Asambleísta Ronny Aleaga sostiene que “irregularidades en despacho de Ana Galarza son motivo de su destitución”

Considera que pruebas que se presentaron en este caso, “son muestra del piponazgo”

Este jueves 7 de febrero del 2019 el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá la aplicación de una sanción administrativa a la legisladora Ana Galarza, de CREO, por supuestas irregularidades en su despacho, denunciadas por Ronny Aleaga, de Revolución Ciudadana (RC), quien junto a su bancada sugiere la destitución de Galarza, y apoya su pedido en los hechos que han salido a la luz en torno a este caso, como la destitución de dos asesores de la asambleísta que no demostraron que cumplieron su trabajo de campo, el mal uso de la tarjeta magnética de la Casa Legislativa, el supuesto cobro de dinero a sus colaboradores, entre otros.

“Lo que tratamos de hacer es exponer ante la ciudadanía toda la serie de irregularidades que se han presentado dentro del despacho, que desencadenaron en la desvinculación de dos asesores de Ana Galarza que están siendo investigados”, dijo Aleaga, quien acusa a la legisladora de supuesto delito de concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso.

El pasado 29 de enero, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, anunció que el matrimonio conformado por Omar Mayorga y Carmen Alvarado, asesores de Ana Galarza, serán despedidos por incurrir en prohibiciones expresas del reglamento interno de los trabajadores legislativos: en el caso de Mayorga, tener dos trabajos (uno en el despacho de la asambleísta y otro en Flota Pelileo); en el de Alvarado, permitir a terceras personas el uso de una identificación electrónica intransferible.

Sin embargo, Galarza confirmó este martes 5 de febrero que sus asesores continúan trabajando en su despacho y se les ha iniciado un sumario administrativo.

Otra de las irregularidades que menciona Ronny Aleaga es la declaración de Francisco Sevilla, esposo de Ana Galarza, quien el pasado 21 de enero, durante la tercera sesión de la Comisión Multipartidista que investiga el caso, admitió que usó la tarjeta magnética de Carmen Alvarado para ingresar al Palacio Legislativo.

“Eso se llama suplantación de funciones públicas. Es un delito que está en el artículo 287 del COIP porque este personaje entraba y se paseaba burlando filtros de seguridad y hacía las veces de funcionario público cuando la tarjeta le pertenecía a otra persona. Eso se demostró y hay una declaración juramentada de la secretaria de la Casa Legislativa de Tungurahua, que ésta persona que fungía como asesora no había ido a laborar, y que las dos veces que la vio fue presentada como cónyugue del señor Omar Mayorga, no como asesora de Galarza, y hay una declaración juramentada de por medio”, dijo Aleaga.

El legislador también destacó el testimonio de Carmen Alvarado ante la Comisión Multipartidista, y añade que “todo demuestra que no cumplió con su trabajo”.

“Dónde están las fotos del trabajo legislativo. Galarza solo mostró una foto de un evento y de una cena navideña, nada más. Son fotos de eventos y la asesora está disfrazada cuando estamos hablando de producción legislativa, de acercarnos a las demandas ciudadanas”.

El asambleísta de RC añadió que, “la señora en la comparencencia de la Asamblea mencionó que no sabía del paradero de su tarjeta magnética. Sobre ese tema se tendrá que inciar un sumario administrativo, eso no se queda ahí, no solo es la desvinculación, se tienen que determinar todas las irregularidades que se han dado en el despacho. Esto es una clara muestra del piponazgo”.

Aunque Galarza insiste en que todo se trata de “calumnias” y de retaliaciones por su rol de fiscalizadora, solo los 21 legisladores de su bancada han cerrado filas en su apoyo en la Asamblea.

Desde el bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Cristina Reyes y César Rohón señalan que “nadie puede estar por encima de la Ley y por lo tanto a todos debe medirse con la misma vara”. La misma frase repiten Lenín Plaza, coordinador del movimiento oficialista Alianza País (AP) y la oficialista Silvia Salgado, quienes se inclinan por apoyar el informe que defiende el grupo de Revolución Ciudadana.

Desde el movimiento SUMA, la legisladora Gabriela Larreátegui consideró que una tercera opción sería solicitar la renuncia de Galarza.

(FO)

Fuente: Teleamazonas, El Comercio, República del Banano

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