Trabajadores de CNT no reconocen a Oswaldo Chica como su representante y piden su salida

“Sus maniobras de acomodó a los Gobiernos de turno ya nos cansó”, criticaron

Osvaldo Chica, representante de los trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) anunció que iniciará, esta semana, los acercamientos con el Gobierno para detallar el proceso de concesión de la administración de la empresa. Sin embargo, varios trabajadores de diferentes provincias se movilizaron en rechazo a la “privatización” de CNT y no reconocen a Chica como su representante, por lo que piden su salida. Son cerca de 8.000 trabajadores a nivel nacional y serán 4 quienes participarán en las mesas de trabajo con el Gobierno.

Chica, el pasado 31 de enero, anunció que los diálogos durarán hasta octubre sobre la concesión de la empresa, que será por USD $4.000 millones por 20 años. “Habrá suficiente tiempo para socializar con los compañeros de provincias”, mencionó Chica, quien también señaló que luego de las conversaciones podrán tomar una postura a favor o en rechazo de esta concesión.

Sin embargo, en Zamora Chinchipe, Loja, Los Ríos, Quito, Guayaquil y en otros puntos del país, varios trabajadores rechazan enfáticamente esta privatización y temen por su estabilidad laboral.

Además, rechazan las declaraciones de Chica por tratar con el Gobierno sobre la “privatización” de CNT. Por ello, no lo reconocen como su representante y piden su salida. “Sus maniobras de acomodó a los Gobiernos  de turno ya nos cansó”, señalaron varios de los manifestantes.

“No a la concesión, no a la concesión”; “Fuera Osvaldo Chica”, eran las consignas que expresaban los manifestantes. “No se dejen intimidar, son nuestros derechos y dicen que han hablado con nosotros, pero es una total mentira”, afirmó el representante de la provincia de Los Ríos, William Masacón.

Además, anunció que seguirán saliendo a las calles, de manera pacífica, para exigir sus derechos.

La semana pasada, varias organizaciones sindicales, colectivos de mujeres y estudiantes salieron a protestar en contra de las últimas medidas económicas del Presidente Lenín Moreno, entre ellas la concesión de CNT y varias otras empresas públicas, en la mira del Gobierno, según el Consejo Presidencial, Santiago Cuesta.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato, República del Banano

Asambleísta Ronny Aleaga sostiene que “irregularidades en despacho de Ana Galarza son motivo de su destitución”

Considera que pruebas que se presentaron en este caso, “son muestra del piponazgo”

Este jueves 7 de febrero del 2019 el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá la aplicación de una sanción administrativa a la legisladora Ana Galarza, de CREO, por supuestas irregularidades en su despacho, denunciadas por Ronny Aleaga, de Revolución Ciudadana (RC), quien junto a su bancada sugiere la destitución de Galarza, y apoya su pedido en los hechos que han salido a la luz en torno a este caso, como la destitución de dos asesores de la asambleísta que no demostraron que cumplieron su trabajo de campo, el mal uso de la tarjeta magnética de la Casa Legislativa, el supuesto cobro de dinero a sus colaboradores, entre otros.

“Lo que tratamos de hacer es exponer ante la ciudadanía toda la serie de irregularidades que se han presentado dentro del despacho, que desencadenaron en la desvinculación de dos asesores de Ana Galarza que están siendo investigados”, dijo Aleaga, quien acusa a la legisladora de supuesto delito de concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso.

El pasado 29 de enero, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, anunció que el matrimonio conformado por Omar Mayorga y Carmen Alvarado, asesores de Ana Galarza, serán despedidos por incurrir en prohibiciones expresas del reglamento interno de los trabajadores legislativos: en el caso de Mayorga, tener dos trabajos (uno en el despacho de la asambleísta y otro en Flota Pelileo); en el de Alvarado, permitir a terceras personas el uso de una identificación electrónica intransferible.

Sin embargo, Galarza confirmó este martes 5 de febrero que sus asesores continúan trabajando en su despacho y se les ha iniciado un sumario administrativo.

Otra de las irregularidades que menciona Ronny Aleaga es la declaración de Francisco Sevilla, esposo de Ana Galarza, quien el pasado 21 de enero, durante la tercera sesión de la Comisión Multipartidista que investiga el caso, admitió que usó la tarjeta magnética de Carmen Alvarado para ingresar al Palacio Legislativo.

“Eso se llama suplantación de funciones públicas. Es un delito que está en el artículo 287 del COIP porque este personaje entraba y se paseaba burlando filtros de seguridad y hacía las veces de funcionario público cuando la tarjeta le pertenecía a otra persona. Eso se demostró y hay una declaración juramentada de la secretaria de la Casa Legislativa de Tungurahua, que ésta persona que fungía como asesora no había ido a laborar, y que las dos veces que la vio fue presentada como cónyugue del señor Omar Mayorga, no como asesora de Galarza, y hay una declaración juramentada de por medio”, dijo Aleaga.

El legislador también destacó el testimonio de Carmen Alvarado ante la Comisión Multipartidista, y añade que “todo demuestra que no cumplió con su trabajo”.

“Dónde están las fotos del trabajo legislativo. Galarza solo mostró una foto de un evento y de una cena navideña, nada más. Son fotos de eventos y la asesora está disfrazada cuando estamos hablando de producción legislativa, de acercarnos a las demandas ciudadanas”.

El asambleísta de RC añadió que, “la señora en la comparencencia de la Asamblea mencionó que no sabía del paradero de su tarjeta magnética. Sobre ese tema se tendrá que inciar un sumario administrativo, eso no se queda ahí, no solo es la desvinculación, se tienen que determinar todas las irregularidades que se han dado en el despacho. Esto es una clara muestra del piponazgo”.

Aunque Galarza insiste en que todo se trata de “calumnias” y de retaliaciones por su rol de fiscalizadora, solo los 21 legisladores de su bancada han cerrado filas en su apoyo en la Asamblea.

Desde el bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Cristina Reyes y César Rohón señalan que “nadie puede estar por encima de la Ley y por lo tanto a todos debe medirse con la misma vara”. La misma frase repiten Lenín Plaza, coordinador del movimiento oficialista Alianza País (AP) y la oficialista Silvia Salgado, quienes se inclinan por apoyar el informe que defiende el grupo de Revolución Ciudadana.

Desde el movimiento SUMA, la legisladora Gabriela Larreátegui consideró que una tercera opción sería solicitar la renuncia de Galarza.

(FO)

Fuente: Teleamazonas, El Comercio, República del Banano

Ecuador remitió información a Bolivia sobre la situación de Sofía Espín y Carlos Ochoa

Según la Ministra del Interior, ambos estarían tramitando su asilo en ese país

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, confirmó que el Ecuador remitió información a Bolivia sobre la situación judicial de la exasambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, y del exsuperintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, quienes estarían tramitando su asilo en ese país.

“El día de ayer, en la tarde, remitimos a la Cancillería de Bolivia una nota que tiene como anexos a los documentos oficiales, que avalan o que dan cuenta, que los dos ciudadanos son buscados por jueces ecuatorianos y tribunales de nuestro país y los requieren por el presunto cometimiento de delitos comunes, por lo que no hay ningún tinte político al respecto”, comentó.

Según Valencia, la Cancillería, como órgano Ejecutivo, lo que hace es transmitir esta información oficial a consideración de las autoridades bolivianas. “Cumplimos, de esta manera, con el deber que la ley nos tiene reservado porque, fundamentalmente, este es un trámite de índole judicial”, añadió.

La noche del 31 de enero de 2019, la ministra del Interior, María Paula Romo, en declaraciones a los medios de comunicación informó que ambos exfuncionarios se encuentran en Bolivia, tramitando asilo político. “Hemos confirmado esta situación y apelamos al sentido de cooperación internacional, para que estas personas sean devueltas al país donde tiene procesos penales”.

Tras este anuncio, se conoció además que Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, notificó a la Policía Internacional (INTERPOL) que Ochoa enfrenta tres procesos penales: injuria calumniosa y no calumniosa grave y por injuria.

Según documentos de Migración, el exsuperintendente ingresó al aeropuerto de El Alto, en Bolivia, el 20 de enero de 2019.

(JPM)

Fuentes: Twitter El Comercio, Ecuadorinmediato.com, República del Banano

Asamblea propone que Richard Martínez explique nuevo cálculo de intereses de tarjetas de crédito

Además, analizan que el Superintendente de Bancos también comparezca

Tras la resolución que establece que el interés sobre los valores pendientes de cancelación ya no se calcularán desde la fecha de corte, sino desde la realización del consumo por tarjetas de Crédito, con 107 votos afirmativos, se incluyó en el orden del día la resolución del asambleísta Juan Cristóbal Lloret, para que se pida la comparecencia del Ministro de Economía, Richard Martínez y del Superintendente de Bancos para que expliquen esta reforma.

“Le pedimos al Presidente de la Junta de Política Monetaria y Financiera, Richard Martínez, que revise en 45 días los costos de servicios financieros a la baja y ha incumplido el señor ministro”, cuestionó Lloret en la sesión del Pleno de la Asamblea este 5 de febrero, al exponer su cambio del orden del día.

Por el contrario, dijo, “le incrementa esos valores que tienen que pagar a los ciudadanos y se beneficia a la banca y se perjudica a más de 3 millones tarjeta habientes, que cuando no alcance a pagar la totalidad de su deuda, van a correr los intereses por los saldos desde la fecha en la cual hizo la compra”

Por ello, solicitó que comparezca al Ministro de Finanzas informe sobre este tema, además de los nuevos endeudamientos y las últimas medidas económicas.

Con 107 votos afirmativos, la resolución se incluyó en la sesión 574 del Pleno de la Asamblea Nacional, que fue suspendida por la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas.

Mediante una resolución, la Junta de Política Monetaria y Financiera establece que el interés sobre los valores pendientes de cancelación ya no se calcularán desde la fecha de corte, sino desde la realización del consumo; y dispone además que, si vencido el período de gracia no se han cubierto los valores adeudados, los intereses se cobrarán desde la fecha del consumo hasta el vencimiento del período de gracia; y, los intereses por mora, a partir de la finalización del período de gracia.

Con ello, según Marcos López, delegado del Presidente de la República ante la Junta, indicó que al cambiar el momento desde el cual se calculan los intereses, los clientes sí terminarán pagando montos más altos, porque el período será más largo.

Andrés Michelena, Secretario de Comunicación, anunció que el presidente Moreno pidió a la Junta que “revise de forma inmediata” esta medida.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional, EcuadorInmediato, República del Banano

Asesores de Ana Galarza tienen sumario administrativo, pero siguen trabajando en su despacho

Según la Presidenta de la Asamblea Nacional, previo a la posibilidad de desvincularlos, es necesario esperar los resultados de este sumario, a fin de tomar la decisión pertinente

La asambleísta de CREO, Ana Galarza, confirmó que sus asesores continúan trabajando en su despacho y se les ha iniciado un sumario administrativo. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, lo ratificó y, en breves declaraciones a la prensa, indicó que, en calidad de autoridad nominadora, dispuso a la Coordinación de Talento Humano que inicie este proceso.

Aclaró que, previo a la posibilidad de desvincularlos, es necesario esperar los resultados de este sumario, a fin de tomar la decisión pertinente, apegada a las normas legales. Comentó que los asesores habrían incumplido el Reglamento Interno de Comisiones y con las funciones a ellos delegadas. “Vamos a tratar de agilizar el trámite”, precisó.

Subrayó que hay un proceso de sumario administrativo y los resultados del mismo permitirán demostrar, justamente, las irregularidades de las que han sido acusados. La desvinculación se dará en el momento oportuno, luego de que se obtengan resultados y se pueda sanear esta temática.

Entre tanto, la legisladora Ana Galarza precisó que el hecho de que se haya abierto un sumario administrativo no significa que se pueda despedir a una persona de manera arbitraria sin que se compruebe, en derecho, que ha cometido algún tipo de falta.

Fuentes: Twitter El Universo, Ecuadorinmediato.com, Asamblea Nacional, República del Banano

Violación a menor de 14 años sucedió en 2017, 2 de los 3 adolescentes culpables fueron internados el pasado jueves

El tercer involucrado se encuentra prófugo, aclaró Fiscalía

Las publicaciones de prensa que fueron replicadas en redes sociales durante el fin de semana, respecto a una adolescente encerrada y violada por siete días, no tienen relación con la verdad de los hechos. El delito de violación en mención, cometido en la adolescente de 14 años, sucedió el 17 de noviembre de 2017. Horas antes de este hecho lamentable, la niña se escapó de su casa por un problema familiar y una compañera del colegio la llevó con sus amigos. Se dirigieron hacia el domicilio de uno de ellos, ubicado en el sector de San Blas, en Quito, supuestamente para darle posada.

En aquel lugar, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, los adolescentes hicieron que consuma marihuana y cometieron la violación. Al siguiente día, después del almuerzo, la joven salió de ese domicilio y 24 horas después contó a su madre el delito que cometieron en ella, identificando a sus victimarios.

Estos hechos fueron demostrados a lo largo del proceso penal seguido en contra de los tres adolescentes. Este caso ya cuenta con una sentencia ejecutoriada por violación y entre la prueba practicada por la Fiscalía no consta un encierro y violación de siete días, informó la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores.

El proceso penal

Con la denuncia de la madre, la Fiscalía abrió una investigación previa. El 3 de abril de 2018, con el testimonio anticipado de la víctima, exámenes psicológicos y otros elementos, la Fiscalía formuló cargos en contra de Mark V., Luis Z. y Javier G. –de 17 y 16 años respectivamente-.

Durante la instrucción fiscal, se recopilaron más elementos de convicción por la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores de Pichincha, entre abril y junio de 2018, Esto permitió que en la audiencia de juicio –instalada el 24 de julio de ese año- las pruebas establecieran jurídicamente que se trató de una violación en la que participaron los tres adolescentes, la noche del 17 de noviembre de 2017.

La sentencia condenatoria fue de 4 años de internamiento institucional para los tres implicados y el pago de USD 1.500 por cada uno a la víctima, como reparación integral. Este caso llegó a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 31 de octubre de 2018 -a través del recurso de apelación a la sentencia condenatoria-; y el 18 de diciembre de ese año, a la Corte Nacional de Justicia, con el recurso de casación.

En ambas audiencias, el fallo condenatorio fue ratificado por los Tribunales de Justicia. Es decir, la sentencia por violación se ejecutorió para los 3 adolescentes. Por esta razón, el jueves 31 de enero de 2019, la Policía Nacional hizo efectivas las órdenes de internamiento institucional para dos de los tres adolescentes. El tercero se encuentra prófugo.

Cabe destacar que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 44, de la sección quinta que se refiere a niños, niñas y adolescentes, destaca que “se atenderá al principio del interés superior y su derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), en su artículo 317, asegura la garantía de reserva, tanto del proceso penal como de la identidad de los adolescentes infractores y sus familias. Las audiencias en esta materia son reservadas, y los funcionarios judiciales, administrativos y la Policía, “guardarán el sigilo y la confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los adolescentes infractores (…)”.

Datos:

El caso se investigó con base en el artículo 171, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sentencia con 19 a 22 años por violación cometida con violencia, amenaza e intimidación. Sin embargo, al tratarse de adolescentes, se invocó el artículo 385, numeral 3 del CONA, que precisa que los adolescentes infractores recibirán internamiento institucional de 4 a 8 años, por delitos que en el COIP sobrepasen una privación de libertad de 10 años.

Es preciso destacar que en materia de adolescentes infractores no se aplican las circunstancias agravantes que elevan las condenas en un tercio (como lo hace el COIP), por cuanto el CONA precisa cuáles son las medias de amonestación y de internamiento institucional que deben cumplir los adolescentes en conflicto con la Ley.

(JPM)

Fuente: Fiscalía de Ecuador, Ecuadorinmediato.com, República del Banano

Arranca campaña electoral en Ecuador sin poder controlar gasto electoral

CNE no pudo contratar monitoreo de prensa, suspendido por SERCOP. Ahora entregará que lo haga SUPERCOM, eliminada por Ley

La campaña electoral para las elecciones seccionales de marzo de 2019 inició este martes 5 de febrero, pero sin una empresa que se encargue del monitoreo de la campaña en medios de comunicación. La SERCOP suspendió el proceso de contratación y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, informó que será la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) y la Corporación de Participación Ciudadana, quienes se encargarán del control, hasta que se concrete la contratación.

“Ellos nos ayudarán con el monitoreo, esperemos que no sea más de tres días que necesitamos dejar en firme este proceso de contratación”, afirmó Atamaint, quien aseguró que ya se tiene avanzado el proceso de contratación con la empresa que se encargará del monitoreo de medios. La campaña durará 45 días y finalizará a media noche del 21 de marzo.

Dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la Asamblea aprobó la eliminación de la SUPERCOM. Ahora el Legislativo analiza el veto presidencial para, posteriormente, entre en vigencia estas reformas.

Este proceso tuvo varias complicaciones. El CNE convocó el 19 de noviembre del 2018, por intermedio de SERCOP, la subasta inversa SIE-CNE-009-2018. La convocatoria se hizo bajo la siguiente denominación: “Contratación del servicio de monitoreo de propaganda y publicidad electoral en medios de comunicación social en prensa escrita, radio y televisión para el consejo nacional electoral en las “elecciones seccionales 2019 y elección de consejeras y consejeros del consejo de participación ciudadana y control social”.

Sin embargo, el 30 de noviembre 2018 se declaró desierto este proceso, como consta en la página web del CNE.

Actualmente, el proceso de licitación se encuentra suspendido por la SERCOP porque una de las empresas estaría imposibilitada para concursar. Atamaint informó que el presupuesto para el monitoreo bordea los USD $800 mil y fue realizado a través de subasta inversa, en la cual, el ganador es una empresa, que dijeron el nombre porque está en suspenso y lo anunciarán en los próximos días. “Hubo un pedido de observación por parte del SERCOP y ya está lista la respuesta”, afirmó

Mientras tanto, recurren a la SUPERCOM y a la Corporación Participación Ciudadana para el monitoreo de manera provisional.

Otro de los temas que no se ha resuelto, es la impugnación a candidatos que debe tratar el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El vicepresidente del organismo electoral, Enrique Pita, informó que este grupo de candidatos aún no podrán hacer campaña electoral por no tener su candidatura en firme. “Significa que ellos no van a poder hacer su campaña en unos 4 o 5 días hasta que el TCE lo resuelva”, precisó.

(PP)

Fuente: CNE, Teleamazonas, EcuadorInmediato, República del Banano

“Por presiones de CONAIE, Gobierno reabrirá escuelas rurales”, así evita protestas, advirtió Augusto Espinosa

Comentó que lo único que hará esta medida es atentar contra la calidad de la educación

El exministro de Educación, Augusto Espinosa, aseguró que la decisión del Gobierno de Lenin Moreno para reabrir 2000 unidades educativas es una decisión con motivaciones políticas. “Me parece que frente a las movilizaciones de sectores indígenas, fundamentalmente la CONAIE, una de las maneras de contener estas protestas fue hacer este anuncio. En definitiva quien se beneficia de estas escuelitas unidocentes eran los dirigentes indígenas y sus allegados”. Comentó que estos grupos tenían partidas del Estado y contrataban gente muy cercana como maestros, “inclusive a veces no tenían ni título de bachiller”.

Aseguro que esta decisión es política y que lastimosamente va a afectar a niños y niñas que accedían a educación de calidad. Informó que el Gobierno tendrá un problema ya que muy pocas personas querrán regresar a las escuelas rurales.

Sobre las declaraciones del Presidente de la República donde aseguró que los niños y niñas debían caminar largas distancias para poder llegar a la Escuela, dijo que no eran precisas. “El anterior ministro de Educación de este mismo Gobierno (Fander Falconí), en rueda de prensa, aseguró que de las 8 mil escuelas fusionadas habían 47 casos focalizados de problemas de transporte, la mayoría de ellos en la sierra centro y otros casos en el oriente. El funcionario en ese momento se comprometió en solucionar estos problemas”.

“Fue el propio Gobierno actual que entregó esa información de que los problemas de movilización y transporte eran puntuales”. Comentó que cuando se hizo la planificación para realizar el proyecto de fusión de unidades educativos, “fue un proceso largo para poder analizar todas la dificultas y retos que tenía el programa. Una de las cosas que se determinó es que aquella unidad que tendría problemas para el traslado de los estudiantes no serían fusionadas”.

“Por eso es que se estableció que el Ecuador requería alrededor de 5500 unidades educativas y de este número entre 1500 y 2000 seguirían siendo unidades relativamente pequeñas. Es decir, si se contemplaba esa posibilidad. Lo que se hizo en el ordenamiento de la oferta educativa fue un análisis técnico”. Comentó que inclusive se realizaban análisis técnicos en el sitio para aprobar una fusión o no.

Aseguró que el proyecto sí fue planificado, “podrían existir errores puntuales, pero sí se puede corregir los mismos. Esta medida es más política que técnica”.

Espinosa recordó que el Ecuador paso de tener alrededor de 22 mil unidades educativas fiscales en el 2006 a alrededor de 12 500 en el 2017. “De esas 12 500 el 60%, 7000 unidades educativas, todavía son instituciones de menos de 100 estudiantes que debieron haber ingresado al proyecto de fusión”.

Indicó que estas unidades unidocentes o bidocentes solo albergan el 6,6% de la población estudiantil. “Es decir el 60% de las unidades educativas acogen al 6,6% de toda la población estudiantil”. Cuestionó cuál será el estado y la calidad de estas escuelas pequeñas.

Comentó que es importante resisar los resultados de los anteriores `programas para poder saber si fueron positivos o no los proyectos de unidades educativas del milenio o del siglo XXI. “A nivel de cobertura las estadísticas oficiales del INEC nos dicen que hemos aumentado esta cobertura. Es decir en educación general básica y en bachillerato nos demuestran que se han incrementado las matrículas y las tasas netas de asistencia”.-

“Eso nos puede dar una pista de que el proceso era adecuado tuvimos más jóvenes que asistieron a las unidades educativas”. Asimismo aseguró que se tuvo buenos resultados en las evaluaciones de calidad a la educación del país. “La que hizo la UNESCO dio cuenta de que Ecuador paso a ser uno de los países de peores resultados en materia de aprendizaje a tener una calidad media en América Latina”.

Comentó que solo se va a lograr regresar al 2006 con este anuncio del Gobierno “No teníamos una educación de calidad como el de otros países. Si es que la visión de este Gobierno es hacia tener escuelas pequeñas no habría sido preferible demostrar que ese modelo funciona y no habría sido mejor invertir en esas 7000 escuelas que todavía están operando en el Ecuador”.

Comentó que el proyecto proponía que de esas siete mil unidades solo 1500 no podían ser fusionadas. “La idea era construir más unidades educativas siglo XXI o del Milenio. Si ellos están cambiando el modelo, no era lo más lógico el haber presentado resultados de que ese modelo funciona”, cuestionó.

“Lo que nos esta proponiendo el Gobierno es volver a lo que ya vimos que no funcionaba. Es decir tener 9000 unidades educativas precarias”.

Además denunció que cuando se presentó el proyecto siempre desde la presidencia de la CONAIE hubo resistencia para el proyecto escuelas del milenio. “Porque efectivamente eso les quitaba el control de la unidades unidocentes. Normalmente los dirigentes amenazaban a los miembros de la comunidad si es que sus hijos iban a las unidades del milenio. Nosotros decidimos que los padres de familia soliciten el traslado de su hijo”.

“Los padres se dieron cuenta que la educación que recibían sus hijos era de calidad y muy superior a lo que se tenía en las escuelas rurales con un solo maestro para todos los grados”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato, República del Banano

“No estamos de acuerdo con la lentitud del Ejecutivo”

Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, conversó con EXPRESO sobre los puntos positivos del discurso gubernamental y su desconexión con las acciones concretas que se toman.

Los cuestionamientos comienzan a multiplicarse. La gestión del Gobierno del presidente Lenín Moreno deja ver falencias que incomodan al sector privado. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, conversó con EXPRESO sobre los puntos positivos del discurso gubernamental y su desconexión con las acciones concretas que se toman.

– El Gobierno tiene la intención de concesionar empresas y entidades. ¿El sector privado está listo para asumir las cargas que quiere soltar el Estado?

– Está muy bien que se comience a hablar de concesiones y de alianzas público-privadas. Es un buen momento y es importante porque el Estado es un pésimo administrador. El Gobierno, cualquiera del mundo, ha probado que dentro de las empresas públicas surge la corrupción. El Estado debe recaudar y velar por el bienestar de la población, pero puede apoyarse en el sector privado.

– ¿Concesionar las empresas eléctricas y CNT es viable?

– Hay temas legales que se deben solucionar. La Constitución prohíbe que el sector privado asuma la administración estratégica y se tendría que revisar el mejor vehículo para otorgar seguridad jurídica al inversionista. El marco jurídico es esencial para los empresarios. La seguridad es vital para garantizar la intención del sector privado.

– ¿Los números de las empresas públicas son seguros?

– Primero hay que armar los estados financieros y transparentar la información. Esto tendrá que hacerse con auditores externos y luego se podrá concesionar los bienes. El inversionista debe saber cuándo y cómo recuperará su inversión. Si no existe un estado de pérdidas y ganancias no se puede obtener información creíble. La valorización del negocio debe ser parte de la información.

– ¿Ese proceso tomará tiempo?

– Claro, no es inmediato. Una vez que inicia la concesión hay que levantar información. Entre empresas privadas eso se puede tardar hasta un año. En las alianzas público-privadas puede tomar incluso más.

– ¿El sector privado puede garantizar la estabilidad laboral de los empleados de las empresas concesionadas?

– No podemos quedarnos en ese punto porque hay dos opciones si se concreta la operación: el empresario privado puede aceptar y asumir la antigüedad de sus empleados y hará la transacción con ese pasivo laboral; la otra alternativa es liquidar a parte del personal con todos los beneficios de ley. La liquidación justa es viable también.

– ¿Qué hacer con el dinero que se obtenga de las potenciales concesiones?

– Esa liquidez no puede ser utilizada para alimentar el gasto corriente del Estado. Me temo que, con las dificultades económicas del Gobierno, esa plata se puede diluir en el pago a burócratas. Las cifras son claras, se necesitan 9.600 millones de dólares para sueldos y salarios. Sería un gravísimo error que el dinero de las concesiones se vaya a gasto corriente. De eso deberían estar pendientes los ecuatorianos.

– ¿Cuál debería ser el uso adecuado de esos recursos?

– A mi modo de ver, eso debe destinarse a inversión o ahorro. No se puede usar buen dinero para cubrir lo que no funciona. Destinar recursos al IESS también sería una buena alternativa, pero mejorando el modelo de administración del instituto. Actualmente sería una mala idea entregar fondos. Los ecuatorianos debemos estar pendientes del uso de recursos.

– ¿No es muy tarde que recién ahora se hable de optimizar y de concesiones? El Gobierno se ha tomado 22 meses para definir alternativas.

– No solo que se han perdido 22 meses, sino que se perderán 36 meses por la estructura del Presupuesto General del Estado. No están siendo lo suficientemente agresivos para bajar el gasto corriente. Seguimos endeudándonos para cubrir el déficit. Eso quiere decir que solo estamos pateando el problema para adelante y quizás para el próximo Gobierno. Un ajuste tendría un costo político, pero es una decisión que se debe tomar y no se la está tomando. No podemos pensar en competitividad cuando sigues gastando al ritmo actual. La visión es la correcta al hablar de concesiones y de acercarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero todo tiene que ser parte de un conjunto de medidas. Tenemos que llegar a un gran acuerdo por la economía, pero el Gobierno tiene que tomar decisiones drásticas en cuanto a bajar el gasto público. Si es necesario debemos preguntarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con que 16,5 millones de ciudadanos financien los gastos de 600.000.

– ¿Esa falta de decisión gubernamental responde al miedo por el costo político?

– Sí. Las decisiones se toman pensando en el costo político y creo que dentro del gabinete hay diferentes intereses. La visión es correcta desde el ministro Richard Martínez y de Pablo Campana, pero seguramente hay asesores y autoridades que impiden que se apliquen medidas por miedo a perder la popularidad. Algo que, de todas maneras, sigue pasando. La única salida es trabajar en conjunto con el sector productivo.

– ¿La paciencia del sector empresarial se está agotando?

– No es la paciencia, es el estancamiento económico el que genera más diferencias en la forma de pensar. Puedo estar de acuerdo con el presidente Lenín Moreno o con el ministro Richard Martínez, pero si mis ventas decrecen o sigue cayendo el consumo, entonces el sector empresarial no puede trabajar en conjunto. Estamos de acuerdo con la visión, pero no estamos de acuerdo con el gradualismo ni con las medidas que se toman lentamente. No puedes seguir pateando el problema.

– Usted cuestiona el manejo del IESS. ¿Qué hacer ahí?

– Primera vez que veo que un presidente del Directorio habla de la crisis real en la entidad. Manolo Rodas no lo hizo y Richard Espinosa menos. Él fue quizás el más nefasto en la historia del país. Por fin alguien habla de los huecos en los fondos y de los problemas graves en salud. Esta bien buscar ayuda, pero yo quisiera ser más agresivo y rápido. Debemos buscar un acuerdo entre gobierno, trabajadores y empleadores. Todos queremos salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y vamos a estar de acuerdo con hacer cambios. Es eso o se cierra el IESS y se pierde el patrimonio de las personas que aportan mensualmente para su jubilación.

– ¿Es viable concesionar el sistema de salud del IESS?

– Yo le puedo demostrar que es más barata una cama en un hospital privado que en uno público. Debemos llegar a acuerdos para que el sector privado se haga cargo de todos los centros médicos que ahora están mal manejados. La concesión es viable para evitar que el afectado sea el afiliado. Así podemos sacar de la mala situación al IESS.

Fuente: El Universo, República del Banano

Con histórico beso, Papa e Imán egipcio pactan luchar “contra el extremismo”

El hecho ocurrió luego de firmar un documento sobre la lucha contra el terrorismo; se trata del primer Pontífice en viajar a la cuna del islam

La visita del papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos es muy seguida de cerca debido a que se trata del primer Pontífice en viajar a la península arábiga, cuna del islam.

Hoy, en su primer día oficial en Abu Dhabi, el Papa encabezó una reunión internacional interreligiosa ante cientos de participantes; sin embargo, uno de los gestos que más trascendencia tuvo a nivel global fue el beso que se dio con el imán Sheikh Ahmed al Tayeb, luego de firmar un documento sobre la lucha contra el terrorismo, en el marco de esa reunión interreligiosa.

Rápidamente la prensa internacional señaló que este beso en la mejilla es “histórico” porque representa un gesto de cercanía entre ambas religiones.

“Declaramos resueltamente que las religiones nunca deben incitar a la guerra, las actitudes odiosas, la hostilidad y el extremismo, ni deben incitar a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas realidades trágicas son la consecuencia de una desviación de las enseñanzas religiosas”, señala la declaración.

“Las buenas relaciones entre Oriente y Occidente son indiscutiblemente necesarias para ambos. No deben descuidarse, de modo que cada uno pueda enriquecerse con la cultura del otro a través de un intercambio y un diálogo fructíferos”, agrega.

El papa Francisco lanzó este lunes en Abu Dhabi un llamado a la libertad religiosa y al fin de los conflictos, así como evitar utilizar las religiones para justificar la violencia.

“Entre las libertades me gustaría destacar la religiosa. Ésta no se limita sólo a la libertad de culto”, expresó el pontífice.

“Deseo que, no solo aquí, sino en toda la amada y neurálgica región de Oriente Medio, haya oportunidades concretas de encuentro: una sociedad donde personas de diferentes religiones tengan el mismo derecho a la ciudadanía”,manifestó.

Francisco llegó a la capital emiratí el domingo en la noche, horas después de hacer un sorprendente llamado desde el Vaticano para que se cumpla de forma urgente el limitado alto el fuego en Yemen, y para que los alimentos y medicamentos lleguen a su pueblo, que está sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo.

Fuente: La Razón de México, República del Banano