Julián Assange fue espiado las 24 horas en la Embajada de Ecuador en Londres

En videos, documentos y audios se muestra como el fundador de Wikileaks fue grabado ilegalmente

Una vez que Julian Assange fue expulsado de la embajada del Ecuador en Londres tras retirarle el asilo político, sale a la luz que una empresa de seguridad privada española Undercover Global S.L estaba encargada de captar información sobre el ciberactivista. Este material demuestra que el fundador de Wikilieaks sí fue espiado mientras estaba en la casa ecuatoriana, así lo revela hoy en su edición el diario El País de España.

Según una publicación de el diario “EL PAÍS” varias cámaras de video, grabaron lo que vivió Assange desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2018, varias entrevistas del fundador de Wikileaks con sus abogados y diferentes visitantes donde se trató su estrategia de defensa. Inclusive los videos, que también recogían audio, descubrieron varios planes secretos para trasladarlo a Cuba o Rusia.

El espionaje por parte de UC Global S.L llegó a realizar exámenes grafológicos, plasmado en un informe de seis páginas, y a tomar una muestra de las heces de un bebé en un pañal para comprobar si era hijo de Assange y de una de sus más fieles colaboradoras.

El equipo de seguridad de la empresa española, con sede en Jerez de la Frontera, (Cádiz) redactaba cada día un parte confidencial que se remitía a su propietario David Morales, un exmilitar formado en la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina.

“Muchísima exaltación y nerviosismo en el huésped tras la comunicación de indulto a Manning [la soldado acusada de filtrar a Wikileaks documentos secretos]”, recoge el informe del 17 de enero de 2017; “Julian está aportando mucha información. El invitado no para de apuntar en su agenda. Se nota tensión en la sala. El invitado tapa en todo momento su agenda con las manos. Stella se asoma por la puerta de la sala pensando que pudiera haber alguien escuchando”, escribe el vigilante sobre la visita de Waldman Adan Robert el 12 de enero de 2017;

Undercover Global S. L., encargada de proteger la legación diplomática en el Reino Unido entre 2012 y 2018. (BGV)

Fuente: EL PAÍS/ Ecauadorinmediato, República del Banano

Corte Constitucional del Ecuador no sería legal en su integración, a criterio de Ismael Quintana

Apenas dos de los seis vocales de la Comisión Calificadora entregaron sus declaraciones juramentadas

Para el constitucionalista Ismael Quintana, “las acciones realizadas por la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional carecen de validez y legitimidad al existir un vicio de nulidad insubsanable ya que cuatro de los seis integrantes de esta Comisión Calificadora no realizaron sus declaraciones juramentadas como se encuentra previsto en la normativa”.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista al periodista Holguer Guerrero del programa ‘Ecuador país de Contrastes’ que se transmite por radio Latina 88.1.FM Quito

“La nominación de los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador carecen de validez, esto lo sostuvimos ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al que fuimos invitados. Tan solo Rafael Oyarte y Amanda Páez cumplieron con los requisitos del Art. 231 de la Constitución de la República”, señaló el abogado Ismael Quintana.

Art. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos.

“Los cuatro restantes no realizaron sus declaraciones de inicio y de fin de gestión antes y al término de sus funciones como integrantes de la Comisión Calificadora, Ramiro García y Alberto Wray, (Función Ejecutiva); Vanesa Aguirre, (Asamblea Nacional); y Ernesto Albán, (Función de Transparencia), no cumplieron con el Art. 231 de la Constitución que impone un requisito general de acceso a la función pública, sin el cual no podían posesionarse en el cargo. Hago presente que el Art. 179 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indica que los miembros de la Comisión Calificadora deben cumplir los mismos requisitos que se exigen para quienes integran la Corte Constitucional, lo que podría acarrear eventualmente la nulidad absoluta del nombramiento de la Corte’, apostilló el experto.

“El doctor García Falconí ha dicho que no ejerció función pública, sino que integró una Comisión honorífica y ciudadana; sin embargo, hubo la potestad nominadora es pública, no es privada, ellos ejercieron una función pública y deben responder como tal. Tan pública fue la función ejercida que el mismo García Falconí hizo pública su renuncia a la remuneración que iba a recibir por parte del Estado mientras ejerce las funciones, lo que confirma, entonces, el ejercicio de funciones públicas”, puntualiza Quintana. (HG)

Fuente: Holger Guerrero / Radio Latina 88.1 FM Quito, República del Banano

UAFE denuncia jueces a cargo del caso DIACELEC

Este caso investiga un presunto lavado de activos que alcanzaría USD$ 15 millones de dólares

El director de la Unidad de Análisis Financiero, Leopoldo Quiroz, presentó una denuncia en el Consejo de la Judicatura contra los jueces que excluyeron a esta institución de la acusación particular y declararon el abandono de la causa en el juicio por lavado de activos en el caso DIACELEC.

“He venido a hablarles en estricto derecho y tal como lo establece el Código Orgánico Integral Penal en su sección tercera en la etapa de juicio. Yo quisiera permitirme decirles que la UAFE viene trabajando incansablemente para buscar la verdad en estos actos de corrupción. Por ejemplo, los casi USD$ 15 millones de dólares que se ha logrado detectar en caso de presunto lavado de actuvs2.

“Para nosotros fue una sorpresa que en algunos juzgados el país se obstaculiza el trabajo que viene realizado la UAFE en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Hasta cuando señores jueces, hasta cuando” fueron las palabras del director de la UAFE.

Esa queja fue entregada a la Judicatura en contras de los jueces Dr. Pablo Coello, María Suárez y Wilson Caiza, miembros del Tribunal de Garantías Penales.

El día de hoy, lunes 8 de julio de 2019, desde las 8:30, se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de Edgar Arias, su hijo, su esposa, un socio, dos mujeres que se desempeñaban como contadoras de las compañías Diacelec y Conacero, implicados en el tejido de corrupción de la empresa constructora brasileña, por presunto lavado de activos. Arias es uno de los procesados por presunto lavado de activos en el caso ODEBRECHT. (BGV)

Fuente: UAFE/ Twitter/ Ecuadorinmediato, República del Banano