Día: 4 enero, 2019

Aunque el Gobierno mantendrá el subsidio al diésel y a la gasolina para el transporte público y comercial, vía compensación, varios sectores se movilizan en rechazo a la decisión. En este grupo están transportistas interprovinciales, urbanos de Pichincha, escolares y de carga pesada. Estos gremios dicen que no están convencidos del mecanismo de compensación y piden derogar el Decreto 619. La norma determina que la estatal Petroecuador podrá fijar cada mes el costo del diésel para autos particulares, carga internacional y cuantía doméstica. Y añade que se entregarán cupos del derivado a precio subsidiado al transporte público para no afectar al precio de los pasajes y los fletes. El precio del diésel se ajustará una vez que se defina el mecanismo. Los taxistas, en cambio, buscan acuerdos con el Ejecutivo, que les ha ofrecido un atractivo subsidio de USD 99 al mes por el alza del costo de la extra. El presidente Lenín Moreno dijo que con esto y el ajuste al gasto se ahorrarán USD 1 200 millones al año. Advirtió que “quien obstaculice la buena marcha del país tendrá que atenerse a las consecuencias”. Dijo que se diseñan mecanismos para que las tarifas de transporte público no suban. “Que se me oiga bien: ¡Ni un centavo más por pasajes, ni transporte de carga y alimentos!”. “No es cierto que exista un alza general de los combustibles(…). Si por el ajuste en las otras gasolinas pretenden desinformar a la población, o lo que es más, interrumpir la libertad de circulación de las personas o interrumpir el servicio público, se intervendrá con las autoridades competentes”, aclaró la ministra del Interior, María Paula Romo. “En cuanto al diésel, que es utilizado por el transporte de pasajeros y de carga no va a sufrir ninguna modificación, por lo tanto, no prevemos que estos sectores tomen medidas de hecho”, agregó Romo. Transporte escolar se moviliza este viernes 4 de enero La Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador (Fenatei) anunció movilizaciones para este viernes en Quito y Portoviejo. Oswaldo Guamán, presidente del gremio, indicó que 6 638 transportistas participarán en Quito y 796, en la capital manabita. Con esta medida, el sector expresará su rechazo al Decreto 619 y pide su derogatoria. Asegura que las marchas seguirán en caso de no ser escuchado. Lo dice a pesar de que en el reglamento de la ley de transporte terrestre está considerado como transportación comercial. Guamán explica que el subsidio que les ofrecen no es claro. Como gremio pide una reunión directa con el Presidente y no con sus asesores. Carga pesada pide derogatoria La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) pide eliminar el Decreto 619, que ajusta el precio del diésel para autos particulares y establece un cupo del derivado a precio subsidiado para el transporte comercial. Luis Vizcaíno, presidente del gremio, asegura que el descontento se debe a que nunca se habló con ellos de esta medida. El uso de una tarjeta es un mecanismo complejo de aplicar debido a la gran diversidad de autos dedicados a la carga pesada: unos 100 000, dijo Vizcaíno. La Fenatrape se reunirán hoy para elaborar una resolución que será enviada al Gobierno. La Federación de Volqueteros de Guayas respaldó ayer el pedido de la Fenatrape. Transporte provincial se paralizará La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) también pidió la derogatoria del Decreto 619. A través de su presidente Abel Gómez, titular del gremio, señaló que el pedido recoge la posición de 17 grupos provinciales agremiados. La compensación mediante un cupo mensual y con tarjetas prepago -ofrecida por el Gobierno- no convence a los transportistas que dan el servicio dentro y fuera de las provincias. “No tenemos el dinero para llenarlas – las tarjetas-, entonces no nos podremos abastecer”, dijo Gómez. En caso de no ser atendidos, el sector advirtió que se paralizará desde el próximo 16 de enero. Buses urbanos rechazan el alza Los representantes del transporte urbano se reunirán este viernes 4 de enero en Quito para exponer su postura frente al alza del diésel. Esto pese a que la medida apunta solo a autos particulares, transporte de carga internacional y de cuantía doméstica. El subsidio para el transporte de carga y pasajeros se mantendrá vía compensación, pero el gremio no está de acuerdo con esta medida. José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Pichincha, dijo que la medida de compensación que plantea el Gobierno genera cierta desconfianza, porque el Régimen anterior no cumplió con los recursos para subsidiar la media tarifa. Por esto, solicitan derogar el Decreto 619. Taxistas plantean categorías Los taxistas plantearon al Gobierno un esquema de compensación para obtener gasolina con más subsidio. Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, mencionó que para asignar el cupo se considerará las características de cada ciudad y los recorridos. Ellos plantean tres categorías. En la primera están los taxis de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo, Machala y Santo Domingo de los Tsáchilas. Ellos recibirán un cupo de 270 galones al mes. En la segunda, con un cupo de 230 galones, estarán el resto de las capitales del resto de las provincias. Y en la última los otros cantones, donde se asignarán 210 galones al mes.

Los agremiados de la Asociación de Transportes Escolares de Quito salieron a manifestarse la mañana de hoy, viernes 4 de enero del 2019, en contra del alza del precio de los combustibles. Largas filas de buses y busetas amarillas se tomaron las vías de la capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que hubo aglomeración de vehículos en varios puntos de Quito. En total, 6300 agremiados pertenecen a esa asociación. Por ejemplo, desde el kilómetro 11 de la Ruta Viva hasta el redondel de Puembo en adelante. También en la zona del nuevo puente del Chiche en sentido Aeropuerto – Quito. También una larga fila de unidades escolares se dirigía por la autopista General Rumiñahui con dirección al Centro Histórico. Personal operativo de la AMT gestiona la movilidad allí. Lo mismo ocurrió en la Tribuna del Sur y la avenida De los Shyris, en el norte de la capital.

En el último lugar estaba Edwin Guerra, presidente de la Asociación de Transportes Escolares de Quito, quien organiza la manifestación de esta mañana. El gremio se opone al Decreto Ejecutivo 619, suscrito el pasado 21 de diciembre del 2018, el cual dispone el incremento del precio del galón de las gasolinas extra y Ecopaís de USD 1,48 a 1,85. También a la subida del diésel premium que pasó a venderse a USD 2,74.

Guerra informó que se organizó una caravana, la cual comienza en la avenida De los Shyris y se dirige a la Plaza de la Independencia. El objetivo: abrir el diálogo con el presidente Lenín Moreno y pedirle que derogue el Decreto 619. “Los socios, a pedidos de todas las empresas, pidieron alzar la voz de protesta porque no es justo el incremento de los combustibles que nos afectan a los transportistas y al pueblo porque nosotros trabajamos con los padres de familia”, manifestó el dirigente. “No es justo que, en esta crisis, las afectadas sean las familias”.

Guerra informó que la protesta se realiza solo en Quito, pero confía que el diálogo con el Gobierno será abierto y se lograrán soluciones. Los transportistas escolares no están dispuestos a recibir compensaciones económicas. Insistieron que su prioridad es la derogatoria del Decreto 619.

El expresidente de la República reaccionó ante la denuncia de cinco proyectos que fueron realizados en su gobierno y que supuestamente contienen corrupción.

Luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno se dirigió al país mediante una cadena nacional después de sus vacaciones donde dio detalles de cinco nuevos casos de corrupción que se habrían perpetrado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.  Y luego de la evaluación de la ONU que confirmó sobreprecio e irregularidades en 5 proyectos petroleros del régimen anterior, Moreno colocó una denuncia. Ante esto Correa reaccionó y no se quedó callado.

En su cuenta de Twitter manifestó su inconformidad ante la denuncia de su exbinomio sobre sus mega proyectos que realizó en sus 10 años de mandato. Además, Correa dijo que no puede criticar las obras de Moreno porque no tiene ni una. Esto fue lo que escribió en su cuenta personal de Twitter:

¡Qué lástima que no pueda criticar obras de Moreno, porque no ha hecho NINGUNA! Con su mala fe, miente y confunde supuestos problemas -en miles de obras hechas por mi Gobierno-, con corrupción. De haber corrupción, que se sancione, pero sin tanto show.

Lenín Moreno presentó su denuncia en La Fiscalía General del Estado y en la Contraloría este viernes. Esto para que se investiguen “todos los delitos cometidos”. El Presidente, en un video, detalló los casos petroleros en los que el Gobierno anterior, de Rafael Correa, habría cometido irregularidades.

Dijo que en el caso de la Refinería Estatal de Esmeraldas su rehabilitación en el Gobierno de Correa costó 2.230 millones de dólares. Esto pese a que el presupuesto inicial era de apenas 754 millones y que, según Moreno, “no sirvió para nada”.

También habló de presuntos sobreprecios en el proyecto Refinería del Pacífico, en el Poliducto Pascuales-Cuenca (en estado crítico por supuestos errores de ingeniería) y la planta de gas “Bajo Alto”. Así como fallos en la protección de pilotes en el Terminal Marítimo Monteverde.

“Por estos cinco proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares”, cuando debió costar la mitad. Por lo que el Gobierno ha decidido presentar una denuncia a la Fiscalía.

Este jueves 3 de enero de 2019 el Presidente Lenín Moreno se dirigió a la ciudadanía en una cadena nacional en la que aseguró que las decisiones económicas que el Gobierno ha tomado en el país permiten mantener la dolarización, tener mejores sistemas de salud, cumplir con el pago de pensiones jubilares y entregar una mejor educación.

“Nuestra prioridad son ustedes, por ello los usuarios de transporte, no tendrán que pagar más por el pasaje de bus, ni por transportar su carga, ni por usar un taxi o una camioneta de alquiler. Que se me oiga bien : Ni un centavo más por pasajes, ni transporte de carga y alimentos”, enfatizó el mandatario.

Fuente la Hora Loja y Republica Del Banano

Prensa República Del Banano

A las 10:35 de este jueves, 3 de enero del 2019, llegó a la Fiscalía de Imbabura el parte policial que informa sobre la detención de Marcelo M., director del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, en el norte del Ecuador. El funcionario fue detenido por la Policía la noche de ayer miércoles, a las 22:42, cuando supuestamente tomaba licor en su oficina junto a una abogada particular y dos personas privadas de libertad (PPL). Hasta las 11:30 de este jueves, no se fijaba la hora para la audiencia. Así se explicó en la oficina de Alejandra Aguilar, fiscal de Flagrancia. Marcelo M. estaba encargado como director en ese centro penitenciario desde noviembre del 2018, tras la salida de la exdirectora, Margarita Arotingo. Mientras se realizan las diligencias legales, Marcelo M. y la abogada Digna F., permanecen internados en el centro de Detención Provisional (CDP) de la capital de Imbabura. Según el parte policial, en la oficina de la Dirección del centro carcelario se encontraron botellas de licor y gaseosas, que fueron tomadas como evidencia, por los agentes. Los dos PPL, Marcos R. y Danny R., son hermanos y se encuentran detenidos por el delito de tráfico ilícito de sustancia sujetas a fiscalización. Tras la operación policial, las cuatro personas fueron trasladadas al hospital San Vicente de Paúl, de Ibarra, para su valoración médica y luego al lugar de detención.

La Asamblea Nacional cerró el 2018 con 1 316 funcionarios y un pago anual de USD 36 millones en salarios y décimos. Se trata del principal rubro de gasto que tiene el organismo. El pedido del presidente Lenín Moreno, de que el ajuste a los salarios del nivel jerárquico superior se extienda al resto de entidades autónomas, aún no tiene eco en la Asamblea. Del universo de burócratas, 599, es decir, 45,5%, percibe sueldos mayores a USD 2 368; esto demanda el pago de USD 22 millones al año. En la nómina que transparenta la entidad en su web se observa que hay 548 asistentes y asesores de asambleístas y comisiones especializadas, cuyos contratos son ocasionales y pudieran entrar a revisión. En las distintas áreas del Legislativo hay en total 363 asistentes; los asesores de nivel 2 -que ganan USD 2 679- suman 156, son 15 menos que en el 2017. Los asesores de nivel 1, en cambio, sumaron 186, siete más que en el 2017, y perciben una remuneración de USD 3 173, esto es ocho veces el actual salario básico de USD 394. La medida del Ejecutivo para bajar el gasto -vía decreto- se tomó el 21 de diciembre pasado, un día después de que las actividades legislativas pararon por las festividades de Navidad y de fin de año. Desde entonces, tampoco se ha reunido el Consejo de Administración Legislativa (CAL), instancia que pudiera aprobar o no un ajuste, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Patricio Donoso (Creo) y Verónica Arias (ARE), quienes forman parte de ese organismo, prefirieron no adelantar criterios al respecto.

Ellos indicaron que corresponde a la presidenta del CAL y de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, poner el tema en discusión para analizar su posible viabilidad o no. Lenín Plaza, uno de los coordinadores de Alianza País (AP), apuntó que esto debería ser debatido por el Parlamento en su conjunto. Hasta ayer no hubo actividades oficiales en las comisiones y la primera reu­nión del Pleno este año está prevista para hoy a las 09:40. “El Decreto nos tomó por sorpresa. A veces estos temas suenan bien al oído porque son medio populistas, pero en el fondo no es que tengan una mayor eficiencia económica, porque el ahorro que se daría es poquísimo para la situación económica del Estado”, enfatizó Plaza. La última vez que hubo un ajuste en las remuneraciones de los miembros de la Asamblea fue en marzo del 2015, cuando por decisión del CAL se rebajó USD 1 000 a los legisladores, lo que dejó el salario en USD 5 009. Este sueldo representó USD 8,2 millones en el 2018 y en el caso de los asesores de nivel 1 y 2 de los asambleístas significó USD 10,2 millones anuales. En el 2018, el Legislativo cerró con 1 316 funcionarios, una reducción de 7,3%, respecto del 2017, esto significó un ahorro de USD 4 millones en pago de salarios y décimos. Por otra parte, el pasado 5 de abril, el CAL aprobó una resolución en la que se eliminaron los viajes al exterior de los asambleístas con recursos del Legislativo, con el fin de optimizar el dinero público. Además, se resolvió eliminar los viajes y movilizaciones de los miembros de las comisiones con recursos de la Asamblea fuera de su sede en Quito. También se encomendó a la presidenta y su administración que realicen una revisión de otros rubros, sin que se afecte la operatividad de la entidad. Cabezas aseguró a este Diario que desde que asumió la presidencia, el 15 de marzo pasado, ha logrado un ahorro estimado de USD 795 879 en gastos. Este monto, según dijo, incluye viáticos, traslados, subsistencias, arrendamiento de bienes, servicios generales como difusión de información o campañas, entre otros. No especificó cuántos burócratas tienen contratos ocasionales en el área administrativa y que ganen más de USD 2 368. Según los contratos registrados en el portal de Compras Públicas, por pasajes aéreos nacionales e internacionales, la Asamblea gastó USD 401 030 en el 2017. El rubro se duplicó a 840 547 el año pasado. En el 2018 Cabezas viajó a Estados Unidos, Rusia, Canadá y Uruguay, pero aseguró que, en su mayoría, fueron costeados por los organizadores de los eventos a los que fue invitada. Adicionalmente, el CAL aprobó el 23 de mayo pasado un reglamento que regula la dotación, uso, administración y control de los servicios de telefonía celular e Internet móvil en dispositivos de la Asamblea. Entre los beneficiarios están: presidenta, vicepresidentes, asambleístas, secretarios, administrador general, jefes de la Escolta Legislativa y de seguridad de la presidencia. Cuatro meses después de emitido este reglamento, el CAL dispuso que se renegocie el valor de los planes de estos servicios, que son pagados por la Asamblea. El 13 de diciembre, la presidenta de la Asamblea aseguró a la prensa que se estaba preparando un balance sobre los resultados del plan de austeridad, pero hasta ahora no se conoce. Los miembros del CAL y de las bancadas no cuentan con esa información, que incluye el gasto de las llamadas y datos renegociados. En contexto El presidente Lenín Moreno suscribió un Decreto el 21 de diciembre del año pasado, con el cual redujo los salarios de los ministros en 10% y de los funcionarios de nivel jerárquico superior, en 5%. Los asambleístas piden que el tema sea analizado por el Pleno.

Con información de El Comercio y Republica Del Banano