ECUADOR, SIN LEY QUE COMBATA LA ESPECULACIÓN DE LAS TIERRAS

Los 15 hechos de Ecuador en 2018

Tras la consulta popular del 4 de febrero, impulsada por el presidente Lenín Moreno, la Ley Orgánica para evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras (Ley de Plusvalía) fue derogada por el Pleno de la Asamblea Nacional. La sexta pregunta obtuvo un 63,10% de apoyo, frente a un 36,90% de desaprobación. Esta noticia forma parte del especial de Ecuadorinmediato.com, “Los 15 hechos de Ecuador en 2018”.

Según información del Servicio de Rentas Internas (SRI), esta normativa benefició a 221 municipios del país. Al actualizar los catastros, estos mejorarían la capacidad de proveer servicios públicos, ya que gozaron de más presupuesto. Además, para los ciudadanos, si la ganancia al vender un bien inmueble era ordinaria y justa, entonces el pago era de 0.

A diferencia del impuesto a las utilidades y plusvalía, la Ley gravó solo la ganancia extraordinaria en la transferencia de dominio de bienes inmuebles rurales o urbanos y en los aportes de inmuebles a fideicomisos y sociedades inmobiliarias. (Revise quiénes pagaban con esta Ley, aquí: https://bit.ly/2LwFrIQ).

Los objetivos de la normativa eran cuatro: Luchar en contra de la especulación; combatir la desigualdad desincentivando la ganancia ilegítima; acceso equitativo a los bienes inmuebles; controlar la evasión que surge del registro subvalorado de los precios de compra-venta.

Entre tanto, la totalidad de la recaudación del impuesto sobre el valor especulativo del suelo fue destinada para cada gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano, y se destinó a la construcción de vivienda de interés social y prioritaria, o al mejoramiento de los servicios básicos de alcantarillado y agua potable.

Asimismo, el SRI aclaró que la ganancia ordinaria, al no ser especulativa, no pagaba el impuesto. Las mejoras y contribuciones realizadas al bien inmueble, también aplicaban al factor de ajuste para el cálculo de la ganancia ordinaria, independientemente de cuándo se realizaron, previo a la venta del bien.

Estaban exonerados del pago las personas naturales y las sociedades que construyeron para comercializar proyectos inmobiliarios de interés social y prioritario tales como casas, departamentos, oficinas, entre otros. Además, los deudores o garantes del deudor por las daciones en pago de inmuebles para la cancelación de deudas, hasta por el monto de las mismas.

También el Estado, sus instituciones y las empresas públicas, los estados extranjeros y organismos internacionales, las compañías de economía mixta (en la parte que represente aportación del sector público).

Tampoco eran objeto del impuesto las transferencias de dominio de bienes inmuebles por sucesiones por causa de muerte, donaciones, rifas o sorteos y remates o ventas realizadas judicialmente o por instituciones del Estado. Así como en caso de disolución de la sociedad conyugal o por el reparto de haberes en una de comercio. (Revise, a detalle, lo que planteaba la Ley de Plusvalía, aquí: https://bit.ly/2T72MUb).

En Ecuador, la “Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos”, publicada en Registro Oficial el pasado 30 de diciembre del 2016, comúnmente llamada “Ley de Plusvalía”, parte del principio de que el excesivo incremento de valor de un bien inmueble, que no es fruto de la acción directa del propietario, pertenece a la ciudad, según explicó el expresidente Rafael Correa en su página www.economiaenbicicleta.com. (Revise los datos aquí: https://bit.ly/2SkhZRA).

El pedido insistente de los sectores de la construcción, inmobiliario y empresarial hizo que este tema fuera considerado dentro de la consulta popular. Según sus representantes, la construcción decrecería en, al menos, un 10%. Aseguraron que se necesitaba más incentivos y menos impuestos debido a la “desaceleración económica del país, la reducción de crédito bancario y la pérdida de empleo de los ecuatorianos”.

Sin embargo, mientras fue candidato presidencial por Alianza PAÍS (AP) (diciembre de 2016), el exvicepresidente resaltó la creación de la normativa, calificándola de “positiva” para la mayoría de los ecuatorianos. En ese momento, admitió la necesidad de “hacerle cambios” si es que así se decidía, pero no habló de eliminarla.

Pero con Moreno en la Presidencia, la exigencia de estos sectores fue más intensa. Con una marcha, desde la Alameda, en Quito, insistieron al gobierno a que derogue la normativa, asegurando que, luego de 8 meses de su aprobación, se incrementó el desempleo en la construcción y los proyectos se redujeron en un 50%.

Después de aprobada la consulta popular, el Presidente de Ecuador prometió que, tras la derogatoria de la Ley de Plusvalía, se enviaría una nueva normativa que combata la especulación del suelo. Hasta el 24 de diciembre, sin embargo, no se ha remitido algún proyecto que norme este campo.

Para febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de la Comisión ocasional que se encargó de tramitar las preguntas 3 y 6 de la consulta. Los integrantes de esa mesa legislativa fueron: César Litardo, Daniel Mendoza, Elizabeth Cabezas, Montgomery Sánchez y Ximena Peña de AP; Guillermo Celi de SUMA; Roberto Gómez de CREO; Vicente Taiano de PSC; Encarnación Duchi del BIN y Fernando Burbano, independiente.

Días después, el Primer Mandatario envió un proyecto de ley económico urgente para derogar la normativa, éste fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En marzo, luego del primer y segundo debate, el Pleno del Parlamento aprobó derogar la Ley de Plusvalía, con 97 votos afirmativos y 18 abstenciones. A mediados del mes, ya fue remitida al Registro Oficial.

En agosto, según el Banco Central del Ecuador (BCE), las expectativas de crecimiento para el sector de la construcción, no se cumplieron pese a que, según su gerente, Verónica Artola, el decrecimiento no llegó al 1%.

“El sector de la construcción todavía vemos que está presentando un pequeño decrecimiento en el primer trimestre del 2018, pero no superó el 1%. Fue del 0,4%. Recordemos que este sector presentaba tasas de decrecimiento del 4, 5 y llegó al 6%”, explicó.

Ya para octubre de este año, el BCE determinó que el índice de Confianza Empresarial (ICE) de la construcción disminuyó en 13.6 puntos con respecto al mes anterior, situándose en 741.9 puntos. Sin embargo, el ciclo del índice se ubicó en 1.6% sobre la línea de tendencia de crecimiento a largo plazo.

El personal ocupado se redujo en 1.5%, el volumen de la construcción también cayó en 1.7% entre septiembre y octubre de 2018. El precio promedio de los materiales se mantuvo sin mayor variación por más de 1 año, y en octubre no fue la excepción.

Asimismo, al comparar la situación del negocio en, ese mes, respecto de septiembre de 2018, la cantidad de empresas que manifestaron encontrarse mejor fue inferior a las que señalaron estar peor, lo que dio como resultado un saldo de -12%. (Revise estas cifras, aquí: https://bit.ly/2V2kh9Q).

(JPM)

Fuentes: Ecuadorinmediato.com, SRI,  Banco Centra del Ecuador, Economía en bicicleta, República del Banano

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