A estas horas de la noche, así lucen las calles que circundan los alrededores de Carondelet, lugar donde toda protesta social concluye.
Los contenedores fueron ubicados desde las 18:00 de este Martes 12 de Febrero de 2019. Se ha previsto que más de 50 movimientos sociales asistan a la marcha nacional en contra del Paquetazo, venta de empresas públicas y endosos de poderes presidenciales a secretarios y ministros del actual régimen.
El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, confirmó que Bolivia recibió la solicitud de refugio hecha por la exasambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, y el exsuperintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. A decir por el Canciller ecuatoriano, su par, Diego Pary, le señaló que la decisión del Estado boliviano se basará en la legislación de su país.
En declaraciones a agencias internacionales, el ministro José Valencia aclaró que el trámite es interno y los Estados no tienen que comunicar al país involucrado, necesariamente. “El estatus de refugiado se da a quien tiene riesgo de persecución política en su país”, indicó y recordó que los ambos exfuncionarios “se encuentran a órdenes de jueces, quienes han dictado una serie de providencias, incluso prisión preventiva”.
Días atrás, Valencia indicó que se remitió a la Cancillería de Bolivia una nota que tiene como anexos a los documentos oficiales, que avalan o que dan cuenta, que los dos ciudadanos son buscados por jueces ecuatorianos y tribunales del país y los requieren por el presunto cometimiento de delitos comunes, por lo que “no hay ningún tinte político al respecto”, comentó.
Según el funcionario, la Cancillería, como órgano Ejecutivo, lo que hace es transmitir esta información oficial a consideración de las autoridades bolivianas. “Cumplimos, de esta manera, con el deber que la ley nos tiene reservado porque, fundamentalmente, este es un trámite de índole judicial”, añadió.
(JPM)
Fuentes: Twitter, Cancillería, Ecuadorinmediato.com, Agencias Internacionales, República del Banano
Importantes socios estratégicos de la comunidad internacional suman su apoyo al Plan de Prosperidad del Gobierno Nacional porque observan con optimismo las reformas económicas que ha venido realizando el gobierno ecuatoriano para lograr una economía sólida y el fortalecimiento de la dolarización, como marco fundamental para garantizar el mejoramiento de los indicadores sociales y la lucha contra la corrupción. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Sistema de Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) intensificarán el respaldo al trabajo del gobierno para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos.
Lo harán a través de asistencia técnica y financiamiento para impulsar la generación de empleo y la protección social de los más vulnerables. El potencial financiamiento de estas entidades es de costo bajo y de largo plazo, lo cual permitirá que el país ahorre recursos por el pago de los altos intereses que ha debido asumir en los últimos años. El Gobierno Nacional, a diferencia del régimen anterior, asume con responsabilidad el financiamiento externo para no comprometer el futuro del país.
En este marco de colaboración internacional, representantes y técnicos del FMI y de los demás organismos internacionales se encuentran manteniendo reuniones de trabajo con las principales autoridades del país con la intención de profundizar el diálogo para alcanzar un apoyo financiero integral.
El BID, el Banco Mundial y la CAF reforzarán su presencia para viabilizar recursos para programas sociales relacionados con las personas con discapacidad, el Programa Casa para Todos y acceso a infraestructura en salud, agua, educación y vialidad. Además, trabajarán en conjunto para avanzar en las reformas para contar con un marco fiscal y monetario moderno y sostenible, construir un esquema laboral para integrar a los ecuatorianos que no tienen acceso a un trabajo formal, y mejorar el clima de negocios para dar más oportunidades a los emprendedores.
Todo este trabajo contribuirá en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. “El mensaje de la comunidad internacional es que observa con buenos ojos el nuevo Ecuador que está construyendo el Presidente de la República Lenín Moreno y la confianza en el manejo responsable de la política económica”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. “La economía del Ecuador está en un camino de recuperación y debemos seguir saneándola, velando siempre por los más necesitados”, aseguró el Ministro.
Sobre el Plan de Prosperidad 2018 – 2021
El compromiso desde el Gobierno Nacional es construir un futuro donde nuestros niños no tengan que pagar los errores del pasado. Ese horizonte está trazado, además, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Puesto que la economía del Ecuador está en un camino de recuperación debemos seguir saneándola velando siempre por los más necesitados. Es por ello que el Plan de Prosperidad se ejecuta sobre la base de 4 pilares:
Consolidación fiscal y estabilidad monetaria.
Igualdad de oportunidades y protección social.
Empleo y reactivación productiva.
Manejo eficiente y transparente de los recursos.
Acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Fuente: Secretaría General de Comunicación, Ecuadorinmediato.com, República del Banano
Continúan las protestas y movilizaciones en contra de la gestión del Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, especialmente, por las decisiones de corte económico. Según una Asamblea Ciudadana, “estas políticas han incrementado la pobreza contra 500.000 personas y 300.000 trabajadores se quedaron en el desempleo”. Además, rechazan la “privatización” de CNT, así como el proceso de concesión de más empresas públicas al sector privado. Por ello, y entre otras razones, varios sectores anuncian que irán a un paro nacional mañana, 13 de febrero.
Los dirigentes de la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL) convocaron a los agricultores y campesinos del país para que se unan a este paro nacional. Explican que tras casi dos años de la gestión del presidente Moreno, no ha existido una preocupación por resolver, de manera concreta, los problemas que atraviesa el agro ecuatoriano.
Los trabajadores, a través de los gremios y agrupaciones sindicales, rechazan el incremento a la combustibles y el proceso de privatización que tiene pensando el Gobierno para empresas como CNT, sector eléctrico y otras.
De “neoliberal”, han calificado varios sectores y colectivos el mandato del Presidente Moreno. Argumentan que fomentan el desempleo, el desempleo, la privatización.
A esta marcha, colectivos de mujeres también se harán presentes porque exigen un combate real al machismo. Exigen la totalidad del presupuesto para la erradicación de la violencia en contra de la mujer, así como expresan su descontento con las últimas medidas económicas.
Los colectivos LGBTI también anunciaron su participación en esta marcha denominada “13F”, en la que buscan equidad de derechos y que se cumpla la palabra del presidente Moreno hecha en campaña en materia de inclusión.
Los servidores públicos, de su lado, pedirán que no continúen los despidos masivos con el pretexto de una optimización del Estado. Señalan que la empresa privada no está acogiendo a los funcionarios despedidos, así como lo anunció el Gobierno. Además, manifiestan su preocupación por la estabilidad laboral por la “privatización” que se plantea a varias empresas públicas.
(PP)
Fuente: Twitter, Asamblea Ciudadana, EcuadorInmediato, República del Banano
La percepción de que no hay gobierno; es decir que no existe un ejercicio de poder que se traduzca en acciones concretas para la sociedad, ha llegado hasta Carondelet donde la angustia se cierne sobre sus huéspedes.
Ya casi quedan dos años de gobierno y no hay mucho que mostrar: en términos generales, esa es la idea que tortura al alto gobierno de Lenín Moreno. Las transformaciones y golpes políticos de los inicios del gobierno van quedando atrás y muchos de ellos, como el caso Odebrecht por ejemplo, se produjeron porque fueron fenómenos que llegaron desde fuera. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo cumplir con los objetivos en los dos años que quedan de gobierno?
La preocupación se acentúa, además, con los resultados de las encuestas. La última de Cedatos (con cierre al 30 de enero) dice que el 70% de los ecuatorianos se siente preocupado, incierto, frustrado o triste acerca del futuro del país. Una situación que, en mayo de 2017 (cuando comenzó el Gobierno de Moreno), era del 43,6 %. Las estadísticas de Cedatos dan cuenta de que en agosto de 2017, tres meses después de iniciado su Gobierno, la aprobación a la gestión de Moreno estaba en el 77 %; de allí en adelante se ha mantenido a la baja.
Esta angustia por no tener mucho que mostrar, empujó a los círculos más cercanos del Presidente a reorganizar, una vez más en apenas dos meses, al Ejecutivo. Lo hicieron mediante el decreto 660 del 5 de febrero. Si los platos del menú no están saliendo bien, entonces habrá que reorganizar las funciones de los cocineros: ese es, en suma, el razonamiento que llevó (Lenín Moreno incluido) a quienes redactaron ese decreto a establecer un gabinete estratégico y seis gabinetes sectoriales. La última organización del Ejecutivo fue del 21 de diciembre del 2018 con el decreto 622 con el que se establecieron las funciones del vicepresidente Otto Sonnenholzner.
El gabinete estratégico estará dirigido por el secretario general de la Presidencia y compuesto por el vicepresidente y los titulares de las secretarías Jurídica, Particular, de Gestión de la Política, de Comunicación y Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde esta instancia se dará la “dirección estratégica del Gobierno”, señala el decreto 660. Se crean, además, cuatro gabinetes sectoriales: de lo Social, Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, Seguridad, y Económico y Productivo.
La idea, según supo 4P de fuentes cercanas a Carondelet, es que exista un mecanismo administrativo para hacer el seguimiento de los proyectos que ha tenido el gobierno y que solo son eso: proyectos. Por ejemplo, se habló del llamado Tren Playero hace ya meses pero nada ha avanzado. Se ofreció un Metroféric para Quito pero de las filminas que se usaron durante el anuncio, no se ha pasado a nada en concreto. Lo mismo ocurre con las viviendas: no serán las 325 mil ofrecidas alegremente en campaña sino 220 mil como se dijo el 4 de febrero cuando Moreno admitió no poder cumplir con la oferta. Pero tampoco existe un plan sobre cómo se harán. Según las fuentes, en el gobierno la angustia se expresa en temas como el de la Corporación Financiera Nacional: si bien se pondera que ya no hay robos ahí como antes y que existe una administración más profesional, no hay programas que anunciar o resultados que mostrar.
En la redacción del decreto también influyó la tensión que hay en el interior del gobierno entre los sectores identificados con Ruptura de los 25, entre los que está el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, con el asesor presidencial Santiago Cuesta. En el gabinete hay sectores que no están cómodos con que Cuesta se apropie de ciertos proyectos e iniciativas, como la concesión de algunas empresas públicas, porque no tienen confianza en él. Esa desconfianza empujó a que se creara una estructura burocrática que blinde, de alguna manera, ciertos temas y proyectos de su intervención.
El decreto ha causado, además, problemas de percepción e interpretación. Al haber sido redactado tan poco tiempo después del último intento de montar un sistema de gobierno eficiente, es inevitable no generar suspicacias o lecturas interesadas. En el correísmo, por ejemplo, se armó una narrativa según la cual el decreto es un acto de renuncia de funciones o abandono del cargo de Lenín Moreno. Eduardo Franco Loor, abogado del encarcelado ex vicepresidente Jorge Glas y uno de los más rabiosos correístas salió a decir en Twitterque Moreno había abandonado el cargo porque estaba entregando más poderes al secretario de la Presidencia que al propio presidente. Rafael Correa replicó en sus cuentas de redes sociales un editorial del sitio ultra correísta RutaKritica relacionado con el decreto 660 y cuyo título es “no hay vuelta atrás: ¡Que se vayan todos!”. “Este es ya el peor de los gobiernos, el más triste retrato de la mediocridad y la indolencia social”. Edwin Jarrín, otro ex funcionario del correísmo sostenía en su cuenta de Twitter y en entrevistas a medios de la tendencia como TeleSur que, con el decreto 660, no se sabía qué funciones le quedaban a Moreno. Como si el decreto, al dar responsabilidades a los ministros, estuviera borrando de la Constitución las que están señaladas para el Presidente de la República.
Entre las reacciones e interpretaciones incluso hubo una del constitucionalista Juan Montaña que hablaba en una radio sobre que el gobierno de Lenín Moreno estaba reconociendo el error de haber eliminado los ministerios coordinadores que había montado su predecesor Rafael Correa. En otras opiniones suponen que la idea es proteger a Moreno y sobretodo al vicepresidente Otto Sonnenholzner del costo político que tendrán las medidas que habrá que tomar si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Las multiplicidad de interpretaciones, suspicacias y reacciones políticas como las del correísmo, ocurren inevitablemente por la poca credibilidad que tiene el gobierno de Moreno y, sobre todo, por la ausencia de metas concretas. En otras palabras, el decreto 660 aparece como un recurso burocrático carente de contenido. Por ahora ahí están los entes burocráticos pero ¿en qué temas se ocuparán? Una fuente cercana al gobierno resumió a 4P. esta reorganización ministerial en una frase: “El decreto 660 es un acto desesperado no solo por mostrar gobierno sino por hacer gobierno”.
Fuente: Conexiones, República del Banano
El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, reveló que, tras una investigación llevada a cabo sobre la existencia de dineros del narcotráfico en las elecciones; se encontró casos en los que se evidencia la compra de votos por grupos irregulares y financiamientos de espectáculos públicos en campañas. Garantizó, sin embargo, que el proceso de comicios de este 24 de marzo no está en riesgo, pero que la documentación recabada será remitida a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que actúe en su competencia.
“La presencia del dinero ilícito en elecciones está ligado a la fragilidad de las instituciones del Estado, pues han existido altos grados de permisividad por parte de las autoridades públicas. Esta investigación ha permitido evidenciar que los narcotraficantes no buscan ser candidatos, sino influir en quienes participan en contiendas electorales. Las campañas se han convertido en un vehículo para el blanqueo de capitales”, explicó.
Relató, por ejemplo, que encontraron en territorios específicos (sin dar nombres), anomalías como la generación de opciones laborales ligadas al narcotráfico, que pretenden legitimarse como lícitas. Asimismo, casos en los que se evidencia la compra de votos por grupos irregulares y financiamientos de espectáculos públicos en campañas electorales. “Esto hace que exacerben festivales masivos, de grandes valores económicos”, añadió.
También relató situaciones encontradas con respecto a competencias entre familias, ligadas a actividades ilícitas, por el control de determinados territorios. “Buscan blanquear dinero y ganar poder local a través de las autoridades”, insistió.
“No es un estudio cuantitativamente relevante que muestra casos específicos, pero sí sistematiza y evidencia procesos irregulares en ámbitos locales sobre cómo están operando los financiamientos de campañas electorales. No puede haber reinstitucionalización con dinero ilícito en las elecciones. Los ciudadanos nunca deben dejar de preguntarse ¿De dónde provienen los recursos que financian las campañas?”, exclamó.
Informó, en este marco, que el CNE habilitará un espacio en la página web institucional para que los ciudadanos puedan hacer denuncias reservadas sobre este tipo de casos. Además, recalcó que se remitirán estas alertas a la Fiscalía para que proceda con lo que establece la ley.
“El dinero ilícito corrompe a los líderes políticos y, desde luego, a los gobiernos locales. Si hoy daña la localidad, mañana dañará la nación y luego tratará de tomar el poder del Estado. Estamos alistando un convenio con la Fiscalía para judicializar estos casos. Trabajaremos de manera coordinada para que se sancione las veces en que el dinero ilícito penetra en los sistemas electorales”, acotó.
Llamó a la ciudadanía a evitar la penetración del narcotráfico en los casos locales para no permitir que se inmiscuya en la política nacional. “Estas formas de operar corruptas afectan la democracia y debemos combatirlas. He entregado este informe al Pleno del CNE y acordamos remitirlo a la Fiscalía para que se judicialicen estos casos. Ponemos en evidencia los procesos en los que opera el dinero ilícito para legitimarse a través de campañas”, refirió.
Aclaró y garantizó, sin embargo, que el proceso electoral ecuatoriano “no se ha contaminado”, pero reiteró que existen riesgos como este. “Hago un llamado a la ciudadanía a que denuncie sus sospechas sobre la participación de dinero ilícito en las campañas. A la ciudadanía le corresponde validar estos procesos. Son las personas quienes dan legitimidad a los candidatos con su voto, así que ellas son las llamadas a sancionar moralmente a quienes estén ligados a actividades y recursos ilícitos”.
(JPM)
Fuente: Twitter CNE, Ecuadorinmediato.com, República del Banano
Fabricio Villamar, asambleísta por el movimiento CREO, habló sobre las denuncias que circularon en redes sociales el último fin de semana, en las mismas, se hacía referencia a que supuestamente uno de sus asesores, Pablo Santillán Paredes, se encontraba de vacaciones en el receso legislativo del año anterior, pero, presuntamente su registro de asistencia se encontraba firmado. Ante esto, el legislador aclaró que en primera instancia la Asamblea Nacional estuvo en vacancia legislativa en esas fechas, pero, además, él y su equipo de trabajo permanecieron laborando en los días de receso.
El legislador indicó que este rumor parte por una denuncia en la cual se hacía referencia a una supuesta falsificación de documentos, algo que negó rotundamente, ya que señaló que incluso estuvieron trabajando en ese periodo de vacancia, pero, recalcó que la Constitución reconoce el derecho al trabajo no remunerado por vacancia: “Para aclarar esto, en primer lugar, se debe conocer que la Constitución reconoce el derecho al trabajo remunerado cuando se han cumplido algunos prerrequisitos. También se establece que la Asamblea funcionará durante todo el año y tendrá 2 recesos. El departamento de Recursos Humanos de la Asamblea dispone que de preferencia los servidores legislativos utilicen sus vacaciones en el receso del Pleno, es una preferencia no una obligación”.
De la misma manera, manifestó que el receso legislativo para la Asamblea fue en desde el 15 al 30 de agosto del 2018 y en ese periodo solicitó a su equipo de trabajo que no salgan de vacaciones: “Sino me equivoco y he pedido la certificación correspondiente, en el mes de agosto del año pasado, yo pedí a mi despacho que no salgan de vacaciones, esa comunicación fue enviada al departamento de Recursos Humanos”
Esta disposición se habría dado para que el despacho del asambleísta pueda trabajar en una resolución que permita investigar el cobro de diezmos en el interior de la Legislatura: “Como si fuera poco, el periodo de receso se estableció para la Asamblea entre el 15 de agosto y el 30 de agosto del 2018. Un día antes, dispongo a Pablo Santillán que inicie la preparación de una resolución para que se investigue los casos de diezmos, los que fueron receptados entre el 15 al 30 de agosto, esa es la razón por la que está firmando en esos documentos”.
En este sentido, Villamar recalcó que incluso su equipo de asesores trabaja un tiempo mayor del que establece la Ley, pero, sin percibir honorarios adicionales: “Los asambleístas debemos certificar el cumplimiento de 40 horas a la semana del personal que trabaja para nosotros, en el caso de mi despacho, el personal trabaja un poco más de 40 horas, pero no cobran horas extras”.
Para concluir, señaló que el trabajo de un legislador y su equipo no necesariamente se desarrolla en la Asamblea o en la oficina de los asesores, sino que también se efectúa de forma remota: “No necesariamente se trabaja en el Palacio Legislativo o en la oficina de los asesores, porque mucho del trabajo también se hace afuera, requiriendo información o en reuniones informales, pero, por si quieren verificar la información, en los días que se hace referencia en el video se recibieron y se enviaron comunicaciones desde mi despacho”.
(PF)
Fuente: Ecuadorinmediato, República del Banano
El candidato a Alcalde auditará el trabajo de la concesionaria Interagua que vende el líquido vital más caro en Guayaquil que en otras ciudades donde ofrece el mismo servicio.
El postulante a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, participó este martes 12 de febrero de 2019 en dos entrevistas. La primera fue en la estación Televisión Satelital y otra en la radio i99.
En la estación radial, el postulante del Movimiento Centro Democrático anunció que al asumir el Cabildo de Guayaquil auditará el trabajo de las fundaciones y corporaciones privadas que administran espacios públicos y obras en Guayaquil. El objetivo -dijo Jairala- es evaluar su funcionamiento y ver si resulta eficiente que sigan operando.
Una de las empresas que también será examinada será la concesionaria Interagua. Jairala advirtió que los guayaquileños pagan, por concepto de agua potable y alcantarillados, una de las planillas más caras de la región y la más alta de Ecuador.
Incluso, se preguntó Jairala, Interagua vende en Guayaquil el agua más cara que en otras ciudades en las que da el mismo servicio. El candidato adelantó que ordenará investigar por qué los guayaquileños pagan estos valores.
Además, Jairala recordó que hace unas semanas presentó una denuncia ante el Ministerio del Ambiente sobre las fallas que está teniendo Interagua en el tratamiento de agua en Guayaquil.
Jairala reiteró en i99 que cuando llegue al Sillón de Olmedo derogará la ordenanza municipal que motivó la elevación de las multas de tránsito en Guayaquil.
El postulante calificó de “problema social” a las multas abusivas de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) al explicar que cuando un ciudadano es multado debe decidir si comprar la canasta básica o pagar la infracción con valores exagerados.
“No sería capaz de decir que voy a dar rienda suelta a que la gente atropelle las leyes de tránsito. Esa ordenanza que cobra está muy por encima de la ley y muy por encima del poder adquisitivo de los guayaquileños”, manifestó Jairala.
El postulante de Centro Democrático aseguró que en su Alcaldía se apostará por la educación vial y por cobrar lo que la actual Ley de Tránsito y Código Orgánico Integral Penal (COIP) dispone por infracciones de tránsito.
En diálogo con Televisión Satelital, Jairala aseguró que en su Alcaldía los comerciantes autónomos o ambulantes serán “socios” y no enemigos del Cabildo.
Ofreció un censo, capacitación, regularización y reubicación para estas personas que se ganan el pan a diario en las avenidas de la ciudad.
Jairala lamentó que la actual Alcaldía haya fallado en temas de Derechos Humanos con este sector comercial. Además afirmó que en su administración la Policía Metropolitana cambiará de nombre a Policía Ciudadana, que tendrá una visión más turística, de prevención de seguridad y social.
#FlashBananero| Oswaldo Chica y Richard Gómez son los asambleístas alternos de la bancada de Lenin Moreno, que defienden el diálogo con el presiente ante los despidos del 10% de CNT Y FEDELEC. Los asambleístas alternos también forman parte de la CUT, que mantiene diálogos a nombre de los trabajadores con el actual régimen.
Días atrás empleados de CNT entre otros agraviados por los supuestos representantes, Chica y Gomez, anunciaron que ellos no los representan.
Adicional, circula en redes cheque a nombre de Gomez por el valor de $6300 dólares. Se desconoce la causa de dicho pago.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera invitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) como observadores en las elecciones del 24 de marzo, el expresidente de la República, Rafael Correa, consideró que la primera tarea que tendrá la misión es revisar la censura que el organismo electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) hacen a los spots publicitarios.
A través de su cuenta en Twitter, el Exmandatario señaló: “Primera tarea de observadores de OEA: revisar censura que el CNE de Moreno y Trujillo están haciendo de los spots publicitarios. Con un “reglamento” quieren ELLOS imponer lo que se diga. Ya nos lo hicieron el año anterior en la campaña de la consulta mañosa”.
Días atrás la presidenta del CNE, Diana Atamaint, excluyó del proceso al organismo internacional, después de cuestionar el informe final de la OEA a la consulta popular de febrero de 2018. El pasado 30 de enero, informó que la entidad tenía que dar seguimiento a las elecciones y no al proceso previo, debido a que en su informe final presentaron varias observaciones.
De su lado, el organismo internacional negó haber violado el reglamento del CNE durante su misión de observación de la consulta popular de febrero de 2018 y lamentó que, por ese motivo, el CNE haya decidido no invitarle para observar las próximas elecciones locales de marzo de 2019.
Sin embargo, este 11 de febrero, el Pleno del organismo electoral aprobó que la OEA sea invitada para la veeduría de los próximos comicios.
Atamaint indicó que también estarán presentes la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB) y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), así como el Fondo de Desarrollo de Pueblo Indígenas de América Latina y el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador.
(JPM)
Fuentes: Twitter Rafael Correa, Ecuadorinmediato.com, República del Banano
