En Ecuador hay represión y persecución política, según la CLAJUD

El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) expresa su preocupación por las autoridades ecuatorianas para poner de manifiesto nuestra profunda preocupación ante las detenciones, encarcelamiento y apertura de procesos contra funcionarios públicos, líderes y militantes de movimientos políticos y sociales no afines al gobierno, que se han sucedido desde el final del paro nacional de octubre.

En carta dirigida al presidente de la República, Lenín Moreno; presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado; fiscal general del Estado, Diana Salazar; defensor del Pueblo, Freddy Carrión, lamentan lo que consideran persecución política, en contra de Paola Pabón, prefecta del Gobierno de Pichincha; Christian González, de la Revolución Ciudadana; Virgilio Hernández, secretario ejecutivo del mismo movimiento; Carlos Viteri, Soledad Buendía, Gabriela Rivadeneira, asambleístas de la Revolución Ciudadana; y, otras personas allegadas a esta organización política.

La misiva hace alusión a una nota de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 16 de octubre de 2019, que insta al gobierno del Ecuador a detener de inmediato la represión política.

“Tras la finalización de la movilización social de octubre, que dejó un saldo de al menos 11 personas fallecidas, 1.507 heridas y 1.382 detenidas, según los datos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este Consejo emitió, el 16 de octubre de 2019, una nota instando al gobierno del Ecuador a investigar y reparar los abusos cometidos en el uso de la fuerza pública y a detener de inmediato la represión política. En opinión del Consejo, todas estas actuaciones son imprescindibles para conseguir la paz social y poner fin al conflicto.

A día de hoy, constatamos que el gobierno del Ecuador mantiene la dinámica represiva y la persecución política aumenta en el país. La situación de prisión provisional de la Prefecta de Pichincha y de líderes políticos y sociales, los allanamientos en domicilios de personas señaladas de la izquierda político-social, las detenciones y denuncias a líderes de distintos movimientos están poniendo en grave riesgo los derechos humanos, la democracia y el pluralismo político en Ecuador.

Desde el CLAJUD consideramos que la persecución política comenzó antes del paro nacional. La apertura de procesos sucesivos contra el ex Presidente Rafael Correa, el encarcelamiento del ex Vicepresidente Jorge Glas, que cumple 25 meses en la cárcel, o la orden de detención contra uno de los líderes de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, asilado en México desde el mes de abril de 2019 (con la condición jurídica de asilado por persecución política desde septiembre de este año) son evidencias de la utilización del derecho como instrumento de represión política. Esta persecución se agravó durante el Paro Nacional al imputarse al llamado “correísmo” la falsa acusación de orquestar un golpe de Estado. En este marco, la dirigencia de la Revolución Ciudadana ha sido pública y sistemáticamente acusada por el gobierno, que ha fomentado, en nuestra opinión, un discurso orientado a justificar el uso del aparato judicial para anular a los adversarios políticos. La dinámica de persecución se ha extendido a los medios de comunicación no alienados con el discurso del gobierno, en concreto, la Radio Pichincha Universal (radio pública de la Prefectura de Pichincha) fue suspendida de sus actividades tras un informe del Ministerio de Defensa, suspensión que ha sido considerada atentatoria contra los derechos fundamentales en una reciente sentencia en el marco de una acción de protección constitucional.

La preocupación por esta situación ha sido igualmente manifestada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que mediante nota hecha pública el 29 de noviembre de 2019, pidió a las autoridades ecuatorianas que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice, entre otros, a los opositores políticos, “para evitar exponerlos a riesgos adicionales”. En la misma nota, la Alta Comisionada se refirió expresamente a los allanamientos a los medios de comunicación, señalando que ello “apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión”.

En este contexto, desde el CLAJUD manifestamos nuestra concreta preocupación respecto de la situación de las siguientes personas:

  1. La Sra. Prefecta de Pichincha Paola Pabón, que fue amenazada en redes sociales durante el Paro Nacional por diversos miembros del Gobierno, detenida el 14 de octubre y que se encuentra en prisión, de manera provisional, desde el 15 de octubre. Consideramos que la imputación del delito de rebelión no tiene base suficiente y nos preocupa enormemente la posibilidad de que este encarcelamiento sea la causa para que la Prefecta pueda perder su cargo de elección popular. Nos permitimos recordar a las autoridades ecuatorianas que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos, los derechos políticos pueden ser restringidos únicamente por “condena, por juez competente, en proceso penal” (López Mendoza vs. Venezuela, párr. 107). En tal sentido, el Estado ecuatoriano violaría los derechos políticos de la Sra. Prefecta Paola Pabón, así como los derechos políticos de los electores, si la Prefecta es removida de su cargo por parte de las autoridades ecuatorianas durante la actual situación de prisión provisional.
  2. El Sr. Christian González, coordinador de acción política del movimiento Revolución Ciudadana, y en la misma situación de prisión provisional.
  3. El Sr. Virgilio Hernández, Secretario Ejecutivo del movimiento de la Revolución Ciudadana, que se presentó voluntariamente para prestar declaración el día 5 de noviembre y que se encuentra igualmente en prisión provisional. El delito de rebelión que se le imputa tampoco cuenta con base suficiente.
  4. Los Srs. y Sras. Carlos Viteri Gualinga (Asambleísta de la RC), Tania Pauker (ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), Luis Fernando Molina (Asambleísta alterno de la RC), Edwin Jarrín (ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), Soledad Buendía (Asambleísta de la RC), Luís Flores (militante de la RC) y Gabriela Rivadeneira (Asambleísta de la RC). Todos ellos permanecen en la Embajada de México sita en Quito desde el día 14 de octubre ante la amenaza y el temor de represión política y acciones judiciales en su contra.
  5. El Sr. Jorge Glas Espinel, ex Vicepresidente Constitucional de la República, cuyo recurso de casación fue denegado por la Corte Nacional de Justicia sin que se resuelvan las múltiples violaciones a su derecho a la defensa y sin que se hayan presentado pruebas que lo vinculen al delito imputado. Del mismo modo, nos preocupa la situación actual por la que atraviesa el ex Vicepresidente Glas dentro de la Cárcel de Latacunga, lugar al que fue traslado arbitrariamente y en donde su vida e integridad personal se encuentran en permanente riesgo, ya sea por las amenazas de muerte que ha recibido o por las condiciones de detención que padece. El ex Vicepresidente Glas se encuentra prácticamente incomunicado y la cárcel no cuenta con los insumos y personal necesario para tratar las múltiples dolencias físicas que el ex Vicepresidente tiene.

Desde el CLAJUD solicitamos respetuosamente a las autoridades ecuatorianas que:

  1. Eviten la utilización del sistema judicial para perseguir al adversario político/electoral.
  2. Respeten y aseguren la independencia de la Función Judicial.
  3. Cumplan con su obligación de respeto y garantía de los derechos humanos y eviten la difusión de discursos estigmatizantes y criminalizadores de la protesta y la disidencia política.
  4. Cumplan con su obligación de promoción de los derechos humanos tal y como están recogidos en la normativa nacional y supranacional y en este sentido garanticen los derechos políticos activos y pasivos.
  5. Cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos y aseguren el cumplimiento del debido proceso, muy en particular respecto de casos en los que la acusación ponga en riesgo el pluralismo político y la democracia en el país.
  6. Permitan que Paola Pabón, Christian González y Virgilio Hernández puedan defenderse en libertad. A tal efecto, se recuerda a las autoridades ecuatorianas que la libertad es la regla, mientras que la prisión preventiva es la excepción. Asimismo, dichas personas deberán tener las garantías básicas de un juicio justo.
  7. Protejan los derechos políticos de la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y de los electores que votaron por ella, absteniéndose de removerla de su cargo sin condena en firme por parte de juez competente.
  8. Actúen de manera inmediata para precautelar la vida, seguridad e integridad física de Paola Pabón, Christian González, Virgilio Hernández y Jorge Glas.
  9. Trasladen a Jorge Glas desde la Cárcel de Latacunga a la Cárcel 4 de Quito, lugar que ofrece las condiciones necesarias de seguridad para albergar a un ex funcionario público, así como para tratar las dolencias físicas que el ex Vicepresidente padece”, señala la carta de la CLAJUD.

Entre las personalidades que suscriben el documento están Adoración Guamán, Baltazar Garzón Real, Damián Miguel Lloret, Caroline Proner, Elizabeth Gómez Alcorta, Emilio Camacho Paredes, Enrique Santiago, Gisele Ricobom, Gisele Guimaraes Cittadino, Juarez Tavares, Juan Martín Mena, Larissa Ramina, María José Fariñas Dulce, Oswaldo Ruiz Chiriboga, Pedro Estevan Alves Pinto Serrano, Roberto Manuel Carlés.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

CNE inició la validación de firmas para eliminar el CPCCS

El proceso de validación de firmas que fueron recabadas por el Comité para la Institucionalización Democrática inició este lunes 02 de diciembre, con esto el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 15 días para constatar que los formularios presentados cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley.

De la misma manera, también se constatará la autenticidad de nombres y números de cédula; así también habrá un grafólogo para casos en los que existan dudas.

Una vez concluido ese plazo, según el Código de la Democracia, existe otro lapso de siete días para resolver el tema y enviar la notificación a la Asamblea Nacional.

Una vez que ese documento llegue, el Legislativo deberá empezar con el tratamiento del proyecto, que según propone el colectivo es llegar a un referéndum para aprobar una reforma parcial a la Constitución con la que cambiarían tres funciones del Estado.

Cabe recordar que este colectivo  requiere de, al menos, 132 60 rúbricas que equivalen al 1% del padrón electoral para dar paso a esta iniciativa.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La intención de generar miedo a la protesta social dejó 11 muertos y más de mil heridos: Freddy Carrión

En entrevista en Punto Noticias Primera Emisión, Freddy Carrión, defensor del Pueblo, se refirió al informe de Naciones Unidas donde, según indicó, queda evidenciado que sí existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, pues no se ajustó a los estándares internacionales de racionalidad de la fuerza.

“Porque los hechos se encuentran a la vista de todas las personas, del pueblo en general y de la víctimas que se cuentan en las once personas que fallecieron, en las 1.340 personas heridas, con lesiones permanentes en el caso de quienes perdieron un ojo”.

El funcionario remarcó que no es justificable, por ejemplo, que se haya lanzado bombas lacrimógenas a corta distancia provocando que 12 personas pierdan un ojo: “Ellos van a vivir con una discapacidad forzada, todo en el marco de generar temor y miedo a la protesta social”.

Carrión recordó que la protesta social es un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar y sin embargo en las manifestaciones de octubre se vieron afectados diferentes derechos como el de expresarse o el de los periodistas; de ahí que resaltó la necesidad de crear reglamentos con rango de ley que permita conocer hasta donde debe llegar el uso de la fuerza pública y de qué manera hacerla.

“Yo discrepo con el ministro de Defensa porque para mi no se considera necesario que se tenga que disparar directamente a la humanidad a un manifestante para controlar la protesta”

Recordó que la ONU llegó a esa conclusión con base a miles de testimonios e información entregada no solo por las víctimas sino también por parte del Gobierno Nacional, la Policía e incluso organizaciones de derechos humanos.

“Es importante darle la mayor credibilidad a un informe que no ha sido solo referencial sino que ha estado en el sitio, en el campo, en el lugar de los hechos”.

Por ello indicó que la violencia no puede constituirse en el mecanismo de represión respecto de las fuerzas de seguridad, ni tampoco un componente para tratar de solucionar los problemas, además señaló que las manifestaciones pudieron evitarse en el primer o segundo día, si el Gobierno hubiese escuchado a la población.

“Creo que era necesario tener esa sensibilidad, las medidas tienen que ser socializadas para evitar este tipo de conflictos”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

MINISTRA DE GOBIERNO DESVIRTUÓ ACUSACIONES COMO PARTE DEL PROCESO DE JUICIO POLÍTICO EN SU CONTRA

Ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, desvaneció las acusaciones en su contra.

Dos de los tres interpelantes que presentaron el pedido de juicio político en contra de la secretaria de Estado ni siquiera asistieron para sustentar sus tesis. Roberto Gómez, de CREO, ni apareció; la independiente Lourdes Cuesta, para sorpresa de todos, se fue en cuanto llegó Romo; y la única que se mantuvo en el lugar fue la legisladora de RC, Amapola Naranjo, que no tuvo los elementos suficientes para argumentar.

Como muestra de respaldo, Romo estuvo acompañada de la cúpula de la Policía y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Previa a su comparecencia, le tocó el turno al exministro del Interior y actual legislador, José Serrano, quien acudió por pedido de la ministra, pero su aporte no tuvo mayor eco.

Incluso cuando la asambleísta Lourdes Cuesta, le consultó a Serrano si él había utilizado un helicóptero policial para trasladarse con su pareja a un lugar de descanso, sostuvo que “jamás”. Sin embargo, dijo que las medidas de seguridad que se aplican a un funcionario las determina un “informe de riesgo” que lo emite la Policía y que en el caso de un ministro de Gobierno, cubre los 365 días del año y las 24 horas del día.

Este dato le sirvió a la secretaria de Estado para señalar que “su nivel de riesgo es máximo” y añadió que su jefe de Seguridad decide cómo se moviliza, con quiénes y por qué ruta.

Sostuvo que el helicóptero es solo uno de tantos vehículos policiales y que ella emplea vehículos policiales todos los días, ya sea cuando va al Palacio de Gobierno o cuando va a comprar pan.

Con un cuadro comparativo, la ministra de Gobierno explicó el uso de aeronaves policiales durante los últimos seis años.

Expresó que en 2014, cuando Serrano era ministro, se hicieron 1.333 viajes en avión para trasladar a funcionarios; en 2019, bajo la gestión de Romo, 78. En el caso de los helicópteros se efectuaron 2.259 viajes; y en 2019, 420. “Juzguen ustedes si en verdad se puede hablar de uso inapropiado de bienes públicos”, enfatizó.

En cuanto a una supuesta negligencia en el caso de Diana Carolina, la mujer que fue apuñalada por su pareja, en Ibarra, frente a un grupo de policías, mencionó que el tema ya fue analizado por la Asamblea, la cual aprobó en enero de 2019 una resolución en apoyo de la Policía.

Además, desvirtuó el hecho de que se haya incumplido funciones en la aplicación de la ley contra la violencia de género.

En este sentido, dijo que al Ministerio de Gobierno le corresponde coordinar la realización del registro de víctimas, capacitar a jefes y tenientes políticos para dictar medidas cautelares. Aspectos que, para Romo, sí se cumplieron

En cuanto a la crisis carcelaria, señaló que ya son 37 años desde que las cárceles no son competencia del Ministerio de Gobierno.

Es así que todas las acusaciones fueron analizadas por la ministra y no tuvieron réplica, por lo que al interior de la Función Legislativa ya se presume que el juicio político en contra de Romo no prosperará.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

LOS PROCESOS ELECTORALES EN ECUADOR TENDRÁN NUEVAS REGLAS

El Pleno de la Asamblea Nacional continúa hoy la sesión 492 sobre reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, en una jornada en la que se realizará la votación del documento final, una vez que el 19 de noviembre se cerró el segundo debate.

La presidenta de la Comisión de Justicia y ponente, Ximena Peña (AP), trabajó junto a legisladores de varias bancadas en el informe. Peña manifestó que hay artículos que fortalecen la paridad de género y la inclusión de jóvenes en las listas, para transparentar el financiamiento de campañas políticas, cambios en el sistema electoral, normas para fortalecer la gestión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), entre otros temas.

Financiamiento de campañas

El Artículo 204 vigente prohíbe a los candidatos y a las organizaciones políticas entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Con la reforma a este artículo, la prohibición se amplía a los “sujetos políticos” que aspiren o participen en una elección popular.

En el Código de la Democracia actual se da al CNE la potestad de controlar, fiscalizar y realizar exámenes de cuentas de campaña. Con la reforma se ordena implementar un sistema contable de financiamiento que será de acceso gratuito a todas las organizaciones y sujetos políticos, para que registren de manera obligatoria su plan de cuentas.

Se agrega un numeral al Artículo 223, en el sentido de que las organizaciones políticas o candidatos que hayan recibido financiamiento del Estado deberán reintegrar el 50% de esos valores al Estado, luego de la segunda elección cuando el mismo candidato no obtenga al menos el 4% de los votos válidos en la respectiva dignidad.

Participación electoral

La Ley actual no contempla concretamente la participación de los jóvenes. Por eso, con la reforma se establece que del total de candidatos en cada lista, un 25% debe ser de entre 18 y 29 años.

El Artículo 99 de Código de la Democracia establece que las candidaturas de Presidente y su binomio; Gobernadores, Prefectos y sus respectivos acompañantes, así como de Alcaldes, serán consideradas candidaturas unipersonales. La reforma mantiene el mismo concepto de candidaturas unipersonales, pero añade que en elecciones de todos los binomios, las candidaturas deberán integrarse con la participación de una mujer y un hombre o viceversa.

En el mismo Artículo vigente, señala que para las candidaturas pluripersonales las listas se conformarán paritariamente con secuencia mujer–hombre u hombre–mujer. Mientras que la reforma propone que el 50% de las listas que presente una organización política deberá estar encabezada por mujeres.

Sistema de elección y asignación de escaños

Hasta las elecciones pasadas, el votante podía escoger al candidato de su preferencia de una sola lista o entre listas hasta completar el número de dignidades a elegir. O sea, se podía escoger. La reforma al Artículo 120 pondría fin a este sistema, ya que se establece que el voto será entre listas cerradas y bloqueadas. “Los electores marcarán la casilla de la lista o alianza de su preferencia”, señala el texto por aprobarse. Es lo que se conoce como voto en plancha. Si se vota por más de una lista o por candidatos entre listas el sufragio será considerado nulo.

En la asignación de escaños se cambia del Sistema D’Hondt al de Webster, que se aplicará a todas las elecciones pluripersonales. Implica que la votación total de cada lista se determinará por los votos obtenidos por votación de lista; la votación de cada una se dividirá para la serie de números 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente en la proporción aritmética de la serie, hasta obtener tantos cocientes como número de escaños a asignarse. (C.D.A.)

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

LA PRODUCCIÓN PETROLERA NO SUBIRÁ SINO APENAS 2% PARA EL PRÓXIMO AÑO

En la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2020, el Gobierno Nacional proyectó un precio del crudo de 51 dólares con 30 centavos, que fue devuelta por los asambleístas al Ejecutivo, con la recomendación de que señale un plan B en caso que no se cumpla el supuesto.

En este contexto, el régimen gubernamental plantea para 2020 un incremento del 2% en la producción petrolera, con relación a 2019, año en el que esperaba un aumento del 9% en la producción de crudo, que no se cumplió.

En un inicio, para este 2019 se esperaba contar en promedio con 537.000 bpd (barriles por día), cifra que bajó a 530.000 bpd. Ahora, se estima que el próximo año la empresa pública Petroamazonas y las firmas privadas producirán 542.000 bpd.

Debido a que los campos maduros, a cargo de empresas privadas, tienden a declinar, de manera natural, según el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, José Agusto, la proyección de la proforma para 2020 es conservadora, porque cada año se producen menos barriles del hidrocarburo.

Para producir los campos maduros se requiere aplicar técnicas que demandan mayor inversión, debido a que, por la menor presión en los pozos, se deben emplear otros recursos. Pero, se incrementó la incertidumbre entre las empresas privadas para realizar nuevas inversiones luego de los disturbios de octubre, que, según las autoridades gubernamentales, causaron daños en las instalaciones petroleras.

El Gobierno compensará esta situación optimizando la producción de crudo por parte del Estado, según el ministro Agusto, para lo que se planificó incorporar Ishpingo, desde octubre del próximo año, que es parte del bloque ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini).

También está previsto promover la ronda Intracampos II y Suroriente, plan que no resulta suficiente para subir la producción, porque el fluido que se extrae del ITT tiene una cantidad de agua importante, según expertos en la materia.

Otra teoría es que, debido a la contracción de la economía del país, es explicable que haya una menor inversión en este sector y, por lo tanto, una menor producción.

Para 2020 está previsto que el presupuesto para las petroleras estatales, Petroecuador y Petroamazonas, sea de 147 millones de dólares menor respecto de lo asignado para este año. El próximo, se destinarán 4.346 millones, mientras tanto en este 2019 está previsto asignar USD 4.493 millones, en total.

Con estos recursos, el Gobierno estima producir 194,7 millones de barriles de crudo durante todo el año.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

ACUERDO POR UN QUITO SIN VIOLENCIA DE GÉNERO PERMITE CONSTRUIR INCLUSIÓN Y EQUIDAD, AFIRMA GISSELA CHALÁ

La vicealcaldesa de Quito, Gissela Chalá, se refirió al “Acuerdo por un Quito sin Violencia de Género contra las mujeres” suscrito con el alcalde Jorge Yunda.

Chalá comentó que era importante que se haya firmado este convenio con el burgomaestre porque hay que empezar desde casa con la construcción de la inclusión y la equidad de género.

Precisó que ella mismo proviene de ese compromiso, primero por ser negra y segundo por asumir como mujer una Vicealcaldía.

Explicó que en ese espacio aprendió que la política es una herramienta de transformación y desde ahí busca impulsar la construcción de la equidad de género.

Sostuvo que Quito tiene una población de más de 2 millones 800 mil habitantes, de los cuales el 51,7% son mujeres y la mayoría jefas de hogar.

Aseveró que las mujeres no deben ser vistas como un objeto, por lo que propuso extender la profesionalización, así como promover una vivienda y empleo digno para que se respeten los derechos de este grupo de la sociedad.

Puntualizó que con el Acuerdo se escribió un antes y un después porque va más allá de las declaraciones y las normativas, debido a que se busca erradicar la discriminación y la violencia.

En cuanto a la algarabía que se vive en la capital por los 485 años de fundación, comentó que como integrante de la Comisión de Fiestas del Municipio se desplegaron una serie de eventos para que la gente disfrute en paz y con seguridad.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

PRESIDENTE MORENO SE REUNIRÁ CON EMPRESARIOS ESPAÑOLES EN BÚSQUEDA DE INVERSIÓN

Posterior al encuentro que mantuvo el Presidente de la República, Lenín Moreno, con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se conoció que el mandatario ecuatoriano se reunirá este martes 3 de diciembre del 2019 en Madrid con un grupo de destacados empresarios españoles para alentarles a que inviertan en el país.

Según un comunicado de la Presidencia de Ecuador Moreno mantendrá un encuentro con representantes de compañías como Banco de Santander, Telefónica, Iberia, Repsol, Grupo Barceló, AC Hoteles, Endesa y Globalia.

Según la misiva se destaca que el objetivo de este encuentro es exponer las ventajas que ofrece el país para la inversión.

«Ecuador es un país seguro para los inversionistas, su economía se encuentra estable y se han sentado las bases para su crecimiento. El Gobierno Nacional protege la dolarización y toma decisiones de manera responsable».

El Primer Mandatario ecuatoriano se encuentra en la capital española como parte de la agenda de actividades de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP25), a la que acudió acompañado de los ministros de Exteriores, José Valencia, y de Medioambiente, Raúl Ledesma.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

CNE INICIÓ LA VALIDACIÓN DE FIRMAS PARA ELIMINAR EL CPCCS

El proceso de validación de firmas que fueron recabadas por el Comité para la Institucionalización Democrática inició este lunes 02 de diciembre, con esto el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 15 días para constatar que los formularios presentados cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley.

De la misma manera, también se constatará la autenticidad de nombres y números de cédula; así también habrá un grafólogo para casos en los que existan dudas.

Una vez concluido ese plazo, según el Código de la Democracia, existe otro lapso de siete días para resolver el tema y enviar la notificación a la Asamblea Nacional.

Una vez que ese documento llegue, el Legislativo deberá empezar con el tratamiento del proyecto, que según propone el colectivo es llegar a un referéndum para aprobar una reforma parcial a la Constitución con la que cambiarían tres funciones del Estado.

Cabe recordar que este colectivo  requiere de, al menos, 132 60 rúbricas que equivalen al 1% del padrón electoral para dar paso a esta iniciativa.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano