Financiamiento de campañas electorales están bajo sospecha

El financiamiento ilegal de campañas electorales en Ecuador se ha paseado por los pasillos del Consejo Electoral (CNE) como un elefante al cual, sin embargo, nadie ve y, peor, atrapa. Una es la contabilidad que se registra de manera oficial y otra la que, fuera del control estatal, administra los aportes reales que llegan a buena parte de las candidaturas.

Lo reconoce su máxima autoridad: “A simple vista, hay campañas impresionantes, que no se equiparan, por simple contabilidad, al monto del gasto que se autoriza… Se lo puede ver por la cantidad de afiches, publicidad, artistas, conciertos….”, señaló a EL UNIVERSO la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

En cada elección, el organismo fija un monto máximo de gasto electoral y, en teoría, revisa los recibos e informes que presentan las organizaciones políticas. Así lo dispone el Código de la Democracia. Sin embargo, ni se respeta lo primero ni se cumple lo segundo.

La revelación de los portales Mil Hojas y La Fuente, bajo el nombre de Arroz Verde, sobre un millonario esquema de financiamiento de Alianza PAIS en el periodo correísta a través de aportes de empresas locales y multinacionales (como Odebrecht), puso nuevamente en discusión la verdadera dimensión de los dineros que ingresan a las campañas.

La mirada de la prensa y de los políticos se ha enfocado desde entonces, exclusivamente, en las cuentas de la Revolución Ciudadana, pero las inconsistencias alcanzan a muchas más tiendas políticas.

La información oficial es incompleta y contradictoria. Según el artículo 212 del Código de la Democracia, el CNE “publicará durante y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto de los sujetos políticos, a través de la página oficial de internet del Consejo Nacional Electoral, que permita la consulta y supervisión oportuna por parte de la ciudadanía”.

En el portal, sin embargo, constan apenas los balances (sin notificación de origen o justificación de gastos) de quince partidos y movimientos; de estos, ocho no presentaron los reportes que la ley ordena.

Además, el sitio publica las cuentas de los binomios que participaron en las presidenciales del 2013. Allí se puede observar que las ocho parejas de aspirantes tuvieron un tope de $ 1,7 millones cada una, pero reportaron gastos que no llegaron ni al 10% de ese límite (con excepción de AP y el Prian, que bordearon el millón).

Esos son todos los datos a los que la ciudadanía tiene acceso mediante internet. “Las organizaciones presentan sus informes y facturas. Y eso es lo que tienen”, dijo Atamaint.

Pero en su despacho también reposan dos memorandos internos de la Dirección de Fiscalización del CNE, elaborados el pasado 11 de marzo, en los que se muestra que el organismo tiene represada desde el 2012 –sin revisión ni aprobación del pleno del Consejo– una lista de informes sobre el monto, destino y origen de los recursos privados usados en campaña por 18 partidos y movimientos políticos.

¿Esos informes tienen observaciones? Seguramente, respondió la titular del CNE.

Según Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el control del financiamiento político “tal como está planteado es un saludo a la bandera”.

La autoridad electoral, subrayó, solo juzga y cierra lo que le dicen los sujetos políticos. “La consecuencia es lo que estamos viviendo: cosas tan ridículas como campañas que todos sabemos que cuestan millones de dólares y que pasan en el órgano de control como si costaran apenas unos cuantos cientos de miles”.

Fuente: El Universo, República del Banano

Fiscalía cita a Santiago Cuesta para que entregue información sobre caso “Arroz Verde”

“A mí me llegó la información sin mutilaciones”, afirmó

La Fiscalía General del Estado (FGE) convocó al consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, para que entregue, este 13 de mayo, toda la información relacionada con el caso “Arroz Verde”, tras su acusación de que el reportaje periodístico de Fernando Villavicencio y Christian Zurtia, “esté mutilado”. Según el funcionario, la lista de los involucrados está incompleta.

La diligencia está prevista para ese 13 de mayo, con la finalidad de que Santiago Cuesta entregue toda la información y continúen las investigaciones.

“Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador”, es la investigación que publicó el portal Mil Hojas y en el que se detalla que existía un informe, “Receta de Arroz verde 502”, que contendría  supuestos aportes económicos de empresas multinacionales, como Odebrecht,  recibidos por el movimiento Alianza PAIS desde noviembre de 2013 a febrero de 2014 para la campaña presidencial. El monto llegaría a $11,6 millones.

Sobre este caso, la Fiscalía inició una instrucción fiscal.

Recientemente, el consejero presidencial, a través de su cuenta de Twitter, denunció que esta publicación ha sido mutilada. Acusó a Fernando Villavicencio y Christian Zurita de ser amigos de las personas a quienes no nombraron en su publicación.

Por ello, la Fiscalía convocó, para el próximo 13 de mayo, a Santiago Cuesta para que entregue toda la información que dice tener respecto al caso.

Christian Zurita, también autor de la publicación, pidió que se exponga toda la información correspondiente.

Villavicencio, de su parte, le pidió al Presidente Lenín Moreno que “de forma inmediata exija a su consejero Santiago Cuesta pruebe esta temeraria acusación”.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato, República del Banano

Foto: Propiedad intelectual Ecuadorinmediato

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Ecuador entregará a EE UU todos los documentos y enseres que Assange dejó en la Embajada de Londres

La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha acordado registrar una de las estancias de la legación en la que el fundador de Wikileaks pasó casi siete años

El Gobierno de Lenín Moreno ha dado un paso más en su ofensiva contra Julian Assange. La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha acordado registrar una de las estancias de la embajada de ese país en Londres, en la que el ciberactivista ha residido durante los últimos siete años, y entregar a EE UU todos sus documentos, teléfonos móviles, archivos informáticos, ordenadores, unidades de memoria, CD y cualquier otro dispositivo, según señala una notificación oficial a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

EE UU reclama a Reino Unido la extradición de Assange. Un tribunal estadounidense pide juzgar al fundador de Wikileaks, al que acusa de un delito de intromisión informática penado con hasta cinco años de cárcel. En 2010 el portal del australiano filtró a medios de comunicación 450.000 documentos secretos de miles de comunicaciones internas de EE UU sobre las guerras de Afganistán e Irak. El activista fue detenido el pasado 11 de abril en la sede diplomática de Ecuador y entregado a las autoridades británicas.

El registro de la habitación precintada de Assange tendrá lugar el próximo día 20 en el marco de una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) del Departamento de Justicia de EE UU a Ecuador. La nota señala que se llevará a cabo a las nueve de la mañana, hora londinense, y que la incautación de los documentos y archivos personales del activista la efectuará el capitán de policía Diego López y el sargento segundo Milton Jaque, perito de la sección de informática forense. La decisión de intervenir todas las pertenencias de Assange ya ha sido comunicada a su abogado en Ecuador, Carlos Poveda.

Julian Assange, de 47 años, gozó de la protección y apoyo del Gobierno ecuatoriano durante la etapa del presidente Rafael Correa. Se le concedió asilo político y se le permitió refugiarse en su legación diplomática en Londres tras agotar todas las instancias judiciales ante las que recurrió la decisión de ser extraditado a Suecia. La justicia de ese país le reclamaba ante las autoridades británicas para que respondiera a la acusación de dos delitos contra la libertad sexual.

El cambio de Gobierno en Ecuador y el acercamiento de ese país a EE UU con Lenín Moreno lo ha cambiado todo. El actual presidente ha roto el legado de su antecesor. Empezó estableciendo un duro protocolo de visitas y condiciones de vida del activista en la embajada, permitió su detención el pasado día 11 y ahora acuerda el registro de la habitación del fundador de Wikileaks y la entrega a EE UU de todo el material informático de la persona a la que Ecuador otorgó la condición de asilado.

Baltasar Garzón, abogado de Assange, califica la entrega a EE UU de las pertenencias de su defendido de “absoluta vulneración de Ecuador de la institución de asilo”. “Es incomprensible que el país de protección ahora aproveche la posición privilegiada de haberlo acogido para remitir sus pertenencias al país que lo persigue. Pertenencias que habrán sido intervenidas sin mandamiento judicial, sin protección de los derechos del asilado, sin respeto a la cadena de custodia”, ha dicho Garzón. “Lo que se agrava con el mecanismo de grabación ilícita que se desplegó en la embajada y que ha sido denunciado. La vulneración sistemática de los derechos de Assange está superando los límites de la imaginable”, ha apuntado.

La cooperación judicial del actual ejecutivo de Ecuador con EE UU se inició hace meses. La justicia ecuatoriana permitió que las autoridades norteamericanas tomaran declaración al personal diplomático de su embajada en Londres. En el marco de esa colaboración, los abogados de Assange no descartan que se hayan remitido a EE UU grabaciones, audios y documentos sustraídos al activista y a uno de sus abogados en una supuesta operación de espionaje para facilitar información a Estados Unidos sobre su defensa. Assange presentó recientemente una querella en la Audiencia Nacional contra un periodista español y cuatro programadores informáticos por presunta extorsión al intentar vender por tres millones de euros centenares de vídeos y documentos de sus últimos años en la embajada. El relator especial para la Privacidad de la ONU estudia también este supuesto espionaje.

Aitor Martínez, uno de los letrados del equipo del activista australiano, afirma que la iniciativa de Ecuador es “una manifiesta y radical vulneración del derecho a la defensa, ya que en esos documentos y dispositivos electrónicos se encuentran todas las comunicaciones con sus abogados y su documentación legal. Un material privilegiado que permitirá a EE UU construir y crear nuevos cargos para su solicitud de extradición”.

El fundador de Wilileaks ha denegado formalmente ante un tribunal londinense su consentimiento a la petición de extradición de EE UU. Assange compareció por videoconferencia desde prisión ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se inició el pasado día 2 el proceso. Días antes otro tribunal británico le condenó a 50 semanas de cárcel por haber violado en 2012 las condiciones de libertad condicional que se le habían impuesto.

Fuente: Ecuadorinmediato, República del Banano

Foto: Propiedad intelectual Ecuadorinmediato

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