Con 37 firmas de respaldo, oficializan juicio político contra ministro Richard Martínez

El pedido de juicio político pasará a conocimiento de la presidencia de la Asamblea y luego a consideración del Consejo de Administración Legislativa (CAL)

La tarde de este martes 23 de julio, el asambleísta Yofre Poma oficializó el pedido de juicio en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por presuntos incumplimientos de funciones en pago a jubilados y transferencias a gobiernos locales. La propuesta contó con 37 firmas de respaldo.

En medio de cámaras y comunicadores, Poma presentó el documento al departamento de gestión documental de la Asamblea Nacional. Precisó que en 2018, tras la publicación de la ley Amazónica, se presupuestó $ 2 por cada barril de petróleo extraído, a favor de los gobiernos locales de la región. Sin embargo, al realizar un comparativo de la información proporcionada por el Banco Central, esta disposición no se cumple. Esta sería una de las causas por las que se solicita su enjuiciamiento.

Además, mencionó que dicha ley determina que la asignación correspondiente al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico se incrementará de forma progresiva, y en ningún caso la asignación será inferior a dos dólares, por cada barril de petróleo.

El pedido de juicio político pasará a conocimiento de la presidencia de la Asamblea y luego a consideración del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tendrá que calificar si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la Ley.

Fuente: Twitter/El Universo/Ecuadorinmediato.com, República del Banano

Excoordinadora del IESS es llamada a juicio por peculado

S, María Sol Larrea, fue convocada a juicio por parte de un juez de Garantías Penales. A este pedido se unirán Marco Manrique, Griselda Gómez, Henry Medrano, Fernando Guijarro y Raúl Bolaños. La razón penal es porque aparentemente causaron un perjuicio al estado adquiriendo equipos en precios excesivos o por el delito de presunto peculado.

El juez por su parte se ratificó que se mantengan las medidas cautelares con las cuales cumple María Sol Larrea, pues de esa manera se puede asegurar su presencia en el juicio. La exfuncionaria se encuentra con prisión preventiva desde el 28 de mayo de 2019.

La acusación que pesa sobre Larrea es por presunta participación en el delito de peculado al haber adquirido equipos oftalmológicos para el IESS. Pues el Ministerio Público asegura que hallaron “suficientes elementos de convicción” para seguir con el proceso de acusación.

En base al informe de la subcomisión de apoyo se habría determinado que el perjuicio que se generó en contra del Estado ecuatoriano sería superior a los cinco millones de dólares. Sin embargo este no ha sido el único caso en el cual se ha involucrado la exdirectora del Hospital Carlos Andrade Marín, pues en octubre del año 2018 salió en libertar luego de cumplir una pena de 12 meses por el delito de tráfico de influencias.

Sin embargo, a estos acontecimientos se suma el haber encontrado un departamento en la ciudad de Miami, el mismo tiene lujos como vista directa al mar y zonas verdes amplias, gimnasio, salón de fiestas. Pero ésta adquisición no fue declarada por la entonces funcionaria pública.

(MAOL/ BGV)

Fuente: Twitter/Metro/Ecuadorinmediato, República del Banano

El correo de Laura T. será abierto, pero con reservas

El jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado para analizar la información del correo de Laura T.

Ella es una de las cuatro personas procesadas por el denominado caso Sobornos 2012-2016, que investiga los supuestos aportes ilegales de empresas contratistas con el Estado para Alianza PAIS.

La providencia de la jueza Camacho dictaminó la apertura del correo personal de Laura T., quien fue asistente de la Presidencia (2008-2015) y de la Corte Constitucional (2016 al 2019). Sin embargo, la Fiscalía solo podrá recopilar la información concerniente a la investigación que desarrolla.

Es decir solamente la que está vinculada a supuestas contribuciones ilegales. Fiscalía además pidió la autorización para acceder a los emails institucionales y personales del exvicepresidente Jorge Glas, dos cuentas de funcionarios de la Vicepresidencia y otras nueve de la Presidencia.

Este requerimiento causó la respuesta del exmandatario, quien aseguró que se está atentando contra la seguridad del Estado al permitirse que se abran esos correos. La fiscal nacional, Diana Salazar, tiene hasta el próximo 29 de septiembre  de 2019 para recopilar las pruebas a favor y en contra de los acusados.

En las últimas dos semanas, la Fiscal convocó a las personas cuyos nombres aparecen en el archivo Verde Final, donde supuestamente se registraron todos los movimientos de ingreso y egreso de contribuciones ilegales para Alianza PAIS. La tarde de este lunes 22 de julio de 2019 acudió la asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Soledad Buendía, quien no dio declaración a su entrada a la Fiscalía.

También estaba prevista la recepción de la versión de la legisladora y exsecretaria ejecutiva de Alianza PAIS, Doris Soliz, pero ella no acudió a la diligencia. Para los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana existe un ataque sistemático en su contra por parte de las autoridades de control y de justicia del país. Según anunció Soliz, pedirán a la Defensoría del Pueblo que intervenga en su protección, como entidad encargada de velar por el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

Fuente: El Telégrafo, República del Banano

La Supercom se extingue el 31 de julio tras 6 de años de vida

En estos días se oficializará el traspaso de bienes a Inmobiliar y la recepción de lo que queda a cargo del Cordicom. Las autoridades preparan un acto simbólico del cierre de la Superintendencia.

A la Superintendencia de Comunicación (Supercom) le quedan pocos días de vida. Su cierre se dispuso hace seis meses y tres días de publicadas en el Registro Oficial las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). En ocho días estará terminado el proceso y esta instancia, creada en junio de 2013 por el Gobierno anterior, desaparecerá de la estructura del Estado.

A la fecha, las siete intendencias zonales que operaban a nivel nacional están cerradas, de modo que no existen oficinas en territorio. Pero en la sede matriz de Quito todavía quedan 48 funcionarios que trabajarán hasta el 31 de este mes de julio de 2019. “Para el primero de agosto de 2019 la vida jurídica de la Supercom se habrá extinguido”, afirmó Juan Bernard Gambarrotti, encargado del proceso de liquidación de este organismo.

Destacó que el plan de liquidación tenía 180 días para el cierre de esta dependencia y se ha logrado hacerlo en menor tiempo, es decir, en 20 días menos (la fecha tope es el 20 de agosto de 2019).

Las tres etapas del plan:

evaluación del personal, el cierre de las siete zonales y el traspaso de todos los bienes al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), se han cumplido. Según dijo el funcionario, solo resta el traspaso del edificio y del equipo de monitoreo al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom).

Además, la entrega de algunos expedientes y archivos documentales a Archivo Nacional. Esto se concretará en esta semana. Sobre el personal, se ha cumplido con el proceso de desvinculación. En la oficina central, la mayoría de puestos de trabajo luce vacía.

Gambarrotti explicó que para el proceso de cierre y liquidación del organismo se destinaron alrededor de $ 480.000, que fueron entregados por el Ministerio de Finanzas. Con estos rubros se cubrieron los gastos de movilización de archivos, de bienes, sueldos, arriendos y liquidaciones de exfuncionarios.

Hernán, quien prefirió mantener su apellido en reserva, dijo que él es uno de los pocos funcionarios a contrato que queda. Estará hasta entregar equipos que están a su cargo a los nuevos responsables del Cordicom.

“Ha sido un proceso tranquilo y muy ordenado, se pagó lo que debía a quienes han ido saliendo. No habido inconvenientes”, señaló. Cuando se aprobaron las reformas a la LOC se incluyó una transitoria para cerrar los procesos administrativos sancionadores que reposaban en Superintendencia. Según Gambarrotti, existían 139 causas y de ellas 88 estaban en juicios de coactiva (cobro).

“Estos casos están respaldados por la transitoria, que estipuló que en todas las acciones impuestas que no se haya cancelado total o parcialmente se extingue la deuda”, manifestó.

De acuerdo con la Contraloría General del Estado, el monto de las multas condonadas ascendería a $ 631.000. El liquidador recordó que  ya no se efectúa el monitoreo de medios en el sistema Videoma, que era el programa a través del cual se controlaba y sancionaba a los medios de comunicación.

Este equipo de monitoreo o Videoma, cuyo valor es de $ 1.6 millones, pasará al Cordicom. Debido a su estructura y dificultad para volver armarlo en otro sitio, se quedará en el edificio de la Supercom, en el cual funcionará el Consejo. “No acogemos ninguna de las funciones de la Supercom, solo haremos un monitoreo de medios, no para sancionar”, manifestó Galo Cevallos, presidente del Cordicom.   Explicó que la diferencia será que el registro servirá para identificar el consumo de contenidos de la ciudadanía y no para sancionar a los medios. (I)

CRONOLOGÍA Seis años, un mes y nueve días de vida tiene hasta hoy la Supercom.

Las denuncias de excesos y abusos de autoridad influyeron en su cierre.

14 /Junio 2013 La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. Con ello se creó la Supercom, como un ente de vigilancia, intervención, auditoría y control de esta norma.

15 /Octubre 2013 Carlos Ochoa fue posesionado en la Asamblea como el primer superintendente de la Información, luego de un proceso de selección.

12 /Marzo 2018 Con 119 votos de apoyo la Asamblea destituyó a Carlos Ochoa, entre otras cosas por incumplimiento de funciones y por alterar la Ley de Comunicación.

21 /Mayo 2018 El presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea una propuesta de reformas a la Ley de Comunicación. Allí planteó suprimir la Supercom.

20 /Febrero 2019   Las reformas fueron publicadas en el Registro Oficial luego de su aprobación en la Asamblea. Desde ese día entraron en vigencia.

Fuente: El Telégrafo, República del Banano

Tres vocales electorales tendrán que pagar una multa de $ 7.880

Por unanimidad el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió sancionar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y a los consejeros Esthela Asero y José Cabrera.

La resolución tomada este lunes 22 de julio de 2019 en la tarde dispone el pago de una multa equivalente a 20 remuneraciones básicas unificadas  ($ 7.880) a cada uno de los sancionados.

Los tres integrantes del pleno son acusados de aprobar la resolución del 9 de abril, que declaró válido el escrutinio que había hecho la Junta Provincial Electoral de Los Ríos entre el 24 de marzo y el 2 de abril de 2019 con el presidente Luis Páez.

A este funcionario, el mismo CNE lo destituyó por cerrar la atención de las reclamaciones de las organizaciones políticas de manera ilegal. El consejero José Cabrera anticipó que apelarán la sanción, luego de analizarla con sus abogados.

Fuente: El Telégrafo, República del Banano

Tuárez pertenece a orden religiosa, según certificado

La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas para el juicio político que tres legisladores plantean en contra de cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.

La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo para justificar el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Carlos Tuárez, y los consejeros Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá.

A la mesa legislativa acudieron este lunes 22 de julio de 2019 los asambleístas proponentes de la interpelación: Jeannine Cruz, de CREO; Raúl Tello, del BADI (Bancada Acción Democrática), y Fabricio Villamar, independiente.

Cruz señaló que al crear una comisión para revisar el proceso administrativo de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional (CC), en la sesión del pasado 10 de julio de 2019, los cuatro consejeros del CPCCS actuaron de forma dolosa.

Según la asambleísta, ellos desconocieron una orden legítima de autoridad competente, lo que configura el tipo penal establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además incurrieron en incumplimiento de sus funciones y una grave afectación a la seguridad jurídica. Villamar dijo a la comisión que en el caso de Tuárez se violó el artículo 21 de la Ley del Consejo de Participación que prohíbe a sus integrantes ser miembros de un culto religioso. Aclaró que el certificado de la parroquia de Santa Catalina expresa claramente que el presidente del CPCCS, a pesar de que tiene una prohibición para oficiar misa, sigue siendo un cura. “A menos que el Vaticano disponga lo contrario, por lo tanto, todo lo que el señor ha juramentado y dicho públicamente se cae con la certificación”, aseguró.

El documento anotado indica que el 24 de enero del 2019, el máximo órgano administrativo de la orden únicamente prohibió a Tuárez ejercer su ministerio sacerdotal, pues contravino las normas canónicas y civiles.

Esto debido a que se candidatizó para el cargo de elección popular, violando el reglamento de cultos religiosos que prohíbe a sacerdotes participar o patrocinar reuniones o manifestaciones electorales.

No obstante, conserva su calidad de religioso ya que el sacerdocio solo puede ser retirado por la Santa Sede, previo al respectivo proceso canónico, lo cual no ha ocurrido. El asambleísta Tello señaló que los cuatro consejeros de mayoría del CPCCS cometieron una ilegalidad al conformar la mencionada comisión, para revisar el dictamen de la CC.   Dijo que de esta manera la intención final era observar los nombramientos del Consejo Transitorio, lo que estaba prohibido por la resolución del organismo constitucional.

Una vez que se escucharon las intervenciones de los tres legisladores interpelantes los miembros de la comisión fijaron para el próximo lunes 29 de julio de 2019 la comparecencia de los consejeros del CPCCS acusados, para que expongan sus descargos.

La mesa legislativa tiene hasta el 8 de agosto de 2019 para decidir si procede el juicio político, pero según Villamar el informe estará listo antes del 5 de agosto. La intención es que en caso de que la comisión dé paso a la interpelación, el pleno de la Asamblea pueda tramitar antes de la vacancia legislativa que se inicia el 11 de agosto de 2019. (I)

Tres procesos

Primer pedido

de juicio Con 57 firmas de respaldo, el asambleísta independiente Fabricio Villamar presentó el 8 de julio de 2019 la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez.    16 de julio de 2019 fue la fecha en que la coalición legislativa presentó su pedido en contra de 4 miembros del CPCCS.

El tercer pedido

El asambleísta Raúl Tello presentó este mismo 16 de julio la solicitud de juicio contra Tuárez y el consejero Gómez

Fuente: El Telégrafo, República del Banano

Alcaldía consultará a estudiantes sobre el cambio de uniformes en colegios municipales de Quito

La propuesta de cambiar los uniformes en unas 20 instituciones educativas municipales de Quito fue suspendida. Así lo anunció un grupo de padres de familia que protestó la mañana de este martes 23 de julio del 2019 en los exteriores del Palacio Municipal, en el Centro Histórico de la capital. Patricio Vasconez, representante de los padres de familia del colegio Espejo, explicó que una comitiva integrada por delegados de colegios como el Benalcázar, Fernández Madrid, Municipal Calderón, Quitumbe y Cotocollao hablaron con el alcalde Jorge Yunda y llegaron a un acuerdo. Según Vásconez, se hará un proceso democrático en cada institución educativa para que los estudiantes opinen sobre el uniforme que usarán. A los padres les preocupaba, por ejemplo, comprar uniformes nuevos a un costo de USD 90 cuando muchos tienen a más de un hijo en cada centro y cada uno requiere al menos tres uniformes por semana.

Maritza Almeida, madre de familia, señala que en su caso invierte a inicios del año USD 35 o 40 máximo en renovar uniformes y el cambio de uniformes se convertía en un gasto exagerado. Más allá del ámbito económico, a los estudiantes también les preocupaba el tema de la identidad de cada institución.

Samay, Grace, Doménica y Michelle, del colegio Sebastián de Benalcázar, asistieron a la protesta y a la reunión con Yunda y otros funcionarios municipales para exponer sus puntos de vista. Afirman que el uniforme es parte de la identidad y de la historia de cada colegio, por lo que unificar los uniformes significaría que les quiten su bandera y sería como que a Quito le cambiaran sus colores. Aunque ellas no están de acuerdo con el cambio de uniformes, señalan que si en las consultas en cada colegio municipal resuelven en que los jóvenes aprueben un mismo uniforme con pantalones, camisetas y sacos del mismo color para todos, ellas lo aceptarán, porque ya se habría puesto en marcha un proceso democrático en donde se ha tomado en cuenta su opinión.

Fuente: El Comercio, República del Banano

Estados Unidos y sus aliados arropan a Moreno

La semana que terminó ayer muestra el cambio de época de la política exterior ecuatoriana. #LenínMoreno se ha convertido en la gran estrella de los “países que retoman la senda del crecimiento y la democracia”.

Vino Alan Duncan, el responsable del ministerio de Exteriores de Reino Unido, para decir que luego de la entrega de Julian #Assange, las relaciones bilaterales se pueden retomar, y ya se piensa en un tratado de protección de inversiones.

Luego fue el turno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que escogió a #Guayaquil para organizar su asamblea anual de Gobernadores. #Ecuador es bien visto en estos organismos multilaterales de crédito gracias a su acuerdo con el #FMI. Luis Alberto Moreno, presidente del #BID, en cada ocasión que podía, aplaudía el programa económico ecuatoriano, no importa si el desempleo y la pobreza están en auge; o si los industriales temen ante la inclusión de la Alianza del Pacífico.

Después fue José Vivanco, de Human Rights Watch, que vino a alabar la reforma política de Lenín Moreno y su lucha contra la corrupción. Ni una palabra sobre la posible destitución de las miembros electos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el relajo institucional que crece cada día en el país.

Finalmente, el peso pesado fue el sábado, también en Guayaquil. Lenín Moreno recibía al mismísimo secretario de Estado de #EstadosUnidos, Mike Pompeo, que también fue director de la #CIA#Moreno es tan popular en el jet set internacional que el jefe de la diplomacia de Donald #Trump hace una parada en Ecuador para expresarle un “gracias” de la Casa Blanca. Gracias por las facilidades dadas en Manta y Guayaquil a sus aviones y que se extenderán a Galápagos, gracias por entregar a Assange, gracias por abandonar Unasur, gracias por apoyar la mano dura a Venezuela… en fin gracias por alinearse.

Ni una palabra sobre la crisis en la frontera con #México, donde también hay víctimas ecuatorianas por cierto. Pareciera que la diplomacia ecuatoriana saca pecho de ser el niño de los ojos de Donald Trump, el que probablemente sea el peor presidente de Estados Unidos de los últimos 50 años y que ya salió del clóset del racismo.

Esta semana el gobierno ecuatoriano dirá que se trata de una vuelta a la comunidad internacional, que como dice su aliado Guillermo Lasso: más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador.

Pero el BID ignora que la crisis económica ya se siente en la calle, Reino Unido ignorará que Ecuador traicionó la sagrada tradición latinoamericana del asilo, Human Rights Watch ignorará que el Gobierno se apresta a una reducción de los derechos laborales o que el país se hunde en el caos institucional. Y Estados Unidos viene a agradecer un regreso sin condiciones a su órbita.

Fuente: Mesa Servida EC, República del Banano

El Gobierno Provincial invertirá cerca de 11 millones de dólares

Bayron Pacheco, prefecto del Cañar, informó sobre su gestión y las proyecciones hasta mediados del 2020.

Alrededor de 11 de 15 millones de dólares del presupuesto prorrogado se invertirán en lo que resta del año y la mitad del 2020 en diferentes áreas como: vialidad, desarrollo productivo, riego-drenaje y más competencias del Gobierno Provincial del Cañar. El anuncio lo hizo Bayron Pacheco, prefecto del Cañar.

Pacheco cumplió el 14 de julio que pasó, dos meses de asumir el cargo en reemplazo del exprefecto Santiago Correa, quien estuvo al frente de la institución provincial por cerca de 10 años (dos períodos consecutivos).

En lo que respecta a vialidad, indicó que una alternativa para mejorar 15 kilómetros del sistema vial de la provincia será el mejoramiento de larga duración, para lo cual, se reutilizará el lastre mezclándolo con una base de cemento especial usando una máquina conocida como estabilizadora de suelos, y luego, viene un equipo caminero atrás con doble tratamiento superficial bituminoso. Expresó que esta intervención se cumplirá en todos los cantones del Cañar.

También se intervendrá con asfalto algunas vías de la provincia, por ejemplo en sectores como: Javier Loyola, San Marcos y más parroquias de Azogues; en algunos lugares de Déleg; en la parroquia Sageo de Biblián; en algunas vías de Cañar; en el acceso del Colegio al Mercado en El Tambo; un tramo del acceso desde el Cementerio hasta el Colegio en Suscal; la avenida que lleva al Parque Urbano en La Troncal; entre otras.

Recalcó que mejorando la vialidad se dará dignidad a las personas y se desarrollará la producción, en este último, se invertirán alrededor de 800 mil dólares. Nombró proyectos como: fortalecimiento de emprendimientos y turismo a través del acceso a Internet a las 26 parroquias de la provincia; se potencializará la granja del Burgay que incluye la implementación de un centro de quinoterapia; fortalecimiento de lácteos a través de las juntas lecheras; entre otros.

Citó que en riego y drenaje se proyecta una inversión de alrededor de dos millones de dólares; en gestión ambiental de 846 mil dólares; en gestión social de dos millones de dólares “sobrepasando el 10% que dice la Constitución”.

Administrativo

También como parte de sus actividades en los dos primeros meses de gestión, manifestó que se logró un acercamiento cordial, fraterno y de compañerismo con empleados y trabajadores de la institución, “tengo la colaboración de todo el equipo de trabajo que son cerca de 200 personas. No he despedido una sola persona; quienes han ocupado cargos de libre remoción se han ido voluntariamente con un estrechón de manos, entendiendo que es otra administración”.

Recalcó que de ocho direcciones y más la secretaría del Gobierno Provincial del Cañar, “el 50% son de parroquias; es la primera vez que gente que se formó como profesionales con su esfuerzo personal y el sacrificio de sus padres, tienen la oportunidad de ocupar estos cargos”.

Igualmente, se ha instalado oficinas de diferentes direcciones del Gobierno Provincial en el cantón La Troncal, para mejorar el servicio en la zona costanera.

En lo que respecta a la defensa de los límites con las provincias de Chimborazo y Guayas, dijo que el proyecto está en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional y se tiene un informe para primer debate. “Nosotros aspiramos una Consulta Popular. He conversado con el actual presidente de la Comisión, quien en los próximos días vendrá a la provincia para que conozca el punto de vista de la Cámara Provincial. También he pedido al presidente y vicepresidentes de la Asamblea para que nos reciban”. (BPR)-(I)

EN DETALLE

Sobre el Complejo de Aguas Termales de Guapán, señaló que por los problemas en infraestructura, se pedirá un examen a la Contraloría.

EN DETALLE 

18 millones de dólares le adeuda el Gobierno Nacional al Gobierno Principal. De eso, cinco millones de la Empresa Eléctrica Centrosur.

Fuente: El Mercurio, República del Banano

El CNE promueve reformas electorales

La Delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la provincia de Azuay informó continúan con la convocatoria de autoridades para analizar las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas.

Para una sesión cumplida ayer fueron convocadas las 19 viceprefectas electas el pasado 24 de marzo. La iniciativa busca incluir planteamientos que fortalezcan la equidad de género y la participación política de la mujer.

Entre las propuestas que se estudian están que la mitad de las listas, en las elecciones pluripersonales, estén encabezadas por una mujer, y que se conformen de manera paritaria en secuencias mujer-hombre u hombre-mujer.

De acuerdo con datos de los comicios seccionales de 2014 y 2019, aún hay amplias diferencias en este aspecto. Para 2014, el 17,1% de mujeres encabezaron una lista, mientras que para el 2019, esa cifra se situó en 19,9%.

Otro de los puntos a tratarse es el de la violencia política por razones de género, pues la norma establece en su artículo 331, literal 7, que las organizaciones políticas deben abstenerse de emitir expresiones discriminatorias. (REM)-(I)

Fuente: El Mercurio, República del Banano