#ArticuloBananero| Lawfare: Lula, Glas y la presunción de inocencia 

Si antes se necesitaba la fuerza militar para obtener el control del Estado, 
hoy en América Latina se necesita el poder judicial. De conseguirlo, cualquier 
frágil Estado de derecho estaría en peligro de desaparecer. Es la herramienta clínica y eficaz para cometer actos de injusticia y de venganza contra enemigos políticos. Se trata de la nueva estrategia del Lawfare: apoderarse del poder judicial… encontrar la figura jurídica para el supuesto delito y, por medio del engaño, crear falsas acusaciones. A la par, los medios de comunicación se encargarían de cambiar el parecer del imaginario social. Esto que está de moda ha aflorado con desfachatez en Brasil, en Argentina y en Ecuador. Hace pocos días, el sumo pontífice confirmó esta inhumana práctica: “El Lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia (…) es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propenden a la violación sistemática de los derechos sociales”. 

En este entorno, el principio de presunción de inocencia se va al tacho de basura. Uno pregunta, en contraste, ¿por qué no ocurre la manipulación a la justicia en EE.UU.? Hace ya más de dos años se ha tratado de vincular a Donald Trump en una conspiración con Rusia para obtener ventaja en las elecciones presidenciales sobre Hilary Clinton. No es robo, coimas o asociación ilícita de lo que se lo acusa. ¡Es más grave! No es tan solo el supuesto de haber hecho trampa en las elecciones, sino también de haber cometido un acto de traición a la patria por haber negociado clandestinamente con el enemigo. El fiscal especial Robert Mueller, muy metódico y pragmático, fue desvelando el entramado de la supuesta corrupción para al fin llegar a saber si el presidente de los EE.UU. cometió el crimen que se le alega. Guste o no, dos años después llegó a la conclusión críptica: no es culpable, pero tampoco lo exonera. Transfiere la competencia al Congreso para que profundicen la investigación y ver si hay causal para la debida destitución del presidente Donald Trump. Queda claro que en dicho país el sistema judicial sí respeta la presunción de inocencia, hasta que haya vínculos concretos, más allá del beneficio de la duda. 

En Brasil, como Argentina o Ecuador, están lejos de estos fiables lujos legales. Acá es suficiente que haya testimonio de convictos confesos para inculpar a los acusados, a cambio de reducir la sentencia de prisión. El testimonio de Aldemário Pinheiro, convicto y ex director de la constructora OAS, vale más que los testigos de 73 declaraciones que contradecían las acusaciones contra Luis Inácio da Silva. El mismo Luigi Ferrajoli, teórico en garantismo jurídico, junto a jurídicos internacionales que se han pronunciado contra el viciado proceso, han detectado “impresionante ausencia de parcialidad” y desmontado las premisas de la sentencia del juez Sergio Moro. A Lula da Silva se lo acusa de haber recibido un apartamento de la constructora OAS. No existe evidencia del soborno, no hay documentos que vinculen a Lula da Silva como propietario, ni como arrendatario, ni como visitante. Es decir, nunca estuvo en dicho apartamento. Es más, dicho apartamento “acaba de ir a subasta, con lo recaudado para la empresa que es la real propietaria del inmueble”. En Ecuador se siguió el mismo libreto. De los 13.5 millones de dólares que se acusa al ex vicepresidente, Jorge Glas, de recibir en sobornos por parte de Odebrecht para adjudicar contratos, no hay rastreo alguno que indique en qué cuenta está ese dinero. Lo que si hay, es la confesión del ex presidente de la Asamblea Nacional en donde alude que sí hubo un pacto entre el fiscal general Baca Mancheno y el gerente, José Conceição Santos, corrupto confeso, de Odebrecht, para encarcelar a Jorge Glas y tomarse la vicepresidencia.  En un Estado de derecho no se podría sostener esta arbitrariedad.

Sabemos de que todas estas triquiñuelas tienen el propósito político de recuperar el poder del Estado. Primero fue contra Dilma Rousseff, después contra Lula, impidiendo a que regrese a gobernar, teniéndolo preso. Ahora con las nuevas revelaciones por el periodista estadounidense Glenn Greenwald del diario “The Intercept Brasil”, es claro que todo fue un montaje amañado, una farsa ejecutada entre el ex juez Sergio Moro y el fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallognol. Perpetrada la patraña, tenemos: Moro, ministro de Justicia, Bolsonaro, presidente, y Lula, preso.

También es claro que a las élites les es insoportable rondar con el hecho que un insignificante obrero metalúrgico haya sacado de la pobreza a más de 30 millones de brasileños y que haya “reducido drásticamente los niveles de desnutrición y desescolarización de los niños y jóvenes de su país”. Por lo tanto era imperativo operar al margen de la ley. Es raro que en vez de premiar, las élites castigan. Para ellas resultaría imperdonable dejar que nuevamente Lula sea presidente. Las encuestas abrumadoramente anunciaban que más de 40 millones de votos estarían con él, ganando ampliamente las elecciones del pasado octubre. A propósito, el mismo libreto se aplica contra la amenaza del inexorable regreso de Rafael Correa. 

Lula fue condenado por haber germinado la esperanza de mejores derroteros. Ernesto Mándela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr y ahora otros presos políticos, Luiz Inácio da Silva, Jorge Glas y la vigente persecución política contra Rafael Correa, roerán la conciencia de los “Sergios Moros” de la región, con nombres diferentes pero Torquemadas al fin.
Luis Alfredo Castillo 

Prensa Republica Del Banano

Un comentario sobre “#ArticuloBananero| Lawfare: Lula, Glas y la presunción de inocencia 

  1. ¡Que impotencia! Todos aquellos personajes que han luchado por justicia social, aquellos que han querido rescatar la dignidad de los pueblos, han sido atacados con esta nueva arma letal: “la guerra jurídica”. Tratan de engañarnos alegando o fingiendo de que no hay tinte político y que, verdaderamente, están acabando con la corrupción. La corrupción está presente en estos poderes desleales. Se valen de estas artimañas para desprestigiar y para anular el derecho de las víctimas de persecución política. Se ha puesto de moda violar la presunción de inocencia, imponer prisión preventiva y acusar sin pruebas. ¡Nos han retrocedido!

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