Fortalecemos las cajas de ahorro de Pichincha dice Alexandro Tonello

Alexandro Tonello asegura que “la utilización de esta herramienta permitirá optimizar recursos y ofrecer un mejor servicio a los socios de las cajas de ahorro comunitarias, desde donde se redistribuyen recursos y se apunta al desarrollo de las organizaciones sociales”.

El Prefecto Subrogante Tonello, indica que en Pichincha existen 220 cajas de ahorro, con un capital de alrededor de 5 millones de dólares y el objetivo de la institución es contribuir para que estas cifras se puedan duplicar.

Pichincha gracias a un convenio con Red Nacional de Finanzas Populares y Solidarias del Ecuador (RENAFIPSEEC), y el gobierno provincial recibirá un software contable, el cual será entregado a los socios de las cajas comunitarias con el objetivo de agilitar su trabajo y transparentar el manejo de recursos de recaudados por los socios.

Por su lado Carlos Cañizares, representante de RENAFIPSEEC, agradeció al Gobierno Provincial por la oportunidad de este gran reto, pues este software permitirá mantener servicios de calidad con la seguridad que puede tener cualquier entidad financiera, de esta manera ¡Fortalecemos las cajas de ahorro de Pichincha!.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Rosa Chalá regresará como vicepresidenta del CPCCS, tras dictamen de juez

Luego de que un juez aceptara la acción de protección a favor de Rosa Chalá, quedó sin efecto la decisión del Pleno de la Asamblea de destituirla como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ahora, dijo Chalá, regresará para asumir su cargo.

Este miércoles 11 de diciembre de 2019 se dio la audiencia de acción de protección que presentó Rosa Chalá, en el cantón Santa Ana, en Manabí, en contra del presidente de la Asamblea, César Litardo, y de los 83 asambleístas que votaron a favor de su destitución.

El pasado 15 de agosto de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio, vocales del Consejo de Participación, por supuesto incumplimiento de funciones.

En la audiencia se reconoció que la decisión fue ilegal y, por lo tanto, improcedente. Por ello, se aceptó la acción de protección.

Expuso que el representante legal de la Asamblea, que participó en la audiencia, anunció que apelará la decisión del juez. Sin embargo, en declaraciones para este medio, Chalá señaló que este jueves 12 de diciembre estaría en Quito para regresar a su cargo como vicepresidenta y vocal del CPCCS porque, dijo, el dictamen del juez es de inmediato cumplimiento.

“El poder ciudadano ha triunfado y ahora las organizaciones sociales volverán a estar con su voz y voto en el CPCCS”, afirmó.

Actualmente, Sofía Almeida se encuentra ejerciendo como vicepresidenta del organismo de Participación Ciudadana.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Asociación de Víctimas del Paro Nacional solicitaron la desclasificación de la información sobre represión policial y militar

El martes 11 de diciembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) presentó a la Asociación de Víctimas del Paro Nacional “Inocencio Tucumbi”, cuyo objetivo es evidenciar las graves violaciones de derechos humanos, perpetradas en el contexto de la represión estatal a las protestas de octubre pasado.

Nayra Chalán, vicepresidenta de la Ecuarunari, recordó que Inocencio Tucumbi fue la primera víctima mortal de la jornada de paro y que en su honor la Asociación fue bautizada con este nombre.

Quienes conforman la agrupación son los familiares de las personas fallecidas, de los heridos y los perseguidos políticos, no solo de las organizaciones indígenas sino de otros colectivos que pertenecen a la provincia de Pichincha y al Distrito Metropolitano de Quito.

Chalán, inclusive, hizo un llamado a que más personas se adhieran a la Asociación, porque conocen que hay víctimas que no han sido reportadas a los organismos pertinentes ni al Sistema de Salud Pública.

La dirigente de la Ecuarunari confirmó que realizaron la petición a la Corte Constitucional para que sea desclasificada toda la información relacionada con la actuación de la fuerza pública (policías y militares) durante las protestas, con el fin de conocer algunas verdades, como cuánto invirtió el Estado en la represión, asesinato y persecución política.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Comisión Multipartidista de la Asamblea aprueba informe sobre protestas de octubre

Después de casi siete semanas de trabajo de esta Comisión, que recibió documentos y al menos 74 comparecencias, aprueba el informe que contiene 10 conclusiones y ocho recomendaciones.

El documento fue aprobado por el presidente de la Comisión, Fernando Burbano (BADI), el vicepresidente, Jaime Olivo, de Pachakutik, y los comisionados Doris Solís, de Revolución Ciudadana (RC); Héctor Yépez, de Creo; y Carlos Vera y Rosa Orellana, de Alianza País (AP). El socialcristiano César Rohón, uno de los siete integrantes, se retiró de la sala antes de la votación con el argumento de que quería disponer más tiempo para revisar el texto que será remitido al Pleno.

El informe no determina si por parte de la Policía hubo uso excesivo de la fuerza como tampoco se señalan responsabilidades por los actos que se dieron en el paro, sin embargo se pide en el documento que las investigaciones por parte de la Fiscalía encuentren a los autores.

La principal conclusión del informe es que el detonante de esta crisis fue el Decreto Ejecutivo 883 con el cual el Gobierno eliminó el subsidio a la gasolina y que fue derogado al cabo de 11 días de manifestaciones. Por pedido del oficialismo, se agregó un párrafo en el que se indica que «es reprochable y que en ninguna circunstancia se justifica la violencia excesiva que se evidenció en las jornadas de protesta entre el 2 al 13 de octubre».

El informe también condena todos los actos de violencia organizada, evidencia varias afectaciones económicas como producto del paro y la retención de periodistas y policías, aunque sin cuantificarlos. También, señala que son inadmisibles todo tipo de acciones, expresiones y declaraciones racistas, misóginas, xenofóbicas y discriminatorias realizadas durante y después del paro. Y reprueba la actitud del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a esta Comisión.

Entre las recomendaciones consta que el Gobierno en el plazo de 30 días informe a la Asamblea Nacional acerca de las observaciones internacionales que ha recibido el país en el contexto de las protestas. Además, que en ese mismo lapso se presente un balance global sobre las personas fallecidas y heridas en el paro, pues la Comisión no logró establecer una cifra. La aprobación del informe estuvo precedida de un debate en el que los comisionados hicieron ajustes al documento, que demoró este martes casi tres horas a la votación.

La correísta Doris Soliz se lamentó de que en la parte fundamental del texto no aluda a sus coidearios, los Asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y el abogado Luis Molina, quienes permanecen bajo la protección de la Embajada de México en Quito. Tampoco a la situación que afrontan la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, su ex colaborador Christian González, y el ex asambleísta Virgilio Hernández, a quienes la justicia investiga por supuesta instigación a la rebelión durante el paro nacional. Soliz llevó una carta firmada por los coordinadores del bloque de la Revolución Ciudadana (RC), Pabel Muñoz y Franklin Samaniego, para que la Comisión recomendara al Pleno el debate de una resolución sobre una posible amnistía para quienes afrontan procesos judiciales tras el paro. Pero eso no fue acogido. (C.D.A.)

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Diana Atamaint considera que el movimiento CREO intenta tomarse el CNE

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, responsabilizó al movimiento político CREO de querer tomarse el organismo con miras a los comicios de 2021.

El anuncio lo hizo durante la inauguración del Primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer que se realizó el pasado martes 10 de diciembre, en Guayaquil. Ese día, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó el pedido de juicio político contra Atamaint, lo que motivó su reacción.

La titular del CNE manifestó que acudirá al Legislativo las veces que sean necesarias para responder sobre sus actos y lo hará cuando sea notificada.

Ante ello, el presidente de la Asamblea, César Litardo, indicó que dentro del trámite del juicio político existen plazos y que no se quiere que esos tiempos coincidan con las fiestas de Navidad y Fin de Año.

Conformación del CNE

El CNE está integrado por 5 vocales que fueron elegidos mediante un concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para un período de 6 años debiendo renovarse una mitad cada 3 años.

Diana Atamaint, quien preside el CNE pertenece a la CONAIE; el vicepresidente Enrique Pita representa al movimiento político CREO; y los consejeros José Cabrera Zurita al PSC, Esthela Acero a AP, y Luis Verdesoto es independiente.

El pedido de juicio político en contra de Atamaint fue planteado por los asambleístas de CREO, Jeannine Cruz y Fernando Flores. Ambos denuncian a la presidenta del CNE por incumplimiento de funciones.

La solicitud de juicio político es por emitir sentencia sin motivación en la destitución del titular de la oficina electoral de Los Ríos, además por incumplimiento al reglamento de Auditorías y derecho de petición en el caso Yasunidos.

En su momento, la asambleísta Cruz indicó que otra de las causales es que Atamaint no haya tomado acciones cuando hubo la denuncia de los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto sobre supuestos actos de corrupción de Luis Tarquino Loyo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Este miércoles se conocerá resolución final de sentencia a Iván Espinel

Los magistrados se han tomado el tiempo necesario para decidir si cambian o no la sentencia que condenó a Espinel, esta vez se pronunciarán nuevamente con el veredicto en caso de lavado de activos, luego que escucharon a las partes procesales, se aprestan a emitir su resolución.

Por su parte la Fiscalía General del Estado insistió, este 10 de diciembre, en su pedido de revocatoria parcial del fallo condenando al excandidato presidencial Iván Espinel Molina, a diez años de prisión.

La fiscal Ivonne Proaño recalcó en la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas, en el segundo día de la audiencia de apelación a la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Durán, cambiar la autoría de los otros dos acusados en este caso.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Virgilio Hernández pide tregua a dos cadenas televisivas para que no sigan con campaña de odio

El 10 de diciembre se publicó una carta escrita a puño y letra por el ex legislador, Virgilio Hernández, en la cual pone como título: CARTA ABIERTA: POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LES PIDO UNA “TREGUA” A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN ESPECIAL A ECUAVISA Y TELEAMAZONAS.

La carta de Virgilio Hernández, inicia refiriéndose a la celebración del día de los Derechos Humanos, establecido por Naciones Unidas en 1948. Además, habla de los antecedentes de la segunda guerra mundial y del repudio a la misma por todas las naciones que se obligaron a garantizar los derechos humanos y la paz.

De igual forma, hace hincapié en el reconocimiento a derechos fundamentales logrados en la década de la Revolución Ciudadana como educación, salud, vivienda, disminución de la pobreza y búsqueda de la igualdad como parte de la dignidad humana, por medio de la legislación y políticas públicas, recuerda esta misiva.

Hernández indica que en el comunicado sobre las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Pabón, Hernández y González existe preocupación por la presunta violación de varios derechos humanos.

“Hay preocupaciones de violaciones que afectan a la seguridad y la vida, lo principal: la privación de la libertad y la detención injusta y desproporcionada que abusa de la prisión preventiva que debería ser de ULTIMO RATIO…”

Una de las partes de la misiva de Hernández dice: “en el marco del análisis de la Medidas Cautelares una vez más se ha podido comprobar como los grandes medios de comunicación, las cadenas oficiales y otros como ECUAVISA y TELEAMAZONAS, de forma abierta y anti ética, a través de sus notas, entrevistas y reportajes hacen campaña para que se mantenga nuestra detención, sin que nunca se hayan preguntado o permitido que se exponga, si es justa o no la prisión al igual que en otros momentos de este proceso, solo se da voz a unos actores para propagar que somos culpables y –sentenciarnos mediáticamente- para buscar presionar al aparato judicial para que no actúe en base a derecho sino a esta construcción perversa de la opinión pública”.

Para Hernández las “cadenas informativas” no difunden lo trascendental que dice la CIDH en sus Medidas Cautelares:

  1. Señala con claridad que imputan hechos en los participaron varios sectores, y se los detiene olvidando que la responsabilidad penal es personalísima, y la CIDH en su lenguaje “diplomático” evidencia ese afán incriminatorio.
  2. Evidencia el clima de ostigamiento y estigmatización que existe contra la oposición correísta, o sea hay persecución política y que la democracia necesita de oposición.
  3. Indica que la prisión preventiva puede afectar a la legitimidad democrática, ya que Paola Pabón puede perder la Prefectura sin que exista sentencia ejecutoriada, al igual que pasa con el asambleísta Jofre Poma y el concejal Víctor Burbano.
  4. Pone en cuestión la prisión preventiva a autoridades y dirigentes políticos, sin que haya sentencia ejecutoriada.

Por otra parte, en su carta el ex asambleísta, pide tregua a esas dos cadenas televisivas.

“Ni siquiera les solicito que sean objetivos, sé que eso es imposible porque siguen agendas, solo tregua para que no sigan con su campaña de desinformación y odio”.

También pide a los organismos de derechos humanos nacionales, a los abogados honestos e incluso a los opositores suyos, que se involucren y que se pronuncien para que pervivan las reglas mínimas del juego democrático.

En sus últimos párrafos revela que el Gobierno Nacional, la Fiscalía y los organismos de inteligencia SABEN QUE NOSOTROS NO SOMOS VIOLENTOS (sería gravísimo que no conozcan de donde proviene la violencia), por ello reitero permitan defendernos en libertad y sigo esperando que encontremos un juez o jueza que actúen en derecho.

“Aspiro para que este día sea un compromiso social para seguir luchando contra lo que atente con la dignidad humana, la paz y la libertad. Pido para nosotros y todos los presos, justicia y debido proceso”, concluye así la carta de Virgilio Hernández.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Audiencia de revocatoria a prisión preventiva de Prefecta Pabón se realizará el 16 de diciembre

Posterior a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el ex legislador, Virgilio Hernández y Christian González, la defensa de los procesados solicitó que se revise su prisión preventiva.

Ante esto, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha convocó a la audiencia de revocatoria a la prisión preventiva para el próximo lunes 16 de diciembre del 2019. Esta diligencia se realizará a las 08h30 en la Corte Provincial de Justicia.

Cabe recordar que la CIDH solicitó al Gobierno ecuatoriano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los procesados. También la Secretaría de Derechos Humanos indicó que se reunirán para evaluar las condiciones de seguridad de los tres procesados.

Varios políticos y personalidades se han pronunciado sobre este tema y han alertado que el Estado ecuatoriano no respetó el debido proceso y el derecho a defenderse en libertad de Pabón Hernández y González.

Incluso han existido decenas de críticas porque se han irrespetado los derechos políticos de los pichinchanos y de la Prefecta.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Sofía Espín buscaría la restitución de su cargo como asambleísta

La defensa de Sofía Espín analiza los mecanismos para que la exlegisladora retorne a la Asamblea Nacional. Plantear una acción de protección para recuperar su cargo o interponer una demanda internacional contra los asambleístas que dieron el voto para su destitución son las estrategias que se estudian.

Según Diego Córdova, abogado de Espín, apenas el juez dictó el sobreseimiento, ya se establecen acciones que van encaminadas a subsanar el error de la destitución.

Espín y Yadira Cadena (abogada del expresidente Rafael Correa) fueron acusadas de fraude procesal en grado de tentativa, por la visita que hicieran, en 2018, a una procesada por el plagio del activista político Fernando Balda. El 13 de noviembre de 2018, Espín fue destituida con 94 votos por una supuesta “incompatibilidad de funciones”.

Si bien días atrás, el presidente de la Legislatura, César Litardo, descartó cualquier posibilidad de restitución del cargo de Espín, Córdova aclaró que en lo político tampoco se pueden cambiar los fundamentos de la destitución.  Una demanda al Estado por los daños causados es algo que también está sobre la mesa.

A su vez, dijo que estos temas serán analizados una vez que Espín retorne al país. Sin embargo, aún no existe una fecha establecida para su retorno, debido a que la exasambleísta tendría cosas pendientes por resolver en México, país al que ingresó el pasado 16 de noviembre.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano