Los jefes de los rastrillos son señores oficiales, aquí no existe un señor oficial que se encuentre privado de la libertad, la responsabilidad recae contra los oficiales por cuanto ellos son los que suscriben las actas de recepción del material bélico de las Fuerzas Armadas”, comentó Edwin Romero, abogado de militar detenido.

“Ellos se encontraban a cargo de ciertos destacamentos militares, entonces, la versión de ellos es importante para poder esclarecer el hecho”, indicó el abogado Erick Huilca.

Huilca, abogado de Martín A., comentó que en el caso de su defendido “se ha cometido una gran injusticia porque, de manera apresurada, se inició una instrucción fiscal por un tráfico de armas, en este caso, no se ha verificado, contrarrestado la información que ha dado, incluso, el Ministro de Defensa, en el cual ha dicho que no existe ningún faltante de armas”.

“Mi cliente se encontraba a cargo de armamentos, más no de municiones”, insistió.

En este caso trece personas (siete militares en servicio activo y seis civiles) son procesadas y están detenidas en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, en Latacunga.

El viernes próximo serán llevados a Quito a rendir versiones.

Fuente: El Universo, Ecuavisa, Ecuadorinmediato, República Del Banano

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