Conversaciones telefónicas comprometen a Pabón, Hernández y a sus asesores

El registro de una transferencia por USD 740.000, supuestamente destinados a financiar la fabricación de arsenal casero para las manifestaciones, y la organización de reuniones en la Prefectura para coordinar estos actos, fueron denunciados por Fiscalía contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y otras dos personas. La información sería parte de un diálogo telefónico entre Christian González, colaborador de la prefecta Paola Pabón, y un interlocutor no identificado. El teléfono es uno de los dispositivos que estaban a nombre de la funcionaria y que fueron intervenidos por la policía, previa orden judicial. La Fiscalía General solicitó la intervención de los teléfonos entre el 7 y el 14 de octubre de 2019. Durante la charla, González habría señalado que “varias personas del otro lado del charco” le enviaron un “regalo bien generoso por USD 740.000”. Según las escuchas, los recursos tenían un destino específico: comprar tablas para que se cubran los manifestantes, para fabricar escudos y máscaras caseras, comprar colchones, alimentos y medicinas para los participantes en las protestas. Sobre Paola Pabón y Christian González pesa una orden de prisión preventiva. Pablo del Hierro obtuvo medidas sustitutivas. En la misma conversación, González habría señalado que podía conseguir 15 personas para fabricar las máscaras y solo era necesario encontrar un lugar para elaborarlas. El colaborador de la prefecta también habría dicho que estaba por reunirse con alguien identificado como “Leonidas y con los tres compañeros que están viniendo del Oriente, que son las personas que están dando la cara”. Además de los celulares de Pabón, la Policía también intervino los teléfonos de Virgilio Hernández, Gabriela Rivadeneira, su esposo Luis Flores Ruales, y otros dirigentes del correísmo, Esto salió a relucir durante la audiencia de formulación de cargos realizada el 14 de octubre de 2019, en la Corte Provincial de Pichincha. Ese día, el fiscal provincial, Alberto Santillán, planteó el inicio de una instrucción fiscal contra la prefecta, Christian González y Pablo del Hierro, este último colaborador de Virgilio Hernández. “Todos los barrios deben salir al paro” El juez, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva por 90 días para Pabón y González, mientras del Hierro obtuvo medidas sustitutivas. Según la información extraída del mismo teléfono, en otra charla, la prefecta habría manifestado que “todos los barrios deben salir al paro” y que “se debe pedir la destitución del presidente por grave crisis política y económica”. También reclamaría a su interlocutor porque ya habían transcurrido 10 días de movilizaciones, “existen muertos y heridos” y que por esa razón debía pedirse la destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Hernández y Pabón: “No dé papaya” En otro diálogo, Hernández y Pabón, habrían acordado reunirse en la Prefectura de Pichincha. Él habría recomendado que “tenga cuidado, no dé papaya y no se exponga”. Según el fiscal, la Policía registró 36 conversaciones entre Hernández y Pabón, durante el tiempo que duró el seguimiento. En otra charla, desde uno de los teléfonos de Pabón, el asesor de Hernández, Pablo del Hierro, habló sobre financiamiento de algunas acciones. Aparentemente, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira (actualmente refugiada con su esposo en la Embajada de México) no emitió comentarios comprometedores a través de las líneas intervenidas.

Fuente: Primicias, República del Banano

En 10 días, Comisión de Régimen Económico elaborará primer informe sobre reformas tributarias

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional analizará el proyecto económico urgente de reformas tributarias y, a partir de este 22 de octubre, tendrá 10 días plazo para elaborar el informe para primer debate.

Esta mañana, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) resolvió enviar las reformas planteadas por el Presidente Lenín Moreno a la Comisión que la dirige el asambleísta oficialista, Daniel Mendoza (AP).

El presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo que el proyecto de ley será trasladado inmediatamente para que la Mesa de Régimen Económico inicie su tratamiento y análisis.

Al ser el proyecto económico urgente, la Legislatura tiene 30 días para su  tratamiento. El pasado viernes 18 de octubre, cerca de la medianoche, ingresó el paquete de reformas. Desde entonces, corre el tiempo que tienen los legisladores para tramitarlo.

El documento planteado por el Ejecutivo consta de 404 artículos, 25 disposiciones transitorias, ocho disposiciones generales y cuatro derogatorias. Entre los anuncios que dio el Primer Mandatario, el pasado 2 de octubre, está la propuesta de eliminación del anticipo al impuesto a la renta y la reducción del 50% al impuesto de salida de divisas.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Suspenden la competencia de la jueza Daniella Camacho en el Caso Sobornos

Este martes 22 de octubre de 2019 quedó suspendida la competencia de la jueza Daniella Camacho en el Caso Sobornos 2012-2016. Fue notificada con una de las dos demandas de recusación presentadas por el expresidente Rafael Correa y exministro Vinicio Alvarado.

Según el Código General de Procesos, una vez citada la demanda, se suspende la competencia del juez. La admisión a trámite se da en 3 días y luego se fijará una audiencia en un plazo máximo de 5 días.

El conjuez Wilman Terán y el juez Marco Rodríguez, conocerán las demandas de recusación de Correa y Alvarado. En audiencias separadas se resolverán ambos recursos.

En la diligencia la magistrada deberá presentar su defensa. Según la abogada de Vinicio Alvarado, Vanessa Zavala, si la jueza es recusada, se anularía lo actuado en los dos primeros días de audiencia, en los cuáles, varios de los procesados alegaron irregularidades en el proceso y pidieron la nulidad.

“Podría ser que la señora jueza, en virtud de la recusación debidamente fundamentada, sea separada definitivamente de la causa y todas estas actuaciones que se están generando serían nulas porque tendríamos que repetirlas con un nuevo juez”, afirmó.

En el otro caso, si no procede la recusación, la jueza Camacho continuará con la causa en contra de 24 procesados, entre ellos, el exvicepresidente Jorge Glas, exministros y empresarios.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Declaran nulo el proceso de enriquecimiento ilícito contra el exministro Iván Espinel

El juez Jorge Martínez declaró la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito contra el exministro Iván Espinel, durante la audiencia preparatoria de juicio, al encontrar identidad de hecho con sentencia condenatoria de lavado de activos.

Si bien la Fiscalía apeló oralmente, el juez Martínez analizó los posibles vicios de procedimiento y procedibilidad para tomar la decisión.

A pedido de la defensa de Espinel, el juez ya revisó a inicios de octubre la aplicación del principio de “no juzgamiento por la misma causa”, respecto a una sentencia anterior por lavado de activos.

En esa fecha la defensa del exministro indicó que las pruebas presentadas ya fueron evaluadas y juzgadas.

Por su parte, el fiscal Gustavo Benítez manifestó que se deberían revisar las sentencias en particular, ya que el enriquecimiento ilícito y lavado de activos son tipos penales diferentes.

Esta vez, la diligencia que se ha pospuesto por 10 ocasiones se cumplió en la Unidad Judicial Albán Borja, en Guayaquil.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Fiscalía califica a Indígenas como subversivos y abre investigación

“Ante las declaraciones hechas en la ciudad de Macas por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, en las que hizo un llamado a la creación de un ‘ejército propio’ del movimiento indígena, la Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que ha iniciado una investigación previa con base en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”. Ese mensaje fue difundido a las 15:01 de este martes 22 de octubre del 2019 por la Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de Twitter, luego de que se hiciera público un video de Vargas, en el coliseo de Macas, en Morona Santiago, en el cual dice: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades, y vamos a fortalecer a nuestra comunicación comunitaria”. La Fiscalía ha abierto una indagación previa por presunto ‘grupo subversivo’. En el artículo 349 del COIP contempla cárcel de cinco a siete años a “la persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas, destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño”.  Jaime Vargas, líder indígena, emitió un mensaje la tarde de este martes, tras el anuncio de la Fiscalía: “Pese a emitir una aclaración respecto a mis intervenciones, Fiscalía opta por empezar persecución, es la forma en la que el gobierno dialoga?”. La aclaración a la que se refiere el Presidente de la Conaie fue publicada también en su cuenta de Twitter, a las 14:59. En ella Jaime Vargas dijo que sus palabras en Macas fueron “declaraciones en relación a la formación de la Guardia Indígena que nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es parte constitutiva del pluralismo jurídico, para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros territorios y comunidades”. A las 13:39, a través de un comunicado, la Conaie también se refirió al alcance del mensaje de su Presidente en Morona Santiago. Allí señala que la denominada guardia indígena “nace de nuestro derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente”. En el comunicado la Conaie, al igual que Vargas, dice que el fin de esa guardia es la “vigilancia, control, alarma, protección y defensa de los territorios”. Vargas manifiesta que su accionar se coordina con las autoridades tradicionales y toda la comunidad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador señala que la guardia indígena “no tiene una estructura militar y existe ancestralmente en las comunidades frente al estado de vulnerabilidad de derechos y por su proceso de resistencia”. Es una realidad y existe en “nuestros territorios u organizaciones como es el ejemplo de WIO, ERASH, ARUTAM Y ETSA”. Declaraciones de @jaimevargasnae, en relación a la formación de la Guardia Indígena que nace de nuestro derecho a la AUTODETERMINACIÓN y es parte constitutiva del PLURALISMO JURÍDICO, para vigilancia, control, alarma, protección y defensa de nuestros territorios y comunidades. pic.twitter.com/V2gGJpKK1j — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 22, 2019 Las declaraciones de Vargas fueron pronunciadas el sábado 19 de octubre  en Morona Santiago, en una concentración. Esas declaraciones generaron reacción en el Gobierno Nacional. El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que “quienes cometen un delito o quienes plantean elementos tan graves como la posibilidad de la creación de un ejército tienen que responder ante la Justicia”. “La voluntad del Gobierno es de diálogo permanente. Quienes cometen un delito o quienes plantean elementos tan graves como la posibilidad de la creación de un ejército tienen que responder ante la Justicia”: Juan Sebastián Roldán, secretario presidente @Lenin Video: @aprado1968 pic.twitter.com/eqGiI2Lfv5 — El Comercio (@elcomerciocom) October 22, 2019 María Paula Romo, ministra de Gobierno, manifestó que unas declaraciones como las de Vargas, tienen base en un desconocimiento del Estado de Derecho. Pachakutik, el brazo político de la Conaie en Ecuador, señaló que “respalda a nuestro compañero Jaime Vargas por la autodeterminación, seguridad y defensa de nuestros pueblos”.

Fuente: Diario El Comercio, República del Banano

DICTAN NULIDAD POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CONTRA ESPINEL

El juez de Garantías Penales, Jorge Martínez Olivares, declaró la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito contra el exministro Iván Espinel, en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

En la diligencia, que se desarrolló en la Unidad Judicial Albán Borja, en Guayaquil, el magistrado analizó posibles vicios de procedimiento y procedibilidad, y encontró que el delito tendría similitud con otra sentencia condenatoria por lavado de activos.La defensa de Espinel había solicitado a Martínez la aplicación del principio constitucional “non bis in ídem”, que se refiere a no ser juzgado dos veces por la misma causa. Ante este pedido de nulidad, el Juez revisó las constancias procesales al respecto, entre estas la sentencia de diez años por el delito de lavado de activos, dictada por el Tribunal Penal de Durán contra el también excandidato presidencial, el pasado 29 de mayo. Al respecto, el fiscal de Administración Pública, Gustavo Benítez, ha señalado que los tipos penales de enriquecimiento ilícito y lavado de activos son diferentes, así como los hechos y las circunstancias que son materia de ambos procesos, por lo que este pedido carecería de fundamentación: “tienen distintos elementos de tipos dogmáticos y bienes jurídicos protegidos. En sí, los hechos y las personas involucradas son diversas. En este caso (enriquecimiento ilícito) se practicaron otros elementos de convicción que son propios de este proceso y no del anterior proceso; además, lavado de activos es autónomo y enriquecimiento ilícito podría ser el delito precedente”, explicó. Según la Fiscalía, el peritaje contable efectuado al patrimonio del también excandidato presidencial, determinó que USD 490.000,00 aproximadamente, no estarían debidamente justificados dentro de su declaración patrimonial. Esto se refiere a la adquisición de un bien inmueble ubicado en la vía a Samborondón y valorado en USD 370.500; un vehículo avaluado en USD 36.221; movimientos en tarjetas de crédito por un monto de USD 108.520 y cuentas bancarias por aproximadamente $63.450. En base al Art. 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cometen enriquecimiento ilícito los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general.

Fuente: Vistazo, República del Banano

CAL suspende remuneraciones a Carlos Viteri, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Yofre Poma

Los legisladores que se encuentran asilados en la Embajada de México en Ecuador, Carlos Viteri, Soledad Buendía y Gabriela Rivadeneira, de la Revolución Ciudadana, no recibirán sus remuneraciones de manera provisional. Esta decisión también aplica para el asambleísta Yofre Poma, detenido por supuesta paralización de servicios. Así lo resolvió el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) la mañana de este martes 22 de octubre de 2019.

El legislador exCREO, Fabricio Villamar, remitió un documento al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en el que solicita la suspensión de las remuneraciones de los 4 asambleístas. “¿Pueden seguir percibiendo sus remuneraciones aun cuando no asisten a su lugar de trabajo?”, cuestiona Villamar.

Además, pidió que se llama a los asambleístas alternos de Buendía, Rivadeneira y Viteri, mientras se resuelve su situación de asilados; así como al alterno de Poma, mientras esté detenido por supuesta paralización de servicios.

Luego de las manifestaciones de 11 días en contra de las medidas económicas anunciadas por el Presidente Lenín Moreno, los tres legisladores decidieron asilarse en la Embajada de México en Ecuador porque, dijeron, existe una persecución política en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana.

En cadena nacional, el Presidente Morreno acusó a narcotraficantes, miembros del grupo Latin Kings y a los correístas de ser los responsables de actos vandálicos en los últimos días.

El Gobierno de México, en su comunicado, señaló que en apego al derecho internacional, reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política y subraya su preocupación por la situación política por la que atraviesa la República del Ecuador.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Avanza proceso de juicio político contra exministro Raúl Pérez Torres

 La mañana de este martes 22 de octubre de 2019 el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional dio paso al pedido de juicio político en contra del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, por supuesto incumplimiento de funciones.

En agosto de este año, con 35 firmas de respaldo, los asambleístas Lira Villalva (RC) y Juan Cristóbal Lloret (RC). Entre las causales, cuestionan que no definió el mecanismo de distribución y entrega de recursos a los núcleos de la Casa de la Cultura.

“Desconoció el reglamento de la Ley de Cultura argumentando que era inconstitucional. Incumplió la ley, sus obligaciones establecidas en la ley y también en la Constitución”, mencionó Villalva.

Además, señalan que en la comparecencia que Pérez Torres tuvo en la Comisión de Educación, el pasado 27 de junio del 2019, el exministro explicó que desde su aprobación ha peleado en contra del reglamento de la Ley de Cultura.

Ahora, la Comisión de Fiscalización deberá sustentar el proceso, fijar el cronograma de comparecencias de los interpelantes y del exministro, así como de las versiones que ambas partes crean necesarias presentar.

En junio de 2019, Torres salió del Ministerio de Cultura y, en su reemplazo, el Presidente Lenín Moreno designó a Juan Fernando Velasco.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

CONAIE ENVÍA “CARTA CON INTENCIÓN” AL FMI Y RECHAZA PRESIÓN

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cerró este lunes filas contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y le exigió a ese organismo que cese con las presiones para aplicar nuevas políticas de austeridad en el país. En una “carta con intención” dirigida a la directora del FMI, Kristina Georgieva, la Conaie exigió a los funcionarios del organismo que “paren con las presiones para firmar cartas, tratados, convenios que no benefician al pueblo ecuatoriano”. Durante las duras protestas contra el incremento del precio de las gasolinas ocurridas en el país entre el 3 y el 13 de octubre, “quedó claro el descontento del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano en las calles”, precisó en su texto difundido en redes sociales. La derogación del incremento en el precio de las gasolinas permitió que cesaran las duras protestas que sacudieron al país, principalmente en Quito, donde se concentró el grueso de la manifestación indígena. En la misiva difundida ayer, la Conaie dejó en claro su postura y dijo que “los gobernantes y grupos de poder beneficiarios y benevolentes” con el FMI deberán asumir las “consecuencias” de aplicar políticas económicas antipopulares. La Conaie identificó a la carta de intenciones suscrita entre el Gobierno ecuatoriano y el FMI en marzo pasado, por un crédito puente de 4.200 millones de dólares, como el factor que llevó al país a una “explosión social”. “El saldo es lamentable, y no por perdidas económicas irrecuperables. La violencia y la represión dejaron 8 fallecidos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, cifras que auguran un futuro sombrío”, añadió en su misiva. Además, recordó que el Fondo tiene su responsabilidad en algunas decisiones tomadas por el Gobierno del presidente Lenín Moreno, que condonó millonarias deudas y atrasos tributarios a varios grupos empresariales del país. Fueron 214 grupos económicos los que dejaron de pagar 987 millones de dólares que debían al Estado, recordó la Conaie al asegurar que aún existe una deuda no pagada por otros 4.000 millones. “Antes de pedir préstamos, antes de grabar impuestos, podríamos empezar por cobrar lo adeudado. Esto es para nosotros sincerar la economía”, agregó. “Además, lo lógico sería buscar financiamiento primero en los bancos donde la tasa de interés sea baja, porque los préstamos que ustedes ofrecen están bastante cerca de lo que nosotros conocemos como ‘chulco’ (usura)”, afirmó el grupo indígena. “¿No se supone que el objetivo de la economía es garantizar el bienestar humano y el de nuestro hogar en estrecha armonía con la Madre Tierra?”, ya que eso propugna la Constitución del país, volvió a preguntarse el grupo indígena en la misiva enviada al FMI.

Fuente: Vistazo, República del Banano

Asamblea suspende pago de sueldos a asilados en embajada de México

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), sesionó este martes y resolvió suspender el pago de sueldos a asambleístas asilados en la Embajada de México en Quito.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, indicó que, además, se suspende el salario del asambleísta Yofre Poma, quien está privado de la libertad acusado del delito de paralización de servicios públicos.

Los legisladores que se encuentran en la Embajada de México en Quito son Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Soledad Buendía y el asambleísta alterno Luis Fernando Molina.

Sobre la situación de varios Legisladores, hemos resuelto en el #CAL:
Suspender el pago del sueldo a los Asambleístas asilados en la Embajada de México. De igual manera al Asambleísta Yofre Poma, durante el tiempo que dure la privación de su libertad. pic.twitter.com/uMx0GCEsLF— César Litardo (@cesarlitardo) October 22, 2019

Él CAL decidió la “Suspensión provisional remuneraciones de los legisladores Carlos Viteri, Sol Buendia y Gabriela Rivadeneira” @teleamazonasec— Andrea Samaniego (@AndreSamaniego_) October 22, 2019

Fuente: Teleamazonas, República del Banano