#FlashBananero| Asambleista Bonilla está en contra de despenalizar el aborto

Así lo dijo a través de su cuenta de Twitter.

Pedro Delgado es condenado a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito

Por no haber justificado documentadamente un incremento patrimonial de $394.427.97, Pedro Delgado Campaña, primo del expresidente Rafael Correa que ocupó los cargos de asesor del Presidente de la República y presidente de directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), fue sentenciado a cinco años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilicito.

La investigación en Fiscalía inicio en 2015 luego de que la Contraloría General del Estado emitió un informe sobre las declaraciones juramentadas de Delgado hechas entre mayo 2009 y enero del 2013.

Para justificar la acusación fiscal de autor directo, la fiscal general (s) Ruth Palacios presentó en la audiencia de juzgamiento, la cual inició a las 09:00, tres testigos pertenecientes al equipo de Contraloría que hizo el informe, un perito financiero y 14 pruebas documentales.

Según Palacios, pese a que a Delgado se le habría dado la oportunidad legal de que presente los documentos de descargo tanto a la Contraloría como a la Fiscalía, él no justificó $157.972,97 existentes en cuentas nacionales en los bancos del Austro y Rumiñahui, ni tampoco justificó pasivos por $236.455 ubicados en el extranjero.

Delgado habría señalado que para la compra de una casa en Miami, Estados Unidos, el Austro Bank de Panamá le concedió un crédito por $385.000, pero el análisis pericial hecho a partir de la información entregada en dos asistencias penales internacionales de Estados Unidos para el caso, la institución bancaria sólo le habría entregado $189.945.00.

El Tribunal, integrado por los jueces nacionales Iván Saquicela (ponente), Silvya Sánchez y Marco Rodríguez, decidió de forma unánime para él la pena máxima que para el enriquecimiento ilícito define el Código Penal anterior en el artículo 296 inciso 1 y 2. La decisión se dio a pedido de la abogada de Delgado, la defensora pública Lolita Montoya, quien aseguró que debe operar el principio constitucional de favorabilidad para su cliente, es decir, no se le debía aplicar la pena de 5 a 7 años que permite el Código Orgánico Integral Penal Vigente, sino una pena de 2 a 5 dispuesta en el Código Penal anterior, vigente al mometo del delito juzgado.

Junto a la pena, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia también decidió que Delgado debe pagar al Estado una restitución que equivale al duplo del enriquecimiento ilícito definido ($394.427, 97), es decir, $788.855,94. Además se deberá proceder al comiso de los bienes que posee Delgado y como reparación integral la publicación de la sentencia de este caso en uno de los diarios de mayor circulación y disculpas públicas al país en la Corte Nacional de Justicia y ante los medios de comunicación social.

Esta es la segunda pena que recibe Delgado, quien se encuentra prófugo de la justicia en Miami, Estados Unidos. La primera sentencia fue de 8 años de cárcel por peculado bancario por la entrega de un crédito del banco Cofiec por $ 800 mil al argentino Gastón Duzac.

Con información de El Universo

Bolivia denunciará a Brasil ante la ONU por racismo de Estado

El Gobierno boliviano anunció este martes 8 de enero que denunciará a Brasil ante Naciones Unidas por racismo de Estado, por las declaraciones de un diputado brasileño, alineado al presidente Jair Bolsonaro, que dijo que “a quien le gusten los indios, que se vaya a Bolivia”. La denuncia será por racismo de Estado porque estas declaraciones fueron realizadas por una autoridad de Brasil refiriéndose a un presidente de otro país, declaró a los medios el viceministro boliviano de Descolonización, Félix Cárdenas. “Nosotros, como comité nacional, tenemos que hacer lo que la ley nos dice. Al ser un diputado y al referirse a Bolivia están incurriendo en racismo de Estado”, señaló Cárdenas, que encabeza el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo. El viceministro explicó que la denuncia se realizará en el marco del Examen Periódico Universal en que los Estados miembros de las Naciones Unidas evalúan situaciones de discriminación y temas relacionados con los derechos humanos. Medios bolivianos replicaron la semana pasada unas declaraciones del diputado brasileño Rodrigo Amorim en las que calificó de “basura urbana” a la Aldea Maracaná, situada en Río de Janeiro y donde habitan unas 25 comunidades indígenas, y consideró que es necesaria su limpieza. “Como carioca, me causa indignación ver aquello de la manera que está hoy. A quien le guste el indio, que vaya a Bolivia, que, además de ser comunista, sigue presidida por un indio”, señaló el diputado brasileño, según los medios bolivianos. Según Cárdenas, una vez que se plantee la denuncia, Brasil deberá explicar ante las Naciones Unidas las razones por las que en esa nación hay actitudes racistas en contra de los pueblos indígenas. El viceministro consideró que la aseveración de Amorim no será la última expresión racista desde Brasil donde, a su juicio, “el racismo es una política de Estado”. Las declaraciones del parlamentario brasileño indignaron a políticos oficialistas y opositores de Bolivia, así como a mucha gente que expresó su rechazo a través de las redes sociales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó el “resurgimiento de la ideología de supremacía racista como réplica de xenofobia del Gobierno de Estados Unidos” y afirmó que ante la intolerancia y discriminación, los pueblos indígenas promueven el respeto. (I)

Fuente El Telégrafo

Rodríguez denunció hoy a Galarza por concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documentos falsos

Lenín Rodríguez, exasesor de la legisladora Ana Galarza, acudió a la Fiscalía General del Estado para oficializar su denuncia por presuntos cobros indebidos y desvío de fondos al interior de la Asamblea Nacional. Rodríguez y su abogado, Luigi García, llegaron a la Fiscalía pasadas las 09:10 de este martes, 8 de enero del 2019. El jurista habló de un presunto “concurso de delitos”, como concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documentos falsos. Como parte de las pruebas que se anexaron a la denuncia, consta el registro del uso de la tarjeta electrónica de Carmen Alvarado Ulloa, quien se desempeñaría como asesora 2 de Galarza. Según García, en una entrevista pasada la legisladora Ana Galarza habría dicho que Alvarado “cumplía sus funciones en territorio”, particularmente en Ambato. Pero según el abogado, basado en el registro de acceso, presuntamente la asesora 2 habría ingresado a la Asamblea Nacional en 860 ocasiones.

Agregó que Omar Mayorga, quien se desempeñaría como asesor 1 de Galarza, habría ingresado en 600 ocasiones al Palacio Legislativo. El jurista aseguró que Mayorga y Alvarado son esposos. “Si la señora Alvarado trabajaba en territorio, mal podría haber ingresado tantas veces a la Asamblea” dijo. Rodríguez y su abogado presumen que la tarjeta de Carmen Alvarado la habría usado Juan Francisco Sevilla, cónyuge de la asambleísta Ana Galarza. En esa línea, pedirán una pericia de audio y video del circuito cerrado de la Asamblea, para determinar la identidad de la persona que usó esa tarjeta magnética. También mencionó que en el registro de asistencia de la asesora Carmen Alvarado se “observaría a simple vista que su rúbrica era falsificada para registrar la asistencia de dicha persona”. Esto, según el abogado García, incurriría en el delito de uso doloso de documentos falsos, con el objetivo de que se le proceda a pagar su sueldo como asesora. En la denuncia, Rodríguez pide investigar a la legisladora Ana Galarza, a su esposo Juan Francisco Sevilla, a sus asesores y asistentes de despacho. También pidió que se analicen los correos electrónicos de la legisladora, ya que presuntamente “su maestría la realizaban sus asesores”. En cuanto a cobros indebidos, dijo que se presentarán tres transferencias de USD 60 y dos depósitos por el mismo valor, consignados a la Fundación Salva tu Vida, que promocionó un libro en el que se resalta la imagen de la asambleísta Galarza. “Los diezmos no superan los USD 300. Pero así se desvíe un dólar, se debe investigar” dijo García. Lenín Rodríguez, en cambio, aseguró que ha sido amedrentado desde que el caso se hizo público. El exasesor asegura que lo que se denuncia es el desvío del 50% del sueldo de Omar Mayorga y el 100% del sueldo de Carmen Alvarado. “Si se contabiliza a lo largo del tiempo, sería un prejuicio de más de USD 100 000, lo que revelaría un manejo inadecuado de recursos públicos”. El extrabajador del despacho de Galarza insiste en que si Carmen Alvarado cumplía sus funciones en Ambato, no podía haber ingresado tantas veces a la Asamblea. “Si estaba en Ambato, porque dice la tarjeta que estaba aquí. No pudo estar en dos sitios al mismo tiempo. O no era ella la que ingresaba” manifestó. Luego de interponer la denuncia, Rodríguez retó a la legisladora Galarza y al resto de asesores legislativos a que se sometan a la prueba del polígrafo para que salga a la luz “en qué despachos se continúa diezmando”. Luigi García, quien funge como asambleísta alterno por Fuerza Ecuador, aseguró que el jueves 10 de enero solicitarán a la presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, que se conforme una comisión tripartita para investigar el caso.

Con información de El Comercio

Lenín Rodríguez reta a Ana Galarza someterse al polígrafo

El exasesor denunció a la asambleísta del partido de Guillermo Lasso por presuntos actos de corrupción que sumarían USD $100.000 dólares

El exasesor de la asambleísta Ana Galarza, Lenín Rodríguez, llegó hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar, formalmente, una denuncia penal contra la legisladora de CREO por presuntos cometimiento de varios delitos, entre ellos, el uso doloso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y concusión. El excolaborador retó a la parlamentaria a que se someta también al polígrafo, como ella lo exhortó.

“Si ella dice la verdad, que nos sometamos ambos a la prueba del polígrafo. También desafío a todos los servidores legislativos a que se sometan a la prueba del polígrafo, para conocer en qué despacho se sigue diezmando porque yo, como joven profesional, hoy despedido por denunciar un acto de corrupción, creo que el Ecuador sí se merece una Asamblea Nacional con gente honesta”, indicó.

Según Rodríguez, lo despidieron luego de que se conociera un hecho de corrupción relacionado con Ana Galarza. “En ese momento, la legisladora Norma Vallejo tenía, exactamente, las mismas atribuciones constitucionales de fiscalizar, que Ana Galarza”, dijo.

Otra de las revelaciones que hizo, fue que habría un presunto desvío de casi USD $100.000. “Que se salga de su cabeza el hecho de que se depositaba mensualmente el pedido del 10%. Lo que está sucediendo es que, aparentemente, y de acuerdo a los documentos que estamos presentando, hay un desvío de, al menos, la mitad del sueldo de un asesor y el sueldo entero de otro asesor, es decir, USD $2.600 y USD $1.500. Si uno suma esto en dos años, estamos hablando de casi USD $100.000 de desvío de dinero”.

El abogado de Galarza, Roberto Calderón, presentó la tarde del pasado jueves 3 de enero un escrito en la Fiscalía “solicitando una investigación a fondo de los hechos en los cuales un exasistente de Ana Galarza profiere una serie de acusaciones, de cuestiones infundadas, refiriéndose a supuestos actos de corrupción”.

En un audio filtrado en redes sociales se escucha al exasesor de Galarza y a la exasambleísta Norma Vallejo, quien fue destituida por gestionar públicos, conversar sobre presentar pruebas acerca del presunto cobro de diezmos por parte de Galarza a través de su esposo.

El abogado de Galarza indicó que las acusaciones de Rodríguez llegan “porque a lo largo de los últimos meses hemos visto una actuación fuerte en contra de la corrupción en la Asamblea, de la asambleísta Galarza, y eso le ha traído este tipo de ataques”.

La legisladora puso a disposición del Ministerio Público sus computadoras, claves de internet, de redes sociales para esclarecer los señalamientos en esas grabaciones.

(JPM)

Fuentes: Twitter Ecuavisa, El Universo, Ecuadorinmediato.com, República del Banano

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Elizabeth Cabezas propone una reforma al reglamento interno de la Asamblea para abordar casos de corrupción

En el CAL “se analizará la conformación de una comisión especial” para tratar la denuncia contra Ana Galarza (CREO)

La presidenta de la Asamblea Nacional comentó que la Función Legislativa tiene “la disposición y voluntad política” para abordar y esclarecer todos los casos en cualquier tipo de corrupción. En referencia a las últimas denuncias por el caso “diezmos” en contra de la legisladora Ana Galarza. En esta ocasión no se abordó las denuncias en redes que pesan contra la titular de la Legislatura.

Lenin Rodríguez, exasesor de Galarza, oficializó su denuncia en contra de la legisladora en la Fiscalía General del Estado este martes 8 de enero. La acusa de presuntos cobros indebidos.

Elizabeth Cabezas, en una rueda de prensa, anunció, referente a este tema, que “la Asamblea en su conjunto tiene toda la voluntad política de tratar los distintos casos presentados. En esa línea, lo procesaremos el momento en que tengamos documentos de sustento”.

Este sería la tercera asambleísta involucrada en el caso “diezmos”. La ex legisladora Norma Vallejo fue la primera en ser destituida por esta causa, tras la conformación de un Comisión multipartidista que la investigó. La segunda, fue la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien fue acusada por su exasesor cuando ejercía como asambleísta.

Además, la presidenta de la Asamblea señaló que “se están tratando las reformas a la Ley de la Función Legislativa, en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) se analizará la conformación de una comisión especial para priorizar este tema. Además se contempla una reforma al reglamento interno de la Asamblea”.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional, República del Banano

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Guillermo Lasso: “El Gobierno no quiere llamar a la ONU para que lo asesore y encuentre la ruta del dinero robado”

“Nos dicen a los ciudadanos que no les basta con la deuda y los impuestos, y que ahora van por el precio de los combustibles y eso no soluciona el problema”, reclamó el multimillonario

El líder de CREO, Guillermo Lasso, lamentó el manejo económico que mantenido el Gobierno del Presidente de la República, Lenín Moreno. “Para el 2019, el régimen proyecta un déficit de USD $3.500 millones. No quieren llamar a la ONU para una asesoría técnica que apoye a la Fiscalía y ayuden a encontrar el dinero robado”, criticó el banquero guayaquileño.

“El problema no se ha solucionado. Nos dicen a los ciudadanos que no les basta con la deuda y los impuestos, y que ahora van por el precio de los combustibles y eso no soluciona el problema de los ecuatorianos”, reclamó el excandidato presidencial.

A su criterio, la asesoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) “evitaría cargar al bolsillo de las familias ecuatorianas” el peso de las deudas. “Insistimos en la necesidad de una comisión técnica de la ONU, adaptándola a la realidad del Ecuador para luchar contra la corrupción. No es justo que se pida el sacrificio a la familia ecuatoriana y el Gobierno no cumpla con su promesa de recuperar el dinero robado”.

Las propias autoridades han reconocido ya que la ONU no asesora en este proceso de auditoría. Por el contrario, los representantes en Ecuador han señalado que no se responsabilizan de las conclusiones de los informes presentados.

“Quieren poner a dieta el bolsillo de los ecuatorianos para mantener un Estado obeso, cuando el primero en sacrificarse debe ser el Gobierno. No es justo que se sacrifique a la familia ecuatoriana y el Gobierno no cumpla con su compromiso de hacer una cirugía mayor a la corrupción”, reiteró.

(JPM)

Fuente: Ecuavisa, Twitter Guillermo Lasso, Ecuadorinmediato.com, República del Banano

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La Asamblea Nacional autoriza iniciar juicio penal contra María Alejandra Vicuña

Exvicepresidenta está involucrada en el caso “diezmos”, por lo que la Fiscalía inició una investigación por presunta concusión

Con 80 votos afirmativos y 31 abstenciones, este martes 8 de enero, la Asamblea Nacional declaró improcedente y devolverá a la Corte Nacional de Justicia su pedido sobre la autorización para procesar penalmente a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña. Con ello, la justicia podrá iniciar un juicio penal en su contra.

El asambleísta Carlos Calamba, de Alianza PAIS, propuso una resolución para declarar improcedente y devolver el pedido de la Corte Nacional de Justicia sobre la autorización previa requerida para el inicio del enjuiciamiento penal en contra de Vicuña, debido a que ya no es asambleísta ni es vicepresidenta.

El escándalo se desató el 26 de noviembre de 2018, tras un reportaje televisivo, que reveló que la funcionaria habría recibido “contribuciones” en su cuenta personal en 2011, 2012 y 2013, cuando ejercía como asambleísta.

En la declaración juramentada, del 26 de octubre de 2018, consta que los pagos fueron en principio de USD $300 dólares mensuales durante 12 meses, luego de $1.400 durante otros 12 meses, lo que daría un monto total de USD $20.400.

Este lunes, 7 de enero, Vicuña acudió a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión, que duró cerca de 5 horas.

La fiscal General subrogante, Ruth Palacios, pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fijar día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Vicuña. Con la autorización de la Asamblea, Iván Saquicela, juez de la sala penal de la Corte, podrá proceder con el juicio penal.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional, EcuadorInmediato, República del Banano

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Jairala califica de grave el nivel de contaminación de aguas residuales en Rio Daule

El candidato a la alcaldía de Guayaquil reprocha que su denuncia sea tomada como tema político.

El candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, lamentó esta mañana que su grave denuncia presentada ayer sobre la posible presencia excesiva de bacterias coliformes fecales, en las aguas tratadas de la planta de Interagua, sea considerada como un tema político y no como un grave problema de salud pública. “La salud pública no es un tema político. Es grave que las aguas negras supuestamente tratadas en dos plantas de Interagua sean descargadas al río con altísimos niveles de contaminación”, dijo el ex Prefecto durante una entrevista en radio Élite.

Y agregó que “si más bien quisiera hacer política los apuntaría (al alcalde Jaime Nebot y a Interagua) como responsables… Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con que no se trate el agua adecuadamente, que deviene como aguas negras a la planta de tratamiento y descargue casi en las mismas condiciones. Por eso, como dije ayer y me ratifico, el alcalde debe haber sido engañado, seguramente la fiscalización de la Emapag también debe haber tenido algún problema para no poder cumplir celosamente con su trabajo, pero que es un hecho real es real”.

Asimismo, Jairala reprochó el hecho de que en redes sociales se haya puesto en duda la extracción de la muestra aduciendo que se rompió la cadena de custodia por campaña electoral y que ésta pudo ser cambiada. Sobre ello, explicó que las cadenas de custodia se hacen cuando ya está en plena vigencia un juicio y que él -preocupado e interesado por este problema- lo que hizo fue acoger la denuncia ciudadana y recolectar la documentación para que la autoridad competente (Ministerio de Ambiente) sea quien proceda. Ratificó que este tema es grave y no lo abandonará. “Alguna explicación tienen que darnos, qué pasó, por qué no están funcionando las plantas al 100%, por qué el agua se descarga prácticamente como entra”, cuestionó.

En otros temas, Jairala desmintió categóricamente que exista por el momento un supuesto pacto con la lista 5 y que la única preocupación de su Movimiento y Democracia Sí es la alcaldía de Guayaquil. “En este rato no tenemos en el centro de preocupación el tema de la Prefectura, no porque no sea importante sino que en lo que estamos dedicando el tiempo y esfuerzo a la Alcaldía supera y rebasa en mucho el interés que tengamos o no en la Prefectura”, detalló el candidato naranja.

Por último, el líder de CD mostró su preocupación por el proceso electoral y ratificó la necesidad de conformar un frente para vigilar que se cumpla la voluntad popular en los próximos comicios. Asimismo, detalló la importancia de contar con la presencia de veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fuente Centro Democrático

Perú impedirá ingreso a Nicolás Maduro y cúpula de gobierno de Venezuela

Perú impedirá el ingreso al país de los miembros vinculados a la cúpula del Gobierno de Venezuela, así como de sus familiares, según anunció este 7 de enero del 2019 el canciller peruano, Néstor Popolizio. “Vamos a dirigir una comunicación esta mañana a Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de (Nicolás) Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país”, anunció el ministro de Relaciones Exteriores a RPP Noticias. Popolizio explicó que los venezolanos no necesitan visa para ingresar a Perú, pero que el gobierno puede “poner restricciones de carácter migratorio”. “Vamos a pasar esta información a entidades que tengan la posibilidad de controlar el manejo de trasferencias bancarias de este grupo vinculado a la cúpula. Queremos hacer una presión directa al régimen de Maduro”, remarcó el canciller. El viernes pasado, los cancilleres del Grupo de Lima, formado por 14 países de América, a excepción de México, (el Grupo de Lima no incluye a Ecuador, Uruguay, Bolivia, EE.UU., entre otros), acordaron en la capital peruana que no reconocerán, a excepción de México, el nuevo periodo gubernamental de Maduro porque es producto de un proceso ilegítimo y le recomendaron no asumirlo el próximo día 10 de enero del 2019. Maduro comentó ayer que quienes respaldan la última declaración del Grupo de Lima incurren en el delito de traición a la patria. Además, acusó al Grupo de Lima de “alentar” un golpe de Estado con apoyo de Washington. Perú ha recibido a unos 600 000 venezolanos en los últimos dos años, a raíz de la crisis política y humanitaria en ese país, con la expectativa de obtener el Permiso Temporal de Permanencia que les autoriza a trabajar, estudiar y tener acceso a la salud pública.

Con información de El Comercio y Republica Del Banano