LOS ENCARGOS PARA UNA FISCALÍA Y UNA CONTRALORÍA A DEDO

Los 15 hechos de Ecuador en 2018

La Contraloría y la Fiscalía se han activado en este Gobierno. Unos hablan de que ahora existe independencia para investigar; otros de persecución política en contra de los ex funcionarios que integraron la administración anterior. Rafael Correa es uno de los políticos que más ha sido señalado.

Con la llegada de Pablo Celi a la Contraloría General del Estado la labor del organismo se aceleró. El anterior gobierno, liderado por Rafael Correa, ha sido auditado en varios campos, encontrándose novedades, que no se explican hasta ahora de qué modo se hacen con tanta ligereza. Y también ahora la Contraloría decide qué alcalde, ministro o prefecto es destituido con un informe de auditoría. Todo lo cual se ve como un revanchismo político antes que una acción ordenada, prolija y en función de las directrices legales de una institución caracterizada siempre por la densidad en sus investigaciones.

Por ejemplo, en un informe preliminar, la Contraloría General de Estado de Ecuador identificó varias irregularidades en el uso de aviones presidenciales entre enero de 2012 y mayo de 2017.

“Los vuelos tienen inconsistencias o datos incompletos de pasajeros, de carga y destino”, dice el informe.

Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador, y, Rafael Correa, ex Presidente, criticaron el informe.

“Dicen que avión presidencial fue y regresó “sospechosamente” de Rio sin pasajeros. El avión debía regresar con la delegación de Cancillería, pero ésta se trasladó de urgencia a Asunción por el golpe de estado contra el presidente Lugo. Por esa razón regresó sin nosotros”, explicó Patiño

“Aunque usted no lo crea: Un “sospechoso” viaje a paraíso fiscal fue el 10 de abril de 2015 a la VII Cumbre de las Américas en Panamá”, acotó Correa.

Así también, la Contraloría, a través de un examen especial a los fondos asignados y utilizados por el Ministerio de Educación para la ejecución del “Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el Sistema Educativo”, estableció que no hubo gestión para diseñar, implementar y ejecutar dicho proyecto.

Además establece que los ministros de los años 2013 al 2017, así como los subsecretarios de innovación y buen vivir no efectuaron las diligencias pertinentes ante el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Planificación (SENPLADES) para conseguir las asignaciones presupuestarias pertinentes.

Otro informe borrador sobre diez proyectos viales en 6 provincias del país establecen, según la Contraloría, el presunto perjuicio al país de más de USD$40 millones. Estos 10 proyectos viales fueron encargados, a través de un contrato, a la empresa china Sinohydro.

Al abordar el traspaso de los fondos complementarios de jubilación y cesantía al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), según la Contraloría, no se contó con los resultados finales de las auditorías externas, que era uno de los requisitos para que se efectuara el proceso de traslado.

El Consejo de la Judicatura también fue auditado y se encontraron supuestas anomalías. Al leer otro borrador del examen especial, en este caso, sobre las operaciones administrativas y financieras en el Consejo de la Judicatura, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, se establecen montos menores en el pago injustificado de viáticos, de gastos de residencia.

Habría problemas en los contratos de provisión de mobiliario, de servicios de publicidad o la adquisición de más de 10 mil dispositivos para un proyecto de firma electrónica.

La Contraloría, además, reportó que fueron descontados a 533 servidores públicos del IESS porcentajes de sus sueldos. El examen abarca el período comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de mayo del 2018. El informe establece que el IESS realizó descuentos por USD$378.932.

De ese monto, USD$363.319 fueron transferidos a los movimientos políticos Alianza PAÍS y Cambio Generacional.

Al hablar de la deuda pública, la Contraloría General del Estado afirmó que del 2012 al 2017 el monto ascendió a US$65.700 millones, es decir, el 52.54% del PIB, superando el límite de endeudamiento permitido. Se emitió un Informe de Indicio de Responsabilidad Penal en contra de ex ministros a la labor económica y en contra del ex Presidente Rafael Correa.

Correa aseguró ya hubo un primer informe de deuda pública, firmado por Nelson Dueñas, Director Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas, y aprobado por el Contralor Pablo Celi; no obstante, se realizó un nuevo control sobre el mismo tema, firmado por Dueñas, pero “llegan a conclusiones exactamente opuestas”.

““Auditan” nuevamente, y los MISMOS “funcionarios” llegan a conclusiones exactamente opuestas No es auditoría. Es delincuencia”, aseguró el ex Presidente.

La gestión de la Secretaría de Comunicación también significó el pronunciamiento de la Contraloría, determinándose irregularidades por más de USD$ 250 mil en la gestión de contratos para los enlaces ciudadanos.

El informe motivó la investigación en contra de 7 ex funcionarios de la Secretaría de Comunicación (SECOM), entre ellos, Fernando Alvarado, ex Secretario de Comunicación, Marco Antonio Bravo, ex Subsecretario de Comunicación, Pablo Yánez, ex Subsecretario de Comunicación, quien acordó una cooperación eficaz con la Fiscalía para dar detalles en la pesquisa; además, están involucrados 2 proveedores de servicios.

En medio de la indagación, el 20 de octubre se conoció que Fernando Alvarado, a quien se le ordenó el uso de grillete electrónico y la prohibición de salir del país, se despojó del dispositivo y supuestamente fugó del país.

Al siguiente día, el Gobierno confirmó la fuga de Alvarado y el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, anunció que se tomarán como medida la prohibición de enajenación de bienes que estén en manos de la familia de los hermanos Alvarado y sus parientes cercanos.

La última acción de la Fiscalía, que investiga también a Rafael Correa por el caso de plagio al político ecuatoriano, Fernando Balda, es el inicio de la fase de investigación previa por el presunto delito de robo calificado en contra del expresidente Rafael Correa y 45 exfuncionarios y operadores de justicia.

La denuncia la realizó Fernando Villavicencio por el allanamiento a su domicilio, el 22 de noviembre del 2013, y el presunto robo de información de diversas investigaciones que realizaba contra el Gobierno de Correa y sus funcionarios.

Fuente: Ecuadorinmediato,República del Banano

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