Diana Atamaint responsabiliza a Esthela Acero por la contratación de Luis Loyo

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, rechazó que Luis Loyo haya sido su mano derecho al interior del organismo y destacó que fue la consejera Esthela Acero quien lo recomendó.

«En un cuerpo colegiado los consejeros recomiendan a profesionales, dan nombres. Damos la posibilidad de que gente de confianza de ellos puedan trabajar. El señor Loyo fue recomendado por la señora Acero y eso no lo vamos a negar».

Loyo fue removido de su cargo de director Nacional de Procesos Electorales, luego de ser acusado de una  presunta asociación ilícita para traficar cargos públicos

A criterio de Atamaint la intención de vincularla con Loyo es pescar a río revuelto a puertas de un juicio político que impulsa la asambleísta de CREO Jeannine Cruz.

Los consejeros de minoría Enrique Pita y Luis Verdesoto denunciaron en julio pasado que Loyo registraba 34 procesos judiciales en su contra, por presunta estafa y falsificación de instrumento público, que fueron informados a Atamaint. Sin embargo, la consejera asegura que no se ha encontrado «nada hasta el momento» al interior del Consejo en contra del procesado.

Verdesoto incluso responsabilizó a Atamaint de haber nombrado a Loyo, «pese al pedido de que no lo haga, porque tenía 32 causas judiciales en el que se lo acusa por mal manejo de documentos públicos», lo hizo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Medidas cautelares de la CIDH confirman que la detención de Pabón, Hernández y González fue ilegal y arbitraria, señalan familiares

Tras conocer el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concediendo medidas cautelares en favor de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian Gonzaléz, sus familiares se pronunciaron y dijeron esperar que el Gobierno cumpla en derecho lo que el organismo internacional solicita.

En entrevista telefónica a Pichincha Universal, Priscila Pabón hermana de la titular del Gobierno Provincial, dijo esperar que el régimen tome en consideración las recomendaciones de la CIDH que en estos momentos representan una esperanza para que los ahora detenidos puedan defenderse en libertad.

“Las medidas cautelares, en favor de Paola, Virgilio y Christian, confirman lo que habíamos dicho de que su detención fue ilegal y arbitraria”

Respecto a la Prefecta, su hermana destacó el llamado que hace el organismo para que se respeten sus derechos políticos, por lo cual espera que con ello se pueda reintegrar al cargo por el cual fue electa. “Toda vez que es la primera mujer prefecta de la provincia de Pichincha”

Claudia Hernández hija del exasambleísta, Virgilio Hernández, coincidió con Pabón al calificar el pronunciamiento de la CIDH como esperanza: “Esperamos que con esto permitan que Christian, Paola Y mi padre puedan defenderse en libertad”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Corte Constitucional determina que proyecto de Ley de Registro de Violadores es inconstitucional

La tarde del jueves 5 de diciembre la Corte Constitucional resolvió que  el proyecto de Ley Orgánica de Registro de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales (Ley Revaas) es inconstitucional pues iría en contra de lo estipulado en la Constitución sobre el sistema de rehabilitación social y de la discriminación hacia una persona con base en el pasado judicial.

La Corte explica que la normativa impide a la persona ser reinsertada en la sociedad pese haber sido privada de la libertad y acatar las sanciones, además recuerda que la Constitución apunta que “nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política y pasado judicial”, entre otras.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si la CC determina la inconstitucionalidad total de un proyecto, este deberá ser archivado por la Asamblea. El proyecto establecía que exista una inhabilitación a las personas con sentencia ejecutoriada por delitos cometidos en contra de la integridad sexual y reproductiva de las niñas, los niños y los adolescentes para ejercer un cargo, profesión, empleo, oficio o voluntariado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Comisión Legislativa que analizó el paro nacional concluye uso excesivo de la fuerza y vandalismo

El informe que recoge los testimonios e información de lo suscitado en el Paro Nacional de octubre está siendo pulido por la Comisión Legislativa creada para el efecto, sin embargo no todos los legisladores que la integran están satisfechos con las conclusiones a las que se llega.

Uso excesivo de la fuerza y vandalismo, es lo que se determina en el documento, esto último para el asambleísta Jaime Olivo de Pachakutik es preocupante porque no es algo que el equipo técnico concluyo sino que fueron expresiones de las autoridades que comparecieron ante la Comisión.

Según diario El Expreso, Olivo dijo, además, que dentro de las conclusiones debería estar que hubo un exceso de la fuerza pública en la represión que se dio contra los manifestantes y que incluso fue reconocido por organismos internacionales de Derechos Humanos.

Para Héctor Yépez de CREO el exceso fue de parte de la fuerza pública como de los manifestantes: “Por lo menos en el caso de dos muertos reconoció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que fueron muertes violentas. Está en los certificados médicos que fueron por proyectiles, eso quiere decir que hubo uso letal de la fuerza”-

Pabel Muñoz asambleísta de Revolución Ciudadana, busca además que se introduzca en el informe que el país vive una persecución política y ejemplificó con los casos de la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, el asambleísta Joffre Poma y el exlegislador, Virgilio Hernández detenidos acusados del delito de rebelión.

En ese aspecto Yépez afirmó que no se han presentado los argumentos para la prisión preventiva de Pabón por lo que concordó en que esos casos deberían ser revisados.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Familia de Fabricio Correa desmiente que haya sufrido derrame cerebral

Luego de que un periódico digital señalará que el pasado 26 de noviembre, Fabricio Correa habría sufrido un accidente cerebrovascular; su hermana Pierina Correa desmintió la noticia y aclaró que su diagnóstico fue de un trombo (coágulo de sangre) en una de sus piernas.

“Hoy, que apareció esa noticia, hice una videoconferencia para que la viera mi mami (Norma Delgado) y se quede tranquila. Fabricio está muy cómodo en su casa, está bien y con buen ánimo», aclaró.

Fabricio Correa fue dado de alta el 5 de diciembre de una clínica en Guayaquil a donde ingresó el martes pasado luego de que se le hinchara la pierna y presentará un cuadro de dolor, explicó Pierina.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Abogado de Sofía Espín analiza dictamen abstentivo y no descarta el retorno de su defendida

Una vez que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, emitió un dictamen abstentivo a favor de Sofía Espín, el abogado, Harrison Salcedo, calificó de sesgo político al accionar de la exfiscal Ruth Palacios, quien proceso a la exasambleísta de la Revolución Ciudadana.

Salcedo, como primer abogado de Espín, reiteró que desde el comienzo existía un evidente sesgo político de la entonces fiscal Palacios, que -a su criterio- fue para ganar puntos en su cargo.

Sostuvo que a su defendida le intentaron formular una serie de cargos, siendo el primero el de tráfico de influencias que luego fue reformulado por el de fraude procesal. No obstante, dijo que con el dictamen abstentivo de la actual fiscal Salazar, se observa que se está haciendo justicia de forma objetiva, algo que él no creía que iba a pasar.

En cuanto a un posible retorno de la exlegisladora al país, expresó que eso está en análisis para ver si hay o no garantías. Aunque expuso que aún están “digiriendo la buena noticia”.

La exasambleísta se encuentra en México, luego de ingresar a ese país el 16 de noviembre pasado. Antes, estuvo refugiada momentáneamente en Bolivia, país al que ella ingresó a finales de enero.

Junto con Espín, la fiscal Salazar emitió el dictamen abstentivo para la abogada del expresidente Rafael Correa, Yadira Cadena, dentro de la instrucción fiscal por el delito de fraude procesal en el grado de tentativa, relacionado con el secuestro del ciudadano Fernando Balda.

A través de su cuenta de Twitter, Fernando Balda, también emitió su criterio en torno a este caso y afirmó que los errores se pueden subsanar.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Los deudores de la banca cerrada se beneficiarían con la aprobación del proyecto de Ley de Simplicidad Tributaria

El informe para segundo debate del proyecto de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria del Ejecutivo contiene puntos que benefician a los deudores y perjudicados de la banca cerrada, de 1990.

Miguel García, asesor jurídico de la Asociación de deudores y perjudicados, contó, en Punto Noticias, que lograron en el proyecto introducir, en el artículo 4, que también se contemple la remisión (perdón) de deudas para los deudores de la banca cerrada.

A criterio de García, se justifica esta absolución de la deuda, porque desde la crisis de 1999 son más de 20 años de persecución a estas personas que, en su mayoría, son ya adultas mayores o con enfermedades catastróficas.

La remisión, según explicó, se plantea para cinco años, de los intereses, recargos y multas que generaron las deudas y que la banca cerrada sigue imponiendo.

Patricia Bastidas, presidenta de la Asociación, contó que en 2014 se aprobó una remisión para los deudores de la banca cerrada, pero, que benefició a los grandes deudores vinculados, no así a los grupos de pequeños deudores.

Lamentó que por estas circunstancias (la deuda con la banca cerrada) el buró de crédito les haya marginado, sin posibilidad de acceder ni a una libreta de ahorros, menos a crédito en el sistema financiero, a pesar de lo que llevan adelante pequeños y medianos emprendimientos.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Persistir en la acusación contra Sofía Espín no sería ético, dice Fiscal Diana Salazar

Mediante un comunicado la Fiscalía General del Estado explicó las razones por las cuales su titular se abstuvo de acusar a la exasambleísta por la Revolución Ciudadana, Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena, por el delito de fraude procesal en el grado de tentativa, relacionado con el secuestro del ciudadano Fernando Balda.

Asimismo el ente explica que como resultado de un profundo análisis jurídico se concluyó que  los hechos descritos en el proceso –iniciado con una investigación previa en septiembre de 2018– no se enmarcan en los lineamientos del tipo penal sancionado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En su dictamen, la Fiscalía señala que la visita de las procesadas a la entonces detenida Diana Falcón –al interior de la Casa de Confianza de Chillogallo, el 24 de septiembre de 2018– en la que le habrían pedido retractarse de su testimonio anticipado, en el que involucraba al expresidente Rafael Correa en el presunto secuestro de Fernando Balda en Colombia, a cambio de beneficios personales y jurídicos (como asilo internacional, asignación de una mejor defensa técnica, dinero en efectivo, entre otros), no constituye por sí sola delito de fraude procesal, en tanto dichas pretensiones no fueron acogidas por Falcón, quien, al contrario, las evidenció públicamente.

“La Fiscalía General del Estado rige todas sus actuaciones a la luz de la verdad procesal, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales”, precisa la doctora Salazar, “hemos sido enfáticos en esto y lo demostramos con hechos: Fiscalía no persigue personas sino delitos”.

De su parte, la exlegisladora correísta se refirió a este tema en su cuenta de Facebook y luego de calificarla como una buena noticia agregó que el objetivo fue sacarla de la Asamblea porque la consideraban una molestia sin imaginarse que quien la supliría sería una persona combativa y valiente, refiriéndose a Ronny Aleaga.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano