La ley que propone más ‘cana’ para los ‘pillos’

Luego de un año y tres meses de espera desde su presentación, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional decidió tramitar y aprobar el informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), iniciativa del Concejo Municipal de Guayaquil.

Está previsto que el documento, aprobado con siete votos a favor de los 12 legisladores de la Comisión de Justicia, entre a consideración del pleno legislativo en los próximos días. Esto es lo que, en esencia, propone el proyecto:

Medidas sustitutivas de la libertad

Se propone que las medidas no privativas de libertad, como el procedimiento abreviado, el procedimiento directo, la suspensión condicional de la pena y la conciliación no procedan cuando se trate de cuatro delitos: robo, secuestro, violación y asesinato.

“En el caso del procedimiento abreviado, por ejemplo, el delincuente se declara culpable, le declaran una pena muy pequeña. Luego, por ‘buena conducta’, abandona la cárcel muy rápido”, cuestionó Jaime Nebot, cuando presentó el plan en enero de 2018.

La presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, dijo ante esto que el planteamiento tiene que ir de la mano con la norma constitucional, donde se establece cuándo caduca la pena privativa de libertad versus el establecimiento de la sanción y la sentencia condenatoria.

Flagrancia

La persona aprehendida por los cuatro delitos mencionados podrá ser identificada físicamente ante la comunidad, a través de los medios de comunicación. Ante esto, Aguiñaga advirtió que la propuesta implicaría, además, una reforma a la Ley de Comunicación.

La legisladora de la Revolución Ciudadana recordó también que, aún cuando sea delito flagrante, quien establece la responsabilidad condenatoria o de inocencia es un juez y no un medio.

El papel de los jueces y fiscales

En este punto, Nebot se refirió a la abstención de los jueces y fiscales al momento de juzgar. “Lo hacen no por razones de fondo, que está muy bien, pues no se puede acusar a inocentes. Lo hacen por razones de logística. Pueden decir que no tienen personal para reunir las pruebas necesarias y se abstienen de acusar”.

El otro punto, tiene que ver con la prisión preventiva. “Cuando en un delito de prisión, el detenido no tiene sentencia, en seis meses sale libre. Lo mismo cuando no tiene un delito de reclusión. Cuando aquello sea solo por cuestión de tiempo, el juez debe estar obligado a dictar prisión”.

Delitos sexuales

La reforma determina que la violencia sexual será sancionada con el máximo de las penasprevistas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. En el caso de abuso de menores de 14 años se pide cambiarla de una pena de cinco a siete años a una de siete a diez años. En el caso de menores de seis años, su apunta a que el castigo que pase de una sanción de 10 a 13 años.

Fuente: Diario Extra – República del Banano

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