Diversos criterios en la Legislatura sobre el fallo judicial a favor de Rosa Chalá

 Un juez de Santa Ana, Manabí, resolvió una acción de protección a favor de Rosa Chalá, exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), destituida por la Asamblea Nacional, el 15 de agosto pasado.

“El poder ciudadano ha triunfado y ahora las organizaciones sociales volverán a estar con su voz y voto en el CPCCS”, tuiteó Chalá, inmediatamente supo sobre el fallo, que, a su entender, dejó sin efecto la resolución del Pleno parlamentario.

Las autoridades del Parlamento esperan la notificación, por escrito, para apelar del fallo que ordena restituirle en el cargo a Chalá.

Mientras tanto, con términos fuertes el legislador socialcristiano Henry Cucalón descalificó la actuación del juez manabita. “El disque fallo es una soberana estupidez, lo cual refleja el estado precario de la justicia del Ecuador. Esa jueza ha hecho gala, a grito pelado, de ignorancia supina”, declaró el parlamentario.

Para Cucalón, los actos legislativos, denominados también actos políticos, no son susceptibles de acciones judiciales, por lo que, a su criterio, calificó de írrita la resolución judicial. Sin embargo, cree que la Legislatura tiene que apelar del fallo.

El asambleísta del Partido Social Cristiano piensa que, con la acción de protección interpuesta, Chalá pretende agotar todas las vías internas para demandar a los legisladores, que votaron por su destitución, en instancias internacionales. “Sabe que eso no tiene ni pies ni cabeza, ni jurídicamente ni en la parte práctica”, a decir de Cucalón.

Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, piensa que al presidente de la Asamblea Nacional, luego de que sea notificado con la resolución judicial, no le quedará más que dar cumplimiento a la sentencia del juez, hasta que otro juez de instancia pueda revocarla.

Recordó que hay antecedentes de ello y citó la acción de protección que interpuso el presidente Lenín Moreno, frente a una decisión de exclusiva competencia de la justicia electoral, y un juez le favoreció con su fallo declarándole presidente de Alianza PAIS.

Para el legislador Fabricio Villamar, ex CREO, la resolución del juez de Manabí le hace pensar en que parte de las cosas en las que tienen que trabajar es sobre la calidad de quienes administran justicia en el país.

De todas maneras, cree que la decisión del juez podrá ser reconsiderada por la instancia superior, que es la Corte Provincial de Manabí.

“Quiero recordarles que, ante casos similares, jueces de Imbabura y de Pichincha ya dijeron que no hay lugar a semejante medida (en este caso, devolver el cargo a Chalá)”, en opinión del legislador.

Villamar demandó la independencia de funciones, que, a su juicio, evitaría que la Función Judicial pueda determinar si las decisiones de un juicio político, llevadas a cabo por la Función Legislativa, pueden ser revisadas por un juez de primera instancia.

Considera que la Asamblea Nacional debe, a manera de queja contra el juez, hacer escuchar su criterio frente a lo resuelto, así como también debe actuar el procurador general del Estado, porque se estaría afectando principios fundamentales del derecho.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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