Corte Nacional de Justicia pidió formalmente a Perú la extradición de Ramiro González

La Corte Nacional de Justicia envió este viernes el pedido formal de extradición del exdirector de IESS, Ramiro González a Perú, así lo afirmó esta entidad mediante un comunicado.

En este se detalla que en la misma fecha, miércoles 10 de abril, cuando recibieron de la Oficina Central Nacional – Interpol Quito el oficio No. 0923/OCN/2019 , que informaba sobre la localización y  captura de González, la Presidenta de la CNJ, Dra. Paulina Aguirre Suárez, solicitó el pedido formal de extradición y pidió armar  todo el expediente para el caso.

Este jueves 11 de abril la Corte Nacional de Justicia recibió el pedido de extradición de la jueza penal titular de la causa seguida en contra de González y una recopilada la información la solicitud de extradición fue enviada en 203 fojas, este 12 de abril.

Ramiro González fue presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social desde el 2008 hasta abril del 2013 cuando renunció para ejercer como Ministro de Productividad del régimen de Rafael Correa, cargo que ocupó hasta abril del 2015. Dejó el gobierno por estar en contra a reformas aprobadas en la Asamblea sobre la seguridad social.

Sobre Ramiro González pesa una orden de prisión por tráfico de influencias cuando estuvo al frente del IESS. El exfuncionario está profugo desde el 18 de agosto del 2017, cuando en un operativo de la Policía y Fiscalía se allanaron cuatro inmuebles propiedad de González, pero no se lo encontró, solo se detuvo a su esposa.

La defraudación tributaria de la que se le investiga a González nace de informes que revelan que, entre 2012 y 2016, él habría tenido ingresos por $ 2,2 millones y declaró impuestos por $ 391.000.

En junio del 2018 fue expulsado del movimiento político Avanza que él había creado y del que fue presidente nacional. (I)

Fuente: El Universo, República del Banano

A un año de su asesinato, familiares de periodistas de El Comercio viajan a San Lorenzo

“Mataje, donde se queda una gran parte de mi vida y de mi historia”, narró el hijo de Efraín Segarra

En la misma camioneta en la que Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra realizaron su último viajo, sus familiares llegaron a San Lorenzo, Esmeraldas, para realizar varias actividades simbólicas, a un año del asesinato de los tres trabajadores de El Comercio. Mantienen su exigencia al Gobierno del Presidente Lenín Moreno, de entregar toda la documentación del caso y se conozca la verdad.

“Mataje, donde se queda una gran parte de mi vida y de mi historia”, escribe Cristian Segarra, hijo de Efrían, el conductor de la camioneta del equipo periodístico que fue secuestrado en marzo de 2018 y posteriormente asesinado.

Los familiares de Paúl, Javier y Efraín, llegaron hasta San Lorenzo, donde se desató un conflicto armado en enero de 2018 y terminó con el secuestro y asesinato de varios ciudadanos, así como de militares.

“Hacemos el mismo recorrido que ellos hicieron, justo hace un año, y saber que en estas tierras la vida nos cambió totalmente, no solo a nuestras familias, sino a todo un país”, expresó Ricardo Rivas, hermano de Paúl.

Una investigación periodística reveló varias datos, pruebas y testimonios que desmienten las declaraciones de las autoridades del Gobierno en su momento. Entre ellos, según la investigación, sí hubo operaciones binacionales militares para recuperar a los periodistas, pese a que negaron su existencia.

Por ello, exigen que se desclasifique toda la información del caso, desde su secuestro hasta la repatriación de sus cuerpos.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato, República del Banano

Comisión recomienda al Pleno legislativo abstenerse de sancionar a Elizabeth Cabezas

Marcela Aguiñaga reclama que en solo dos sesiones decidieron no investigar a la titular del Legislativo sobre su conversación con una Ministra, previo a una votación que buscaba investigar al Presidente Moreno

Por no encontrarse elementos de juicio en su contra y por falta de prueba, la Comisión Multipartidista que investigó a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, aprobó el informe de mayoría que recomienda al Pleno Legislativo abstenerse de cualquier sanción en su contra. Marcela Aguiñaga (RC) presentó un informe de minoría que recomienda la destitución de Cabezas como Presidenta de la Asamblea.

Durante la sesión del 10 de abril, la Comisión decidió no investigar a Cabezas tras la moción de su colega de bancada Fausto Terán (AP), debido a que, explicaron, no se presentó la prueba en la denuncia de Amapola Naranjo, además de la ilegalidad del audio que sería la prueba principal.

“Los hechos denunciados se fundamentan en un audio ilegalmente obtenido contraviniendo el artículo 164 de la Ley de la Función Legislativa. Esta práctica coloca a la Asamblea en una posición de vulnerabilidad, debido a que los temas que se tratan son de seguridad nacional”, afirmó María Mercedes Cuesta, presidenta de la Comisión.

La asambleísta Marcela Aguiñaga (RC) no acudió a esta última sesión y presentó su informe de minoría en el que recalca que hubo una negativa de parte de la Comisión para investigar, “en clara contravención de las disposiciones del Pleno y el Consejo de Administración Legislativa”.

Reclamó que en apenas dos sesiones, la primer para designar a la presidenta y la segunda para decidir que “no existía nada que procesar, se recomienda al Pleno se inhiba de imponer alguna sanción a la legisladora.

En su informe, señala que “al intentar manipular una votación en el Pleno de la Asamblea Nacional y al referirse a los asambleístas en términos descorteses, vulgares, soeces y grotescos, ha faltado a sus deberes éticos y ha demostrado falta de probidad para dirigir la Asamblea, debiendo incluso recurrir a ministros de Estado para conseguir gobernabilidad”.

Por ello, recomienda su destitución como Presidenta de la Asamblea Nacional.

(PP)

Fuente: Asamblea Nacional, EcuadorInmediato, República del Banano

Defensa de Ramiro González aclara que pedido de refugio lo hizo en 2018

“Su estatus es de solicitante de refugio y existe el principio de no devolución, es decir que no puede ser extraditado”, afirmó

La defensa legal del exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González, detalló que su cliente solicitó refugio el 11 de enero 2018 “por la persecución política en su contra”. Además, sobre la solicitud de Ecuador a la INTERPOL de una difusión roja contra González, explica que su argumento es la defraudación tributaria, proceso que está en investigación previa y no existe una orden de prisión para este caso.

Tras la detención de González en Perú el pasado 10 de abril, la defensa de González explica que en el examen especial de patrimonio realizado por la Contraloría, firmado por Pablo Celi, determinó que el aumento patrimonial de 2010 a 2015 es completamente legal y justificado.

Mencionan que los allanamientos que se dieron en su casa se realizaron sin una orden judicial, además, explican que hubo allanamientos a bienes que no eran de la familia y solo pertenecían a la esposa. “Ramiro y Carmen tiene disolución de la sociedad conyugal desde 2013”, dice el documento.

La Ministra del Interior, María Paula Romo, informó que González es investigado por dos delitos en Ecuador: defraudación tributaria y tráfico de influencias. Sobre el primero caso, el jurista explica que está en investigación previa y no han formulado cargos porque “no tienen elementos de convicción”, así como la no comparecencia del funcionario del SRI, quien denunció la supuesta defraudación tributaria.

Con respecto al tráfico de influencias, indican que la Fiscalía, al no tener elemento para acusarlo por el primer caso, lo involucran en este presunto delito “por haber firmado, que de acuerdo al Reglamento del Consejo directivo del IESS tenía que hacerlo, es decir, comunicar las decisiones del consejo directivo del IESS al funcionario que corresponda, para su cumplimiento”.

El examen especial de la Contraloría no menciona a González y la pericia sobre contratación pública determina que no es parte del proceso de contratación, señalan.

Según Romo, la estrategia del extitular del IESS para no ser extraditado de Perú sería presentar una solicitud de refugio, alegando persecución política. Sin embargo, la defensa de González aclara que esta solicitud la realizó el 11 de enero de 2018. Hasta ahora, dicen, todos los informes son favorables y su estatus es de solicitante de refugio. Según la convención de 1951, de la cual Perú y Ecuador es parte, existe el principio de no devolución; es decir, que no puede ser extraditado ni detenido.

Con respecto a la solicitud de Ecuador de una difusión roja contra González, explica que su argumento es la defraudación tributaria, pese a que este proceso está en investigación previa y no existe una orden de prisión para este caso.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato, República del Banano

Capturan a acusado de linchamiento en Posorja

La presunta participación del procesado en los hechos investigados se relaciona con su aparición en videos y fotografías recabados por la Fiscalía

Tras un operativo liderado por la Fiscalía, en Portoviejo se logró la captura de Jorge Enrique M.P., procesado por su presunta participación en el asesinato de 3 personas en las afueras de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la parroquia Posorja, provincia del Guayas, el 16 de octubre de 2018.

La presunta participación del procesado en los hechos investigados se relaciona con su aparición en videos y fotografías recabados por la Fiscalía, y que sirvieron como elementos de convicción para emitir dictamen acusatorio en contra de Jorge Enrique M.P. y otras 19 personas, el pasado 7 de febrero. En esa fecha, el juez de garantías penales del cantón Playas, Carlos Flores Íñiguez, acogió el pedido del fiscal Francisco Freire y llamó a juicio a todos.

Sin embargo, la etapa de juzgamiento está suspendida para 11 de ellos, pues se encuentran prófugos de la justicia y ésta se reactivará tras su respectiva detención.

La Fiscalía está a la espera de que el Tribunal de Garantías Penales del Guayas fije la fecha y hora para la audiencia de juzgamiento.

Este caso se procesó con base en lo dispuesto en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

Los incidentes se registraron cuando un grupo de ciudadanos agredió con objetos contundentes a tres personas detenidas por un supuesto secuestro de menores, lo que les ocasionó la muerte. La turba también dejó 5 policías y 2 militares heridos, un vehículo y 5 motocicletas incineradas, así como una UPC destruida.

El hecho

La Fiscalía también abrió otros tres expedientes por los delitos de incendio, robo e incumplimiento de decisiones legítimas.

(JPM)

Fuente: Fiscalía General del Estado

Ecuadorinmediato.com

“Por falta de probidad y conflicto de intereses” impugnaron postulación de Ruth Arregui a Superintendencia de Bancos

Ciudadanos argumentaron, por ejemplo, que la mencionada candidata es accionista en un 49,5% de la empresa G&A Consultoría y Servicios, Ltda., de la cual es además, Gerente General

La exgerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Ruth Arregui, fue una de las postulantes a la Superintendencia de Bancos, que recibió varias impugnaciones ciudadanas. Entre ellas se argumenta una “falta de probidad e idoneidad” para ocupar dicho cargo. Asimismo, la denuncian porque, como miembro de la Junta Bancaria, en 2014, envió a un delegado con la consigna de que pida el cierre del Banco Sudamericano.

Un artículo de diario Expreso se refiere al tema, citándolo textualmente:

A fines de 2009, los activos (préstamos impagos, inmuebles, etc.) manejados por el Estado a raíz de la crisis bancaria de fines de los noventa se repartían en general así: el grupo AGD, recibidos ya por la entrada en “saneamiento” de bancos como Progreso o Popular, ya por incautaciones hechas por el correísmo; y el grupo a cargo de un ejército de liquidadores de la Superintendencia de Bancos (Filanbanco/Previsora, Préstamos, los más grandes). Asimismo a finales de 2009 se terminó esos procesos de liquidación y se unificó en el Banco Central la tarea de cobro de los activos remanentes.

En 2010 Pedro Delgado se iba perfilando como zar financiero correísta: estaba encargado ya del manejo de los activos AGD, cambiados de mano a una entidad “nueva”, de nombre larguísimo, conocida como Ugedep; a la cima llegó poco después, noviembre de 2011, cuando fue nombrado presidente del Banco Central (y mantuvo el control de la Ugedep).

A inicios de 2012, estando Central y Ugedep bajo el mando de Delgado, se dispuso que el cobro de los activos transferidos al Central lo haga la Ugedep. Por el Central firmó el convenio respectivo su entonces gerenta Ruth Arregui. ¿Fue eso “ilegal”, como dice -sin tomarse la molestia de citar artículo alguno- la señora Jackeline Coronel Simancas en la impugnación que ha presentado oponiéndose a que la señora Arregui sea ahora designada superintendenta de Bancos, por supuesta falta de “probidad”?

No puede ser ilegal que un ente público encargue a otro la cobranza de unos activos. En esto no hay que perder el tiempo. Pero supongamos, en gracia de la discusión, que fuese inconveniente. ¿Quita eso “probidad” -es decir honradez- a la señora Arregui para dirigir la Superintendencia de Bancos? Ni torciendo el idioma se llega a eso.

Que por todo lo mañosos que fueron Delgado y sus anillados galarifos, comenzando por el cuñado Endara, respondan penalmente ellos. Y políticamente quien les dio semejante poder. Pero nadie ha acusado a la señora Arregui de tener vela en ese entierro. Es impresentable tiro al aire el intento de la impugnante.

También fue cuestionada por el ingeniero Carlos Paredes Secaira, expresidente del Banco Sudamericano. Por el ciudadano Christian Pino argumentando que una de las normas es que los postulantes no tengan intereses de carácter patrimonial en las áreas a ser reguladas, supervisadas o controladas. “Ruth Arregui Solano estaría incursa en conflicto de intereses por cuanto es accionista en un 49,5% de la empresa G&A Consultoría y Servicios, Ltda., de la cual es además, Gerente General”, indicó.

Asimismo, el ciudadano David Paz impugnó su postulación también por la razón por la cual lo hizo Pino, pero además, recalcó que Arregui no es una nueva candidata, tomando en cuenta que se estaría incumpliendo el artículo 23 del Mandato Para la Selección de esta autoridad, ya que estuvo mencionada en la terna del Ejecutivo por tres ocasiones, siendo aceptada a la tercera. “Considerando el punto anterior, podemos deducir, claramente, que hay un interés en favorecer indebidamente el nombramiento de Ruth Arregui como Superintendente de Bancos”, añadió.

(JPM)

Fuentes: Documentos de impugnaciones a Ruth Arregui – Expreso, Ecuadorinmediato.com, República del Banano

Defensoría del Pueblo advierte responsabilidades internacionales de Ecuador tras retiro de asilo a Julian Assange

“Puede sentar un precedente preocupante respecto de la protección de personas en situación de asilo y/o de ecuatorianos en el exterior

En un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación ante la decisión del Ecuador de retirar la nacionalidad a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, al igual que dar por terminado el asilo diplomático que mantenía en la Embajada del país en Londres. La institución lamentó que el Estado haya incurrido en esta resolución que “podría conllevar responsabilidad internacional y sentar un precedente preocupante respecto a la protección de personas en situación de asilo y/o de ecuatorianos en el exterior”.

A continuación exponemos, íntegramente, lo manifestado por la Defensoría del Pueblo:

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, expresa su profunda preocupación ante la decisión adoptada por el Estado ecuatoriano de retirar la nacionalidad a Julian Assange, al igual que dar por terminado el asilo diplomático que mantenía en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.

Con esta decisión, a criterio de la Defensoría del Pueblo, se ha limitado los derechos a la nacionalidad (art.6), asilo (art. 41), el principio de no devolución (art. 66.14), y las garantías del debido proceso (art. 77) previstos en la Constitución de la República, la Ley de Movilidad Humana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si bien de acuerdo al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana esta decisión se habría fundado en el principio de soberanía estatal, es importante señalar que la soberanía no es absoluta cuando se pone en riesgo derechos humanos, pues precisamente éstos limitan su alcance.

Es necesario recordar que el Estado ecuatoriano otorgó una carta de naturalización a Julian Assange, la cual solo puede ser anulada observando lo establecido en el art. 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el cual dispone que:  “ Sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, previa acción de lesividad, la autoridad de movilidad humana declarará nula la naturalización de una persona cuando ésta haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión. La decisión deberá ser motivada; para su declaratoria se deberá seguir el debido proceso y será notificada a las autoridades correspondientes.” En el presente caso, no se ha determinado con claridad si se cumplió con este procedimiento, y si dentro de él se garantizó efectivamente el debido proceso.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que todo procedimiento que pueda tener un impacto sobre los derechos a la nacionalidad o a la personalidad jurídica deberá observar las garantías del debido proceso, entre ellas: “1) la notificación previa de la existencia del proceso, 2) tener una audiencia para la determinación de los derechos en juego, 3) el derecho de ser asistido jurídicamente, 4) a ejercer una defensa y a disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizarlos, y para evacuar las correspondientes pruebas, 5) derecho a que las actuaciones y decisiones del proceso se consignen por escrito, 6) el plazo razonable del procedimiento, 7) el derecho a la revisión judicial efectiva de decisiones administrativas, 8) a una decisión fundada, 9) a la publicidad del accionar de la administración, entre otros.” 

De verificarse el incumplimiento de estas garantías por parte del Estado ecuatoriano, y adicionalmente haberse producido la entrega de Julian Assange a las autoridades policiales de Reino Unido, se habría incurrido en una extradición de facto, lo cual contradice el artículo 79 de la Constitución que prohíbe la extradición de personas ecuatorianas.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la condición de asilado exigía del gobierno ecuatoriano el respeto al principio de no devolución frente a los evidentes riesgos a la vida, la libertad o la integridad, los cuales han justificado la prolongada permanencia en la embajada ecuatoriana en la ciudad de Londres, y que el Estado ecuatoriano no ha probado que hayan cesado.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo recuerda que la Opinión Consultiva 25-2018 solicitada por el Ecuador a la Corte IDH, la cual tiene efectos vinculantes, señala “que el Estado de acogida debe, por tanto, arbitrar todos los medios necesarios para proteger a la persona en caso de un riesgo real a la vida, integridad, libertad o seguridad si es entregada o removida al Estado territorial o si existe un riesgo de que ese Estado a su vez pueda expulsar, devolver o extraditar posteriormente a la persona a otro Estado donde exista ese riesgo real”. Por este motivo, el Estado ecuatoriano, en atención al principio de no devolución, debía analizar todas las alternativas viables a fin de no poner en riesgo los derechos de la persona asilada.

Más allá de las acusaciones penales, disciplinarias y de las convicciones políticas que Julian Assange pueda tener, corresponde recordar que todo ser humano tiene derecho a ser tratado con dignidad y se le debe garantizar un procedimiento justo.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo lamenta que el Estado ecuatoriano haya incurrido en esta decisión que podría conllevar responsabilidad internacional y sentar un precedente preocupante respecto de la protección de personas en situación de asilo y/o de ecuatorianos en el exterior.

Finalmente, hace un llamado al Estado y a la sociedad ecuatoriana para reafirmarse en los principios de solidaridad, acogida y respeto a los derechos humanos, manteniendo la larga y reconocida tradición de asilo y de respeto a los principios constitucionales en materia de movilidad humana.

(JPM)

Fuente: Defensoría del Pueblo, Ecuadorinmediato.com, República del Banano

“Inmediatamente te vas y, pacíficamente, lo acompañé a la puerta”, relata Embajador Jaime Marchán sobre salida de Assange

Las habitaciones que ocupaba el periodista en la Embajada quedaron, de momento, clausuradas con cintas adhesivas

(Deutsche Welle DW En Español ).- El embajador de Ecuador en Reino Unido, Jaime Marchán, dio detalles de cómo le comunicó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la decisión del Estado ecuatoriano de retirarle el asilo diplomático que mantenía desde el 2012. “Le entregué la comunicación, me puse de pie, El señor seguía sentado y le dije ‘inmediatamente te vas’, y pacíficamente lo acompañé a la puerta”, relató, en entrevista con la periodista ecuatoriana de DW Español, Ana María Roura, que la tomamos como fuente informativa del presente reporte mundial.

Las habitaciones que ocupaba el periodista en la Embajada quedaron, de momento, clausuradas con cintas adhesivas. Marchán explicó que uno de los cuartos cerrados era utilizado como una oficina de Assange.

La salida del fundador de WikiLeaks fue coordinada con la Policía británica y según el diplomático, las autoridades lo condujeron hasta la puerta de salida. Confirmó que hubo forcejeos y, desde allí, se pudo observar a Julian Assange resistiéndose al arresto.

El activista permaneció seis años y 10 meses en este lugar. Pero este jueves 11 de abril, su asilo diplomático terminó por decisión del Gobierno ecuatoriano que encontró “violaciones a la normativa de esta protección legal”. Apenas se conoció ese anuncio, miembros de Scotland Yard (policía británica) ingresaron en la Embajada con la orden de detención para Assange.

Posteriormente, fue llevado hasta una de las Cortes de dicho país y fue declarado culpable de violar su libertad condicional. Las autoridades han confirmado que existe un pedido de extradición de Estados Unidos.

(JPM)

Fuentes: DW – Ecuadorinmediato.com, República del Banano

“¡La selva es nuestra vida, no más petróleo!”, reclaman indígenas waorani en el Puyo

“Han venido a reclamar desde muy lejos, caminando ocho horas, algunos en canoas como tres días”, relató Nemonte Nenquimo, presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani

En contra de la intención del Gobierno Nacional de continuar con la explotación petrolera en su territorio, decenas de indígenas waorani marcharon en Pastaza, entonando cánticos en su idioma. Con un cartel con la leyenda “La selva es nuestra vida. No más petróleo”, la caminata llegó hasta la unidad judicial de Puyo para el inicio de una audiencia, que llevaría varios días, sobre una demanda constitucional planteada por los pobladores para suspender la licitación petrolera.

El proceso contra los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y de Ambiente busca mantener libre de actividades hidrocarburíferas el área selvática de esa etnia en Pastaza, indicó Nemonte Nenquimo, presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani.

La dirigente señaló: “Han venido a reclamar desde muy lejos, caminando ocho horas, algunos en canoas como tres días”.

Los waorani, que también habitan otras provincias amazónicas y cuya población se estima en unas 3.000 personas, salieron desde sus aldeas para “reclamar” que el Estado respete sus territorios, agregó Nenquimo, añadiendo que allí “viven libremente, sanos y felices”.

Oswando Nenquimo, portavoz waorani, manifestó: “El Estado (en) 2012 vulneró nuestros derechos de la consulta libre, previa e informada (…) Está el gobierno intentando vender nuestro territorio”.

Fuentes: Ecuavisa – Twitter, Ecuadorinmediato.com, República del Banano

Por segunda ocasión, Corte Nacional de Justicia rechazó habeas corpus para Paul Ceglia

El tribunal del máximo organismo judicial, integrado por: Merck Benavides, Rosa Álvarez y Consuelo Heredia, negó esta acción legal

Por segunda ocasión, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó el recurso de habeas corpus para el ciudadano norteamericano, Paul Ceglia, quien reclama el 50% de Facebook y quien es indagado por un presunto delito de fraude electrónico y postal en Estados Unidos. El tribunal del máximo organismo judicial, integrado por: Merck Benavides, Rosa Álvarez y Consuelo Heredia, negó esta acción legal.

El 27 de febrero, la defensa de Ceglia presentó por primera vez este pedido, con el fin de lograr la suspensión de la orden de prisión preventiva que pesa sobre el también empresario por un proceso de extradición a Estados Unidos.

El habeas corpus “no tiene ningún tipo de impacto en la extradición puesto que no deja sin efecto esa sentencia” ratificada el 13 de febrero por la CNJ, ha explicado Jesús López, abogado de Ceglia. Sin embargo, le permitiría al estadounidense aguardar en libertad un pronunciamiento definitivo por parte del presidente Lenín Moreno.

El mandatario “tiene la última palabra dado que la extradición es también de carácter administrativo”, agregó López.

Ceglia fue acusado en 2012 en su país de perpetrar un supuesto fraude multimillonario contra el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Antes de huir a la nación sudamericana estaba en libertad condicional. El empresario se retiró un dispositivo electrónico de rastreo para escapar de la justicia y viajar junto a su esposa a Ecuador, donde estuvo refugiado por cuatro años y nació su hijo.

La defensa de Ceglia sostiene que el empresario tiene pendiente un juicio de pensión alimenticia para su hijo ecuatoriano. Durante esos procesos queda prohibida la salida del país, lo que “tornaría inejecutable la extradición”, indicó López.

El empresario, arrestado en Ecuador en agosto pasado, presentó en 2011 una demanda en tribunales del estado de Nueva York reclamando que Zuckerberg le había prometido en 2003 “al menos el 50%” de la propiedad de “The Face Book”, el proyecto que terminaría convirtiéndose en la popular red social.

Para apoyar su demanda, Ceglia presentó un supuesto contrato de dos páginas firmado por ambos en abril de 2003 en el que Zuckerberg acordaba cederle la mitad de los resultados de la expansión de Facebook. Sin embargo, las autoridades estadounidenses determinaron que el empresario falsificó parte de ese contrato, así como supuestos correos electrónicos intercambiados con Zuckerberg.

Ceglia puede ser condenado con hasta 20 años de prisión por cada uno de los dos cargos que se le imputan en Estados Unidos.

(JPM)

Fuente: Ecuavisa, Ecuadorinmediato.com, República del Banano