Asamblea Nacional retornará a sus labores en 2020

La Asamblea Nacional terminó su trabajo en el Pleno y los legisladores volverán a sesionar el próximo año.

La semana pasada, la Asamblea tuvo una jornada maratónica, con sesiones a diario, excepto el viernes para evacuar temas que estaban pendientes. Se desconoce si las comisiones laborarán por estos días, aunque no existe nada registrado en la agenda de la Función Legislativa.

A diferencia de los funcionarios del Parlamento, esta semana habrá poca concurrencia de los asambleístas al Palacio Legislativo. El jueves, al culminar el primer debate de las enmiendas constitucionales, ya se dieron los abrazos por Navidad y Año Nuevo. Ese día, el Pleno terminó con las justas la sesión con 35 legisladores.

Estas dos semanas, debido a los feriados nacionales, no habrá sesiones del Pleno. Este año, las convocatorias al salón plenario se dieron, principalmente, martes y jueves. Mientras los miércoles se realizaron las sesiones de comisión. Como los feriados cortan la semana, ya no habrá sesiones hasta enero.

En el cronograma de trabajo de los asambleístas, dentro del Palacio Legislativo, los lunes y viernes fueron irregulares. Casi ninguna Mesa Legislativa sesionó esos días, debido a que los asambleístas de provincia viajan.

Bajo ese escenario y con la dirección de César Litardo, la Asamblea aprobó, en siete meses, 11 leyes, de las cuales ocho culminaron su trámite y otras están en las etapas finales, para revisión del Ejecutivo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Defensoría del Pueblo exhorta al Presidente vetar parcialmente reformas al Código de la Democracia

Frente a las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo exhorta que el Presidente Lenín Moreno emita su veto parcial porque expresan su preocupación por lo prescrito en la transitoria tercera del documento, donde se establece un mecanismo progresivo del cumplimiento del principio de paridad, cuando, según explican, el derecho a la igualdad y no discriminación no es un derecho de desarrollo progresivo, sino de cumplimiento inmediato.

La entidad reconoce el avance que representa el reconocimiento del principio de paridad de género como un pilar fundamental del sistema democrático, así como para la construcción de un Estado inclusivo.

Pero les preocupa que no sea de cumplimiento inmediato y se establezca un mecanismo progresivo. “De conformidad con lo establecido por el Comité CEDAW en su Observación General No. 23, los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar la participación de las mujeres en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.

Desde la promulgación de la Constitución de 2008, recuerdan, el país ha dado algunos pasos para la consecución de este objetivo. “Es así que el artículo 65 de la Constitución de la República determina que el Estado está obligado a promover la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública”.

Consideran que “es el momento de implementar acciones definitivas para reemplazar las medidas temporales, que permitan, de manera inmediata, la aplicación efectiva y el respeto al derecho de la igualdad material de las mujeres en la representación política”.

La Coordinadora política de Mujeres, la Red de Mujeres de Losa y Mujeres por la Democracia, se suman a la suscripción del presente exhorto hacia el Presidente. El objetivo es que se implemente el principio de paridad de género en su totalidad desde el próximo periodo electoral (2021), en todas las elecciones pluripersonales y unipersonales.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Defensa de Ricardo Rivera tramita acción de protección por sentencia de asociación ilícita en el caso Odebrecht

Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas y procesado en el caso Odebrecht, agota las instancias legales para defenderse.

Aníbal Quinde, abogado de Rivera, tramita una acción de protección en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuyo Tribunal de Casación ratificó en octubre la sentencia de seis años por el delito de asociación ilícita.

Según el reglamento de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, la acción constitucional para Ricardo Rivera debe presentarse en la judicatura donde se dio la supuesta vulneración de derechos. Esto es en el Tribunal de Casación y debe hacerse en máximo 20 días de notificada por escrito la sentencia, que vence este 24 de diciembre.

Tras revisar que la acción constitucional se presente en los tiempos permitidos, el pedido se derivará a la Corte Constitucional. “Es esta institución la que debe analizar si existió o no una vulneración de derechos que es lo que vamos a alegar”, comentó Quinde, quien agregó que la información que es parte de la asistencia penal China y que está en poder de la Fiscalía General del Estado libera a su cliente de muchas responsabilidades y contiene pruebas concluyentes que desmentirían lo argumentado por la Fiscalía.

Posteriormente, presentaría una acción extraordinaria de revisión en la Corte Nacional de Justicia.

Según Quinde, Rivera, además, estaría siendo investigado por delitos como cohecho y lavado de activos.

En Ecuador, Odebrecht habría entregado a funcionarios públicos 33,5 millones de dólares para beneficiarse con contratos públicos.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Octubre fue decisivo para detectar los errores en el manejo del área de Inteligencia

Los hechos de octubre marcaron un antes y un después en las áreas de seguridad y defensa.

El Gobierno observó fallas en Inteligencia, pues no se pudo detectar la reacción del levantamiento indígena, donde hubo infiltración, y las Fuerzas Armadas implementaron una estrategia de acción pasiva para enfrentar el problema.

Esto motivo la renovación de la cúpula militar y la creación de una nueva directiva contra la insurgencia.

En esta línea, la institución avanza en la adquisición de equipamiento antimotines y también en la aplicación de la inteligencia operativa para la búsqueda de los insurgentes.

Con una reorganización en todos los niveles, quieren evitar que los hechos violentos de octubre se repitan. Sin embargo, a la par, el Ministerio de Defensa trabaja en otros frentes como la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal.

Para el general en servicio pasivo e integrante de la Comisión de Seguridad Integral, René Yandún, no se puede decir que se ha hecho un trabajo como el que se desearía.

Yandún indicó que con el Gobierno anterior se debilitó la estructura, los mandos y hasta hubo falta de armamento y equipos.

Recalcó que el área de Inteligencia fue fuertemente debilitada, para que no se haya podido detectar lo que sucedió en octubre.

Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y exdirector de Inteligencia Militar, expresó que se necesita una política para recuperar la capacidad operativa y poder hacer frente a las amenazas externas e internas.

Añadió que el fracaso en Inteligencia es porque cada institución quiere tener el control del tema y sugirió depurar el sistema.

“Las FF.AA. y la Policía no están preparadas para operaciones asimétricas como actos de terrorismo, sedición urbana, sabotaje, secuestros, anarquismo o conflictos de baja intensidad… el equipamiento que están adquiriendo no es para eso”, agregó Pazmiño.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Tribunal ratifica arresto domiciliario para Alexis Mera

Este lunes 23 de diciembre de 2019 el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la acción de Habeas Corpus presentado por la defensa del exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dentro del caso Sobornos 2012-2016. Con esta decisión, Mera continuará con arresto domiciliario.

La defensa del exfuncionario, Fausto Jarrín, interpuso este recurso para recuperar la libertad de su cliente.

Jarrín expuso que, al enfrentarse a una pena que no excede los cinco años, la detención sin sentencia no puede exceder los seis meses. En el caso de Mera, este plazo se cumplió el 2 de diciembre.

El arresto domiciliario, dijo Jarrín, tiene la misma finalidad que la prisión preventiva, por lo que, dijo, en caso de una sentencia de las dos se computa el tiempo de detención. Sin embargo, el Tribunal mencionó el que no es lo mismo la prisión preventiva que el arresto domiciliario porque esta última es una medida sustitutiva. Por lo que negó el recurso de Habeas Corpus.

“No puedo estar de acuerdo que se las quiera ver como figuras que no privan de la libertad a la personas. Alexis Mera está privado de la libertad, no puede moverse. Tiene 4 o 5 policías permanentemente”, cuestionó Jarrín.

Además, señaló que a su defendido le han impedido ejercer otras actividades, no relacionadas al libre tránsito, sino a otras, como la libertad de expresión y otras que no deberían haber estado restringidas.

En mayo de este año, Mera fue detenido y le dictaron prisión preventiva por el presunto delito de concusión, dentro del caso Sobornos. Sin embargo, el 3 de julio un Tribunal aceptó el recurso de apelación para revocar su prisión preventiva.

Desde entonces, el exfuncionario cumple arresto domiciliario con vigilancia policial permanente, prohibición de salida del país y, además, el uso del grillete electrónico.

Jarrín también lamentó que, el 2 de diciembre, solicitaron la sustitución de medidas y, hasta la fecha, no se han recibido ninguna notificación. “La jueza, en el informe dice que resolverá sobre esa situación el mismo día en el que vaya a resolver sobre el futuro del proceso”, precisó.

Está previsto para el 3 de enero de 2020 que se reinstale la audiencia, en la cual, la jueza Daniella Camacho decidirá si llama o no a juicio a las 23 personas procesadas por el caso Sobornos.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

“Perdí todo. Lo que hice no valió nada”: militares venezolanos que apoyaron a Juan Guaidó y huyeron a EE.UU. ahora están encarcelados por ICE

El mayor Hugo Parra Martínez pasa sus días tras las rejas en constante tensión: no sabe cuándo saldrá o si las autoridades migratorias terminarán deportándolo a Venezuela, donde asegura que su vida corre peligro.

“Caí en un saco y estoy en el fondo. Perdí todo: mi familia, mi casa. Lo que hice no valió nada. No veo una salida”, cuenta desde el Winn Correctional Center de Louisiana, una de las cárceles en las que la administración del presidente Donald Trump retiene a miles de inmigrantes mientras se resuelven sus casos de asilo.

Este mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de 42 años, ya no sabe a quién pedir que interceda por su caso.

“Aquí dentro solo me acompañan la biblia y Dios, a quien le imploro todos los días para que me ayude a salir pronto”, dice en conversación telefónica con Noticias Telemundo Investiga.

Han pasado más de ocho meses desde que se entregó a las autoridades migratorias estadounidenses en el Puente Internacional número II de Nuevo Laredo, México, el pasado 11 de abril. Desde entonces, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo ha trasladado de centro de detención dos veces, le ha negado dos peticiones para salir bajo fianza y aún no le ha programado una cita para ver a un juez de inmigración.

Parra es uno de los más de 100 militares venezolanos que se levantaron contra el gobierno de Nicolás Maduro cuando, a principios de 2019, el diputado opositor Juan Guaidó puso en marcha la llamada ‘Operación Libertad’ y prometió sacar a Venezuela de la crisis, un gobierno de transición y nuevas elecciones.

Guaidó, reconocido por unos 60 países como presidente interino, llamó a los militares a ponerse “del lado correcto de la historia” y les prometió “amnistía y garantías”. Pero el apoyo del brazo armado no fue suficiente y su intento de sacar a Nicolás Maduro de Miraflores fracasó. 

Los soldados con quienes he hablado han respondido a su deseo de vida y futuro para sus hijos que el Usurpador no les garantiza.

Soldado venezolano, el mensaje es claro: haz lo que te manda la Constitución. Habrá amnistía y garantías para quienes se pongan del lado del pueblo.52,3 mil12:44 – 23 feb. 2019Información y privacidad de Twitter Ads31,3 mil personas están hablando de esto

Casi un año después de que el país sudamericano fue sacudido por masivas protestas que dejaron decenas de muertos y miles de heridos y detenidos, la oposición se encuentra profundamente fragmentada y los venezolanos continúan huyendo en estampida, como parte de la segunda crisis de refugiados más grave del mundo, encabezada por Siria.

A pesar de que Estados Unidos fue el primer país en reconocer y apoyar a Guaidó, catalogar al gobierno de Maduro como una dictadura y reconocer la crisis política y humanitaria, continúa deteniendo y deportando venezolanos, para los que se ha mostrado reacio en aprobar un Estatus de Protección Temporal (TPS).

Mientras tanto, decenas de militares que se levantaron contra Maduro han tenido que abandonar el país para vivir como refugiados, la mayoría en España y América Latina.

Otros como el Mayor Parra vinieron a EE.UU. a buscar refugio en el mismo país que durante los días de la insurrección les mostró su apoyo. Pero después de casi un año, este militar se siente abandonado por Guaidó, quien también aseguró que los protegería.  

Huyendo de Colombia

El 23 de febrero de 2019 fue la fecha de inflexión política para Venezuela que sellaría el destino de decenas de militares como Parra.

Vista aérea muestra a las fuerzas de seguridad venezolanas en Cúcuta el 25 de febrero, luego de haber bloqueado el paso de la ayuda humanitaria para impedir su ingreso a Venezuela.

Vista aérea muestra a las fuerzas de seguridad venezolanas en Cúcuta el 25 de febrero, luego de haber bloqueado el paso de la ayuda humanitaria para impedir su ingreso a Venezuela. Foto: (Getty Images)

Ese sábado Guaidó cruzó por el Puente Internacional de Tienditas, en el estado venezolano de Táchira, hacia la ciudad colombiana de Cúcuta. Allí, decenas de voluntarios esperaban pasar hacia Venezuela unas 600 toneladas de ayuda humanitaria, almacenada en varios contenedores. Maduro, negando que necesitaran tal ayuda, se rehusó a permitir la entrada y calificó el gesto internacional como un “caballo de Troya” para sacarlo del poder.

Además de los civiles, Guaidó necesitaba a los militares para completar la operación. Ese día, unos 1,200 efectivos decidieron dar un paso que no sabían que los empujaría poco después hacia el exilio: jurar el apoyo al líder de la Asamblea Nacional.

Parra fue uno de los primeros cinco en hacerlo, y el de mayor rango. El video de su encuentro con Guaidó le dio la vuelta al mundo. Las expectativas eran altas.

“Había mucha esperanza”, recuerda desde el centro de detención en Louisiana. “Pero no hubo el apoyo necesario de Guaidó y su gente para aniquilar al gobierno de Maduro. Él tuvo que haber sido más contundente, más radical”.

Luego de un enfrentamiento entre las fuerzas chavistas y los que intentaban pasar la ayuda, la operación fracasó. Con miedo de regresar a Venezuela y ser perseguido por la policía política de Maduro, los militares desertores como Parra se entregaron en Colombia, donde fueron albergados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El mayor Hugo Parra y el primer teniente Erick Molina cruzan el Puente Internacional número 2 en Nuevo Laredo, México, donde se entregan a las autoridades migratorias de EEUUel 11 de abril.

El mayor Hugo Parra y el primer teniente Erick Molina cruzan el Puente Internacional número 2 en Nuevo Laredo, México, donde se entregan a las autoridades migratorias de EEUU el 11 de abril. Foto: (Cortesía de Raynell Martínez)

Parra, quien en un inicio se hospedó en una casa parroquial y luego en el hotel Acora de Cúcuta, asegura que él y sus compañeros recibieron amenazas de muerte y fueron atacados con un carro bomba por agentes de Maduro de los llamados ‘colectivos’. La inseguridad hizo que muchos salieran también del país vecino.

En su caso, escapó junto al primer teniente Erick Molina a México en avión. Allí ambos se entregaron a las autoridades migratorias en Nuevo Laredo.

La odisea recién comenzaba.

Sin abogado ni fecha de corte

Luego de pasar dos meses detenidos en el Rio Grande Detention Center (Laredo, Texas) a Parra lo trasladaron al Tallahatchie County Correctional Facility (Mississippi) en mayo. Dos meses después, en julio, fue cambiado de prisión nuevamente, esta vez a Winn.

La embajada de Venezuela en Washington le asignó un abogado pro-bono, pero ambos llegaron al acuerdo de que no seguirían trabajando juntos, luego de que Parra reclamara por la falta de resultados y el defensor respondiera que estaba haciendo cuanto podía en el tiempo libre que le quedaba de sus otros casos.

Ahora este militar se encuentra detenido sin representación legal, en uno de los estados con menos beneficios de asilo otorgados por las autoridades migratorias.

“De unos 40 casos que he atendido en los últimos meses en este estado, a ninguno le han otorgado el asilo. Y no conozco a nadie en un centro de Louisiana a quien se lo hayan dado”, dice la abogada de inmigración Lorena Pérez, quien actualmente trabaja para varios clientes como pro-bono.

Pérez dice que los largos tiempos que el gobierno obliga a los inmigrantes a esperar por respuestas a sus casos dentro de centros de detención tienen el objetivo de desgastarlos, para que soliciten ser devueltos a sus países.

“Es una carrera para ver quién aguanta más, quién es más fuerte”, comenta.

Vista del Winn Correctional Center en Louisiana, donde Parra se encuentra detenido por ICE desde junio.

Vista del Winn Correctional Center en Louisiana, donde Parra se encuentra detenido por ICE desde junio. Foto (Louisiana Department of Public Safety & Corrections).

Noticias Telemundo Investiga comprobó que el número de expediente de Parra no figura en el registro de las cortes de inmigración, lo que puede significar que luego de ocho meses detenido su caso ni siquiera haya comenzado a ser procesado en el sistema.

Erick Molina corrió con un poco más de suerte. Luego de que los separaron, pasó otros tres meses detenido y le fue concedido el parole con fianza. Ahora espera en Austin, Texas, por una respuesta sobre su caso de asilo político, pero en libertad.

La exmayor Raynell Martínez, otra militar retirada de la Fuerza Aérea Venezolana que entró a EE.UU. en 2014 bajo condiciones similares, los ha ayudado a ambos desde que llegaron a México. A Molina lo ayudó a conseguir el dinero para la fianza a través de donaciones. Por Parra ha podido hacer menos.

“Se han hecho todas las diligencias para que el embajador de Guaidó en EE.UU., Carlos Vecchio, apoye a Parra con un abogado, pero nada ha sucedido”, lamenta.

“Mal vistos” por Estados Unidos

Hay quienes consideran que el costo de la desatención a los casos de los militares disidentes será grande.

José Antonio Colina, exmilitar y presidente de la organización de venezolanos exiliados Veppex, protesta en Miami a mediados de diciembre para pedir la liberación de unos 400 connacionales presos en cárceles de ICE.

José Antonio Colina, exmilitar y presidente de la organización de venezolanos exiliados Veppex, protesta en Miami a mediados de diciembre para pedir la liberación de unos 400 connacionales presos en cárceles de ICE. Foto: (Belisa Morillo).

Dejar a estos militares en el olvido y con poca o ninguna protección podría alejar a potenciales aliados dentro y fuera del territorio venezolano y desalentar a otros militares para futuros alzamientos, según el exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela José A. Colina, exiliado en Miami y presidente del grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

“Si este gobierno reconoce que en Venezuela hay violación de los derechos humanos, que hay una dictadura que oprime al pueblo y que la gente está muriendo, entonces a los venezolanos que llegan aquí les deberían dar algún tipo de protección”, dice Colina.

El exmilitar, a quien entrevistamos a mediados de diciembre durante una marcha del exilio venezolano en la que reclamaban libertad para unos 400 connacionales en centros de detención de ICE, cuestiona que senadores, congresistas y otros funcionarios estadounidenses critiquen al gobierno de Maduro, pero no tomen suficientes medidas para proteger a quienes huyen de él porque temen por su vida.

Colina asegura que ha pedido en varias ocasiones a Guaidó y al Departamento de Estado que intercedan por una decena de militares en la misma situación que Parra y Molina, pero que no ha habido respuesta.   

Unos 4,7 millones de venezolanos —el 16% de la población del país— han huido del territorio nacional desde que la economía sufriera una contracción del 65% en 2013.

Unos 4,7 millones de venezolanos —el 16% de la población del país— han huido del territorio nacional desde que la economía sufriera una contracción del 65% en 2013. Foto: (AP).

El gobierno de EE.UU. –dice este exteniente– se demora más con los casos de militares porque les toma tiempo determinar que en realidad son perseguidos políticos que apoyaron a la oposición y no agentes chavistas que buscan beneficios migratorios o vienen como espías de Maduro.

El caso de Parra, cuyo apoyo a Guaidó quedó registrado en video y tuvo amplia repercusión en los medios, no debería haber demorado tanto, reclama Colina.

Los militares como él, que ya no tienen cabida en la Venezuela de Maduro, también son “mal vistos” por el gobierno estadounidense. “Son vistos como parte del sistema (chavista)”, advierte.

Guaidó está “al tanto”

Noticias Telemundo Investiga se comunicó con el Departamento de Estado para obtener comentarios sobre los casos de militares como Parra, pero rehusaron contestar. Hasta el momento de publicación de esta nota el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tampoco había respondido a una solicitud de información.

El diputado opositor Juan Guaidó saluda a un grupo de seguidores durante una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, en mayo de 2019.

El diputado opositor Juan Guaidó saluda a un grupo de seguidores durante una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, en mayo de 2019. Foto: (Getty Images).

Por su parte, el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Washington, Brian Fincheltub, dijo que Juan Guaidó está al tanto de la situación que atraviesan los militares disidentes como Parra y Molina, pero que el diputado no solamente tiene este “incidente” del que hacerse cargo.

“Todos los días en Venezuela hay millones de emergencias y cientos de casos como este que están pasando”, puntualizó. Y agregó que los recursos de la misión diplomática del presidente interino en el país son limitados y que tienen restricciones para actuar “sobre todo en temas migratorios”.

“Hemos hecho énfasis en esos casos (de los militares) porque reconocemos que tuvieron la valentía de hacer lo que hicieron. Sin embargo, no es una decisión nuestra que el gobierno de Estados Unidos haga el proceso más rápido o más lento”.

Fincheltub asegura que la Embajada ha hecho reclamos tanto a ICE como al DHS, pero no han obtenido respuesta: “Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos”.

Esclavo de una promesa

EE.UU. ha deportado a Venezuela a militares, luego de denegarle sus solicitudes de asilo político, y a pesar de haber expresado su miedo de regresar.

Uno de los más conocidos es el caso del exintegrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Helegner Tijera, quien llegó en 2016 luego de desertar y pasó dos años detenido por ICE antes de perder su caso ante un tribunal de apelaciones y ser enviado de vuelta. 

A pesar de haber salido bajo fianza, Erick Molina dice que vive con un “terror” a ser devuelto a Venezuela.

“Pensamos que como Estados Unidos es aliado de Guaidó, hablarían entre ellos y nos ayudarían con el proceso migratorio”, explica. “Pero todos los militares que pasamos a Cúcuta estamos en la nada. Flotando”.

Estados Unidos ha deportado a militares venezolanos desertores en el pasado, como fue el caso de Helegner Tijera, quien luego de unirse a la oposición vino pidiendo asilo y pasó 2 años preso por ICE antes de ser devuelto.

Estados Unidos ha deportado a militares venezolanos desertores en el pasado, como fue el caso de Helegner Tijera, quien luego de unirse a la oposición vino pidiendo asilo y pasó 2 años preso por ICE antes de ser devuelto. Foto: (AP).

Molina asegura que son más de 100 y que actualmente andan desperdigados por varias partes de la región: “Estoy seguro de que (Guaidó) no sabe ni quiénes son ni dónde están. Andan regados por toda América Latina: Argentina, Brasil, Perú, Chile”.

Respecto a la promesa de protección y garantías del presidente interino dice que “no se cumplió en ningún momento”. “Ya él se volvió esclavo de su promesa”, asevera.

En una entrevista reciente con el diario español El País en la que niega que la ‘Operación Libertad’ haya sido un fracaso, Guaidó dijo que es necesario buscar un mayor respaldo de las Fuerzas Armadas para lograr concretar un gobierno de transición.

Molina piensa que luego de ver cómo se han desenvuelto las cosas, al líder opositor le será incluso más difícil lograr apoyos del sector con poder de fuego en un futuro, algo necesario para hacerse con el mando político en Venezuela, donde el aparato estatal se encuentra profundamente militarizado.

“Dentro de las Fuerzas Armadas más de uno no va a querer levantarse en contra de un régimen, apoyando a una persona que luego no le va a cumplir”, advierte.

Sin arrepentimientos

Mientras tanto, en el centro de detención de Winn, Hugo Parra asegura no arrepentirse del paso que dio el 23 de febrero, cuando le estrechó la mano a Juan Guaidó y le dijo: “Ordene, mi comandante en jefe”.

En Caracas, señala, su casa y la de su madre fueron ocupadas por el gobierno de Maduro. El único vehículo de la familia fue confiscado. Su mamá, que se recupera de una cirugía por un cáncer, tuvo que huir a Colombia a la casa de familiares, por la inseguridad. En el país vecino su esposa también logró conseguir trabajo y se llevó a sus hijos con ella.

De ellos no ha tenido muchas noticias desde que ingresó a esta prisión, donde asegura que solo permiten llamadas locales.

Dice que si tuviera a Guaidó en frente le recomendaría poner “un poco más de cariño y corazón a lo que quiere”, para que pueda “lograr sus objetivos”. Sin embargo, reitera que no se arrepiente: “Lo volvería a hacer”, asegura.

Fuente: Telemundo, República del Banano

FMI y Ecuador acuerdan ajustes a las metas de cumplimiento del acuerdo financiero

En el staff report (reporte del equipo técnico del FMI), difundido este viernes 20 de diciembre por el Fondo Monetario Internacional (FMI) da cuenta de varios ajustes en las metas de cumplimiento del acuerdo financiero que mantiene con Ecuador.

“Las autoridades ecuatorianas han demostrado su compromiso con la prudencia fiscal, que continúa siendo fundamental para la sostenibilidad fiscal. En este contexto, la reforma tributaria aprobada recientemente aumentará los ingresos y hará que el sistema tributario sea más favorable al crecimiento, simple y equitativo”, dijo el Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio, Mitsuhiro Furusawa.

En el nuevo ajuste se acordó, entre otras cosas, un ritmo más lento en la reducción de la deuda externa, así como también se estableció que las reservas internacionales puedan ser menores a las esperadas en la revisión anterior.

Se permitirá para 2021 un ajuste global de la economía del 3,9 % del PIB y no del 5 % como se esperaba en primera instancia. Además, las reservas al 2019 en la primera revisión se habían establecido en $4999 millones, pero ahora se deberán acumular $4215 millones. Al 2021, en primera instancia, se había programado una acumulación de $11 397 millones, pero en la revisión actual a ese mismo año se esperarían reservas de $7576 millones.

Con este informe, el 19 de diciembre el FMI anunció que concluyó la segunda y la tercera revisión combinadas del desempeño de Ecuador en el marco de su programa económico. Lo que permitió acceder a un nuevo desembolso del FMI por USD $498,4 millones.

El FMI también señala que un requisito para una reforma exitosa en el tema de los subsidios de combustibles, que no se concretó tras los 11 días de protestas en octubre, será la actualización de la red de seguridad social.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Juicio de extradición de Assange pondrá a prueba justicia británica

 El excónsul de Ecuador en el Reino Unido, Fidel Narváez, dijo hoy que el juicio de extradición del fundador de Wikileak, Julian Assange, a Estados Unidos pondrá a prueba la independencia del sistema judicial británico.

“Habrá que ver si la justicia británica es capaz de resistir las presiones de Estados Unidos para extraditar a Assange”, aseguró el exdiplomático, en alusión al proceso que se iniciará el 24 de febrero próximo en la Corte de Magistrados de Westminster.

De acuerdo con Narváez, quien trabajó en la legación diplomática ecuatoriana en Londres entre 2010 y 2018, existe un riesgo ‘altísimo’ de que el periodista australiano sea entregado a los fiscales norteamericanos, a pesar de que un tratado firmado por ambos países prohíbe la extradición por delitos políticos.

Entre los gobiernos del Reino Unido y Estados Unidos existe una relación que ellos mismos califican de especial, pero que a la larga es una relación de sumisión de Londres a Washington, aseveró el excónsul a Prensa Latina.

Al respecto, recordó que en asuntos de seguridad nacional, esa dependencia ha sido constante, al punto, dijo, que ambos han ido juntos a guerras ilegales.

Narváez, quien convivió con Assange durante seis de los siete años que el ciberactivista estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres, apuntó que su extradición a Estados Unidos sería la mayor amenaza a la libertad de expresión en toda una generación.

Sentaría un antecedente terrible, pues sería la primera vez que aplican la ley de espionaje de forma extraterritorial, y contra la salvaguardia de los países europeos sobre la persecución política, aseveró.

Respecto a la investigación que realiza un juez español sobre el supuesto espionaje al que fue sometido Assange en la embajada ecuatoriana, el exfuncionario consideró importante que se demuestre que el fundador de Wikileaks estaba siendo espiado por la empresa española UC Global, encargada de la seguridad del edificio.

Ciertamente la privacidad de Assange y del resto del personal diplomático siempre se vio invadida por UC Global, de la cual siempre sospechamos, aunque en aquel entonces no sabíamos, como se denunció ahora, que vendió esa información a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, expresó.

Según Narváez, los agentes de UC Global tenían un interés especial por las reuniones que el fundador de Wikileaks mantenía con sus abogados, y las conversaciones con las personas que lo visitaban. Todo esto demuestra que Assange jamás tendrá un juicio justo en Estados Unidos, porque sus perseguidores han recurrido a métodos ilegales, sobre todo por la invasión de su privacidad y la violación del derecho a la confidencialidad que existe entre los abogados y su cliente, acotó.

En opinión del excónsul, es necesario delimitar dos periodos en la estancia de Assange en la embajada entre 2012 y 2019: los seis primeros años bajo el gobierno del presidente Rafael Correa, cuando se le protegió, y el último, cuando, tras la llegada al poder de Lenin Moreno, se le retiró la protección, y se le entregó a la Policía británica.

El ciberactivista de 48 años de edad está encerrado en la cárcel londinense de Belmarsh desde su arresto en la legación diplomática en abril pasado, y fue condenado a 50 semanas de cárcel por violar una fianza relacionada con un caso de presuntos delitos sexuales cometidos en Suecia que luego fue desestimado.

Aunque Assange es elegible desde septiembre pasado para salir en libertad condicional, la jueza Vanessa Baraister determinó que debe esperar en prisión por la celebración del juicio de extradición, previsto para comenzar el 24 de febrero próximo.

De ser entregado a Estados Unidos, el periodista australiano podría ser condenado a 170 años de cárcel, por la publicación en el portal Wikileaks de cientos de miles de documentos y archivos secretos de la diplomacia y el Ejército estadounidenses.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Mike Pompeo: “Ecuador está dando pasos importantes en la reforma económica que permitirá la prosperidad”

 Para el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, “Ecuador está dando pasos importantes en la reforma económica que permitirá la prosperidad a largo plazo para todos los ecuatorianos”.

El secretario de Estado norteamericano mantuvo una reunión con con el canciller de Ecuador, José Valencia, el Secretario General de la Presidencia, Sebastián Roldán, y el ministro de Economía, Richard Martínez.

“Buscamos expandir el comercio y apoyar la democracia y los derechos humanos en la región”, agregó Pomeo, en la publicación en su cuenta de Twitter.

Su pronunciamiento se da luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó otro desembolso por USD $498,4 millones.

Además, según Morgan Ortagus, portavoz de Pompeo, las autoridades conversaron “sobre una fuerte cooperación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador y otras áreas de cooperación en comercio”. También dijo que Pompeo agradeció “la sólida asociación con Ecuador en la región y su apoyo a la democracia y los derechos humanos”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano