Piden a Corte Constitucional que se suspenda resolución de Asamblea que rechaza investigación por caso INA Papers

El abogado Richard González Dávila y el antropólogo y activista, Felipe Ogaz, presentaron una demanda de Inconstitucionalidad por Omisión total en contra del Parlamento

Ante los jueces de la Corte Constitucional (CC), el abogado Richard González Dávila y el antropólogo y activista, Felipe Ogaz, presentaron una demanda de Inconstitucionalidad por Omisión total en contra de la Asamblea Nacional, denunciando que la resolución aprobada en la Asamblea Nacional, en la que rechaza la acción de protección aceptada a trámite para que 153 funcionarios sean investigados, sobre el caso INA Papers, denota que “confunde sus funciones de legislar y fiscalizar, con la de juzgar”.

“Aprovechándose de que no ha creado la ley que sancione la interferencia en la independencia interna y externa de la Función Judicial, envía públicamente, un mensaje de amedrentamiento para la Jueza que sustancia la acción de protección, cuestionando el hecho de que la admitió a trámite”, indican el jurista y activista.

De acuerdo al documento presentado, aseguran que esta resolución constituye “un franco atentado” contra la independencia judicial externa, violación flagrante de este principio que conlleva responsabilidades porque constituye “un atentado contra el Estado Constitucional”, la división de funciones y el sistema de pesos y contrapesos.

“Es tan grave que el ataque recibido por la Jueza Constitucional de Primera Instancia que conoce el caso, Dra. Jesús Raquel Herrera Obando ha sido expuesta públicamente y amedrentada, con lo que la garantía y derecho constitucional a la tutela judicial efectiva ha sido anulado. La presión que se realiza a una Jueza de la República para tratar de influir en su decisión constituye un claro exabrupto y exceso de poder de la Función Legislativa”, añaden.

Por lo que, amparados en el artículo 79, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitaron que, como medida cautelar se suspendan los efectos jurídicos del artículo 2 de la Resolución de la Asamblea Nacional aprobada en la Sesión N°581 del 26 de marzo de 2019. Esta acción deberá ser notificada a la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas; al jefe de Estado, Lenín Moreno; y al procurador general del Estado, Íñigo Salvador.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com, República del Banano

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