Promesa laboral sin cumplir de Lenin Moreno

Eran finales de 2016 cuando Lenín Moreno, en plena campaña electoral para la presidencia de la República, revelaba una de sus principales metas si llegaba a Carondelet: “generar 250 mil empleos al año”, dijo en reiteradas ocasiones. Ya como Presidente corrigió su promesa: “en mis cuatro años voy a generar 500 mil empleos”, señaló. De la primera promesa está lejos; de la segunda no: de junio de 2017 a marzo de 2019, que son el primero y último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) en el periodo de Moreno, se generaron 320 mil empleos adecuados (situación laboral donde satisfacen, al menos, condiciones mínimas al colaborador). Pero lo que Moreno no especificó es cuántos se perderían: en ese mismo lapso desaparecieron 500 mil puestos de trabajo. Desde el sector privado se señala la rigidez de las leyes laborales como el obstáculo para mantener e incrementar las plazas de empleo, mientras al sector público se le critica por su gasto en personal: en 2018 fueron cerca de 10 mil millones de dólares, según la liquidación presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas. Un primer paso para adelgazar fue la reducción de casi 12 mil empleados del sector público (Gobierno) entre diciembre y febrero pasado. Mientras en las empresas públicas (Petroecuador, CNT, entre otras) se prometió bajar 10 por ciento de la nómina hasta finales de este año. ¿Fue la decisión correcta o solo se aumentó la problemática laboral?

Para Roberto Estrada, director de la consultora Andean Ecuador, la medida es antitécnica. Decidir cuántos saldrán, dice, se lo hace con un análisis de proyecciones donde se establecen ciertas situaciones. “Pero estoy convencido que los resultados financieros de cada empresa no son iguales, por ende la reducción no debería ser la misma”. El asambleista Roberto Gómez, quien es parte de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, cree que no se podía despedir de esa forma a la gente en el sector público cuando aún no habían generado condiciones que mejoren los incentivos de contratación en el sector privado. El adelgazamiento fue parte del escenario que preparó el Gobierno para firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el documento presentado por el Ministerio de Finanzas señalan un “cuidadoso reajuste de la masa salarial (…) con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales y en la contratación de nuevos funcionarios”.

Reforma a la vistaEcuador registra 8 millones de personas empleadas y desempleadas, a marzo pasado. De éstas, 3 millones tienen un empleo adecuado (trabajan 40 horas semanales y ganan al menos el salario básico) y 1,5 millones están en el subempleo, una categoría que agrupa a quienes trabajan menos de la jornada legal y/o perciben ingresos inferiores al salario mínimo, y que tienen el deseo y la disponibilidad de laborar horas adicionales. La situación no prevé cambiar a corto plazo: la tasa de desempleo actual es del 4,6 por ciento y el Gobierno prevé que para 2020 pase al 4,7 por ciento. Bajo ese escenario el Ministro de Finanzas comunicó que este año enviarán a la Asamblea Nacional una reforma laboral que reduzca la informalidad e incremente la contratación. “Implica (la reforma) adaptarse a las condiciones de mercado y de la sociedad retirando cuidadosamente las restricciones actuales que resultan en menores oportunidades para quienes no tienen un empleo”, señalaron en un informe. El FMI, en un documento publicado a finales de marzo, sugiere tres ejes. Uno es la necesidad de tener contratos laborales menos rígidos para la inclusión femenina y para mayores oportunidades de empleo juvenil. El Inec, por ejemplo, muestra que 3 de cada 10 empleos adecuados en el país son ocupados por mujeres; y que 1 de cada 10 puestos están cubiertos por jóvenes de 15 a 24 años. Otro pedido es que se incrementen los periodos de prueba. El artículo 15 del Código de Trabajo señala que en los contratos de plazo indefinido, cuando son por primera vez, tienen un periodo de prueba de 90 días. “No podrá establecerse más de un periodo de prueba entre el mismo trabajador y empleador, sea cual sea la modalidad de contratación”, señala la Ley. Para Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), señala que esto desfavorece la contratación. “Antes era de un año, y cuando empleador y empleado se ponían de acuerdo, la desvinculación no generaba un recargo adicional; hoy sucede lo contrario”. Finalmente la carta del FMI menciona una reducción del costo de contratación (se calcula un costo adicional al sueldo del 32 por ciento en cada colaborador), y una disminución en la rescisión eliminando un sinnúmero de pagos a trabajadores que renuncien voluntariamente. 

Lsa 380 mil personsa desempleadas se suman a las 900 mil con empleo no remunerado y a los más de 2 millones de empleos no plenos. Sin acuerdosEdwin Bedoya, vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), indica que no están conformes con los posibles puntos que se incluirían en la reforma. “Los derechos laborales deben ser progresivos y lo que se plantea es regresivo”. Para él, hay un criterio sesgado del sector empresarial para plantear los cambios. “No ha habido una propuesta que beneficie; solo piden más para ellos”. Por ejemplo, explica que incluir el trabajo por horas de forma tan amplia no beneficia al colaborador porque se intenta reducir el pago de horas extras y esto merma el salario. Alarcón no comparte. Asegura que la intención no es precarizar la condición laboral, pero sí que se puedan generar mayores oportunidades “para insertar a casi 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado. Nadie dice que no hay que respetar los beneficios de ley (…) pero hay que pensar en los que no tienen trabajo o los que sienten que pueden perderlo”. Propone, entre otras cosas, que las 40 horas semanales que se distribuyen en cinco días pasen a tres días y medio, y que eso le permita al empleador contratar a otros trabajadores para cumplir esos días adicionales sin incurrir en costos elevados por horarios complementarios. Ser rígidos, agrega el asambleista Roberto Gómez, provocó la pérdida de empleo. Pero cree que igual de importante es una reforma tributaria “para mejorar la economía”. “¿Cómo se va a contratar si es que no suben las ventas?”, se pregunta Alarcón. “Entendemos el problema fiscal del Gobierno, y sabemos que planterán subir impuestos, pero no es lo ideal”. Dejarle más dólares en el bolsillo al ciudadano, dice, se hace bajando ciertos impuestos. Mientras para Bedoya, una de las soluciones del problema laboral es que se reduzcan las tasas de interés para créditos de pequeñas y medianas empresas, y de esa forma se pueda invertir en los negocios. “Así podrán contratar a más gente porque su negocio necesitará crecer”. La Cedocut está en contra del acuerdo con el FMI porque, según ellos, esto complicará más la situación. “Preveemos que se pierdan 140 mil empleos más con estas medidas”. Desde el sector empresarial esperan que la reforma se envíe a la Asamblea junto con la Ley de Fomento Productivo 2, y que no tome más tiempo. A menos de dos años de las próximas elecciones presidenciales, el cálculo político puede influir en la discusión de la reforma.

Fuente: Revista Vistazo Ecuador.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s