#Video Bananero|La prostitución se ha trasladado a la Av. 9 de Octubre

ATENTOS: La prostitución se ha trasladado a la Av. 9 de Octubre, robos, indigentes duermen en los asientos, basura regada y vendedores ambulantes es lo que se ve por las noches en esta arteria principal. NO HAY CONTROL. Se pide a las autoridades estar vigilantes con este tema.

 

#Video Bananero| El juez José julio mallaguari carrillo deja en libertad a un delincuente

Instantes en que el juez José julio mallaguari carrillo deja en libertad a un delincuente y amenaza al policía en meterlo preso y hacerle dar la baja por pedir una explicación. Con esta justicia podrida la delincuencia sigue operando a sus anchas. SOLIDARIDAD con @PoliciaEcuador

Fuente: Diario La Prensa, República del Banano

 

Orden de prisión a Runguo quien se reunió con Moreno por casos #ArrozVerde/Sobornos

#FlashBananero| La jueza Daniella Camacho dictó orden de prisión contra Cai Runguo, ex embajador de China en Ecuador y ex representante de la constructora Sinohydro, por incumplir presentación ante la Corte, dentro del caso #ArrozVerde/Sobornos. Pero Cai ya vive en China desde 2016. La foto es del momento en que se reunió con Lenin Moreno.

INDÍGENAS ANUNCIAN PARO NACIONAL CONTRA EL EXTRACTIVISMO

El rechazo a las concesiones mineras y petroleras y la privatización de sectores estratégicos son dos de los argumentos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para romper el diálogo político con el Gobierno del presidente Lenín Moreno y convocar a movilizaciones.
A través de un comunicado, emitido este sábado 24 de agosto,  la dirigencia del movimiento indígena anunció que a partir de octubre se activarán moviliaciones desde los territorios.
La decisión se tomó en la última asamblea de la Conaie, llevada a cabo en Rukullakta, Napo.
La bases de la confederación también se manifestarán en contra de “las políticas neoliberales, las presiones del acuerdo con el FMI por sus graves consecuencias hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y la restricción de derechos colectivos, que el actual gobierno ha emprendido”.
La organización hizo un llamado a la unidad de otros sectores sociales para iniciar un paro nacional contra las políticas económicas del régimen. “Se convoca a la unidad de todos los sectores sociales y organizaciones de trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres, jubilados, etc, para activar un paro nacional definitorio contra las políticas neoliberales, las presiones del acuerdo con el FMI por sus graves consecuencias hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y la restricción de derechos colectivos, que el actual gobierno ha emprendido”, figura en el comunicado.

CONAIE@CONAIE_Ecuador

Resoluciones de la Asamblea Anual 2019 de la CONAIE, donde se resuelve convocar a una gran movilización nacional para octubre contra el extractivismo y la unidad de todos los sectores contra las políticas neoliberales del Gobierno Nacional.http://bit.ly/3235Sgc 

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Cinco pasos para proteger las exportaciones

La devaluación del yuan en China, en medio de una guerra comercial que mantiene el país asiático con Estados Unidos, derivó en una fuerte apreciación del dólar y, a su vez, en una inusual caída de las principales monedas de América Latina.

Las divisas de Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Méxicosufrieron fuertes bajas, al igual que los índices de acciones en sus respectivas bolsas.

¿Pero qué significa esto para le economía ecuatoriana? El tema importa y mucho. Si la tendencia se mantiene o empeora, explican los expertos, Ecuador al estar dolarizadopodría tener un fuerte impacto en sus exportaciones: una moneda fuerte haría que sus productos sean menos atractivos ante sus compradores internacionales. Esto porque requerirán más dólares para comprarlos.

No obstante, Adrián Ordóñez, gerente general de CofaceEcuador, afirma que pese a la situación hay medidas relevantes que el Gobierno y los propios productores podrían tomar para blindar sus ventas. Aquí un listado.

La primera acción está orientada a la política pública y todo lo que las autoridades puedan hacer para bajar los costos de producción, y por ende de las exportaciones. Se aconseja aplicar incentivos tributarios y rebaja de aranceles.

Mejorar las condiciones para el acceso a crédito. En Ecuador, dice Coface, la tasa de interés para créditos es muy alta, en promedio puede ir desde el 8% hasta el 16%; “en una economía dolarizada y con una inflación de menos del 1% es una tasa prohibitiva”, sostiene.

Sobre este último punto, dice, a mediano y largo plazo se podría hablar incluso de la creación de un nuevo marco normativo para incentivar la llegada de banca internacional en pro de generar oferta de créditos más baratos y de largo plazo. Sin embargo, puntualiza Ordóñez, es muy importante que se lo haga de forma ordenada e inteligente para no desestabilizar la situación de la banca local.

La variable de innovación también es fundamental y va de la mano con el desarrollo, la investigación y la tecnología. Se debe procurar que los procesos sean cada vez más innovadores y automatizados.

También, se sostiene, es importante protegerse ante el riesgo de impago, especialmente en estos momentos en que varias economías latinoamericanas han sufrido la devaluación de sus monedas.

Si se exporta a Argentina y de la noche a la mañana el peso se devalúa en un 40%, esto significa que ese comprador del producto ecuatoriano debe poner más pesos para cubrir su compromiso financiero en dólares, lo que incrementa el riesgo de impago.

Fuente: Diario Expreso, República del Banano

Vinicio Troncoso: “La cobertura del 100 % será para toda casa ya terminada”

Tras haber anunciado las nuevas condiciones de la entrega de créditos hipotecarios, el Biess trabaja contra reloj para que estos últimos parámetros se reflejen en su sistema. Así lo asegura Vinicio Troncoso, gerente general del banco estatal, quien sostiene que esta política, en la que se aplica una ampliación de cobertura y montos, empezará a regir a partir del 1 de septiembre.

– ¿Qué motivó al Biess a replantear las reglas de juego en el tema de hipotecarios?

– Todos conocemos que hay un proceso de desaceleración económica en Ecuador, especialmente en el sector de la construcción, que debíamos enfrentar con medidas contracíclicas. El Biess no podía estar exento de este proceso, porque es un actor dentro del desarrollo económico del país y porque parte de nuestro rol es entregar las mejores condiciones de servicio a nuestros afiliados y jubilados.

– De las decisiones tomadas, lo que más atrajo es la ampliación de la cobertura del 100 % para casas de hasta $ 130.000. ¿Cómo se aplicará esto?

– Partiremos del avalúo del bien, y aquí hay que hacer una precisión: se aplicará sobre casas o viviendas ya terminadas, sean estas nuevas o usadas. Esa es la forma en la cual tanto el promotor como el propio Biess pueden dar a esto un manejo más técnico y mejor enfocado, en torno a un riesgo óptimo.

– Eso quiere decir que si yo, de aquí a mañana, los busco para que me financien al 100 % una casa de $ 120.000, este bien no se acogerá al beneficio si no está listo.

– No estará dentro del financiamiento del 100 %, pero habría que ver dentro de las otras categorías de evaluación.

– ¿Esta medida no tendrá un impacto menor en la dinámica que se busca, al no aplicarse a viviendas que no estén construidas?

– El impacto finalmente seguirá siendo el mismo, porque nosotros contabilizamos créditos sobre bienes terminados. Con esto, lo que queremos promover es que se agote el inventario, que se compren estas casas que ya están listas y que el promotor se anime a trabajar en nuevos proyectos, para con ello empezar a cambiar este ciclo. Para ello también hemos extendido otras facilidades. Estábamos pidiendo que el afiliado tenga 36 aportaciones seguidas dentro de la misma empresa en la que labora, hoy lo hemos reducido a 13. Con ello tratamos de llegar a cada vez más personas que quieren hacer realidad su sueño de tener casa propia.

– Según analistas, ampliar al 100 % la cobertura es un extremo peligroso e insano.

– Es cierta esa preocupación… El riesgo también está proyectado en función del tiempo de retorno que se le da a esa cartera. Pero estamos trabajando también en eso. Estamos disponiendo de forma inmediata la ejecución de nuevos procesos y subprocesos en la cobranza prejudicial. Tenemos plena fe y confianza de que nuestros indicadores de cartera vencida mejorarán de forma rápida, a corto plazo, con la ayuda de tecnologías que mantengan al afiliado informado de sus obligaciones, con recordatorios, llamadas de advertencia que les hagan saber en qué momento se les está venciendo una cuota y lo que tienen que previsionar para cumplir con el pago.

– ¿Cómo está esa tasa de mora?

– La tasa de mora general que tenemos es del 6,63 %. Es una tasa que está por encima de la banca comercial, pero también es cierto que antes no se ha trabajado en procesos consolidados persistentes de cobranza prejudicial y judicial. Algo que ahora queremos implementar.

– Tras el anuncio de estas nuevas reglas, el Biess ha proyectado la entrega de $ 900 millones. ¿Esa cifra no es conservadora si se toma en cuenta que eso fue lo anunciado a inicios de año?

– Esa cifra es el presupuesto de colocación del Biess (eso sería $ 50 millones más que el año pasado). En lo que va del año (en 9 meses) ya se ha colocado el 47 %. Lo que estamos proyectando es que en los próximos meses tendremos una curva creciente. Luego de dos años (de recursos limitados), este sería el primer año en que la Seguridad Social tiene excedentes para colocar. Esto gracias al fruto de la gestión que se está haciendo en el Banco y del aporte del 40 % que el Estado está destinando al fondo de pensiones jubilares.

Fuente: Diario Expreso, República del Banano

Reforma electoral en Ecuador se alista en Mesa de la Democracia

Si la voluntad política de las diferentes organizaciones que integran la Asamblea es que las elecciones generales del 2021 se den con nuevas reglas en financiamiento, control del gasto y demás, las reformas electorales que se tramitan –basadas en un proyecto presentado en el 2016– deben ser evacuadas, en segundo debate, hasta noviembre. Esto considerando el tiempo adicional que tomaría el análisis de una posible objeción del Ejecutivo y la publicación en el Registro Oficial.

La Constitución prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de comicios y, por ello, el presidente de la Asamblea, César Litardo, señala que, inclusive, se tiene hasta febrero del 2020 para que entren en vigencia, pero se pusieron el límite de noviembre, pensando en que esto no solo depende de la Asamblea.

En la Asamblea se han presentado decenas de propuestas de reformas… y se seguirán presentando. Están las que se tomaron en cuenta para la elaboración del informe para segundo debate presentadas en diciembre del 2017, las 17 reformas específicas que han presentado asambleístas desde julio del 2016, y las observaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Litardo pone sus esperanzas en las propuestas que trabaja la Mesa de la Democracia y Reforma Institucional, parte del Acuerdo Nacional 2030, impulsado por el gobierno desde este año y que, según él, por su diversa composición de políticos, gobierno, sociedad civil, funciones del Estado (entre ellas la Electoral), sus resultados serían efectivos, pues se allanaría en gran medida el trabajo de los asambleístas, que también forman parte de esta Mesa.

“La aspiración que tenemos es que ya de la Mesa de la Democracia del Acuerdo Nacional las reformas lleguen bastante consensuadas. Eso nos permitiría ser más rápidos y más eficientes al aprobar”, expresó el titular del Legislativo.

El estado del trámite en la Asamblea es un segundo debate suspendido en enero del 2018, con un informe no vinculante de la Comisión de Justicia y que también se trabajó contra el tiempo con la idea de que los cambios ya se apliquen en las seccionales del 2019, pero no fue así. Este informe proponía la modernización del sistema de escrutinio (eliminación de juntas intermedias), regulación de la propaganda estatal y de los medios públicos, fortalecimiento de las organizaciones políticas locales, inclusión en la Ley de los Consejos Consultivos de las Organizaciones Políticas, mecanismos para la inscripción de nuevas organizaciones nacionales y otras.

Dada la división entre los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), tres propuestas de reformas electorales se presentaron por parte de los entes electorales este mes: uno de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, con Esthela Acero y José Cabrera; otro de los consejeros Luis Verdesoto y el vicepresidente del CNE, Enrique Pita; y un tercero del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Solanda Goyes, coordinadora de la Mesa de la Democracia, señaló que hasta ahora se ha elaborado el índice de los temas de reforma, luego se sistematizaron todas las propuestas de iniciativa directa, entre las que están el Observatorio Electoral, Participación Ciudadana, proyectos del Parlamento, el informe para segundo debate de la Comisión de Justicia, las de los organismos electorales y otros. Se intenta que las reformas tengan una visión “integral y no segmentada”.

Hace dos semanas, la Mesa sacó un borrador que ha sido puesto a consideración de todos los actores y sobre esto debe llegar a un consenso.

El documento tiene cinco temas: transparencia y seguridad electoral, sistema electoral: método, forma de votar, forma de la lista, tamaño de las circunscripciones, financiamiento y control del financiamiento de la política, el sistema de partidos y el tema de justicia electoral que cuenta con la propuesta que envió el TCE.

Presidencia

Litardo dijo que hay temas que son de “consenso claro” como el techo de financiamiento de campaña o transparentar de dónde vienen los recursos; y que hay otros que aún siguen en discusión como el método de asignación de escaños. Él da por sentado que en el segundo debate se incluyan más propuestas, pues el informe de la Comisión de Justicia no es vinculante.

Fuente: Diario El Universo, República del Banano

En caso Ola Bini, Amnistía Internacional denuncia irregularidades

Amnistía Internacional denunció el lunes la interferencia del gobierno ecuatoriano en el proceso judicial contra el informático sueco Ola Bini, acusado en Ecuador de piratería de sistemas digitales públicos y privados.

En un comunicado la organización dijo que “observa con preocupación que altas autoridades del gobierno hayan expuesto una teoría del caso y hayan afirmado la responsabilidad penal de Bini de manera pública sin que mediara un juicio justo, lo cual influyó en su detención y el proceso penal en su contra”.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y otras autoridades acusaron a Bini de conspirar contra el gobierno y de piratería informática. Entre los elementos que dispararon la alerta del gobierno destaca el hecho de que Bini visitó en 12 ocasiones al fundador de WikiLeaksJulian Assange, durante su asilo de siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y que coincidió en muchos viajes internacionales con el excanciller ecuatoriano y opositor Ricardo Patiño, actualmente prófugo de la justicia.

Este caso muestra “una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano. Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.

El 11 de abril Bini fue detenido en el aeropuerto de Quito y liberado 71 días después gracias a un recurso de habeas corpus. Bini ha negado cualquier acto ilícito y ha dicho que está dispuesto a colaborar con la justicia.

Fuente: Diario El Universo, República del Banano

Contratistas ligados a ministerios en la gestión de Juan Carlos Checa en Secob

Desde el octavo piso de un lujoso edificio quiteño, frente al parque La Carolina, Juan Carlos Checa Reinoso, de 47 años, dirige la Constructora Río Amazonas, una empresa que nació en octubre del 2013, al mes de su salida como director del Instituto de Contratación de Obras (hoy Secob).

La crearon dos de sus funcionarios: su excoordinador general Juan Carlos Recalde, su exdirectora técnica María José Saavedra y la mamá de su director jurídico, Galo Madera. Ellos afinaban la compañía mientras Checa, en diciembre del 2013, trabajaba de asesor de Walter Solís, entonces director de Senagua y hoy prófugo en el caso de sobornos Odebrecht.

En mayo del 2015, sus exfuncionarios le pasaron a Checa la empresa. Y desde noviembre de ese año hasta abril del 2017, Río Amazonas recibió $ 2,1 millones en subcontratos de la China CAMC, a la que Checa, cuando fue director del Secob, le adjudicó $ 317 millones para tres hospitales, uno en Portoviejo y dos en Guayaquil: Monte Sinaí, (noroeste) y Guasmo (sur).

En este último hospital, de 400 camas y un costo de $ 115 millones, María Vaca, de 49 años, se queja porque no hay medicinas ni turnos: “De julio me citan para octubre, tengo que operarme de una hernia”.

En los contratos de los hospitales se incluyeron letreros de Alianza PAIS por $ 253.000.

El mismo año en que asumió la Constructora Río Amazonas, Checa creó el Consorcio CRA, para servicios de subcontratación. Así ha recibido contratos de compañías como Bueno y Castro, a la que en su gestión le adjudicó $ 67 millones para cinco obras, como el puente y ciclovía en la isla Santay.

“No le puedo dar el número”, contestó el papá de Juan Carlos Checa cuando este Diario le pidió el contacto telefónico de su hijo, quien no atendió correos ni mensajes de este Diario.

Recalde Martínez, exdirector subrogante de Checa, colgó las llamadas que buscaban consultarle sobre los $ 10,7 millones en contratos que recibió Ángel Hidalgo Ordóñez, socio de sus hermanos en Recmartínez S. A., hoy en disolución.

De los siete directores que ha tenido el Secob, Juan Carlos Checa manejó el mayor presupuesto: $ 1.567 millones (55%) de los $ 2.813 millones, del 2011 a junio pasado, según una revisión de este Diario.

Checa desempeñó el cargo de abril del 2011 a septiembre del 2013 cuando la entidad estaba controlada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Luego, a finales del 2013, el Secob pasó a la Presidencia de la República.

Condecorado por Rafael Correa

Quienes han trabajado con Checa dicen que llegó al puesto porque se ganó la confianza de Rafael Correa. Como director de Operaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Checa hizo trabajos para la Asamblea Constituyente en Montecristi en el 2007. En febrero del 2010, Correa lo condecoró al mérito militar “por haber dirigido la construcción del aeropuerto de Santa Rosa, demostrando alto grado de profesionalismo”.

La construcción de ese aeropuerto, que hoy se ve vacío, costó $ 47 millones y duró dos años. Checa dirigió esa obra y se defendió cuando la Contraloría le fijó una glosa de $ 16.859 porque “no tomó acciones de control para recuperar los valores pendientes de cobro” a los subcontratistas. La Contraloría le perdonó el 91% de la glosa.

Atrás dejó su carrera como capitán del Ejército, en la que acumuló, del 2002 al 2010, un patrimonio de $ 100.000 y que duplicó tras salir del Secob en el 2013. Juan Carlos Checa pasó a órdenes de Walter Solís y, después, de Pedro Jaramillo, ministros de Vivienda entre el 2011 y 2013. En fotos del 2011 se lo observa aún con traje militar, atento a las pautas de Solís.

“Checa le decía ‘mi comandante’ a Solís”, recuerda un excolaborador, quien reveló un esquema de sobornos o ‘tajadas’ para la repartición de obras, y la existencia de oficinas de abogados que cobraban por usar sus contactos para que el Secob pague las planillas a los contratistas. Este Diario constató que esas oficinas aún funcionan.

En la gestión de Checa se asignaron 633 obras a contratistas, algunos vinculados a funcionarios del Secob, del Miduvi, de Senagua o del Ministerio del Transporte y Obras Públicas, entidades dirigidas por Solís, Pedro Jaramillo o María de los Ángeles Duarte. Estos contratos identificados por este Diario suman unos $ 40 millones.

Por ejemplo, Héctor Ponce, quien ocupó una dirección en Senagua en la gestión de Solís, recibió cuatro adjudicaciones del Secob por $ 6,7 millones para fiscalizar dos obras y construir nueve Unidades de Policía (UPC). “No tuve el gusto de conocerlo (a Solís), estuve 40 días en Senagua”, dijo Ponce, quien también hizo un colegio del milenio en Manta, donde Correa inauguró las clases en el 2014. “Invertir en educación significa invertir en esperanza”, dijo Correa al citar al papa Francisco.

Jorge Cevallos, especialista de Senagua, recibió una obra por $ 1,9 millones, y Marcia Paucar, exfuncionaria de la Presidencia y Vicepresidencia, obtuvo otra por $ 695.000.

La empresa Lamsco, de la esposa de Juan Carlos Córdova, gerente de Ecuador Estratégico entre 2011 y 2015, recibió un contrato por $ 2,1 millones para fiscalizar el hospital Monte Sinaí en Guayaquil. En cambio, Fractales S. A., cuyo gerente Vinicio Suárez Chacón asesoró al Miduvi en el 2011, consiguió dos obras por $ 1,9 millones.

“Mi participación como asesor del Miduvi se dio por unos meses en el 2011 hasta concluir la NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción)”, dijo Suárez.

Un supervisor en la gestión de Checa, Iván Santos Floril, también recibió un contrato por $ 466.000 para la construcción de dos UPC. Un hermano de este contratista fue agente de seguridad del Servicio de Protección Presidencial en el 2014. También se asignaron contratos a las empresas Braslia y Fedezo, ligadas a la esposa y hermana de Carlos Villamarín, subsecretario de Solís en el Miduvi y gerente en Senagua, y hoy preso por los sobornos de Odebrecht. José Santos, exdirector de la multinacional, declaró que Villamarín le exigía sobornos a nombre de Solís.

Las empresas de Francisco Suárez Salas, -señalado en el caso Arroz Verde como donante de $ 400.000 para Alianza PAIS-, recibieron obras: Suárez Salas Constructores $ 7,3 millones, Jacmart $ 1,1 millones e Ismaelworld $ 189.000. Esta última y el exministro Pedro Jaramillo son los dueños de Suiker (registra ingresos por $ 1,3 millones hasta el 2018) y cuya gerenta en el 2014 era la esposa de Marcelo León, viceministro de Pedro Jaramillo.

Obra pendiente: Socio Vivienda espera mejora

Foto: Ángel Aguirre

En la etapa 2 de Socio Vivienda 2, los moradores piden obras de infraestructura vial, sanitaria y eléctrica, las que se contrataron en el 2017. La construcción de este complejo habitacional se inició en el 2012, en la gestión de Checa.

Fuente: Diario El Universo, República del Banano