ANALIZAN PEDIR “APOYO EXTRA” PARA PAGAR A MAESTROS JUBILADOS

En medio de la huelga de hambre que realiza un grupo de maestros jubilados para exigir el pago de sus incentivos jubilares, el Gobierno presidido por Lenín Moreno busca diferentes mecanismos para pagar los valores pendientes.

De acuerdo al secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, el Gobierno analiza pedir “un apoyo extra a los ecuatorianos para pagar a los maestros jubilados”.

“Es posible, que tengamos que hacer un esfuerzo extra, un esfuerzo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para pedirles a los ecuatorianos un apoyo directo para poder pagarle a los jubilados”, explicó Roldán, este 31 de julio de 2019.

Además, resaltó que en esta ocasión los ecuatorianos tendrán la seguridad de que los recursos irán para el fin solicitado, “porque este Gobierno ha demostrado total transparencia”.

Según justificó el funcionario, hasta ahora se ha cancelado $670 millones a más de 12.000 jubilados, y culpó al gobierno anterior liderado por Rafael Correa, de haber dejado una deuda de $12.000 millones, que afectó a 23.000 jubilados.

Y agregó, “lamentablemente ese chuchaqui que estamos viviendo de la farra correísta, es un chuchaqui que todos los días nos saca dinero de los bolsillos a los ciudadanos comunes y que les complica la vida a la gestión pública, al ministro de Economía (Richard Martínez) para poder hacer los pagos”.

En Quito, Guayaquil y Cuenca se han realizado protestas por la falta de pago. En los exteriores de la Asamblea Nacional, unos 30 maestros jubilados cumplen una semana en huelga de hambre y los estragos se empiezan a sentir. Uno de los manifestantes sufrió un quebranto en su salud y fue llevado a un hospital de la localidad.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Fiananzas propone que el 60% del valor presupuestado ($350 millones) se pague con bonos, es decir, $240 millones. Mientras que, los jubilados reclaman que el incentivo jubilar sea pagado en efectivo.

En una reunión que mantuvieron, Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de maestros jubilados, y el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se intentó buscar una solución, pero no hubo consensos.
De allí que el asambleísta Homero Castanier, presidente de la comisión ocasional que vigila el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados, informó sobre una posible ley solidaria con contribuciones ciudadanas, planteada por el Ejecutivo, similar a la normativa aprobada luego del terremoto del 16 de abril de 2016.
Fuente: El Vistazo, República del Banano

#FlashBananero| María Paula Romo dice que el Secretario Anticorrupción, Iván Granda, es su marido

La ministra del Interior, María Paula Romo, ha dicho al periodista Diego Oquendo, en una entrevista a Radio Visión, que el Secretario Anticorrupción, Iván Granda, «para todos los fines prácticos» es su marido.

Fuente: La República, República del Banano

1800 Migrantes pidió al gobierno de México que exija visa a los ecuatorianos para ingresar a su país

La carta fue remitida el 10 de julio del 2019 al presidente de México, Manuel López Obrador. Allí la organización 1800 Migrantes pidió que se volviera a solicitar la visa a los ecuatorianos para ingresar a ese país, por motivos de seguridad nacional.

En noviembre del 2018, por las buenas relaciones existentes entre los dos países, el Gobierno de México eliminó los visados con fines de turismo, tránsito, negocios o cualquier actividad no remunerada para los ecuatorianos.

Según el cofundador de la organización privada 1800 Migrantes, William Murillo, este beneficio reactivó la migración ilegal y riesgosa de los ciudadanos hacia Estados Unidos. Al compartir frontera, México es utilizado como país de tránsito más cercano.

La carta explica que es innegable que los coyotes utilizan este beneficio para llevar migrantes –entre ellos jóvenes y niños- hacia Estados Unidos mediante la ‘nueva ruta mexicana’. “Esos viajes se hacen en menos tiempo, son más baratos, pero hay más reportes de muertes, desapariciones y otros delitos”.

En el documento de dos hojas, Murillo fundamenta su pedido en temas de seguridad nacional y para evitar supuestos crímenes que se cometen contra los migrantes en tránsito, por parte de las mafias que operan en el tráfico ilegal de personas.

Según Murillo en abril del 2019, cuando se reportaron las desapariciones y muertes de migrantes en el río Bravo, remitió una carta al Gobierno de Ecuador pidiendo atención especial y proponiendo soluciones a este tema, pero no han tenido respuesta.

Mientras tanto, la Organización privada 1800 Migrantes recibió la confirmación de que la carta llegó a la Presidencia de México. Ahora esperan una respuesta del Mandatario del país azteca.

Fuente: El Comercio, República del Banano

#FlashBananero| Se instaló audiencia preparatoria a juicio contra Patiño

En el complejo judicial de Latacunga a las 15:00 se instaló la audiencia preparatoria a juicio contra Ricardo Patiño por el presunto delito de instigación, esto después de haber concluido la instrucción fiscal que duró 90 días, tiempo en el cual se han realizado varias pericias.

En las afueras del edificio judicial un grupo de simpatizantes realiza unplantón de rechazo al proceso judicial, existe un número considerable de Policías. (MT)

Noticia en desarrollo

Fuente: Diario La Hora, República del Banano

Corte IDH examinará casos de Ecuador, Paraguay y Perú en sesiones en Colombia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizará en agosto tres casos de Ecuador, Paraguay y Perú durante el sexagésimo segundo período de sesiones extraordinarias, que se realizará en la ciudad colombiana de Barranquilla (norte).

Así lo aseguró este martes el juez de ese tribunal Humberto Sierra Porto en una rueda de prensa en Bogotá tras la visita preparatoria del 62 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte IDH, que se realizará en el país del 26 agosto al 6 de septiembre.

El jurista explicó que el caso ecuatoriano versa sobre una supuesta detención arbitraria de un ciudadano, la ausencia del debido proceso y la demora de decisiones judiciales por parte del Estado.

El de Paraguay es sobre un joven que prestó el servicio militar y que al parecer fue sometido a ejercicios que le ocasionaron la muerte.

El otro litigio, el de Perú, tiene que ver con que las autoridades de ese país detuvieron a un joven homosexual al que sometieron a “torturas y vejaciones de todo tipo”, según la denuncia.

“Son tres casos interesantes, son tres casos actuales”, dijo Sierra, que destacó el apoyo del Gobierno colombiano para que las sesiones de la Corte se puedan realizar en el país.

“Desde hace un año tuvimos la oportunidad de visitar al presidente Iván Duque y desde el primer momento él nos manifestó su complacencia porque la Corte sesionará una vez más en Colombia”, acotó.

Recordó que el alto tribunal, con sede en San José, ya había sesionado dos veces en Bogotá, en 2007 y 2011, una en Cartagena en 2015, otra en Medellín y ahora lo hará en Barranquilla.

Detalló que las sesiones extraordinarias también tendrán un componente académico, cuyo tema central será el de los derechos de la mujer y la problemática de “afectación de los derechos por razones de género y orientación sexual”.

Añadió que en la instalación participará el presidente Duque, que fue quien en octubre del año pasado los invitó a sesionar en Colombia.

“El Gobierno colombiano invitó a la Corte para que realizara este periodo de sesiones en Colombia y esta invitación no es una coincidencia: este año justamente se cumplen los 50 años de la adopción de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica”, explicó la vicecanciller colombiana, Luz Stella Jara.

La Corte IDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o de residencia. EFE

Fuente: Diario El Mercurio, República del Banano

Juristas se excusaron de ir a Comisión que tramita juicio político al Cpccs

Los juristas Ismael Quintana y Salim Zaidán se excusaron de comparecer ante la Comisión de Fiscalización, encargada de tramitar el pedido de juicio político en contra de la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Su comparecencia había sido requerida por Victoria Desintonio, consejera de este organismo, como parte de las pruebas de descargo en este proceso de interpelación, pero ellos no aceptaron.

Un tercer jurista, Augusto Tandazo, solicitó ser recibido el próximo jueves 1 de agosto de 2019 en la Comisión de Fiscalización, lo cual fue aceptado por los legisladores.

El 10 de julio pasado los consejeros Desintonio, Rosa Chalá, Walter Gómez y José Tuárez, titular de la institución, decidieron conformar una comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional, hecha por el Consejo transitorio.

La decisión de la mayoría del Cpccs fue adoptada con base a consultas a los tres juristas que fueron llamados hoy ante la Comisión de Fiscalización.

El asambleísta Raúl Tello acudió esta mañana a la mesa parlamentaria para pedir que Tuárez también sea censurado por negarse a entregar información a la Comisión legislativa de Participación Ciudadana sobre supuestas irregularidades en la inscripción de su candidatura para la pasada contienda electoral.

Fuente: El Comercio, República del Banano

Caso Sobornos: Criminalística inspeccionará oficinas externas de la Presidencia

La Fiscalía ordenó nuevas diligencias en el caso Sobornos 2012-2016. Al departamento de Criminalística le delegó la inspección ocultar técnica del edificio Concorde, ubicado en la calle Francisco Salazar y av. 12 de Octubre, en el norte de Quito.

Esta diligencia está prevista que se realice el 12 de agosto, desde las 14:00. Según las investigaciones, en este edificio, la Presidencia arrendó un espacio para que funcionen las oficinas de Pamela Martínez y Laura Terán, procesadas en este caso y de otros funcionarios de la Presidencia, que se dedicaban a vigilar procesos judiciales que interesaban al Gobierno.

En sus declaraciones, Martínez ha reconocido que en esos despachos recibió sobres con dinero en efectivo que provenían de los contratistas estatales, como Odebrecht, quienes aportaron económicamente para las campañas de Alianza País.

Otras diligencias señaladas por la Fiscalía dentro de este expediente son un rastreo de los memorandos de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, ahora procesado.

La Fiscalía solicitó que Presidencia remita copias de los memorandos enviados por Mera al Fiscal General de Estado en febrero del 2017; al Gerente de Corporación Eléctrica del Ecuador, en mayo del 2017, y al Gerente General de Petroecuador, también en mayo del 2017.

A través de estas comunicaciones, Mera habría solicitado a estos funcionarios que no se paguen las deudas que el Gobierno tenía con la constructora Odebrecht. Además, la Fiscalía ordenó nuevas versiones.

Entre estas llamó a la exministra María de los Ángeles Duarte para que amplié su declaración. La diligencia se realizará el 12 de agosto a la 09:00. Ella también está procesada y actualmente tiene una prohibición de salida del país y debe presentarse dos veces por semana en la Corte Nacional.

Fuente: El Comercio, Republica del Banano

Asambleístas piden aplazar vacancia legislativa al 19 de agosto

La presidenta de la Comisión de Fiscalización argumenta que buscan cumplir cronograma en proceso de juicio político contra cuatro vocales del CPCCS

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johanna Cedeño envió este martes 30 de julio, un pedido al presidente de la Asamblea Nacional, Cesar Litardo para posponer la vacancia legislativa al 19 de agosto, hasta el 30 del mismo mes. Hasta el momento, las vacaciones de los asambleístas están prevista para el 12 de agosto.

El pedido de Johanna Cedeño argumenta que es necesario aplazar la vacancia, pues los procesos de juicio político en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) terminarían el 15 de agosto, por lo que deberán cumplir con el cronograma establecido por la mesa parlamentaria.

La legisladora explicó que es necesario analizar la publicación hecha por los portales web “Mil Hojas” y “La Fuente”, sobre el caso “Arroz Verde”. Además, señala que el 8 de agosto se cumpliría el límite para elaborar el informe de los pedidos de juicio político interpuesto por Jeannine Cruz, Raúl Tello y Fabricio Villamar, que fueron unificados en contra de los consejeros del CPCCS.

El 15 de agosto, vencería el plazo máximo para la elaboración del tercer informe del pedido de interpelación en contra de José Tuárez, presidente del CPCCS y Walter Gómez, vocal de la misma institución, por un supuesto proselitismo político. Para finalizar, Cedeño mencionó que se “tomen las medidas administrativas pertinentes, a fin de culminar las sustanciación de los procesos en los plazos previstos”.

 

(BCA)

Fuente: El Comercio / Ecuadorinmediato, República del Banano

Desde este 31 de julio Supercom deja de existir

La entidad pública contaba con 225 funcionarios, actualmente quedaron 48

A través de las reformas de la Ley de Comunicación que dispuso 180 días para liquidar a la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), este miércoles 31 de julio de 2019 se cerrará definitivamente las puertas de esta institución. El plazo que vencía el 20 de agosto, se lo adelantó ara optimizar recursos.

La SUPERCOM contaba con 225 funcionarios, actualmente solo quedaron 48. Los demás empleados se fueron desvinculando en el proceso de liquidación o a través de transferencias a otras empresas. La liquidación de la entidad pública costó cerca de medio de millón de dólares.

Algunos departamentos del organismo ya están cerradas, como la sala de monitoreo a los medios de comunicación, que estaba compuesto por pantallas gigantes y decenas de computadoras Se conoce que los activos de la institución se trasladaran al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) y Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

La entidad que fue creada en el régimen del expresidente Rafael Correa, y tuvo como único contralor a Carlos Ochoa, sustanció alrededor de 1 344 procesos, 550 de oficio, y recaudo alrededor de USD754 690 por multas a los medios de comunicación.

(BCA

Fuente: El Universo / Ecuavisa / Ecuadorinmediato, República del Banano

En el noveno día de huelga de hambre, los jubilados exigen pago en efectivo y no con bonos.

“No tenemos el poder económico, pero tenemos el poder de la unidad, tenemos el respaldo de cada una de las provincias”

Las carpas blancas y los colchones con cobijas en el suelo, se han convertido en el refugio de los maestros jubilados que este miércoles 31 de julio de 2019 cumplen el noveno día de huelga indefinida en los exteriores de la Asamblea Nacional. Los adultos mayores se han sometido los últimos días a medidas de protesta para exigir al Gobierno el pago de sus compensaciones jubilares atrasadas. Ratificaron que exigen el pago de incentivos en efectivo y no con bonos.

“No tenemos el poder económico, pero tenemos el poder de la unidad, tenemos el respaldo de cada una de las provincias” señaló una vocera del magisterio. Se conocía que 31 jubilados se mantenían en huelga de hambre indefinida. Sin embargo, la mañana de ayer, martes 30 de julio se reportó el quebranto de salud de un hombre la tercera edad.

Hipertensión, problemas del corazón, diabetes, son las múltiples dolencias que padecen los adultos mayores. No obstante, sus enfermedades no los frenan para seguir con la exigencia que piden al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Algunos adultos mayores deben tomar medicinas, pero no lo hacen porque previamente deben alimentarse y ante la huelga de hambre indefinida, suspendieron la ingesta de medicamentos.

Esta mañana el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldan indicó que el Gobierno analiza la posibilidad realizar los pagos retrasados desde el 2008 hasta el 2018, alrededor de 12 mil jubilados, por medio de las contribuciones ciudadanas, similar a la medida que se realizó en el terremoto del 2016. De igual manera, mencionó que no se descarta el pago con bonos.

(BCA)

Fuente: El Comercio / Ecuadorinmediato, República del Banano