Esposa e hijas del Presidente Moreno podrían terminar en la cárcel

Las revelaciones de documentos que destapan años de corrupción de la familia del Presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, activarían las alarmas de 5 países que iniciarían procesos penales en contra del mandatario, su esposa y sus hijas, por cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El delito trasciende las fronteras del Ecuador y estaría siendo procesado también en España, Suiza, Panamá y Belice, donde la familia presidencial se ha visto beneficiada de dinero de la corrupción, que oscila a 18 millones de dólares.

Hace pocas horas, el asambleísta ecuatoriano Ronny Aliaga, habría presentado una denuncia ante las autoridades españolas para iniciar el proceso de investigación en contra de la familia presidencial. El tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 del Código Penal español establece la pena de prisión, de hasta seis años y multa de hasta el triple del valor de los bienes.

Departamento vacacional de la familia presidencial en Alicante, España.

Se detectaron una serie de correos electrónicos y chats, que contienen depósitos, transferencias, recibos, etcétera, entre los que destaca un departamento a las orillas del mar Mediterráneo para uso vacacional de la familia presidencial, compra de un vehículo de alta gama, marca Ford, la emisión de una tarjeta de crédito para la adquisición de bienes suntuarios como: muebles, vajillas, joyería, artículos de diseñador, e incluso una cartera de cuero de cocodrilo. También, la entrega de dinero en efectivo, requerimientos expeditos de la actual Primera Dama, Rocío González de Moreno.

La propiedad adquirida en 130 mil euros costaría alrededor de medio millón de euros.

Las transferencias realizadas a una cuenta del banco Santander en Madrid para la compra del departamento en Alicante -desde la sociedad registrada en paraísos fiscales perteneciente a la familia presidencial Moreno González, INA Investment,- registraron como pago solamente 130 mil euros para la compra de un departamento que estaría bordeando el medio millón de euros. Este despacho ha tenido conocimiento que la justicia española estaría sospechando de que se trate de un caso aún más grave de lavado de activos, que involucrarían operadores locales para facilitar la evasión de las reglas fiscales de la península europea.

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