Atamaint afirma que funcionarios despedidos conocían que el 31 de octubre concluía su contrato

Este jueves 7 de noviembre, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint da a conocer sobre cómo se encuentra la institución, refiriéndose sobre el término de la contratación ocasional del personal que laboraba.

Atamaint afirma que los funcionarios tenían conocimiento de que su contratación terminaba el 31 de octubre, indica en uno de sus twits publicados en su cuenta.

La principal del CNE comenta, “heredé una institución en un contexto que he denominado «caja de sorpresas», apenas el 37% de funcionarios tiene nombramiento y el 63% son ocasionales”, refiriéndose a los problemas de contratación de personal que encontró en la institución.

Si bien los funcionarios tenían el pleno conocimiento de que el 31 de octubre concluía su contratación, desde su despacho “en ningún momento dejaron de realizar las gestiones pertinentes para conseguir financiamiento y renovar los contratos de noviembre y diciembre”, insiste.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Más de 90 días sin dar trámite a proceso de juicio político contra Romo, afirma Lourdes Cuesta

A través de su cuenta de Twitter, la asambleísta por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Lourdes Cuesta Orellana, cuestionó que ya son 92 días sin que se dé trámite al juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

La legisladora comentó que el presidente de la Legislatura, César Litardo, no ha puesto en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el proceso de juicio político de Romo.

En este sentido, dijo que a la secretaria de Estado se la investiga por incumplimiento de funciones que ha afectado a la seguridad ciudadana, incompetencia para el cargo, abuso de autoridad y mal uso de bienes públicos, sin fiscalización.

La ministra tiene dos pedidos de juicio político en la Asamblea. El uno impulsado por Lourdes Cuesta y Roberto Gómez y el otro por Amapola Naranjo, quien consideró que la crisis del sistema penitenciario y la situación de la seguridad ciudadana son las principales causales.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Difieren audiencia de apelación a prisión preventiva de Paola Pabón

Estaba previsto que este 7 de noviembre de 2019 se lleve a cabo la audiencia de apelación a la prisión preventiva que pesa contra la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Sin embargo, tras el pedido del fiscal Alberto Santillán, el juez defirió la diligencia.

Ayer se realizó una audiencia reservada de extracción de información en el Departamento de Criminalística de la Policía Judicial.

Esta diligencia fue solicitada por el juez de la causa, Julio Arrieta, presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Se realizó la pericia de audio y video, así como la extracción de información que habría sido encontrada en los dispositivos incautados a Pabón y a Christian G.

Por esta razón, que se incluye en el pedido del fiscal Santillán, el juez defirió para el próximo 12 de noviembre la audiencia de apelación.

Ramiro Aguilar, abogado de la Prefecta, criticó esta decisión.

La instrucción fiscal, de 90 días, será de 120 días, luego de que se vinculó al exlegislador Virgilio Hernández, a este proceso.

Pabón cumple prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi desde el 14 de octubre de 2019.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Hay fraude procesal en el caso de las acusaciones contra la prefecta Pabón y los demás acusados de la supuesta rebelión

El pasado 15 de octubre, el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; Pablo del Hierro y Christian González, acusados del presunto delito de Rebelión, durante las protestas contra las medidas económicas del Gobierno del presidente Lenín Moreno.

Fausto Jarrín, abogado de González, sostiene que la fiscalía se vio obligada a mentirle, de manera descarada, al juez, en torno a una cifra escuchada en una supuesta intercepción telefónica, aduciendo que se habría dicho 740 mil dólares, cuando se dice 740 dólares, usados para medicinas, alimentos y supuestamente comprar cartones, para hacer escudos para la gente que estaba en las calles.

Para el jurisconsulto, aquella mentira descarada de la fiscalía constituye un claro fraude procesal.

Respecto a la prisión preventiva dictada en contra de la prefecta Pabón, Christian González y, últimamente, contra Virgilio Hernández, el abogado Jarrín considera que es una medida arbitraria, porque no obedece a ningún parámetro que estipula el derecho procesal para evitar, en este caso, riesgo de fuga del procesado.

Está convencido de que la Fiscalía logró que el juez de la causa disponga prisión preventiva sobre la base de premisas falsas, mentirosas.

El profesional del derecho insiste en que las acusaciones de la Fiscalía en contra de su defendido y los demás procesados están plagadas de mentiras, que en ningún punto del proceso generarán certezas ni veracidad. Espera que así lo valoren los jueces.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Fiscalización resuelve archivar el juicio político contra exvocales de la Judicatura transitoria

Con siete votos a favor, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda el archivo del juicio político en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura transitoria por supuesto incumplimiento de funciones.

El Legislador Ángel Gende afirmó que «fácilmente se puede determinar, con elementos jurídicos, que la exvocal, Zobeida Aragundi, no incurrió en las faltas mencionadas en el pedido de juicio político», entre ellas, injerencia en la justicia.

Algunos coinciden en que algunas de las pruebas presentadas de cargo en contra de los exvocales, “en la práctica tuvieron el efecto contrario, de descargo”.

«En el informe no se contempla cada uno de los medios procesales existentes, sino que se adaptan estos a un documento cuyo texto está parcializado en favor de los imputados”, expresó Carmen Rivadeneira.

El proceso lo impulsó la asambleísta Lira Villalva (RC), quien argumentó que los vocales del organismo judicial habrían incumplido sus funciones, además de existir “una clara injerencia en las decisiones de los operadores de justicia”.

“El borrador de informe de Fiscalización de la Asamblea prácticamente justifica las acciones arbitrarias y negligentes de un Judicatura Transitoria que no fue más que una vergüenza para el país”, escribió Villalva.

Durante su comparecencia, el expresidente subrogante del Consejo de la Judicatura transitoria, Aquiles Rigail, reconoció que sí envió dos cartas a un fiscal del Guayas cuando ejercía el cargo, pero, dijo, “no para interferir en la justicia, sino en la injusticia».

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por expresidente Correa y otros se reinstalará este jueves

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia suspendió la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente Jorge Glas; Yamil Masuh; el exministro Vinicio Alvarado; Caiu Run Guo; y el exministro Walter Solís, procesados por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias como parte del denominado caso Sobornos 2012-2016.

La diligencia se reinstalará este jueves 7 de noviembre a las 10:00, para que el abogado de Glas asista y haga efectivo su derecho a la legítima defensa.

El exvicepresidente permanece detenido en la cárcel de Cotopaxi por el presunto delito de asociación ilícita en relación a la trama de corrupción de Odebrecht, por lo que recibió seis años de privación de su libertad.

Los peticionarios integran el grupo de 26 procesados que el próximo lunes 11 de noviembre podrían recibir un pedido de llamado a juicio por parte de la fiscal Diana Salazar, debido a que ese día se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio y la funcionaria deberá sustentar su dictamen acusatorio luego que la jueza Daniella Camacho resuelva los vicios de procedimiento, procedibilidad y pedidos de nulidad de los abogados de los vinculados.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Juez aceptó acción de protección a favor de Pichincha Universal

El juez Mario Cadena aceptó la acción de protección a favor de Radio Pichincha Universal y reconoció que hubo una vulneración al derecho al debido proceso, en cuanto a la motivación, y al derecho de libertad de expresión, con la suspensión de actividades de la radiodifusora por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), entidad que, junto a la Procuraduría General del Estado (PGE) apelarán esta decisión.

La defensa de Pichincha Universal argumentó que hubo la vulneración a dos derechos constitucionales. “Derechos vulnerados por la ARCOTEL al momento de iniciar un proceso sancionatorio administrativo sin que haya una motivación adecuada, fundamentándose en meras afirmaciones de un oficio del Ministerio de Defensa donde hace un análisis desproporcional de consecuencias que supuestamente el país vivió a partir de una entrevista”, dijo Cristian Pérez, abogado de la radio.

Esta decisión, dijo, vulneró el derecho a libertad de expresión porque se ordenó la paralización de actividades de la radio el 9 de octubre hasta el 25 del mismo mes. El jurista explicó que esta acción fue atentatoria contra la liberta de expresión, así como la sociedad se vio limitada en su derecho a la información.

De su lado, Ricardo Freire, director ejecutivo de ARCOTEL, dijo que no fue precipitada la decisión adoptada por el organismo porque, explicó, la medida se tomó el 9 de octubre, después de la mencionada entrevista, que es el origen del proceso administrativo en contra de la Radio.

A su criterio, sí hubo respetó el debido proceso y la presunción de inocencia durante este proceso. Además, mencionó que la suspensión “era para evitar que la colectividad en su conjunto se hiciera daño (…) ARCOTEL lo que ha hecho es preservar la seguridad de los ecuatorianos”.

Adoración Guamán, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), presentó un Amicus Curiae, en el cual, argumentó que la suspensión de la ARCOTEL fue «de efecto inmediato y con un daño irreversible a los derechos humanos», entre ellos, el de la libertad de expresión y de información.

Mencionó varios tratados internacionales que ratifican este derecho y recordó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó «su grave preocupación» por el cierre de Pichincha Universal que podría constituir un acto de censura.

El Ministerio de Defensa también presentó un Amicus Curiae. Su representante, María Belén Andrade, defendió el derecho a la seguridad nacional sobre el derecho a la libertad de expresión. Dijo que “declaraciones pueden promover que estas exteriorizaciones de emociones desencadenen en actos de violencia que atenten contra la seguridad nacional”.

El juez, finalmente, reconoció la vulneración al debido proceso y a la libertad de expresión con la suspensión de Radio Pichincha Universal por parte de ARCOTEL y dictaminó una reparación material por los días que se suspendió la señal de la radio y que afectaron a los trabajadores del medio de comunicación.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Romo señala que el 12 de octubre se tenía planificado un golpe de Estado

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, compareció este miércoles 6 de noviembre ante la comisión multipartidista de la Asamblea Nacional que investiga los hechos del paro nacional registrados en octubre.

Romo aseveró que las manifestaciones fueron producto de una planificación detallada, en la que el 12 de octubre era el día clave para el golpe de Estado, el archivo de las causas penales, así como para la destitución del Gobierno.

Indicó que el plan incluía la instalación de una asamblea que se denominaba el Parlamento de los Pueblos.

Dijo que como parte de esas medidas estaba el corte del abastecimiento de alimentos, así como el pronunciamiento del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, que pidió a las Fuerzas Armadas que le retiren el apoyo al Gobierno.

Durante la diligencia, el asambleísta del PSC, César Rohon, cuestionó a la ministra Romo por qué no han sido detenidos los dirigentes de la CONAIE para investigaciones. Sin embargo, la reacción del asambleísta por PK, Jaime Olivo, no se hizo esperar y señaló que la secretaria de Estado no puede ordenar la detención y más bien increpó a la funcionaria a que le diga si la organización indígena tuvo afanes de un golpe de Estado a lo que Romo respondió que no se puede generalizar, sino que toca establecer responsabilidades individuales.

A su vez, la ministra defendió la labor de la Policía y puntualizó que su actuación fue impecable.

En este contexto, sostuvo que se registraron nueve muertos durante los días de protestas: cuatro fortuitos, tres por accidentes de tránsito y dos por muertes violentas que deben ser investigadas por la Fiscalía.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Sale a la luz la corrupción del gobierno de Moreno

Alguna vez la comisión anticorrupción, ese club de amigos que los medios han convertido en una especie de tótem de la rectitud, dijo que la corrupción, en el gobierno anterior se llevó 70.000 millones de dólares.

Fue el inicio de ese discurso que sirvió de base para que el Gobierno de #LenínMoreno desmantele beneficios sociales. Así, la corrupción sirve como excusa para practicar cualquier tipo de arbitrariedad a la oposición política del país, inclusive desconocer resultados electorales.

#Moreno se pintó como el gran luchador contra la corrupción. Pero esa careta, al igual que la de abuelito bonachón, ya se le cayó. Primero porque su gobierno tuvo que reconocer que el Mandatario gana doble sueldo, uno en su calidad de presidente y otro en forma de pensión al haber sido exvicepresidente. La austeridad no cuenta cuando se trata del bolsillo de él.

A eso se añade que el escándalo de los #INApapers, una trama que habría permitido al Mandatario cobrar coímas de la constructora de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a través de una offshore de su hermano en #Panamá, nunca fue esclarecido. A la fiscal Diana Salazar este caso no le interesa.

Pero más allá de esos hechos que evidencian enriquecimiento de Moreno, esta semana se mostró cómo su Gobierno alienta y permite la corrupción estructural que aqueja a #Ecuador desde que en 1830 nació como república.

La primera muestra vino de la Contraloría, institución que se ha convertido en la palanca política de persecución del Gobierno. Resulta que un hermano de Moreno trabaja allí; a través de él se pautó publicidad para una obra de teatro organizada por La Posta, un portal de infoentretenimiento muy popular entre la derecha.

Desnudada la corrupción, que se ha hecho fuerte en la estructura mediática de Ecuador. Se trata de un hermano del mandatario financiando con recursos públicos una acción política, porque eso es esa obra de teatro, desde una institución supuestamente independiente a la Función Ejecutiva. Y a su vez enriquece a los organizadores.

El segundo hecho, más triste aún, es lo que ocurre en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del #IESS, al sur de #Guayaquil. Esta semana se reveló como opera una mafia de compra de medicamentos e insumos con sobreprecio que apunta a la familia Bucaram.

Este caso inicia con el nombramiento como director del hospital a una persona allegada a los roldosistas. Hay amenazas contra periodistas que han investigado el caso; los que denunciaron o han sido despedidos o inclusive agredidos. Guayaquil sabe muy bien cómo opera esta mafia.

Hay denuncias de la Comisión Anticorrupción. Pero este caso, tampoco interesa a Salazar. A ella solo la mueve lo que tenga la palabra “correísmo”, ahí es cuando invoca la prisión preventiva.

Ambos casos ejemplican la corrupción de Moreno: el reparto de recursos públicos para contentar a todo el mundo. Desde pseudoperiodistas hasta grupos violentos que actuaron como base de apoyo al Gobierno durante las manifestaciones contra el #gasolinazo. Porque Abdalá Bucaram y sus hijos se presentaron en los bajos del Gobierno del Litoral, cuando Moreno estaba atrincherado en Guayaquil.

¿Los perjudicados? Los pacientes del Teodoro Maldonado Carbo que nunca encuentran medicinas y obtener atención médica de calidad pareciera una quimera. La mafia del poder aplastando al ciudadano.

Fuente: Mesa Servida Ec.