Abogado de Ola Bini pide que se revise el caso “de manera legal y sin presiones políticas”

El ciudadano sueco se declaró como un “secuestrado por el Gobierno de Ecuador”

Este jueves 02 de mayo, cerca de las 15h00 inició la audiencia de apelación a la prisión preventiva del ciudadano sueco Ola Bini. Su abogado, Carlos Soria, previo a ingresar a la sala, pidió que se revise “de manera legal y sin presiones políticas la situación legal de su defendido. Ola Bini es investigado por ataques a la integridad de sistemas informáticos y se encuentra detenido desde el 12 de abril.

Su abogado calificó de “un abuso” la orden de prisión prevetiva. Días atrás, indicó que “Ola Bini no está bien físicamente. Es una persona que ahora está muy débil”, El jurista, además, señaló que, hasta ahora, desconocen “dónde, cuándo o por qué se atacó supuestamente sistemas informáticos”, delito por el cual es acusado Ola Bini.

Además, criticó el anuncio de las autoridades del Gobierno que presentarán las pruebas a la Fiscalía porque, dijo, “no existe un solo elemento en el expediente fiscal, ni por el Ministerio del Interior, por la Presidencia, y peor por la Cancillería”.

Con una carta, remitida desde el Centro de Detención Provisional El Inca, en Quito, Ola Bini, se declaró como un “secuestrado por el Gobierno de Ecuador”.

“Tal vez yo, siendo un mártir, secuestrado por el gobierno de Ecuador, sirva para iniciar discusiones, llamar la atención y abrir nuevas formas de lucha. Tal vez sirva para despertar a algunas personas”, escribió en su misiva.

Al momento, se realiza la audiencia de apelación a su prisión preventiva. Se espera que en las próximas horas el juez anuncie su decisión del caso.

(PP)

Fuente: Ecuavisa, EcuadorInmediato, Twitter, República del Banano

Foto: Propiedad intelectual Ecuadorinmediato

 

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Judicatura destituyó a juez de Muisne por manifiesta negligencia

También se sancionó con 30 días de suspensión sin remuneración, al secretario de dicha dependencia

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó, el 26 de abril, a Jaime S., juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Muisne (Esmeraldas), por manifiesta negligencia. Explican que permitió que caduque la prisión preventiva en una causa penal contra Luis N. sospechoso de haber violado a una adolescente.

Estas acciones disciplinarias se enmarcan en el primer eje de gestión del CJ, lucha contra la corrupción. Informan qu el exjuez cometió la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), mientras que el secretario infringió el artículo 108, numeral 7, de la misma normativa.

La decisión del CJ se adoptó luego de que la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha determinó una actuación irregular de los sancionados.

La mencionada Sala informó a la Judicatura que, en marzo de 2018, Luis N. presentó, ante esa instancia, una acción de hábeas corpus por haberse caducado su prisión preventiva. El recurso fue aceptado y se ordenó su libertad.

El Consejo de la Judicatura inició el sumario disciplinario correspondiente y estableció que el exjuez no realizó las gestiones necesarias para continuar con el juicio. Por ejemplo, no realizó las audiencias de evaluación y preparatoria.

De igual forma, no priorizó el trámite de juicio por violación contra una adolescente, tal como dispone el artículo 44 de la Constitución. “Resulta repudiable la conducta del servidor judicial sumariado quien no cumplió con la obligación que tenía en dar atención especial al derecho de la víctima”, señaló el CJ.

En tanto, el secretario no remitió los oficios a los directores de los centros carcelarios del Inca en Quito y de Esmeraldas, así como a la Policía Judicial de esta última ciudad para que informen si el procesado estaba detenido y de esta manera se sustancie la causa penal. De esta forma se infringieron los principios constitucionales de celeridad y debida diligencia.

“El actuar del servidor sumariado coadyuvó a la declaratoria de caducidad de la prisión preventiva, dictada por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha”, indicó el CJ en la resolución del expediente disciplinario.

 

Fuente: Ecuadorinmediato, República del Banano

Foto: Propiedad intelectual Ecuadorinmediato

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Ola Bini continuará detenido tras audiencia de apelación

Su defensa aclaró que, hasta la fecha, no se han presentado argumentos válidos para ratificar la prisión preventiva contra su cliente

Dos de los tres jueces que conforman el Tribunal de Apelaciones de Pichincha ratificaron la prisión preventiva contra Bini mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. El fiscal a cargo, entre las pruebas presentadas, entregó un informe de los ingresos de Bini que, entre2011 y 2019, ascenderían a USD 272.289, movimientos bancarios que para la Fiscalía resultan sospechosos.

El sueco Ola Bini continuará en detención por el presunto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Así lo decidió mayoritariamente el Tribunal de Apelaciones de la Corte de Justicia de Pichincha la noche del miércoles 2 de mayo.

Los jueces Juana Pacheco (ponente) y Fabián Fabara impulsaron la prisión preventiva mientras que la jueza Inés Romero aceptó el recurso de apelación a la detención provisional. De esta manera Bini continuará en el Centro de Detención Provisional de El Inca, en Quito, durante las investigaciones que se llevan en su contra.

Durante la audiencia el Tribunal escuchó los argumentos de la fiscalía y de la defensa del acusado. Los abogados de Bini, José Charry y Carlos Soria, mantuvieron que durante los 19 días que su defendido lleva detenido no se han presentado los cargos por los que se tomó esta medida. Aseguraron que no se ha dicho cuándo se cometió el presunto delito, en qué lugar y cuál fue el sistema atacado.

Con estos cuestionamientos solicitaron al fiscal del caso, Édgar Chávez, que justifique la necesidad de la prisión preventiva, que a criterio de la defensa, es una medida “desproporcionada”.

“¿Cómo atacó? ¿Cuándo atacó? ¿Dónde atacó? El ser informático, ser amigo de Julian Assange, tener equipos electrónicos y decir que con eso se podría atacar y meterse al celular del Presidente son solamente suposiciones”, precisó Charry.

El fiscal destinó una hora para presentar sus pruebas. Expuso el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) presentado el pasado 12 de abril. Allí se evidenciaron transferencias bancarias a Bini por la suma de USD 84.548, además existe un pago a su favor por USD 240.224. Los ingresos de Bini, entre2011 y 2019, ascenderían a USD 272.289, movimientos bancarios que para la Fiscalía resultan sospechosos.

Frente a estas evidencias Bini no se ha pronunciado. Durante esta audiencia decidió acogerse a su derecho al silencio, acción que para el fiscal Chávez se traduce en que el acusado “no ha querido colaborar con la investigación”.

Una vez conocida la ratificación de la prisión preventiva Bini fue esposado y llevado al Centro de Detención Provisional de El Inca, donde permanece desde el pasado 11 de abril.

Fuente: El Comercio, El Universo

Fotografía: El Comercio

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César Ricaurte de Fundamedios condenado a 15 días de prisión por agresión a Jorge Jurado

En los próximos días se emitirá la sentencia por escrito y se pronunciará, además, sobre el pedido de Jurado para que se reconozca los costos judiciales, así como las disculpas públicas

Este jueves 2 de mayo se realizó la audiencia en contra del director de Fundamedios, César Ricaurte, por la agresión en contra de Jorge Jurado, en julio de 2018, en un supermercado de la ciudad de Quito. El juez leyó la sentencia en la que dictamina 15 días de prisión en contra de Ricaurte por el delito de agresión con agravantes, debido a que Jurado es una persona de la tercera edad y tiene una discapacidad del 48%.

Jurado informó a este medio que en los próximos días se emitirá la sentencia por escrito y el juez se pronunciará sobre su pedido de disculpas públicas, así como el reconocimiento de los costos judiciales por el proceso.

Rechazó que Ricaurte no se presentó a las audiencias durante más de 3 ocasiones, que causó una dilación en el tiempo de este caso.

Además, expuso que la sentencia por agresión es con agravantes, porque Jurado es una persona de la tercera edad y tiene una discapacidad física del 48%.

La agresión se dio en julio de 2018. “Escuché los improperios a mis espaladas y me di la vuelta para reclamarle y no tuve tiempo de decir algo cuando fui empujado y me desplomé al suelo, golpeándome el cráneo con el carrito”, relató Jurado.

Ricaurte aún tiene la posiblidad de apelar dicha sentencia.

César Ricaurte, en su momento, dio su versión a través de su cuenta de Twitter:

“Estábamos ingresando al Supermaxi del Jardín con mi esposa, Verónica Manosalvas, cuando encuentro en la primera caja a Jorge Jurado, ex embajador de Rafael Correa en Alemania, ex funcionario de toda la vida del régimen”.

“Cuando pasamos junto a él, le dije a él, le comenté a mi esposa: mira a este correista blanqueado”, señaló Ricaurte en Facebook.

Y relató: “El sujeto en cuestión me escucha y me enfrenta… es un tipo de 2m y 200 kilos. Pensó que me iba a intimidar”.

“Y entonces le doy cara. Me pechea, me empuja y yo lo empujo. Se va al suelo, porque al final todos los correístas por más altos y fuertes que parezcan son de papel”, dijo Ricaurte.

Según detalló, continuó su camino mientras Jurado “arma drama, acompañado por el administrador pusilánime del Supermaxi tratan de acusarme de agresión”.

“Yo les digo que vayan a ver el VAR y otra linduras”, ironizó Ricaurte, al tiempo de mencionar que “al final el tipo con la complicidad del administrador pusilánime del Supermaxi tratan de retenerme “hasta que llegue la policía” como si aún viviéramos en el correismo”.

“Me subo al auto y cuando estoy saliendo, el pusilánime y un policía tratan de hacerme bajar del auto por “delito flagrante”, les digo que me citen el artículo del código penal que he violado y no saben… Me largo y les digo: “váyanse a recoger las basuras correístas que pululan por las calles””, indicó.

Y finalizó su relato: “Diez años me agredieron, Diez agredieron a mi familia, por eso no son más que basuras correístas prepotentes y canallas. Yo siempre seré un caballero”.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato, República del Banano

Foto: Propìedad intelectual Ecuadorinmediato

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La Policía detiene al periodista español que intentó vender vídeos de Assange

José Martín fue puesto en libertad con medidas cautelares tras declarar en un juzgado madrileño

El medio de comunicación español, El País, publicó una noticia en la que informa que la Policía Nacional detuvo el miércoles en Alicante al periodista español José Martín Santos, Pepe, condenado a tres años por estafa, y a un programador informático por su presunta pertenencia a una red que intentó vender por tres millones de euros imágenes, vídeos y documentos personales de los dos últimos años de la estancia del ciberactivista Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, según fuentes judiciales.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ordenó los arrestos de este caso desvelado por EL PAÍS, y las dos personas detenidas quedaron en libertad con medidas cautelares, según las mismas fuentes. Las detenciones son consecuencia de la denuncia por una presunta extorsión presentada por Assange en un juzgado de Madrid tras la reunión que mantuvo un representante de Wikileaks con Martín Santos y otras dos personas que les ofrecieron vídeos y audios privados del activista.

Fuentes de la investigación aseguran que a los detenidos se les incautó material informático. La Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre su competencia en este caso ya que el despacho de abogados de Baltasar Garzón, representante de Assange, presentó con posterioridad a la denuncia una querella criminal contra los detenidos, otras tres personas y personal diplomático y de seguridad de la embajada de Ecuador en Londres.

José Martín fue condenado a tres años de cárcel en 2007 por simular el robo de unos muebles de la herencia de la periodista radiofónica Encarna Sánchez y de estafar a los dueños de la vivienda que fue asaltada. El periodista, colaborador habitual de medios locales de Alicante, provocó el fuego en la casa que cuidaba para un matrimonio alemán con el fin de simular un robo y cobrar el seguro.

Todo arrancó cuando el editor jefe del portal de filtraciones, Kristinn Hrafnsson, mantuvo en Madrid el pasado 2 de abril una reunión con los presuntos extorsionadores. Pepe y su equipo habían enviado antes a la organización por correo electrónico ficheros sobre las comunicaciones del abogado de Assange, Baltasar Garzón, con el ciberactivista.

Durante el encuentro, que se celebró en el hotel Victoria de Madrid, Pepe colocó ante Hrafnsson un ordenador sobre la mesa y contactó con un colaborador en Alicante que abrió por control remoto las carpetas. Este programador es la persona que fue detenida junto a Martín el pasado día 1, según aseguran fuentes judiciales

Durante esa reunión Hrafnsson descubrió que la organización de Alicante manejaba, al menos, 103 carpetas con vídeos, audios y correos privados de los abogados y amigos de Assange recibidos durante su estancia en la embajada ecuatoriana.

Los presuntos extorsionadores indicaron al representante de Wikileaks que si la organización no pagaba los tres millones, el material sobre Assange aparecería en los medios de comunicación. Ese mismo día el editor de Wikileaks informó a la policía y presentó una denuncia. Al día siguiente se celebró un segundo encuentro en el mismo hotel madrileño que fue monitorizado y grabado por los agentes de la Unidad de Secuestros y Extorsiones (UDEV). Desde entonces, los sospechosos han estado vigilados y han alimentado la web de una supuesta agencia de noticias, Agencia6, en la que Martín y los programadores se presentan como periodistas de investigación.

La querella presentada por el fundador de Wikileaks en la Audiencia Nacional también se dirige contra el personal de la Embajada de Ecuador en Londres y miembros de la empresa de seguridad Promsecurity. Se trata de la firma que sustituyó a la española Undercover Global SL en la legación ecuatoriana cuando en 2017 Lenín Moreno accedió a la presidencia de Ecuador y Assange perdió el respaldo de este Gobierno, según los abogados del ciberactivista

Fuente: El País, República del Banano, Ecuadorinmediato

Foto: Propiedad intelectual Ecuadorinmediato

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