No hay evidencias sobre participación del correísmo en incendio de Contraloría: presidente Comisión Paro

 El presidente de la Comisión ocasional que analizó los hechos ocurridos durante el paro nacional de octubre de este año, Fernando Burbano, aseguró que no tienen evidencias de que hubo una participación del correísmo en el incendio a la Contraloría, tal como lo han sostenido varios voceros del Gobierno.

Sobre el incendio, que fueron 3, Burbano manifestó que se debe investigar a profundidad porque, dijo “quedan muchas dudas”. En una entrevista radial, el entrevistador le recuerda que Juan Sebastián Roldán, secretario del Gabinete, dijo que este hecho fue instrumentado por el correísmo.

“Que lo demuestre”, respondió Burbano, al señalar que la Comisión no tiene ninguna evidencia de ello y resaltó que, si el Gobierno tiene esa evidencia, debió presentarla ante la Comisión.

Una de las conclusiones centrales fue que el Decreto 883 fue el detonante de las protestas. Ante las críticas por esta parte del informe, Burbano mencionó que “si esto hubiera sido sobreentiendo ¿Por qué hay mucho afán de decir que hubo un acto de conspiración, intentos de golpes de Estado?”, criticó.

Recordó que, primero, se dio la paralización del transporte. Luego, las movilizaciones de organizaciones sociales y se sumaron los trabajadores, estudiantes y organizaciones espontaneas ciudadanas.

El informe, dijo, señala que la manera inconsulta de la emisión del Decreto 883, con el que eliminaba el subsidio a combustibles, generó el descontento social, así como la débil socialización y las pocas o nulas medidas de contingencia.

Burbano expuso que fue una movilización de la sociedad, “más allá de una convocatoria de un sector. Nuestra primera recomendación es que toda política pública tiene que socializarse”.

Sobre las intervenciones de varios voceros del Gobierno, de que hubo un plan orquestado desde varias figuras asociadas al expresidente Rafael Correa para supuestamente desestabilizar el orden constituyente, Burbano aclaró que son dos meses en los que se han mantenido con esa tesis. “Todos los días, a todo momento, pero hasta ahora no recibimos la información concreta que permita concluir con ello”, señaló.

Expuso que ningún comisionado, a excepción de César Rohón (PSC), ha presentado esa tesis. “Ningún funcionario de Gobierno nos ha dado pruebas que lo concluyan. Pero lo que hemos visto es una serie de acciones en diferentes lugares del territorio y la mayoría han estado totalmente desconectadas”.

Recordó que la teoría del Golpe de Estado se sustenta en el debilitamiento de la fuerza que controla el orden público. “La pregunta es: ¿Existió una facción dentro de las fuerzas armadas y Policía Nacional dispuesta a cambiar esa relación?”.

Burbano indicó que convocaron al director del Centro de Inteligencia para conocer si había información de que, con anterioridad, ya había la intención para este supuesto el golpe de Estado. “Se excusó y no fue”, lamentó.

Ahora, dijo, corresponde investigar estos hechos y que debería existir una reparación integral a todas las víctimas del paro como heridos, familias de fallecidos, así como los afectados por pérdidas económicas.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Operativos policiales dejan bandas delincuenciales desarticuladas

Este lunes 16 de diciembre directores nacionales de la Policía Judicial e Investigaciones de Antinarcóticos y Delitos contra la Vida comunicaron los resultados de los operativos policiales a nivel nacional.

En El Oro se ejecutó la cruzada ‘Victoria 491’ que ayudó al arresto de ocho personas, una de ellas es de nacionalidad extranjera, los sospechosos estarían implicadas en delitos de robo a mano armada a haciendas.

El operativo ‘Victoria 492’ permitió a la recaptura de Simisterra Porozo Jeison Fernando, de 24 años, quien el fin de semana se fugó de la cárcel de Cotopaxi.

Finalmente, en el Guayas miembros de la Sidpro-Bac estuvo a cargo del operativo “Hermes 227”, en el cual se aprehendió a personas presuntamente involucrados en un asalto, bajo la modalidad de sacapintas.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Juzgado de Garantías de Chile admite querella presentada contra Piñera por delitos de lesa humanidad

El senador Alejandro Navarro, fue quien presentó la querella por delitos de lesa humanidad contra el Presidente Sebastián Piñera, este martes el 7° juzgado de Garantía de Santiago admitió este libelo.

La acción legal del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, fue presentada el pasado jueves en compañía de víctimas de traumas oculares como resultado de la fuerte represión del Gobierno perpetrada desde el pasado 18 de octubre en Chile.

Esta demanda legal se dirige también a los ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, y a los generales de Carabineros y el Ejército, Mario Rozas y Ricardo Martínez, respectivamente, con responsabilidades compartidas de estas violaciones a los Derechos Humanos.

Esta querella apunta específicamente a una violación del artículo 5° de la Ley 20.357 la cual tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra. Al ingresar esta acción judicial, el senador afirmó que se busca cárcel para Piñera y que pague por sus responsabilidades políticas.

Según Navarro, el presidente Piñera “será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, siendo el grado máximo una pena que va desde 15 años y un día a 20 años”, insiste en que hay antecedentes para establecer la acción legal, debido a un «ataque sistemático y organizado» contra el pueblo chileno.

“Esta es una querella que busca justicia, y la justicia en este caso de violaciones de Derechos Humanos es cárcel para Piñera. Es la única forma de reparar en cierta medida el dolor de las víctimas, de los mutilados, de quienes han quedado ciegos», recalcó el parlamentario.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Vicepresidente del FUT plantea en un 25% el incremento del salario básico unificado para 2020

El vicepresidente del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), José Villavicencio, se refirió al incremento del salario básico unificado que debe ser aprobado para 2020, una vez que un estudio de la firma Deloitte Consulting proyecta el incremento de un dólar.

Villavicencio cuestionó que a pesar de que se ha pedido que este tema sea analizado de forma permanente, siempre queda para el último. Es por ello, que el Consejo Nacional de Salarios, sino se pone de acuerdo, le corresponderá al Gobierno tomar la última decisión.

Bajo este panorama, consideró conveniente que se debe establecer una política general de sueldos y salarios.

Al referirse a la propuesta que revela el estudio de Deloitte, dijo que no le sorprende lo que se pretende implementar, debido a que los empresarios buscan la flexibilización laboral, el congelamiento de salarios y políticas precarias.

“Ellos plantean que por un lado no hay que subir un centavo, pero para que no les digan nada suben un dólar”, señaló.

Por otra parte, anunció que como FUT pedirán el incremento del 25% (492,5 dólares) basados en que este monto debe ir a la par con la canasta básica.

Sostuvo que si se quiere recuperar el poder adquisitivo se debe mejor su salario para que pueda cubrir la canasta básica.

Aclaró que este beneficio solo es para quienes ganan un salario básico, que es del sector privado, porque en el sector público los sueldos permanecen congelados.

Comentó que como FUT se acordaron ejes para trabajar en reformas laborales, que no solo tienen que ver con materia legal.

Adelantó que el pasado lunes 16 de diciembre se entregó al Ministro de Trabajo una propuesta de políticas para fomentar el empleo, pero tomando en cuenta los derechos.

A su vez, dijo que como parte del planteamiento del FUT se propone que se genere empleo en los sectores de la construcción, turismo, agricultura, comercio y servicios.

Sobre el envío a la Asamblea Nacional de la reforma laboral, expresó que eso es un tema complejo, pero que se trabaja en mesas de diálogo con el Gobierno. Incluso informó que una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está en el país para dar a conocer sus puntos de vista.

Bajo este parámetro, mencionó que una vez que se tenga los elementos se decidirá el envío del paquete de reforma laboral.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria reclama abandono del Gobierno a ese sector

Silvia Morales, presidenta (encargada) de la Cámara de Economía Popular y Solidaria, lamentó que pese a que la Constitución los reconoce como parte fundamental en la dinamización económica, no se ha hecho nada por el sector y todo ha quedado en papeles.

Por ello, dijo esperar que con el Comité de Competitividad y Emprendimiento, que se creó mediante decreto ejecutivo, finamente se efectivice toda la ayuda que se viene ofreciendo desde hace años atrás.

“Nos han propuesto beneficios y poco se ha cumplido (…) Queremos ser parte de este Comité, sabemos lo que son los emprendimientos, el trabajo de los sectores de servicio y producción”.

Morales mencionó algunos problemas que los emprendedores encuentran tanto en documentación como en contratación, uno de ellos la falta de una norma que establezca el plazo para pagarles por algún producto o servicio: “Si nuestros emprendedores o asociaciones ponen en las perchas sus productos, no hay un límite para el pago y eso al emprendedor le complica su situación económica porque no cuenta con capital fuerte”.

Remarcó que si la intención del régimen es fortalecer el sector, no podrá lograrlo desde el escritorio sino con trabajo en territorio, tomando en cuenta que incluso en el Servicio de Contratación Pública no hay nada para los emprendedores.

“Hay mucho por trabajar todo está solo en papeles, no se ha trabajado con el sector de manera real”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

En la Asamblea, proponen resistirse al archivo de la Ley para Registro de Violadores

La Corte Constitucional (CC) emitió su dictamen sobre la Ley de Registro de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes (REVAAS): es inconstitucional. Este 16 de diciembre, la Asamblea debatió el informe, pero la legisladora proponente de la normativa, Lourdes Cuesta, se acogió al derecho a la resistencia y no mocionó su archivo. Hubo legisladores a favor, otros en contra de esta propuesta. El presidente del Legislativo (e), César Solórzano, suspendió la sesión.

“Me acojo al artículo 98 de la Constitución y me declaro en resistencia. Que sea otro colega asambleísta que mocione el archivo. Yo, esto no puedo hacerlo a los niños y niñas del Ecuador”, dijo Lourdes Cuesta, en rechazo al dictamen de la CC y de que esta Ley se archive.

La Ley fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la Asamblea el pasado 01 de octubre. El Ejecutivo emitió su veto parcial por razones de inconstitucionalidad, que fue ratificado por la Corte Constitucional.

En la sesión plenaria de hoy, Roberto Gómez (CREO) dijo que la Asamblea no tiene por qué aprobar el archivo ahora, “así sea como una expresión de rechazo político al dictamen de la CC que protege a violadores”.

Para Gómez, la Constitución les permite ejercer el derecho a la resistencia y, dijo, “si unánimemente estamos de acuerdo de que esta ley no es mala, que es constitucional y que protege a los niños ¿Quién va a ser el legislador que mocione el archivo de esta ley?”, agregó.

La propuesta de Gómez es que esta Ley no quede archivada por la Asamblea y, enfatizó, “sea la Corte la responsable de que la Ley no entre en vigencia”.

Franklin Samaniego (RC) mencionó que “si tuvieron la capacidad de acercarse a la Comisión de Justicia a debatir cada artículo y hacer incorporaciones, no me vengan ahora con la falacia de que es un texto inconstitucional que, además, fue aprobado por unanimidad de la Asamblea”.

Señaló que este proyecto de Ley instrumentaliza lo que dispone el art.65 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Wilma Andrade (ID) fue quien mocionó el archivo de la Ley REVAAS. Advirtió que la Asamblea podría caer en desacato. El presidente Legislativo (e), César Solorzano, se reunió brevemente con un grupo de legisladores para encontrar una salida. Finalmente, calificó la moción de Andrade, pero suspendió la votación.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Según la CIDH, el Estado ecuatoriano cometió omisiones en el caso del equipo periodístico asesinado en la frontera norte

Descoordinación entre militares y policías ecuatorianos desencadenó el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario EL COMERCIO, según el informe del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados por el grupo narcodelincuente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Arízala, alias “Wacho”, secuestrados el 26 de marzo de 2018. El Gobierno ecuatoriano confirmó sus muertes el 13 de abril y sus cuerpos recuperado en julio de ese mismo año.

Para Yadira Aguagallo, representante de los familiares de los asesinados, hasta llegar al informe de la CIDH han tenido que recorrer un camino bastante largo, luego de un año nueve meses del suceso.

Destaca que este mecanismo de seguimiento del caso del equipo periodístico es inédito en el continente, que muy pocas veces se lo ha hecho, porque este, de Ecuador, es el tercer caso que la CIDH ejecutó.

El informe de la Comisión, a criterio de Yadira, debería ser considerado, por las fiscalías de Ecuador y Colombia, como un insumo para que realicen un trabajo de investigación diligente, apegado a la justicia y en beneficio de la garantía de los derechos de todos los ciudadanos.

Según Aguagallo, en el informe la CIDH hace una importante recomendación a los estados de los dos países, principalmente al ecuatoriano, sobre la investigación en la que posiblemente hubo omisiones, cometidas por el Estado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La Ley Económica permite que USD3000 millones no cuenten como deuda al ser trasladados a Certificados de Tesorería.

Carlos de la Torre, exministro de Finanzas y docente universitario, señaló que la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria aprobada por la Asamblea Nacional, viene a generar nuevos espacios donde se pueden dar abusos de diferentes sectores: “No es de progresividad, no viene a resolver los problemas”.

Explicó que en la normativa se establece la posibilidad de que el Gobierno Nacional podrá pagar deudas pendientes de hasta el 3% del PIB, con títulos de deuda pública y entre ellos con Certificados de Tesorería (CETES), lo cuestionable según el experto que en el veto se incluye que quienes podrían recibir esos pagos bajo esa figura son los laudos arbitrales y demandas internacionales.

“Este instrumento se podía utilizar antes, se usaba para pagar deudas pequeñas a universidades que necesitaban liquidez inmediata y en ese momento no había disponibilidad de caja. Pero esta vez hablamos de más de USD3000 millones”.

El exfuncionario detalló que al cancelar con CETES, que son instrumentos de hasta un año plazo, su contabilización no entra como deuda consolidada o como deuda agregada.

“Lo que nos dice es que la perspectiva que se tiene de pagar las deudas, que superan de largo al presupuesto, son importantes y que se busca usar instrumentos que no generen un efecto contable en el nivel de endeudamiento público, aun cuando los títulos son deuda, pero si se usan certificado de tesorería no aparece como tal”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano