Avianca pierde 475,9 millones de dólares en el primer semestre de 2019

Avianca Holdings tuvo una pérdida neta de 475,94 millones de dólares en el primer semestre de este año, mientras que en el mismo periodo del año pasado había sido de 31,972 millones de dólares, según el balance divulgado este jueves por la compañía.

Las pérdidas en el segundo trimestre acumularon 408,02 millones de dólares, que sumadas a los 67,9 millones de dólares de enero, febrero y marzo alcanzan los 475,94 millones de dólares.

De la cifra del segundo trimestre, 285 millones de dólares corresponden al impacto que generó la venta de 24 aviones, que no implican salida de caja y hacen parte de la estrategia de simplificación de flota y contracción de red.

Los ingresos operacionales de Avianca Holdings se ubicaron en el segundo semestre de 2019 en 1.100 millones de dólares, una disminución del 6,9 % con respecto a los primeros tres meses del año.

El beneficio operacional, medido por el indicador Ebit, fue de -36 millones de dólares, mientras que la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones (Ebitda) fue de 116,4 millones de dólares con un margen de 10,5 % , detalló Avianca Holdings en un comunicado.

“Los gastos operativos presentaron un fuerte incremento debido al deterioro del valor en libros de la flota que se clasificó como disponible para la venta (10 Embraer 190, 10 A318 y 4 A320)”, explicó la compañía.

Agregó: “Dado que el valor esperado de venta sería menor al registrado en libros contables de la empresa, por normas contables esta diferencia se asume como un mayor gasto dentro de la cuenta de Depreciación y Amortización lo cual incrementó los gastos de la compañía sin que esto implique una salida de caja”.

El presidente de Avianca Holdings, Anko van der Werff, señaló que la prioridad de la compañía es tener “mejores resultados” y para ello han tomado “decisiones difíciles” que consideran son “indispensables para cambiar el rumbo” de la empresa, así como para “hacerla competitiva, rentable y con los mejores estándares de servicio”.

Por otra parte, las aerolíneas de Avianca Holdings transportaron a 7,5 millones de pasajeros en el segundo trimestre de este año, un crecimiento del 2,7 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Eso supuso una ocupación del 81,1 % en abril, mayo y junio, meses en los que la compañía aumentó su capacidad medida en sillas disponibles por kilómetro volado en un 4,7 %.

Los viajeros pagos por kilómetro volado se crecieron en un 4,1 %, agregó la información.

El director financiero de Avianca Holdings, Adrián Neuhauser, manifestó que la dirección de la compañía “tiene como prioridad mejorar los números que recibimos y fortalecer la confianza de nuestros clientes y del mercado”.

“Hemos enfocado los esfuerzos en re-perfilar la deuda y consolidar nuestra estructura de capital, mientras que ajustamos la operación y mejoramos la entrega del servicio. En las semanas que llevamos en la compañía hemos rediseñado la red, empezando por la cancelación de 25 rutas no rentables; vendimos 24 aviones de nuestra flota y continuamos con la desinversión en negocios no estratégicos”, agregó.

Esto hace parte de la estrategia “Avianca 2021”, que busca fortalecer la competitividad de la compañía al implementar ajustes financieros, optimizaciones operacionales, simplificación de flota y venta de activos no estratégicos.

La compañía también señaló que United Airlines y Kingsland Holdings, sus “aliados estratégicos”, reiteraron su propuesta de financiamiento por hasta 250 millones de dólares.

De igual forma, Avianca anunció el miércoles el “exchange offer” para cambiar los bonos de 550 millones de dólares con vencimiento en 2020 a otros garantizados que “automáticamente se extenderán por un plazo de tres años más, al cerrar el financiamiento con United Airlines y Kingsland Holdings”.

Avianca Holdings está inmersa en un proceso de cambios en su estructura administrativa que incluyó en mayo la salida de su presidencia del empresario brasileño Germán Efromovich como consecuencia de un acuerdo con la compañía estadounidense United Airlines.

El pasado 24 de mayo United decidió ejercer sus derechos en Avianca Holdings con base en el préstamo de 456 millones de dólares que hizo en noviembre de 2018 a BRW Aviation, empresa del grupo Sinergy, accionista mayoritario de Avianca, y en la cual se dieron como garantía las acciones de este en la firma colombiana.

Esa operación fortaleció la posición de Kingsland Holdings Limited, segundo accionista del grupo, que decidió renovar la junta directiva de la compañía, presidida desde entonces por Roberto Kriete, empresario salvadoreño del Grupo Taca.

Avianca Holdings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airlines basadas en Centroamérica y Perú. EFE

Fuente: Diario El Mercurio, República del Banano

Ecologistas “toman” sede electoral para pedir consulta por reserva en el país

Activistas del grupo Yasunidos, dedicados a la protección de una de las reservas más importantes de la Amazonía de Ecuador, el Yasuní, llevaron a cabo este jueves una protesta simbólica en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir la celebración de un referendo sobre el extractivismo en esa zona.

La protesta, que constó de la simbólica toma de la entrada del CNE para realizar una ceremonia ancestral, tuvo lugar con motivo de un nuevo aniversario de la terminación en 2013 por el anterior presidente, Rafael Correa, de la llamada Iniciativa Yasuní-ITT, que pretendía dejar el crudo de esa reserva natural bajo suelo a cambio de una compensación internacional.Al grito de “Agua quiero, vida quiero y selva quiero” y de otras arengas, una docena de activistas locales e internacionales del grupo hicieron una sentada en la entrada del CNE con flores y velas y exigieron a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, de origen indígena, la convocatoria de una consulta.

EFE/José Jácome

“Decidimos tomarnos el CNE porque han pasado varias semanas para que la presidenta convoque al pleno (del CNE) y pase la consulta del Yasuní”, dijo a Efe, Antonella Calle, del colectivo Yasunidos, creado a raíz del comienzo de la explotación petrolífera en ese área.

La petición de consulta ha sido objeto de incesantes manipulaciones burocráticas y políticas desde que, hace unos años, el colectivo, tras la finalización del estatus de protección para la reserva, recolectó 757.000 firmas para convocarlo.

La ley ecuatoriana permite a la ciudadanía solicitar formalmente una consulta popular mediante la recolección de un 5% de las firmas del padrón electoral, pero el Consejo Electoral de entonces les negó el derecho al invalidar más de 300.000 de ellas.

Una reciente investigación descubrió que se había hecho de forma “tramposa”, en palabras de los activistas, que ahora exigen “reparar los derechos de los firmantes” y convocar el referendo para proteger la reserva, una de las zonas más biodiversas del mundo y donde viven pueblos indígenas en aislamiento.

“Llevamos seis años en esta lucha para que se haga justicia por el fraude que se dio a nuestra firmas (…). Pero el CNE sigue aplazando esta reunión y, pasados seis años, la frontera extractiva en el Yasuní sigue avanzando”, se lamentó la activista.

El problema del Yasuní, donde se encuentran los campos de Ishpingo, Tambacocha y Tiputini, entre otros, forma parte de los dilemas que afronta Ecuador sobre el extractivismo.

La protesta, que constó de la simbólica toma de la entrada del CNE para realizar una ceremonia ancestral, tuvo lugar con motivo de un nuevo aniversario de la terminación en 2013 por el anterior presidente, Rafael Correa, de la llamada Iniciativa Yasuní-ITT, que pretendía dejar el crudo de esa reserva natural bajo suelo a cambio de una compensación internacional. EFE/José Jácome

Si bien la extracción petrolera data de hace ya varias décadas, la minera es mucho más reciente y comenzó este mismo verano a entrar en su fase industrializada, lo que ha despertado también la oposición de grupos ecologistas e indígenas.

En el caso particular del Yasuní, es además territorio ancestral de la comunidad waorani y hogar de los pueblos en aislamiento Tagaeri-Taromenane.

Calle recuerda que el anterior gobierno de Correa (2007-2017) los llamaba “ecologistas infantiles” y los ridiculizaban hablando de “progreso”, pero asegura que “no son negociables los derechos de los pueblos y de la naturaleza por dinero”, menos aún cuando “la mayoría de esos recursos se iban a corrupción”.

Asimismo, sostienen que el actual Gobierno de Lenín Moreno, que incluyó una pregunta sobre la explotación del Yasuní en una consulta en febrero de 2018, “no es diferente al de Correa”.

En rueda de prensa antes de la simbólica “toma” del CNE, Pedro Bermeo, portavoz del grupo, habló de “burla” por parte del actual presidente, ya que consideró la pregunta de la consulta confusa y, una vez aprobada, el resultado se puede apreciar en el “decreto 751”, que “básicamente lo que hace (es que) por cada hectárea que protege de la zona intangible, permite la explotación en siete hectáreas más”. EFE

Fuente: Diario El Mercurio, República del Banano

Gobierno ecuatoriano firma convenios de seguridad para Quito y Guayaquil

La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, firmó este jueves sendos convenios para mejorar la seguridad en la capital, Quito, y de la costera de Guayaquil, donde la cuestión suscitó divergencias con su alcaldesa, Cynthia Viteri.

Bajo la nomenclatura de “Unidos por un Quito Seguro”, la ministra ratificó hoy junto al alcalde de la urbe, Jorge Yunda, un convenio que según expresó, “garantizará a los ciudadanos tener una vida más segura y tranquila”, de acuerdo a su cuenta oficial en Twitter.

Durante el acto de firma del acuerdo, Romo manifestó que tenía el objetivo de “trabajar juntos y que así, todas las familias de la ciudad y de todo el país se sientan más seguras”.

Por su parte, el regidor de Quito se felicitó por la concreción del plan y aseguró que era un “honor poder firmar este convenio” en el barrio del sur de la capital ecuatoriana que lo acogió a la edad de 9 años, procedente de la provincia andina de Chimborazo.

Anteriormente la titular del Interior firmó por la mañana en Guayaquil un convenio similar y confió en poder extender el ejemplo a otras ciudades del país.

“Si las autoridades no trabajamos juntas, sólo gana la delincuencia. No descansaremos hasta que todas las familias del Ecuador se sientan seguras”, manifestó tras la rúbrica en la considerada como capital económica del país.

El plan contempla la unificación de los sistemas de llamadas de emergencia y vigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) y del servicio integrado ECU 911 de la Policía Nacional.

La alcaldesa guayaquileña precisó que se trata de un convenio amplio que permitirá establecer políticas de Estado y acciones coordinadas entre los gobiernos seccionales y el central.

“Hoy firmamos dos acuerdos, el uno es un acuerdo ‘macro’ justo, efectivo y concreto para combatir la delincuencia, y el segundo es un acuerdo para el fortalecimiento del sistema de llamadas de emergencias con el ECU 911”, anunció.

Viteri agradeció al Ejecutivo por atender su llamamiento para renovar el marco de seguridad, acoger observaciones y sumarse a la lucha contra la delincuencia.

La seguridad en Guayaquil se ha tornado recientemente en un asunto crucial a la luz de los atentados con arma de fuego contra un fiscal y un abogado o la detonación de un explosivo en un vehículo de un docente universitario, y había enfrentado a Viteri con Romo, a propósito de un plan nacional para combatirla.

La regidora censuró a finales del mes pasado que el Gobierno no hubiera firmado una reedición del Acuerdo Nacional sobre la materia, lo que le otorgaría nuevos recursos.

Por su parte, Romo había defendido que el Gobierno analizaba la cuestión y que toda propuesta debía ser debatida y estudiada entre las instituciones involucradas, lo que finamente ha resultado en la firma de los documentos. EFE

Fuente: Diario El Mercurio, República del Banano

Pamela Martínez no descarta acogerse a la cooperación eficaz para obtener beneficios judiciales

Édgar Molina, abogado de Pamela Martínez, antigua asesora de Rafael Correa, analiza la firma de un acuerdo de cooperación eficaz entre su cliente y la Fiscalía.

Este jueves 15 de agosto del 2019, el jurista indicó que este acuerdo podría concretarse la próxima semana, sobre todo porque la estrategia de defensa dio un giro, tras las últimas vinculaciones en el caso Sobornos 2012-2016 y evidencias halladas.

“La línea de investigación de la Fiscalía, obliga a que la defensa tome ciertas alternativas que nos ampara el Código Integral Penal (COIP), más aún cuando versiones y declaraciones algunos de los procesados manifiestan que la única persona que sería culpable es Pamela Martínez, cuando sería todo lo contrario”, dijo.

La cooperación eficaz es un recurso legal al que pueden acogerse todas las personas involucradas en proceso penal. Según el artículo 491 del Código Integral Penal, el sospechoso debe entregar información, datos y pruebas sobre el delito que se investiga o sobre los cabecillas de una organización delictiva.

A cambio, el cooperante recibe una reducción de su pena, cuando el caso llegue a la fase de juzgamiento. Al art. 493 de la misma norma describe rebajas del 80% y hasta el 90% de las sentencias para quienes se acojan a la cooperación eficaz. Para que este beneficio se aplique se necesita una regla: que los datos o información sean veraces y comprobables.

Fuente: El Comercio, República del Banano

José Tuárez: Me voy con la frente en alto, no he robado a nadie, no tengo nada que ocultar

Pasadas las 15:50, la Asamblea Nacional notificó de la resolución de la censura y destitución que se resolvió la noche del miércoles a José Carlos Tuárez y los otros tres consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Hasta el mediodía, Tuárez esperaba la comunicación oficial para dejar la oficina que ocupó por los 63 días que fungió como presidente del CPCCS.

La mañana de este jueves habló con los periodistas, pero con sus condiciones. Es decir, hablaría con dos o tres representantes de los medios respondiendo dos preguntas.

Primero se quejó de que le digan cura y pidió que le digan ‘fray’.

“Me voy con la frente en alto, no he robado a nadie, no tengo nada que ocultar”, mencionó, al tiempo que cuestionó que su error pudo haber sido no “agachar la cabeza a los poderes económicos”.

La noche del miércoles, con 84 votos afirmativos y 32 negativos, el pleno del Legislativo resolvió censurar y destituir a Tuárez, y sus excolegas, Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá por incumplimiento de funciones y falta de probidad. 

Chalá, Desintonio y Gómez ya habían desocupado sus oficinas a inicios de esta semana, y otros la misma noche en que se los censuró.

Tuárez seguía en la presidencia del organismo, pues hasta el mediodía no se le notificaba con la resolución legislativa, y había documentos que firmar.

Sus reemplazos serán David Rosero, Juan Dávalos, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, que también esperaban la notificación de la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder ‘autoconvocarse’ y nombrar nuevas autoridades, ya que Tuárez era el presidente, y Chalá, la vicepresidenta.

Tras su paso por el CPCCS, Tuárez se dedicará a “meditar” y recorrer ciudades a la que lo han invitado, “porque no es político, sino ciudadano”.

En lo inmediato, no está trabajar en una carrera política, pero “si el pueblo lo solicita mayoritariamente hay que atender al pueblo”.

El fraile aseguró en la Asamblea que el patrimonio de $ 372 mil que reportó a la Contraloría General no era real, y este martes dijo que descendió a $ 40 mil. 

“Yo desde muy jovencito, desde los 15 años empecé a trabajar, me ha gustado mucho el negocio, y nunca he estado de brazos cruzados. Pueden ver mi historial en la seguridad social. Lo que tengo que es muy poco, lo tengo con el sudor de la frente, nadie me puede decir esto o aquello. Solo calumnias infundadas. Mi patrimonio no llega ni a $ 40.000″, acotó.

Imagen tomada del SRI con los valores del pago de impuesto a la renta e impuesto a la salida de capitales de José Carlos Tuárez.

En tanto, el Consejo está casi en acefalía. Solo las consejeras Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira llegaron a sus oficinas. 

Almeida aspira que con la nueva mayoría que se integre haya un nuevo plan de trabajo interno.

“Espero que mejore la situación del Consejo, porque no ha habido un acuerdo. En estos tiempo ha habido muchas discrepancias y no le daban buena imagen al Consejo”, mencionó. (I)

Fuente: El Universo, República del Banano

Pleno de la Asamblea derogó el impuesto verde

El Pleno de la Asamblea se allanó al proyecto de Ley que elimina el impuesto a la contaminación ambiental vehicular, conocido como ‘Impuesto Verde’ y con la aprobación de esta normativa cierra sus actividades hasta la vuelta del receso legislativo, en septiembre.

Fueron 86 votos a favor, 1 negativo, 0 blancos y 22 abstenciones. Esta es la única ley aprobada por el Pleno en tres meses, desde que inició la Presidencia de César Litardo (AP) , en mayo de este año.

El Ejecutivo presentó seis objeciones al proyecto aprobado por la Asamblea en las que propone que, para iniciar un trámite de chatarrización no será requisito previo la cancelación de obligaciones pendientes por el impuesto ambiental y quienes lo hagan podrán importar un vehículo eléctrico nuevo libre del pago de derechos arancelarios.

Además, el 100% de la remisión de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones determinadas y pendientes de pago correspondientes a este Impuesto y a la tasa del Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito se dará de acuerdo a la Ley y la resolución que emita el Servicio de Rentas Internas y el ente regulador competente en materia de tránsito.

Hasta el 27 de diciembre de 2019 se podrá hacer pago del 100 % del saldo del capital adeudado; o, concluido el plazo anterior, deberán pagar en el lapso de tres años.

Los valores determinados e impagos del impuesto verde correspondientes  al presente año tendrán una rebaja del 50 % del valor a pagar.

El SRI suspenderá de oficio los procesos de cobro, incluidos los coactivos que se hubieren iniciado en contra de los contribuyentes que se acojan al proceso de remisión de intereses, multas y recargos, de sus obligaciones pendientes de pago correspondientes al impuesto verde. (I)

Fuente: El Universo, República del Banano

La Asamblea revierte decisión y censura a la exministra de Salud Verónica Espinosa

La Asamblea Nacional de Ecuador revirtió este miércoles su decisión del día anterior de no censurar a la exministra de Salud Verónica Espinosa, en una nueva votación solicitada por una de las asambleístas.

Por 92 votos a favor y 15 en contra, Espinosa fue censurada por incumplimiento de funciones, en una moción de revisión a la votación del martes presentada por la legisladora independiente Mae Montaño, iniciadora del proceso.

La votación fue posible mediante un mecanismo de reconsideración en el que sólo pudieron tomar parte los asambleístas que participaron en la primera votación, que fue rechazada por no alcanzar los 91 votos necesarios.

Espinosa estaba acusada de presuntas irregularidades como la supuesta adquisición de un dudoso test para el diagnóstico temprano del virus del VIH.

La moción de censura del martes sólo alcanzó los 89 votos a favor, por lo que había sido rechazada, y en su interpelación, Espinosa, que dejó el cargo el pasado 25 de junio, volvió a defender su gestión y a rechazar las pruebas presentadas en su caso.

La exministra negó haber incumplido sus funciones y aseguró que varios organismos internacionales han avalado el uso del test para el diagnóstico temprano del virus del VIH.

“Se han desvirtuado todas las imputaciones que se han hecho, con pruebas debidamente documentadas”, afirmó al advertir que en la interpelación se habían evocado otros argumentos que no tenían relación con la acusación principal, lo que, para ella, vulneraba el debido proceso parlamentario.

Este miércoles, la Asamblea también destituyó a cuatro de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el principal ente de control del Estado, en una votación que volvió a poner de manifiesto la tensión política con los seguidores del anterior presidente Rafael Correa.

En este caso, votaron a favor de la censura 84 asambleístas, 32 se opusieron -entre ellos los del correísmo- y 8 se abstuvieron.

La decisión puso fin a las funciones del presidente del organismo, el exreligioso Carlos Tuárez, su vicepresidenta Rosa Chalá y los vocales Victoria Desintonio y Walter Gómez, tan sólo 60 días después de haberlas asumido.

La Asamblea los encontró responsables de incumplimiento de funciones al frente del llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el organismo que elige a los máximos responsables de control y supervisión en el Estado ecuatoriano, entre ellos al defensor del Pueblo y al contralor general del Estado. EFE

Fuente: La República Ec, República del Banano

La Posta es sacado como la basura por el gobiernista CNE y la Policia

Equipo de La Posta fue sacado como “basura” por la Policía, en el CNE. Luis Vivanco responsabiliza al Coronel Rolando Tapia.

Fiscalía abre indagación a ministros María Paula Romo e Iván Granda

La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del secretario de Anticorrupción, Iván Granda, funcionarios del actual Gobierno de Ecuador.

La institución lo informó la mañana de este jueves 15 de agosto del 2019. “Dando el mismo tratamiento que corresponde a toda denuncia, la Fiscalía General del Estado acogió la interpuesta por el abogado Pedro Granja e inició, el 14 de agosto, una investigación previa en contra de los ministros María Paula Romo e Iván Granda”, dijo el organismo en un comunicado.

La denuncia pide investigar a los ministros por usar bienes del Estado en el último feriado de Carnaval: un avión de la Policía para trasladarse desde Salinas (Santa Elena) hasta Esmeraldas, para pasar vacaciones en Casa Blanca, el pasado 3 de marzo, por el asueto nacional.

Los legisladores Lourdes Cuesta y Roberto Gómez señalaron que los funcionarios incurrieron en un supuesto mal uso de bienes públicos y presentaron el pasado 8 de agosto en la Asamblea una solicitud de juicio político en contra de los funcionarios.

El 30 de julio, Romo pidió a la Contraloría que realice un examen especial al uso de bienes públicos durante su gestión en el Ministerio del Interior. “En ningún momento he actuado ni hemos actuado por fuera de la norma”, dijo. Asimismo, la Policía emitió un comunicado en el que señaló que el traslado aéreo de la Ministra cumplió con los protocolos y procedimientos de la entidad. “Ratificamos nuestro compromiso por garantizar la seguridad de la Sra. Ministra del Interior”.

Esa fuerza dijo también que “es atribución y responsabilidad de la institución, disponer el empleo de la logística dentro de los parámetros legales, reglamentarios y del ordenamiento jurídico”. La Fiscalía deberá determinar si existen elementos de convicción para iniciar un proceso penal. En la fase de indagación previa, que se desarrolla de forma reservada, “se analizarán varias diligencia a fin de llegar a establecer si hubo o no infracción”, agrega la Fiscalía en su comunicado.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), al referirse a los delitos contra la eficiencia de la administración pública, puntualiza que “las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

Fuente: El Comercio, República del Banano

#FlashBananero| Hay $ 11 millones de ahorro por despidos, dice Prefecto del Guayas

Parte de 638 trabajadores despedidos de la Prefectura del Guayas, entre empleados y personal de libre remoción, tramitan su documentación, siguen los procedimientos de entrega de informes y activos para obtener su liquidación tras ser notificados el pasado 25 de julio. A ellos aún no se les cancela esos haberes.

“El proceso ya está en el área de Recursos Humanos para proceder con la cancelación”, explicó el miércoles Fernando Delgado, coordinador administrativo financiero de Gobierno del Guayas, entidad que reabrió sus puertas tras los primeros 90 días de gestión del prefecto Carlos Luis Morales.

Las ventanillas de atención de cada una de las dependencias del Gobierno provincial retomaron la totalidad de sus atenciones con normalidad. Estos primeros meses, la entidad mantuvo atenciones parciales debido a un proceso de auditoría interna a cargo de una firma extranjera.

Fuente: La República Ec, República del Banano