Corte Constitucional del Ecuador no sería legal en su integración, a criterio de Ismael Quintana

Apenas dos de los seis vocales de la Comisión Calificadora entregaron sus declaraciones juramentadas

Para el constitucionalista Ismael Quintana, “las acciones realizadas por la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional carecen de validez y legitimidad al existir un vicio de nulidad insubsanable ya que cuatro de los seis integrantes de esta Comisión Calificadora no realizaron sus declaraciones juramentadas como se encuentra previsto en la normativa”.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista al periodista Holguer Guerrero del programa ‘Ecuador país de Contrastes’ que se transmite por radio Latina 88.1.FM Quito

“La nominación de los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador carecen de validez, esto lo sostuvimos ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al que fuimos invitados. Tan solo Rafael Oyarte y Amanda Páez cumplieron con los requisitos del Art. 231 de la Constitución de la República”, señaló el abogado Ismael Quintana.

Art. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos.

“Los cuatro restantes no realizaron sus declaraciones de inicio y de fin de gestión antes y al término de sus funciones como integrantes de la Comisión Calificadora, Ramiro García y Alberto Wray, (Función Ejecutiva); Vanesa Aguirre, (Asamblea Nacional); y Ernesto Albán, (Función de Transparencia), no cumplieron con el Art. 231 de la Constitución que impone un requisito general de acceso a la función pública, sin el cual no podían posesionarse en el cargo. Hago presente que el Art. 179 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional indica que los miembros de la Comisión Calificadora deben cumplir los mismos requisitos que se exigen para quienes integran la Corte Constitucional, lo que podría acarrear eventualmente la nulidad absoluta del nombramiento de la Corte’, apostilló el experto.

“El doctor García Falconí ha dicho que no ejerció función pública, sino que integró una Comisión honorífica y ciudadana; sin embargo, hubo la potestad nominadora es pública, no es privada, ellos ejercieron una función pública y deben responder como tal. Tan pública fue la función ejercida que el mismo García Falconí hizo pública su renuncia a la remuneración que iba a recibir por parte del Estado mientras ejerce las funciones, lo que confirma, entonces, el ejercicio de funciones públicas”, puntualiza Quintana. (HG)

Fuente: Holger Guerrero / Radio Latina 88.1 FM Quito, República del Banano

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