Gobierno de Moreno debe 3405 MILLONES por atención médica a no afiliados

Las condiciones precarias del empleo frenan el acceso  a la seguridad social. Carolina, de 42 años de edad, trabaja como empleada doméstica y nunca ha aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad  que maneja el  seguro general obligatorio en el que los que más ganan sostienen las prestaciones de los que menos aportan bajo el principio de solidaridad que lo rige.   

“Alguna vez me preguntaron si quería afiliarme en  media jornada (cuatro horas diarias); tenían que descontarme,  pero de por sí  ya gano $ 300, ni el mínimo,  les dije que no”, cuenta. 

Su opción era tener un ingreso en la actualidad o no tener nada. “Con dos hijos pues, es mejor ganar algo”, dice. Como no tiene casa propia debe alquilar y cuando enferma, acude a la red pública de salud o va a  fundaciones  donde hay consultas a precios módicos en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, donde vive.   

Ocho de cada diez personas no afiliadas al IESS tienen ingresos  mensuales menores a los de un sueldo mínimo ($ 394), asegura Carlos Torres, director de afiliación y cobertura de la entidad. “Tenemos algunas modalidades de afiliación que sobretodo su tasa de aportación está en base a un salario básico unificado por lo que esa es la principal razón por la que esas personas  no están  afiliadas”. 

La realidad de Carlos y Lorena es parecida a la de Carolina. Ambos laboran vendiendo prendas en la Bahía, en el centro de Guayaquil. El  ingreso de cada uno es  de $ 60 semanales ($ 240 al mes). “No quiero seguro, me atiendo en los centros de salud gratis”, señala el primero. La segunda “sí quisiera”, pero “mi jefe no me dice nada de afiliarme”.  Sus patronos  les dan algo más cuando las ventas aumentan en diciembre o en abril con el inicio de clases.   

El número de afiliados activos con relación de dependencia, cuyos aportes son el principal sustento del IESS, se redujo. En diciembre del 2015 había 2’691.017 y en  julio del 2019 hay 27.042 menos con 2’663.975. 

La cantidad de afiliados con relación de dependencia bajó en diciembre del 2016, 2017 y 2018 respecto al mismo mes del 2015, pero se observa una leve recuperación desde el año pasado. 

Los cotizantes a la seguridad social pública obligatoria suben a 2’937.689 en julio pasado con la suma de los afiliados independientes sin relación de dependencia. Solo con la inclusión de los trabajadores no remunerados del hogar se llegó en ese mes a 3’147,587, pero estos últimos pagan $ 13 mensuales en promedio.

Los aportes de los afiliados al Seguro General Obligatorio sumaron en conjunto $ 5.669,5 millones en  2018, 62% del total presupuestado, según el IESS. 

El estudio actuarial del 2013 estimaba que al 2019 el número de afiliados activos debía ser de 4,4  millones, pero sumando  los que aporten de forma voluntaria (176,973) y  los del Seguro Social Campesino (384,704) se llegó a 3’709,264 afiliados activos en julio último

Henry Llanes, especialista en seguridad social, afirma que los gobiernos de turno han cometido un doble abuso con el IESS. “No le han pagado  de forma puntual las deudas  y han declarado la mora definitiva, y han gastado la plata de los asegurados (a quienes el aporte les cuesta el 20,6% de sus ingresos) como caja chica”.  

Al 31 de diciembre del 2018, la deuda por la atención médica de los no  afiliados al IESS ascendía a $ 3.100 millones, según las  auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado. “Hay $ 2.100  millones más por  facturación no registrada en los registros contables”, agrega Llanes.

Según datos del seguro de salud, la deuda del Estado al IESS por la atención médica  de los jubilados y de los que tienen enfermedades catastróficas ascendía  a $ 3.405 millones con corte a   mayo pasado.

“Siete de cada diez beneficiarios que reciben atención médica en los hospitales del IESS no pagan ningún aporte”, dice Llanes. 

Uno de los problemas  es que el IESS mantiene la base con la que fue creada hace décadas, pero hoy hay otras tasas de nacimiento, de muertes y  de participación laboral, agrega José Luis Castillo, catedrático de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

“Hace tres décadas había más de cinco aportantes por cada jubilado,  ahora está cercana a tres y será mucho peor más adelante cuando el número de personas que entren a participar a la seguridad social no compensen con el número de personas que se jubilan”, dice.

Hasta julio pasado habían 502.596 pensionistas de los que 406.666 son jubilados. Ellos en conjunto recibieron $ 320,4 millones en pensiones ese mes. Pero desde el 2014 no se alcanza a cubrir el monto de sus mensualidades con los aportes por lo que hay déficit. 

Medidas como la eliminación del aporte fijo estatal del 40% para  las pensiones establecida por el gobierno del expresidente Rafael Correa desde el 2015, revertida en  enero pasado, más el cambio en las tasas de aportaciones destinando más  para salud y menos para los jubilados, dejan su marca.

Justamente Castillo afirma que  “decisiones irresponsables” han afectado históricamente al IESS: “Incrementaron beneficios sin tener  financiamiento adecuado”, como  la medida también tomada por el Gobierno anterior de que los hijos menores de 18 años de los afiliados accedan a la atención  médica.

A ello se suma la precariedad del empleo que frena el número  de cotizantes. No se va a lograr un sistema que cubra a toda la población con pensiones decentes si el mercado laboral no funciona, indica Castillo. 

Llanes sostiene, al igual que Castillo, que la seguridad social  es percibida  como un impuesto y no como un beneficio. Con ello vienen  las distorsiones que existen. “Si te afilian, automáticamente dejaste de ser pobre para el sistema de beneficios sociales y eso es extraño porque una persona que es casada, que tiene hijos y que gana el salario mínimo es una familia pobre; sin embargo, estas personas ya no pueden recibir ningún beneficio social”, anota Castillo.

El aumento del porcentaje de aportes o de la edad para jubilarse para conseguir un equilibrio tiene un alto costo político, dice Llanes, quien cree que primero se deben aplicar reformas para frenar el manejo político del IESS. “Los candidatos presidenciales prometen y al llegar al poder cumplen esas  promesas de campaña usando la plata  de los asegurados. Para este 2019 se programó un presupuesto de $ 600 millones para la atención médica de las personas que sufren enfermedades catastróficas y los hijos de los afiliados”.

Solo durante el último año 112.000 personas pasaron al subempleo y ganan un promedio de $ 136 al mes.

El 58% de la población con empleo en Ecuador no tiene seguro social, el 29,6% está afiliado al IESS  y el 12,6% prefiere uno privado, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de junio último.

El más alto acceso al Seguro General Obligatorio en los últimos trece años se dio hace cinco años en junio del 2014 cuando el 36,7% de la población con empleo estaba afiliada al IESS.

En los últimos cinco años se perdieron 111.088 empleos que incluían la afiliación a la seguridad social general del IESS, según las cifras del INEC.  (I)

El Universo

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