Para el jurista, la evaluación del proceso, a pesar del resultado, es positiva. En este marco, recordó cómo inició su denuncia. “La semana pasada, la Asamblea Nacional emitió una resolución en la que, groseramente, se amenazó a la Jueza, rechazando, por improcedente, la acción de protección y decía que había una manipulación de la justicia. Eso es impresentable. La Jueza entró disminuida por esa amenaza”.
“La Corte Nacional de Justicia (CNJ) hizo un comunicado muy tibio, cuando le correspondía salir a defender enfáticamente a la Jueza. Cuando este organismo se ha visto en problemas por temas de evaluación y demás, han salido, en pleno, a dar ruedas de prensa, comunicados gigantes. Pero en este tipo de cosas le dijeron a la magistrada que vea cómo se defiende”, mencionó.
Para González, surtió un gran efecto el pronunciamiento de la Asamblea Nacional en la decisión de la magistrada. “¿Creen que no se sintió amedrentada, amenazada, quebrantada en su objetividad? Es la Función Legislativa la que le advirtió. Esos son los mensajes ocultos que había en esa resolución”.
“Independientemente de eso, creo que el ejercicio fue positivo porque todas las funciones del Estado que estuvieron ahí, a pesar de que sabían que decían no conocer por qué estaban allí. Cuando se les dice que son parte de la Función de Transparencia y que el Contralor (Pablo Celi) dijo, públicamente, que no iba a investigar nada y que están ahí por una omisión; entonces no saben qué decir”, añadió.
Según relató González, hubo advertencias en su contra sobre un presunto fraude procesal y demás delitos, por lo que iniciarían acciones en su contra. “Amedrentamientos sí sabían, en cambio. Los 137 legisladores no sabían ni qué era política pública”.
“Nosotros reclamábamos que haya una política pública desde antes, no en este periodo en el que se investiga al enemigo político y se protege al amigo. Esa política es discriminatoria. En el 2016, como ciudadano y funcionario, en ese entonces, denunciamos a dos asambleístas de Alianza PAIS (Richard Farfán y Mirian González), por tráfico de influencias y nunca tuve una respuesta”, recordó.
Tras el receso, contó el jurista, la diligencia se reinstaló para leer un fallo que duró 50 minutos. “No creo que un fallo de 50 minutos se haya realizado en tan poco tiempo (desde la 13h00 hasta las 15h00, que duró el receso). Se utilizaron las mismas palabras de la Presidenta de la Asamblea para justificar y decir que los audios públicos que existen sobre su conversación con la Ministra del Interior, no tienen valor jurídico para la Jueza porque dijo que no podía saber su autenticidad, pese a que las autoras lo reconocieron”.
“Sin embargo, indicó que este era un tema de la cotidianidad de ellas. Me tocó apelar el fallo diciendo que no quería que sea cotidiano ese tipo de fallos. Eso me pareció grave, extremo. Por lo que repito que el ejercicio que se hizo ayer fue excelente porque los 137 asambleístas tuvieron que ir a dar cuentas de lo que estaban haciendo”, manifestó.
Para González, hay una deficiencia en cuanto al tratamiento de la prueba constitucional o en los procesos y además, una confusión en los civiles, penales y laborales. El Ministerio del Interior, mencionó, alegaba que el tema ya se estaba tratando en la Fiscalía y que ya no podía tratarse en otra instancia. “Ellos olvidan que hay diferentes tipos de responsabilidades: civiles, penales, administrativas y constitucionales. Llegaron, incluso, a decir que tienen inmunidad, que no saben por qué están ahí”.
El jurista manifestó que varios legisladores, consejeros y autoridades enviaron a sus delegados, pero existía un problema mucho mas grave de fondo, ya que ellos no entendían la razón por la que fueron citados: “Enviaron representantes, procuradores y algunos asambleístas si estuvieron presentes en la audiencia, pero habían legisladores que no sabían por qué estaban ahí, porque aducían que no estuvieron presentes en la sesión. Al final no comprendieron que hacen política pública y que este ejercicio es una repetición de actos constantes”.
De igual manera, recalcó que ningún legislador o autoridad debería estar por encima de la Ley y mucho menos para encubrir que se realice una investigación contra el Jefe de Estado o contra ministros o legisladores: “No se puede hacer mayoría contra la Ley ni contra la Constitución y mucho menos para encubrir un delito, pero lo bueno de este ejercicio es que gracias a la demanda se tuvieron que mover los resortes del poder legislativo y rectificar en su decisión de no investigar al Presidente. Ese efecto de la demanda que hemos propuesto es positivo. Además, es importante decir que aquí no se trata de quién es correísta y quién no sino que la Ley es igual para todos”.
Para concluir, González explicó que continuará con las acciones pertinentes para pedir la revisión de esta decisión de la jueza y también rechazó que se mal utilice su imagen y se lo descalifique en redes sociales como lo ha hecho la Ministra de Gobierno, María Paula Romo: “Esto de andar poniendo sellos o etiquetas no es correcto, le pido a la Ministra del Interior que deje de utilizar mi imagen, ella es autoridad pública y no debería caer en prácticas de esa naturaleza”.
(JPM – PF)
Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra, República del Banano
