Ministerio de Gobierno enjuicia a varios líderes de @CONAIE_Ecuador

▶️🔴 #URGENTE gobierno de #Ecuador pide enjuiciar a la dirigencia de la #CONAIE por actos en el Ágora de la Casa de la Cultura ⬇️

El Gobierno podría preguntar uno a uno si fue convocado por el correísmo, dice dirigente indígena

Para Leónidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) e integrante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), existe un claro intento del Gobierno Nacional de desprestigiar al movimiento indígena, al “decir que aquí estaba metido el correísmo”, precisó.

Frente a ello, Iza dice que podrían “preguntar uno a uno” para comprobar si la masiva convocatoria registrada durante los 11 días de manifestaciones, fue hecha desde el correísmo.

“Todos estábamos convocados y estábamos indignados por las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional y en este caso por una imposición que se sentía del Fondo Monetario Internacional, hasta ahora no se sabe qué carta firmaron qué acuerdo firmaron, se tiene que transparentar”, dijo en una entrevista realizada en la cadena internacional Telesur.

Además, insistió en que debería existir voluntad por parte del Gobierno de Lenín Moreno, para transparentar los puntos y condiciones planteados con el FMI.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Luego de 5 meses, la Comisión de Trabajadores sesionó hoy, pero aún no tiene su titular

Después de cinco meses sin sesionar, este jueves 17 de octubre de 2019 la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional instaló su sesión y aprobó el cronograma de trabajo. Sin embargo, aún no hay acuerdos para elegir a su presidente.

 

Desde la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea, cuando se conformó una coalición legislativa para elegir a César Litardo como su presidente (mayo de 2019), la Comisión de Trabajadores no se instalaba por conflictos internos.

El conflicto surge porque el legislador Vicente Taiano (PSC) fue elegido como presidente de esta Comisión, pero debido al acuerdo al que llegó la coalición (AP-CREO-BIN-BADI), el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) rechazó su designación y, en el Pleno de la Asamblea, se ratificó lo acordado: que Carrión sea la titular de esta Mesa Legislativa.

Tras más de 4 meses de que más de la mitad de la Comisión pidió la renuncia de Carrión a la presidencia, el pasado 1 de octubre, la legisladora cedió. Tras ello, una sesión volvió a quedarse sin cuórum porque, hasta el momento, no existen acuerdos para elegir a su titular.

Hoy, se instaló la sesión, presidida por Karina Arteaga, en la cual, se definió el cronograma de trabajo, que abordará las modificaciones en la entrega de pensiones vitalicias para presidentes y expresidentes, reformas a la Ley de Seguridad Social, entre otros temas.

Además, están a la espera del envío de las reformas laborales anunciadas por el Presidente Lenín Moreno y que han sido rechazadas por los dirigentes sindicales.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Fiscalización inicia trámite de juicio político contra Consejo de Judicatura transitorio

La Comisión de Fiscalización calificó y admitió a trámite el pedido de juicio político, presentado por Lira Villalva (RC), contra el Consejo de la Judicatura Transitorio: Marcelo Merlo, entonces presidente y los exvocales Zobeida Aragundi, Aquiles Rigail, Angélica Porras y Juan Pablo Albán, por supuesto incumplimiento de funciones e “injerencia” en las decisiones de los operadores de justicia

 

Este 16 de octubre de 2019, con siete votos, la Comisión aprobó iniciar con el trámite y definió el cronograma de comparecencias. Los miembros de la Judicatura Transitoria serán notificados con la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, para que en el plazo de 15 días ejerzan su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presenten las pruebas de descargo que consideren pertinentes.

Para este lunes 21 de octubre comparecerá la asambleísta interpelante, Lira Villalva. Los días bsiguientes convocarán a los interpelados: Merlo, Aragundi, Rigail, Porras y Albán.

También acudirán Irene Valencia, secretaria del Consejo de la Judicatura Transitorio, Juan Vizuete Ronquillo, director general del Consejo de la Judicatura.

Además, citarán a otros funcionarios de la Judicatura cuando se los mencionados estaban en funciones, como Mónica Núñez, entonces directora de Talento Humano del CJ, Manuel Chum, delegado de la Judicatura para la provincia del Guayas, los jueces de la Unidad Multicompetente del cantón Samborondón: Leonel Ronquillo, Ana Veintimilla y Marlene Sotomayor.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

VENEZOLANOS EXIGEN UNA “DISCULPA PÚBLICA” A MINISTRA TRAS ARRESTOS

Las asociaciones de venezolanos en Ecuador exigen a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una “disculpa pública” por las detenciones “arbitrarias” de compatriotas en medio de las protestas sociales que vivió el país y por exponer con ello a esta comunidad emigrante a actos de xenofobia.
La responsable anunció hace una semana la detención de 17 detenidos, en su mayoría venezolanos, a los que se sumaban un ecuatoriano y otro cubano, por supuestamente tener en su poder información sobre los movimientos del presidente, Lenín Moreno.
Quince de los detenidos fueron puestos en libertad un día después del arresto, que se produjo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la capital, al no encontrarse pruebas en su contra.
Sin embargo, aún quedan dos detenidos de nacionalidad venezolana, además del ecuatoriano y el cubano, a la espera de una audiencia el próximo lunes en la Unidad de Flagrancia de Quito, en la que se determinará si son procesados por el delito de asociación ilícita.
De acuerdo a Eduardo Febres, representante de la fundación Venezolanos en Ecuador (Funvex), los cuatro detenidos son trabajadores de Uber y se los encontró en “un carro jugando cartas y esperando que lleguen las carreras” de la vecina terminal.
En el momento de su detención, el 10 de octubre, una semana después del inicio de las movilizaciones en todo el país en protesta a la subida de los carburantes, estos trabajadores de aplicaciones de transporte y que no acataron el paro nacional, se encontraban en una estación de servicio donde suelen esperar las carreras.
Lo hacen en ese lugar, donde pagan a un responsable de la gasolinera una mensualidad para no tener que abonar las horas de espera en el estacionamiento aeroportuario.
Febres indicó que algunos de ellos, “en admiración al presidente” se acercaron en alguna ocasión para tomarse fotos con él, así como del avión presidencial que parte de la terminal de Tababela, donde se ubica el aeropuerto, “como cualquier otro curioso”.
“Los trabajadores de Uber dijeron que no se iban a sumar al paro, por respeto y como venezolanos a fin de no inmiscuirnos en situaciones políticas. La seguridad presidencial los vio en una supuesta actividad sospechosa y se los llevó detenidos”, añadió.
Por su parte, Daniel Regalado, presidente y representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC, refirió que tras la detención de todo el grupo, salieron a la luz informaciones de que los arrestados portaban armas blancas y que podrían estar implicados en actos de terrorismo.
“Se trata de falsas acusaciones de que tenían utensilios que uno puede portar a título privado en un carro, como una navaja en una guantera, y un bate. No hay conductor que no lleve un bate”, censuró al recordar que los hechos se produjeron en plena protesta social, donde hubo asaltos, cortes de carretera y violentos disturbios.
Romo tuiteó el día de las aprehensiones que la mayoría de los 17 detenidos eran venezolanos y que “cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país”, en alusión a la tesis esgrimida por el Gobierno de supuestos intentos de desestabilización auspiciados por el régimen de Nicolás Maduro.
Estas detenciones, que son tachadas de “arbitrarias” tanto por las asociaciones venezolanas, como por familiares de los detenidos, han provocado indignación entre la comunidad emigrante que considera que cada vez que el Gobierno se encuentra en una situación comprometida apunta al colectivo ya de por sí vulnerable.
Y es que en enero pasado, el femicidio de una gestante en plena calle a manos de un venezolano en Ibarra, llevó al Gobierno a adoptar la solicitud de documentos apostillados y vehementes declaraciones que condujeron a actos de xenofobia en varios puntos de Ecuador, donde residen unos 400.000 venezolanos.
Simón Revilla, hermano de uno de los detenidos que fue puesto en libertad, Luis Miguel Gómez del Moral, explicó a Efe que este lleva tres años en el país donde trabaja para Uber y Cabify, con sus papeles en regla y un hijo nacido en Quito.
“Le acusaron de conspiración y de tener un croquis y fotos del avión (presidencial), pero ninguno de los tres que conozco estaba metido con eso”, defiende el hermano.
Argumenta que el caso se dio porque “querían desviar el problema que estaba pasando y los venezolanos éramos la carnada”.
A la luz de lo ocurrido, Cordero aclara: “Hemos exhortado a la ministra, María Paula Romo, que emita una disculpa pública a los venezolanos que han sido señalados porque hoy día la comunidad ecuatoriana piensa que eran unos terroristas”.
En la misma línea, Regalado insiste en que “las familias piden una rectificación del Gobierno por este tipo de violaciones de derechos hacia una comunidad, que en su 99,9 por ciento es honrada”.
Fuente: Vistazo, República del Banano

Denuncian a todos los dirigentes indígenas por el cargo de “secuestro a policías”

Después de los hechos registrados el pasado 10 de octubre de 2019, cuando diez policías fueron retenidos por varios dirigentes indígenas en el Ágora de la Casa de la Cultura, los representantes jurídicos de la Policía Nacional decidieron interponer una denuncia por el delito contra la libertad personal.
Según los juristas, estos diez agentes policiales fueron retenidos ilegalmente y contra su voluntad.  
Primero fueron cercados “agresivamente” por más de 200 personas “quienes a empujones, y utilizando objetos contundentes tales como palos, piedras, y otros objetos corto punzantes, obligan a los servidores a despojarse de los bienes institucionales”, reza la denuncia. 
Obligados a ingresar a la Casa de la Cultura -continúa la denuncia- fueron vejados por el presidente de la Conaie, Jaime Vargas. El representante indígena los habría agredido verbalmente, y les retiró su vestimenta policial, “imputándoles hechos que desconocen, responsabilizándolos de los indígenas fallecidos”. 
La denuncia es contra Jaime Vargas, presidente de la Conaie; Agustín Casiqueando, presidente de la Confederación del Pueblo Kayambi; Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi; Carlos Sucuzhañay, presidente de la Ecuarunari; Manuel Chugchilan, expresidente de la FEINE; Mesías Tatamúez, presidente del FUT; y Luis Alfonso Morales, presidente de la Unión de Organizaciones Indígenas Campesinas del Cantón Cotacahi. 
Esta no es la única denuncia que pesa sobre dirigentes que participaron en las movilizaciones contra el decreto 883. Ayer el asambleísta Fabricio Villamar presentó una acusación contra el prefecto de Azuay, Yaku Pérez Guartambel, por el delito de rebelión durante la toma de la Asamblea Nacional el 8 de octubre. 
Al respecto, Pérez Guartambel manifestó hoy que existe un “complot” de la derecha con el Gobierno para enjuiciar a los dirigentes indígenas que participaron de las movilizaciones.

FUT convoca a una nueva manifestación para el 30 de octubre

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció este jueves 17 de octubre que el Gobierno “se ha burlado” de los trabajadores y no escuchó sus propuestas sobre las reformas laborales que anunció el Presidente Lenín Moreno. Por ello, convocaron a una nueva movilización para el 30 de octubre.

 

Los dirigentes sindicales brindaron una rueda de prensa en la que aseguran que no son tomados en cuenta en el diálogo entre el Gobierno con la ONU.

Este diálogo permitió un acuerdo con el movimiento indígena, quienes reclamaron (y se concretó) la derogatoria del Decreto 883.

El dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, criticó las medidas económicas y laborales anunciadas por el Presidente Lenín Moreno, entre ellas, que los contratos ocasionales de servidores públicos se renovarán con un 20% menos de remuneración, así como la reducción de 30 a 15 días de las vacaciones y la propuesta que los trabajadores de las empresas públicas aportarán, mensualmente, con un día de su salario.

Días atrás, el Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Servidores públicos también criticó estas medidas. Proponen la eliminación de sueldos vitalicios a expresidentes y exvicepresidentes, eliminar el bono de residencia a las autoridades que perciban este rubro, entre otros temas.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Continúa la presión de la Presidencia de Ecuador en contra de Pichincha Universal

La Presidencia de la República del Ecuador continúa denunciando a nuestra página web www.pichinchauniversal.com.ec para que el servidor, en el cual se alberga toda nuestra información sea ‘dado de baja’, ya que atribuyen la infracción de derechos de autor a varias imágenes públicas del Presidente Lenín Moreno en distintos eventos oficiales. De igual forma, se han sumado alertas desde la Fiscalía General del Estado y del Ministerio de Defensa, por utilizar estas fotografías.

La mañana de este 17 de octubre nuestro equipo técnico recibió 8 denuncias emitidas por parte de la Presidencia de Ecuador para borrar imágenes de actos públicos que datan desde el 2018 hasta la actualidad. De igual manera, nuestra Fan Page en Facebook recibió 5 denuncias por haber publicado extractos de los mensajes emitidos por el Primer Mandatario durante las protestas que se desarrollaron en Ecuador en contra de las medidas económicas.

Este no es el primer atentado en contra de la libertad de expresión que recibe nuestro medio, ya que por orden de ARCOTEL la radio FM permanece inhabilitada y de momento, la página web y las redes sociales, son nuestros únicos canales de difusión.

Son más de 22 100 amenazas que recibió nuestra página web en el último mes.

Desde Pichincha Universal siempre hemos respetado todas las normas éticas y legales en referencia a estos aspectos, por lo que en cada denuncia que recibimos la consideramos inmediatamente y borramos todo el material que ponga en peligro de nuestro trabajo.

Ante esto, implementamos el uso de imágenes dibujadas e ilustradas por nuestro equipo de diseño, con lo cual no se busca faltar al respeto a nadie, simplemente graficar las noticias de una forma alternativa.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Amnistía Internacional: “OEA debe exigir a Ecuador investigar represión violenta”

El pasado 15 de octubre, Amnistía Internacional se pronunció por la situación que vivió Ecuador en las últimas dos semanas de protesta en contra de las reformas económicas y laborales que eran impulsadas por el Gobierno Nacional. Varios organismos nacionales e internacionales alertaron una fuerte represión policial y militar, por lo que varios organismos recalcan que se violaron varios derechos humanos.

En este sentido este organismo exhortó a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que exijan que Ecuador investigue estos atropellos.

“Ante la declaración adoptada hoy por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional llama a los Estados miembros a exigir que Ecuador investigue de manera pronta, exhaustiva e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las manifestaciones, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación de las víctimas”.

De igual manera, expresó su preocupación por que a su juicio, Ecuador intenta borrar y olvidar todas estas violaciones a los derechos humanos.

“Es muy preocupante que, un día después de haber suspendido el estado de excepción, Ecuador pretenda borrar y olvidar las violaciones de derechos humanos causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército en contra de aquellas personas que se manifestaron”.

Por otra parte, recalcó que si la OEA no hace nada por investigar estos hechos estaría dando la espalda a los muertos y heridos en las protestas.

“Sin exigir verdad y justicia, los países que conforman la Organización de Estados Americanos estarían dándole la espalda a las víctimas de estas violaciones y propiciando la impunidad”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Fiscalía emitió dictamen abstentivo para dos personas en el Caso Sobornos

La tarde de este miércoles 16 de octubre se dio a conocer que la Fiscalía no presentará acusación en contra de dos personas que fueron investigadas por el caso Sobornos 2012-2016. Este anuncio se da a horas de que se instale la audiencia de evaluación  y preparatoria de juicio.

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, emitió un dictamen abstentivo a favor del abogado Francisco Javier Noboa López y el exfuncionario público Ítalo Romano Centanaro.

Esta mañana se tiene previsto planificado realizar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en este caso, ya que el tiempo de la instrucción fiscal concluyó.

Sin Noboa y Centanaro en el proceso, la Fiscalía aún procesa a 24 personas más entre empresarios y exfuncionarios públicos como los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas; los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís y María Duarte, y el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano