Presidenta de la Asamblea propone eliminar requisito de PhD para ser rector universitario y profesor principal

Un proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) circuló este fin de semana (13-14 de abril del 2019), en redes sociales. La propuesta es una iniciativa de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, que pretende eliminar el requerimiento del título de PhD, para ejercer las funciones de rector y profesor titular en las universidades del país. Según la actual LOES, ser PhD es un requisito para que un académico pueda ocupar el cargo de rector de una universidad. Además de la experiencia en áreas administrativas de la institución de educación superior, así como los años de trabajo, entre otros. A través de su cuenta de Twitter, el rector de la Universidad UTE, Ricardo Hidalgo, compartió el viernes 12 de abril imágenes de lo que sería el Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Superior, con fecha 9 de abril del 2019, firmado por la Presidenta del Legislativo. Hidalgo escribió en esa red social que el requisito para desempeñar las funciones de rector y profesor principal fue discutido en las mesas de trabajo para la última reforma a la LOES. “Estuvo basado en aspectos técnicos, con la participación de todos los actores del sistema”, precisó. Este Diario solicitó al equipo de la asambleísta oficialista Cabezas información sobre el proyecto. La respuesta fue que hasta el jueves 18 de abril del 2019, se mantendrán reuniones para dialogar sobre la propuesta y, entonces, se ofrecerán más detalles. La presidenta de la Comisión de Educación del Legislativo, Silvia Salgado, informó a EL COMERCIO que el proyecto no se ha socializado con la mesa que dirige. Recordó que la propuesta tendrá que ser calificada por el Consejo de Administración Legislativo (CAL) y posteriormente remitido a la comisión correspondiente.

Salgado indicó que el requisito de PhD se ratificó en la reforma del 2018, como un referente de calidad de la educación superior, que “ha posicionado al sistema del país en la región”. Además señaló que no es viable que en “tan corto tiempo se desvanezcan los argumentos” con los que se llegó a un consenso con los actores del sistema nacional. La legisladora de la Comisión de Educación dijo que habría que analizar la Ley, ya que “la mayoría de universidades se han esforzado por cumplir con el requisito”. Además adelantó que como Presidenta de esa mesa le corresponde defender las decisiones establecidas en la actual norma. Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior, comentó a través de su cuenta de Twitter este lunes 15 de abril del 2019, que el resultado de esta propuesta puede ser “devastador”. “Más allá de las consideraciones académicas, que son prioritarias, el impacto sobre el presupuesto de las universidades de promover a titulares principales sin doctorado podría ser devastador. La educación superior requiere estabilidad”, escribió. El ecuatoriano que fue reconocido como Inventor del Año 2018 en América Latina, Inty Gronneberg, también opinó sobre el tema. En su cuenta de Twitter escribió que la reforma a la LOES, propuesta por Cabezas, es un retroceso, ya que en el país, los profesores universitarios con título de PhD pasaron de 482 en el 2012 a aproximadamente 3 000 en el 2019.

Fuente: El Comercio, República del Banano

Richard Martínez: ‘La reforma laboral se explorará con más velocidad’

¿Cuál fue el objetivo de las reuniones con inversionistas en Washington? ¿Se buscó financiamiento? No. Tuvimos citas con JP Morgan, Barclays, Credit Suisse. En conjunto participaron más de 200 inversionistas. Se dialogó y disipó inquietudes sobre el país, ya que nos interesa que las puertas de financiamiento estén abiertas. ¿Qué es lo que aún les preocupa a los inversionistas? Hay varios desafíos para Ecuador. Tenemos un escenario de consolidación fiscal, que viene acompañado de presiones de financiamiento que no controlamos. Por ejemplo, ayer (viernes pasado), estuvimos en un foro importante sobre Venezuela que requiere atención, ya que genera un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno de Ecuador para atender a esa población. Tuvimos reuniones estos días (la semana pasada), para evaluar la solicitud que hicimos para acceder a un fondo que tiene el Banco Mundial, para este tema y que ya está activo en Colombia. ¿De cuánto es la presión fiscal para Ecuador por este tema? ​ La primera estimación es que en los próximos tres años serán, al menos, unos USD 500 millones de continuar la tendencia del éxodo venezolano actual, pero se va a cuantificar en un estudio que estamos haciendo con el Banco Mundial y que se espera tener a mediados de semestre. Otro desafío es emprender con las reformas, por ejemplo, en el mercado laboral a fin de dar mayor capacidad de contratación a las empresas, especialmente de mujeres o jóvenes. ¿Entrará el trabajo por horas que anunció el Presidente Moreno? ​ Estamos analizando el tema. El Presidente lo comentó como una idea general. Tenemos que evaluar las restricciones de orden constitucional para encontrar, más allá del nombre, una modalidad que permita que los jóvenes hallen trabajo y, a la vez, no se precaricen sus derechos. También vamos a apuntar a sectores como exportadores que tienen cierta desventaja por la rigidez laboral frente a otros países con economías de escala. ¿Cuándo estará lista la reforma? ​ Tendremos listo el documento para una revisión preliminar dentro del Gobierno en las próximas semanas. Me da la impresión de que hay una defensa del marco legal actual de personas que tienen trabajo, pero como Gobierno queremos ampliar la discusión para ver cómo garantizamos la protección social de las personas que no tienen empleo. Además, el 70% del empleo es generado por mipymes, pero el sector registra un 45% de informalidad. ¿Cuándo se enviarán las reformas a la Asamblea? ​ La voluntad del Presidente es que exploremos este tema laboral con más velocidad y él mismo lo ha planteado para que podamos presentar estas reformas más rápidamente. Podría ser este año, pero no se ha definido nada aún. ¿Qué otras opciones se analizan? ​ Una jornada no tan rígida. Pero eso ya existe. ​ Pero hay sobrecargos y por eso no se usa. ¿Qué se analiza en lo tributario? ​ Estamos trabajando a nivel técnico. En Chile, aprovechamos para conocer el trabajo de modernización tributaria, simplicidad, uso de herramientas y repatriación de capitales. La repatriación de capitales no solo puede generar el ingreso de una gran cantidad de dinero a la economía, sino que amplía la base de contribuyentes. ¿En qué incentivos se está pensando? ​ Una tarifa plana. Habrá que definir el monto. En Chile fue del 8% y ahora está trabajando en una del 10%. Todo esto falta por definir. ¿Qué pasa con el acuerdo con el FMI si no se aprueban las reformas? ​ El Gobierno se comprometió a entregar las reformas a la Asamblea, no a su aprobación. Pero más allá del acuerdo, hay que ver cuáles son las reformas que necesita el país para lograr más emprendimiento e inversión. Si no se aprueba lo tributario tendremos que hallar otros mecanismos para llegar a los mismos objetivos. No hay nada predefinido, pues vamos a trabajar para que esa reforma se apruebe. En términos de financiamiento, ¿en qué se está trabajando? ​ Estamos evaluando una opción de manejo de pasivos de los bonos 2020. Eso hemos conversado con los inversionistas para hallar el mejor espacio y la mejor oportunidad. El esfuerzo de tener que abonar USD 1 500 millones en marzo del 2020 es un esfuerzo que debe reducirse. ¿Qué sector será el más golpeado por el programa de ajuste acordado con el FMI? ¿La clase media? ​ Este momento nos toca hacer un esfuerzo a toda la sociedad. Pero el programa está diseñado para que el esfuerzo recaiga en menor medida en los más pobres y, por eso, ampliamos en este año los mecanismos de protección social en USD 400 millones más. El programa tiene un fuerte enfoque en lo fiscal. ¿Qué medidas adicionales se darán para reactivar el consumo y la economía? ​ Estamos preparando medidas que permitan al sistema financiero tener más liquidez para entregar créditos. La banca pública está jugando un rol activo en el refinanciamiento de las deudas. Otras opciones son permitir que las empresas tengan mayor oxígeno con el tema del anticipo del impuesto a la renta, una devolución ágil de impuestos para exportadores y la reforma laboral. ¿Cuál es la proyección para la economía? El FMI proyectó menos de 0,5% y es demasiado conservadora. Nuestra estimación es un crecimiento de entre el 0,5% y 1%. Hoja de vida.  ​ Ministro de Economía y Finanzas. Fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

Fuente: El Comercio, República del Banano

Silvana Vallejo: ‘La compra pública es el 5,4% del PIB’

Silvana Vallejo, directora nacional del Servicio de Contratación Pública (Sercop), habla sobre las acciones tomadas para mejorar el trabajo con proveedores del Estado. ­Reconoce que en el pasado hubo sobreprecio y añade que los GAD van ganando protagonismo. ¿Cuántos actores participan en la compra pública en el país hoy en día? Hay 3 000 entidades contratantes. Allí están entidades del Ejecutivo, empresas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), juntas parroquiales, etc. Tenemos registrados alrededor de 300 000 proveedores, pero no todos son frecuentes. Los que sí tienen compra frecuente son unos 150 000 proveedores, de toda clase de productos, de todo lo que se imaginen. Tenemos alrededor de 30 000 ítems. Todo esto movió en el 2018 USD 7 000 millones. Lo tranzado tiene que ver más con recursos naturales y educación, luego están los sectores eléctrico, petrolero y otros. ¿Qué acciones se han desarrollado para mejorar el trabajo del Sercop? En el 2018 nos aliamos con organismos de control como la Fiscalía y la Contraloría. Eso nos ayudó a mejorar el monto total de la contratación pública en un 56%, esto significó que USD 3 000 millones de dólares fueron supervisados. Hay una interacción con el Ministerio de Finanzas para que las entidades contratantes mejoren la medición de sus precios. Con eso generamos ahorro y el año pasado se ahorraron USD 347 millones. ¿Cuáles son para usted las fortalezas que tienen las compras públicas en Ecuador? La mayor fortaleza es la tecnología que tenemos. Es tecnología hecha en el país desde el 2009. Fue desarrollada en módulos y fue creciendo. De todas maneras tenemos que actualizar para proyectarnos hasta el 2021. Otra fortaleza como institución es el equipo, son jóvenes muy bien preparados. El perfil principal es de abogados, normativos y litigantes. También tenemos programadores, así como especialistas en sectores como la mecánica, textil, calzado, minería… son sectorialistas para conocer los mercados. ¿Y debilidades que se puedan corregir? La necesidad de renovación tecnológica. Hemos crecido y ahora estamos cortos, por la magnitud que representa el trabajo, en la capacidad de personal, así como en algo de infraestructura y en la parte tecnológica. Estamos en una fase en la que tenemos que proyectarnos y crecer. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas comentan sobre los inconvenientes que tienen al participar en proceso de compra pública. Algunas incluso dicen que ciertos procesos tienen acuerdos previos y que así es difícil competir. A veces no es el sistema el que esté mal, es la mala práctica que tienen funcionarios a cargo de la contratación pública o de los proveedores que realizan ‘lobby’ directo con la entidad que desean contratar. Siempre tratamos de generar mayor competencia con más proveedores. Cuando hay un solo proveedor se vende a un precio alto, cercano al del monopolio. Hemos analizado el tema y cuando hay dos proveedores el precio puede bajar un 10% o 15%, pero si hay tres o más proveedores los precios bajan hasta 30%. Cuando se detectan problemas, el Sercop interviene, controla y sanciona. ¿Qué tan común es que el Sercop intervenga? Nosotros recibimos entre 200 y 300 procesos diarios. Es bastante. ¿Qué tan complicado es tramitar y revisar esa cantidad de procesos? Lo hacemos a través de una matriz de riesgos, con apoyo tecnológico. Allí tenemos variables como frecuencia de la compra, denuncias ocurridas, valor del monto contractual, lugares, etc. Así sabemos dónde supervisar. Esa matriz de riesgo nos ayuda a detectar y a revisar un 56% de la compra pública. Nunca vamos a tener capacidad para supervisar el 100%, pero estamos yendo a la parte gruesa de la supervisión. Estamos haciendo una desconcentración, el control deben hacerlo las coordinaciones zonales, en cada uno de los territorios. Hablando de debilidades queremos fortalecer el análisis en el sector obras, no tenemos una unidad especializada, pero la estamos creando. ¿Con obras se refiere a…? Contratación de obras. Infraestructura, edificios. Debemos especializarnos mucho más en el tema de obras. ¿En qué sectores tienen más trabajo? En obras, que representa el 30% de la contratación pública. Luego están la compra de bienes y de servicios. Ya no tenemos mucha consultoría, que antes era un rubro alto. Estas áreas son las más complejas, las más recurrentes y de mayor monto. ¿Cómo afecta al trabajo del Sercop el actual momento económico el país, con la política de austeridad del gobierno y recortes en la nómina? Dentro de la política de austeridad hay varios impactos. El primero es a nivel macro, con la necesidad de optimizar más recursos; de hecho el monto respecto del PIB ha ido bajando. En 2011 o 2012, la compra pública representaba un 15% del PIB, hoy estamos en un 5,4% del PIB. Esto no necesariamente quiere decir que se ha comprado menos. En un análisis con el Banco Mundial vimos que, bajo el régimen especial, hubo adquisiciones con precios de hasta ocho veces más que el precio. Ya en régimen común, claro que va a bajar la cantidad del monto. ¿Hubo sobreprecio? Sí, sin duda, en el régimen especial. Por eso estamos restringiendo el régimen especial. Entonces esto deja ver que no hemos comprado menos, sino que estamos optimizando y reforzando la compra pública. El Ejecutivo compraba más, pero ahora los que compran más son los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), que tienen el 51% de la compra pública. ¿A qué se debe que los GAD sean los que más compra pública hacen? Porque el Gobierno se puso al día en las transferencias a los GAD. Además, los préstamos a través del Banco de Desarrollo inyectaron dinero y eso da mayor dinamismo en la compra pública. El Sercop se está reestructurando, teníamos 470 personas, hoy somos cerca de 380 personas en el país. Tratamos que las áreas sustan­­cia­les se mantengan y se ha re­du­cido personal en otras áreas. La semana pasada Ecuador fue sede de un simposio internacional de contratación pública en donde participaron representantes de 12 países. ¿Qué se espera ahora, luego de ese encuentro? La idea es tener una estrategia regional con alcance hemisférico sobre las buenas prácticas. Allí se requieren tres factores: el uso de tecnología como el big data, que ya se utiliza en el país, la voluntad política de avanzar en el tema y tener una normativa coherente. Esto permitirá ser transparentes. ¿Qué tan complicado es lograr esa transparencia? Siempre hay quien quiere incumplir la ley o supuestas emergencias que no son tales. Es un tema de corresponsabilidad entre los actores del sistema. Hoja de Vida Formación. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, tiene un Máster en Economía Empresarial del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae. Tiene estudios en Políticas Públicas para la asociatividad y desarrollo rural, así como en Comercio Exterior y Negociaciones Comerciales. Cargos anteriores. Fue Viceministra de Política y Servicios de Comercio Exterior. Además, fue la directora de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ProEcuador.

Fuente: Líderes, República del Banano

Plan de dejar poder local a familiares falló; solamente un Alcalde lo logró

Optaron por un familiar como candidato para que les sucediera en el cargo, pero en las elecciones seccionales sufrieron un revés. Los allegados de siete alcaldes, que dejarán sus puestos el próximo 14 de mayo, no alcanzaron un triunfo. Solamente uno lo logró. Los personeros municipales habían apostado por apoyar las candidaturas de sus esposas e hijos para que sean sus cartas. Los casos se registraron en Guayas, Azuay, Los Ríos y Manabí. Mientras, en El Oro un padre e hijo buscaron la Prefectura y la reelección por la Alcaldía de Machala, respectivamente. En Balzar, Yaguachi, Santa Isabel, Pueblo Viejo y Manta fueron las esposas de los actuales alcaldes las que buscaron reemplazarlos. En los cuatro primeros cantones ellos no pudieron participar por la prohibición de reelección al contar con más de dos períodos. En territorio balzareño, Cirilo González respaldó a su esposa Martha Burgos. Ella se ubicó en tercer lugar con Fuerza Ecuador, pues recibió el 13,90% de los votos. Él, en cambio, sí habría alcanzado una curul para el concejo cantonal, según los resultados preliminares. El político renunció a la Alcaldía en diciembre pasado para buscar esa nueva dignidad. González tiene su lectura. Dijo que hubo una campaña sucia que afectó la imagen de su gestión y por ende arrastró a su esposa. Pese al resultado, seguirán haciendo política y ya piensan en el 2021, cuando en las elecciones generales se elijan nuevos asambleístas. “Estoy seguro que la gente después de unos seis, diez meses o un año se va a dar cuenta la diferencia que tenía Cirilo González o su esposa por su administración. Vamos a tener un compás de espera para ver cómo se desenvuelve el nuevo Alcalde”, afirmó. En Yaguachi, Esther Castro intentó continuar con las dos administraciones de su esposo Daniel Avecilla, con Alianza País. No obstante, quedó tercera con el 19,44%. Avecilla desestimó días atrás que su caso haya constituido una herencia del poder y justificó la candidatura de Castro tras concluir su idoneidad para la postulación luego de realizar varias encuestas. Mientras, en Manta el alcalde Jorge Zambrano decidió no participar por una reelección a pesar de que no tenía impedimento para hacerlo. La carta fue su esposa, Ana María Suárez, quien apenas alcanzó el 7,28% de los votos. Zambrano hace una diferenciación en su caso. Aclaró que fueron varios grupos sociales los que le pidieron a su esposa que acepte la postulación. “Me consultó y la apoyé, como lo haría cualquier familiar, pero es el pueblo el que decide”. En Santa Isabel, provincia de Azuay, una de las candidatas a la Alcaldía fue Mónica Torres Ochoa, esposa del actual alcalde, Rodrigo Quezada, quien preside ese Municipio desde el 2000. Ella fue auspiciada por Popular Democracia y Libertad, pero captó el cuarto puesto con tan solo el 11,56%. En Pueblo Viejo, Elsy Ospina Garcés se promocionó como la sucesora de su esposo, el tres veces alcalde Carlos Ortega Barzola. Ella su ubicó en tercer lugar, con el auspicio de Alianza País, con el 17,95% de respaldo popular. En tanto, en Samborondón, Bolívar y El Carmen los alcaldes optaron por sus hijos. En el cantón manabita de El Carmen, Mayra Cruz, hija del alcalde Hugo Cruz, fue la apuesta del oficialismo, pero quedó tercera con el 24,22%. Y en el también cantón manabita Bolívar, fue Sandra González la carta de Unidad Primero. Ella es hija del alcalde saliente Ramón González. Apenas alcanzó el 9,6% de los votos y se ubicó quinta. Distinto a los anteriores escenarios, Juan José Yúnez es el virtual ganador de la Alcaldía de Samborondón, cargo que hoy ostenta su padre, José Yúnez Parra, desde 1996, siendo el dignatario más antiguo de Ecuador. Ambos son de la alianza Partido Social Cristiano -Madera de Guerrero. Yúnez afirmó que los votos se los ganó a pulso, con caminatas y sobre todo escuchando las ideas y necesidades que aún restan por atender entre los ciudadanos. “No puedo negar, sin embargo, que la buena gestión de mi padre José Yúnez Parra está arraigada en la mente agradecida de los samborondeños que decidieron que siga lo mejor”, refirió. Mientras, en la provincia de El Oro el actual alcalde Carlos Falquez Aguilar no pudo ser reelegido luego de quedar en segundo lugar con el 22,88%. Su caso tomó por sorpresa en la etapa proselitista cuando su padre, Carlos Falquez Batallas, se inscribió para la Prefectura orense. Sin embargo, tampoco ganó tras quedar tercero con el 21,61%. Esto significó un revés para la lista 6. Falquez Batallas indicó que los pueblos son los dueños de su presente y de su futuro, por ello cree que pueden equivocarse en las urnas. “Se equivocaron el último 24 de marzo, esa misma democracia le da al pueblo la oportunidad de rectificar después de cuatro o cinco años”, dijo.

Fuente: El Comercio, República del Banano

Ecuador ha recibido 40 millones de ataques cibernéticos, revela viceministro de Telecomunicaciones

El viceministro de Telecomunicaciones, Patricio Real, informó la mañana de este lunes que algunas instituciones del estado han recibido en los últimos días más de 40 millones de ataques cibernéticos.

Los ataques provienen de Estados Unidos, Reino Unido e incluso de Ecuador; entre las entidades atacadas están Cancillería de Ecuador, Presidencia de la República, Banco Central del Ecuador, ministerios y GAD´s.

El funcionario manifestó que desde el jueves se activó el Protocolo de Seguridad y agregó que el país está preparado para estos ataques, aunque no descartó pedir ayuda a Israel en materia informática.

Los ataques se han incrementado desde que Ecuador decidió retirarle el asilo diplomático a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, un portal que filtró información sobre operaciones del ejército ecuatoriano.

La ministra del Interior, María Paula Romo, ya advirtió el fin de semana último que algunas instituciones recibieron ataques. 

Según Real, no ha existido robo de información, pero que todo lo ocurrido será remitido a la Fiscalía; los hackers no están necesariamente en los países de donde provienen los ataques, el Ministerio de Telecomunicaciones no puede identificar a las personas.

Recordó el funcionario que los ataques cibernéticos son sancionados con cinco a siete años de prisión. (I)

Fuente: El Universo, República del Banano

Fiscal Diana Salazar: Proceso contra Jorge Glas inició por asociación ilícita porque requiere menos elementos que otros delitos

“Han pasado dos años y no hemos tenido otros más graves”, cuestionó la nueva Fiscal General sobre los otros posibles delitos que este caso arrojó y no ha habido resultados

“¿Por qué no por lavado de activos o cohecho?, porque para comprobar una asociación ilícita, necesitamos menos elementos que los requeridos para el procesamiento por otros tipos penales”. Es la explicación de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, sobre el caso del exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una sentencia de 6 años en prisión por asociación ilícita.

“Si era tan fácil haberlo procesado por lavado de activos o cohecho, por qué los otros fiscales no lo han hecho”, criticó Salazar durante una entrevista televisiva este 13 de abril de 2019.

Mencionó que, estratégicamente, cuando se reveló los nombres de aquellas personas que habían formado parte de esta estructura criminal (trama de corrupción de Odebrecht), dijo, “tomamos la decisión de iniciar este proceso” por asociación ilícita.

“¿Por qué no por lavado de activos o cohecho?, porque para comprobar una asociación ilícita, necesitamos menos elementos que los requeridos para el procesamiento por otros tipos penales”, explicó.

Salazar, a cargo de esta investigación, presentó el 21 de agosto de 2017, 10 indicios en contra del exvicepresidente. Expuso que los elementos de convicción están relacionados con los procesos de contratación de varias obras que pertenecen “precisamente al sector en donde el ing. Glas Espinel, en su calidad de Ministro y Vicepresidente, ejerció directa influencia en el ámbito de las funciones encomendadas facilitando así la consumación del ilícito investigado”.

Con este documento, enviado al juez Giovanny Freire, Salazar dejó de estar a cargo de la investigación, debido a que el exvicepresidente tenía fuero de Corte Nacional y quien condujo las diligencias, desde ese 21 de agosto, fue el entonces Fiscal General, Carlos Baca.

“Han pasado dos años y no hemos tenido otros delitos más graves”, cuestionó Salazar sobre los otros delitos que arrojó esta investigación.

En la sentencia al exvicepresidente, los jueces indicaron que “existen actos relevantes que permiten concluir la participación de Jorge Glas Espinel, en delitos de cohecho y peculado”. Estas investigaciones se llevan a cabo en la Fiscalía y se manejan bajo reserva.

Además, anunció que van a reestructurar los fiscales al frente del caso Odebrecht. “Se investigarán delitos fines. Los tribunales tienen la responsabilidad de entender la estructura del caso #Odebrecht. Están ratificando el estado de inocencia y eso preocupa”, acotó.

(PP)

Fuente: Twitter, El Comercio, EcuadorInmediato, Veráz, República del Banano

Carlos Bernal: CPCCS-T no entrega “informe de contratos por USD$ 400 millones que beneficiarían a mi familia”

El exsecretario Técnico de la Reconstrucción de Manabí aseguró que en los documentos presentados por el Consejo de Participación Transitorio “se miente de forma maliciosa”

Por medio de redes sociales, Carlos Bernal, exsecretario Técnico de Reconstrucción de Manabí, anunció que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) aún no le entrega el “informe concluyente donde consten los contratos por USD$ 400 millones con los según ellos beneficie a mi familia”. El exfuncionario aseguró que pidió estos documentos el pasado 18 de marzo del 2019.

Es que el pasado, 13 de marzo de 2019 el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) aprobó el informe de investigación del proceso de Reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de abril de 2016. Piden que se vincule al expresidente Rafael Correa a este caso, por haber facilitado los procesos de contratación directa. Entre los delitos que habría identificado el organismo está peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Explican que durante su visita a las zonas afectadas, el CPCCS-T constató “la deficiente gestión” de reactivación productiva.

En el informe aprobado, describen el hallazgo del presunto cometimiento de más de 10 delitos y faltas administrativas. Entre las supuestas irregularidades, según mencionan, hay obras con incrementos de costos por millones de dólares, multas sin cobrar, subcontrataciones indebidas, pagos por rubros no ejecutados.

En este documento señalaron que Carlos Andrés Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas, contrató con Construhidrocab por un monto de USD $398.700.000. Según indican, el representante legal de la empresa sería el cuñado de Andrés Bernal, Xavier Vélez; la acciones sería la esposa de Bernal, Denisse Vélez; y la socia fundadora sería la madre de Bernal, Carolina Alvarado.

Además, dijeron que el padre de Bernal, Franklin Bernal Quintero, es exsubsecretario Regional 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realiza varias contrataciones con la compañía Rocasolida construcciones S.A que, según informan, tuvo relación comercial con Construhidrocab, por un monto de USD $16.000.000.

Ante esto Bernal aseguró que “se miente de forma ridícula y estrepitosa”. Explicó que nunca fue notificado por el organismo para presentar sus pruebas de descargo, por lo que considera que queda “en indefensión por la forma apresurada de aprobar semejante falsedad de índole amarillista”. También indicó que el informe carece de sustento técnico y legal. Por ejemplo, aclaró que sí se recuperaron los servicios básicos y la conectividad vial, así como se edificaron proyectos urgentes. (BGV)

Fuente: Twitter/ Ecuadorinmediato, República del Banano

“Preocupa la violación al debido proceso” con Ola Bini, reclama la Asociación de Software Libre de Ecuador

Aseguró que no tienen nada que ver en planes de sabotaje, como argumentan las autoridades

David Ochoa, presidente de la Asociación de Software Libre de Ecuador, visitó al ciudadano sueco, Ola Bini, detenido mientras se realizan las investigaciones por supuestos ataques a sistemas informáticos y quien estaría relacionado con Wikileaks. Manifestó su preocupación por la violación al debido proceso en la detención de Bini.

Afirmó que la detención de Ola Bini genera temor en quienes realizan la actividad en el país. Ochoa asegura que Bini no tiene nada que ver en planes de sabotaje.

Expuso que la Asociación de Software Libre de Ecuador lleva más 10 años promoviendo la privacidad, así como el conocimiento tecnológico.

Tras el retiro del asilo diplomático de Julian Assange, fundador de Wikileaks, se detuvo con fines investigativos a Ola Bini. Según la ministra del Interior, María Paula Romo, anunció que

El 13 de abril, la Fiscalía formuló cargos en su contra por su presunta participación en el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Al finalizar la diligencia, el juez de la Unidad de Flagrancia, Rodolfo Navarrete, dispuso prisión preventiva al procesado y la inmovilización de sus cuentas bancarias.

Ochoa expresó su preocupación por la violación al debido proceso y comentó que en los 5 años que ha vivido Ola Bini en Ecuador, ha trabajado y aportado para que la gente conozca cómo cuidar su privacidad y sobre tecnología.

Según la defensa del ciudadano sueco, se detuvo Ola Bini, con una supuesta orden de detención con fines de investigación para un ciudadano ruso, siendo Bini sueco. Esta es una de varias inconsistencias que su abogado reclamó.

Ahora, se lleva a cabo una instrucción fiscal por 90 días

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato, República del Banano

Presidente del Banco Mundial anunció la entrega de otros $ 500 millones en junio, tras reunión con Lenín Moreno

El primer mandatario ecuatoriano Lenín Moreno se reunió ayer en Washington con el presidente del Banco Mundial (BM), David R. Malpass, tras lo cual ese organismo comprometió para junio próximo la entrega de otros $ 500 millones, según se indicó en un boletín de la Secretaría de Comunicación.

Estos $ 500 millones se sumarán a otros $ 350 millones aprobados este mes por el Banco Mundial, para “apoyar los esfuerzos del Gobierno de Ecuador en mejorar la equidad, integración y sostenibilidad de los programas de protección social en el país”, se agrega en el comunicado.

En el encuentro de Moreno con Malpass “pasaron revista a la aplicación del programa económico que permitirá avanzar hacia la sostenibilidad fiscal, el fortalecimiento de la dolarización, el impulso del crecimiento y la protección de los logros sociales”, indicó la Secretaría de Comunicación.

El BM ya había comprometido $ 1.700 millones a la aplicación del Plan Prosperidad, entre 2019 y 2021.

Además, Moreno se encuentra disertando, en el marco de la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA por sus siglas en inglés), la consecución de financiamiento para los 75 países más pobres del mundo e hizo un llamado a los altos directivos del BM y representantes de la comunidad internacional a la necesidad de aplicar políticas públicas para la cobertura e inclusión de las personas con discapacidad.

Actividades: 

*Mañana tendrá un saludo protocolario con los directores de los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, luego, una reunión con profesionales ecuatorianos.

*El martes, Moreno participará en la Conferencia sobre Desarrollo Social, Derechos Humanos y Sistema Interamericano en el ‘Inter-American Dialogue’.

*Para el miércoles, el jefe de Estado se reunirá con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, e intervendrá ante el Consejo Permanente, con lo que concluirá su visita a Washington. (I)

Fuente: El Universo, República del Banano

Frecuencias y política marcan vida de Jorge Yunda

Jorge Homero Yunda Machado, nuevo alcalde de Quito, es polifacético. Casi un hombre orquesta. Nació en Guano, Chimborazo, hace 54 años, se graduó de médico en la Universidad Central del Ecuador; y también es radiodifusor, músico, productor y presentador de programas de televisión, empresario, voleibolista, aficionado a los canes y político.

Y hasta pasó por la dirigencia deportiva como presidente de su club de fútbol favorito, El Nacional, que tradicionalmente fue manejado por militares.

Sus allegados ven que lo que más le apasiona es la radio. Locuta en Radiación temprana, programa en radio Canela que no tiene guion y combina música, humor y llamadas del público. Ahí se convierte enLorohomero, apodo que le puso su abuela, en alusión a su gusto por hablar, hablar y hablar…

Su afición por esa actividad empezó cuando era universitario. Trabajó en las radios Jesús del Gran PoderFrancisco StereoAméricaCordillera y ahora en Canela.

Y podría decirse que eso lo condujo a la política. En el 2006 se vinculó a la campaña presidencial de Rafael Correa. Lo entrevistaba con frecuencia.

Ya en el poder, Correa lo nombró presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión (Conartel), lo que le fue cuestionado por tener intereses en la adjudicación de frecuencias.

Investigaciones de Fundamedios lo señalan como uno de los principales “acaparadores” de frecuencias de radio.

Según esos documentos, “en el Grupo Canela Yunda es accionista junto con su madre, Beatriz Machado Orozco, y su hermana, Lilia Yunda Machado. Entre las trece empresas son concesionarias de 50 frecuencias de radio. El modo de operar es el mismo. Los primeros meses de la venta se mantiene como representante legal al concesionario original de la frecuencia; luego de dos años se hace el traspaso legal a uno de los familiares o trabajadores de confianza de Yunda”.

En octubre pasado, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ordenó la reversión de frecuencias de Canela Radio y Televisión en varias provincias, por un informe de la Contraloría con presuntas irregularidades en el concurso de frecuencias que impulsó el Gobierno anterior. Yunda ha dicho que ya no es dueño de esos medios, sino de su marca y productor de sus programas.

En 2008 dejó el Conartel luego de que la Procuraduría determinara que los organismos de control que funcionan como cuerpos colegiados no podían tener integrantes con intereses al área respectiva.

Pero no se desvinculó de Alianza PAIS: el 2014 fue electo legislador por Pichincha.

Cuando se produjo la ruptura entre correístas y morenistas, dijo que se sentía como cuando los padres se divorcian y el niño no sabe “si irse con el papá o la mamá”. Al final siguió en AP, pero no fue su carta para la Alcaldía: terció por el movimiento Unión Ecuatoriana, fundado por el exfiscal Washington Pesántez, quien dice que Yunda se le acercó y le planteó ser candidato, que este no “estuvo contaminado” por el correísmo y que es una persona representativa de sectores populares que nunca gobiernan y que han permanecido postergados.

Como parte de la transición recorrió el Metro de Quito con el alcalde Mauricio Rodas. Y no dejó el humor: “Se va el canguil, llega el chulpi, y yo le voy a contratar al Morocho”. (I)

Fuente: El Universo, República del Banano