Jueza llamó la atención a Fiscal Diana Salazar por falta de orden y rigor jurídico en Caso Sobornos

En el marco de la audiencia preparatoria de juicio del caso “Sobornos 2012-2016” que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, la jueza, Daniella Camacho, explicó que la decisión que dará a conocer en las próximas horas, estará basada en la información encontrada en los denominados “archivos verdes”.

En ese marco, señaló que los hechos habrían dado cuenta de una conducta criminal grave y compleja que incluso no se agotaría en el cohecho, sin embargo aclaró que como jueza no le corresponde a ella sugerir otro tipo penal.

Asimismo, la magistrada llamó la atención a la Fiscalía por no investigar a Odebrecht y otras personas y empresas vinculadas, que también aparecen en los “archivos verdes”. En ese aspecto calificó de desordenada la acusación presentada por la fiscal Diana Salazar.

Camacho acogió la mayoría de los elementos de convicción presentados por Salazar y rechazó algunas de las impugnaciones hechas por los defensores de involucrados. En total, se pidió excluir 48 pruebas contra procesados en Caso Sobornos.

Únicamente cuatro pedidos de exclusión fueron aceptados:

  • Los impulsos fiscales.
  • Los testimonios de los cónyuges de Christian Viteri y Viviana Bonilla
  • El testimonio que dio José Conceição Santos en el juicio por asociación ilícita, únicamente se tomará en cuenta testimonio anticipado que dio en este caso.
  • El testimonio del representante de la firma de publicidad McCann Erickson.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Asamblea iniciará juicio político contra Diana Atamaint el próximo 7 de enero

El próximo martes 7 de enero de 2020, a las 08h00, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dará inicio al trámite del pedido de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, por supuesto incumplimiento de funciones.

La convocatoria fue realizada por Johanna Cedeño (AP), presidenta de la mesa. En este encuentro avocarán conocimiento del pedido impulsado por el bloque de CREO, a través de los legisladores Jeannine Cruz y Fernando Flores, que fue aceptado a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el pasado 10 de diciembre.

Para el juicio político, CREO recogió más de 50 firmas, incluso, el titular del Legislativo, César Litardo, respaldó el proceso.

El proceso contra Atamaint se basa en el supuesto incumplimiento de funciones en tres ámbitos: sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (escrutinios en Los Ríos), el caso de Luis L. por irregularidades electorales en Manabí; la falta de respuesta a Pedro Bermeo de Yasunidos y vulnerabilidad del sistema informático.

«Realmente nos parece que la democracia en el país está corriendo peligro frente a una funcionaria que no cuenta con la garantía, con la transparencia y con la legalidad», dijo Jeannine Cruz.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Jueza Camacho anuncia sobreseimiento a exasesora de Vinicio Alvarado

La tarde de este viernes 3 de diciembre de 2020, la jueza Daniella Camacho afirmó que “no existe suficientes elementos que relacionen al delito de cohecho investigado a María Augusta Enríquez, exasesora de Vinicio Alvarado”.

Desde las 09h00 de este viernes se desarrolla la audiencia en la que la jueza Camacho debe dar a conocer si llama o no a juicio a los procesados, entre los que consta el presidente Rafael Correa.

María Augusta Enríquez fue acusada por Fiscalía como cómplice del delito de cohecho junto a Yamil Massuh, exasesor de la ministra María de los Ángeles Duarte.

Hasta el momento la jueza nacional ha hablado de los elementos que relacionan al caso 14 de los 24 procesados en esta causa y solo a favor de Enríquez la jueza Camacho ha anunciado un sobreseimiento.

En la lista de quienes ya ha nombrado los elementos de convicción aparece Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís, Pamela Martínez, Laura Terán, Viviana Bonilla, Christian Viteri, María Augusta Enríquez, Yamil Massuh, Víctor Fontana y Rafael Córdova.

En la primera hora y media, la jueza Daniella Camacho resolvió los pedidos de exclusión de pruebas que presentaron las partes procesales.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Se reinstala audiencia de juicio de caso Sobornos 2012-2016

Desde las 09h00 de este viernes 3 de enero de 2020, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, reinstaló la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016 para dar a conocer de forma oral la resolución de si llama o no a juicio a los 24 procesados en una causa en la que se investiga el delito de cohecho.

Uno de los investigados es Jorge Glas, exvicepresidente, quién este 2 de enero de 2020, recibió medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional pidió al Estado que proteja su integridad y su vida.

A Glas se suman también, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; los exministros María Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solis; la asesora personal de Correa, Pamela Martínez; la exasistente de Presidencia, Laura Terán; la exasesora de Vinicio Alvarado, María Augusta Enríquez; la asambleísta Viviana Bonilla; el exasambleista Christian Viteri; y el exasesor de María Duarte, Yamil Massuh.

Recordemos que esta reinstalación estaba definida en primera instancia para el 12 de diciembre pasado, pero debido a los pedidos realizados por las defensas de los procesados William Phillips Cooper, María de los Ángeles Duarte, José Verdú y Edgar Salas León, Camacho difirió la diligencia para hoy.

Según información de la Fiscalía General del Estado (FGE), en este proceso se presentaron 837 elementos, que fueron recabados durante la fase de investigación pública denominada instrucción fiscal. Además, indicó que la indagación determinó que existió una estructura conformada por funcionarios públicos y empresarios privados.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Irán promete «venganza severa» por muerte del general Qasem Soleimani tras un ataque de EE.UU.

Irán ha prometido vengar la muerte del general Qassem Soleimani, el comandante de las fuerzas Quds de élite y arquitecto de la creciente influencia militar de la república islámica en Oriente Medio, que pereció en un ataque aéreo lanzado por Estados Unidos en Irak.

Según confirmó el Pentágono, el ataque contra Soleimani que se produjo en el aeropuerto de Bagdad, Irak, fue ejecutado por «orden del presidente» Donald Trump.

Y por supuesto, las posibles consecuencias del asesinato selectivo de una de las figuras más populares de Irán causan preocupación en Estados Unidos y una nueva fractura entre demócratas y republicanos, que apoyaron el ataque, cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales estadounidenses.

Los congresistas de Estados Unidos no fueron informados con anterioridad del ataque. Este bombardeo amenaza con provocar “una peligrosa escalada de la violencia”, advirtió la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi.

A decir de los analistas internacionales, este bombardeo ha indignado a Teherán y hace que aumente la tensión entre Irán y Estados Unidos en Irak, donde esta semana grupos de manifestantes proiraníes asaltaron la Embajada estadounidense en Bagdad.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, calificó el ataque como una “escalada estúpida y extremadamente peligrosa” y advirtió que “EE.UU. será responsable de las consecuencias de su aventura temeraria” recordando que el general Soleimani fue la fuerza más efectiva en la lucha contra el Estado Islámico, Al Nusrah, Al Qaeda y demás organizaciones yihadistas.

Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en Irak instó en un comunicado a salir inmediatamente del país a todos los ciudadanos estadounidenses y recomiendó que lo hagan preferiblemente por avión.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Ecuador cerró el año 2019 con un déficit fiscal de USD 705 millones

Más gastos y menos ingresos. Así terminó el año el Gobierno de Lenín Moreno, con un déficit fiscal de USD 705 millones, según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas.

Recordemos en el año 2018 se cerró con brecha de USD 3.352 millones, pero en 2019 llegó a los 4.057 millones. La cifra representó el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Según el exministro de Economía, Mauricio Pozo, esta situación es consecuencia de cuatro factores. En primer lugar, en 2019 el Gobierno tuvo que cubrir desembolsos que no estaban contemplados anteriormente. Uno de los principales fue el pago de la contribución estatal del 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que significó un gasto de entre 1.400 millones y 1.500 millones.

Por el lado de los ingresos, un factor decisivo es que la recaudación de impuestos fue menor a lo que se esperaba. A esto se añade que la reducción del gasto corriente, sobre todo de sueldos y compras públicas, fue marginal, y no pudo ser compensada por la baja inversión pública o gasto de capital.

Esas proyecciones dependerán, en gran medida, de que se concreten las concesiones de empresas públicas y la focalización de subsidios; además existen dudas sobre los ingresos petroleros, que ya cerraron 450 millones menos en 2019.

Según el presupuesto 2020, el Gobierno buscará llegar a un déficit fiscal de USD 3.383 millones. Y una de las acciones que a su criterio se encaminará a ese propósito, fue la aprobación de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que busca conseguir unos USD 600 millones este año. También se busca focalizar subsidios a los combustibles.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Informe de CDH demuestra vulneración de derechos humanos en Guayas durante el paro

Un uso inadecuado y desproporcionado de los Estados de excepción por parte del Gobierno, el uso de un discurso estigmatizante en contra de las personas que protestaban, así como detenciones irregulares, casos de abuso de la fuerza y desapariciones temporales, son algunas de las conclusiones a las que llegó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil.

La fuerte represión y abusos de la fuerza pública durante las protestas de octubre se evidencian en varios informes de organismos y colectivos que protegen los derechos humanos, pese a que el Gobierno mantiene un discurso distinto.

El CDH publicó su informe respecto a los hechos sucedidos con testimonios de varios afectados.

“Al ver la agresión a mi amiga textualmente le dije al policía que la estaba agrediendo “suéltala desgraciado no la ataques”, entonces recibo por la espalda un toletazo de parte de un policía, mientras escucho al otro policía que dice: “cógelo a ese hijo de puta que nos estaba grabando”. Empiezo a correr y me rodean muchos policías, al ver esto yo levanto mis manos para que se evidencie que no estoy poniendo resistencia y pido que por favor no me agredan que no estoy haciendo nada. A pesar de esto, empezaron a golpearme con los toletes, me empezaron a patear, un policía sacó y me roció gas pimienta”, relata uno de los manifestantes agredidos.

Entre sus conclusiones señalan que hubo “uso de un discurso estigmatizante en contra de las personas que protestaban por parte de voceros gubernamentales, en distintos niveles, al calificarlos peyorativamente de diversas maneras, incluso como narcotraficantes, sin que el Gobierno o las autoridades locales hayan presentado evidencia alguna e inobservando que nuestra Constitución garantiza el derecho a la resistencia”.

“Eran tres policías altos, todos encapuchados y sin motivo alguno empezaron a golpear al joven sentado. Inmediatamente su cara quedo hinchada y desfigurada por todos los golpes que le dieron. El joven empezó a convulsionar de tantos golpes y uno de ellos dijo ya déjalo. Como la otra persona estaba en ese estado, vieron hacia mí y me golpearon, lo que hice fue cubrir mi cara con mis brazos mientras ellos me golpeaban con sus toletes”, es el testimonio de Carlos.

El documento también indica que “varias personas fueron privados de su libertad sin que hayan estado cometiendo ninguna contravención o delito, sino que únicamente ejercían su derecho constitucional de manifestación”

“Uno de los policías que se encontraba, me tiró la moto encima, y otro policía me dio una serie de golpes con el tolete. Yo corrí a un establecimiento militar, intentando protegerme, y los militares le dijeron a los policías que no podían pasar, pero después, un policía de alto rango conversó con un militar, y éste dijo “déjalos pasar para que se lo lleven”, y uno de los militares refutó diciendo ”¿cómo vamos a permitir que se lo lleven?”. Dentro de las oficinas de la zona militar, comenzaron a golpearme reiteradamente en las costillas, yo me quedé sin aire”, relata otro de los manifestantes.

Además, señalan que en casos de algunos detenidos “se registraron desapariciones temporales derivadas por recorridos irregulares a bordo de los patrulleros policiales, incluso durante varias horas”.

Por último, consideran que “los actos convocados por la Gobernación del Guayas y la Presidencia de la República, con la finalidad de reconocer la labor policía durante el paro nacional y el anuncio de la entrega de bono económico a los agentes policiales, constituye un agravio a las víctimas de la represión estatal en el Ecuador”.

Revisa el informe completo con un click: Informe CDH sobre el paro en Guayas

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Turismo extranjero en fin de año creció 4,3%

“Hay buenas noticias”, dijo la ministra de Turismo, Rosi Prado, este jueves 2 de enero de 2020, al anunciar el balance del turismo durante el último feriado de 2019. Informó que hubo un crecimiento del 4,3% en turismo extranjero, con respecto al 2018.

En cuanto al turismo nacional, Prado mencionó que, en estas fechas, hubo 524.000 ecuatorianos que se movilizaron en 2018. En este año, la cifra llega a 527.000 en este mismo periodo.

Por las festividades de Navidad y Fin de año, las ciudades más visitadas son Quito, Guayaquil, Salinas, Atacames, Tonsupa, Manta, Ambato y Cuenca.

Con respecto a las emergencias reportadas en estas dos festividades, el director del ECU-911, Juan Zapata, manifestó que hubo una reducción del 14% de llamadas de emergencia.

De igual forma, el director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Álvaro Guzmán, indicó que hubo una reducción “significativa” de accidentes de tránsito durante, en estos dos últimos feriados del 2019.

Además, destacó que no se registró personas fallecidas por accidentes de transporte masivo de pasajeros. En 2018, dijo, se reportaron 32 personas muertas.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

CIDH otorga medidas cautelares a Jorge Glas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a favor del exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra cumpliendo una condena por asociación ilícita.

En el documento, la CIDH considera que el presente asunto «reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el articulo 25 del Reglamento».

Solicita a Ecuador que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e Integridad personal de Jorge Glas; particularmente, valorando e implementando aquellas más apropiadas a las circunstancias personales y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos;

La Comisión solicita al Gobierno que informe a la Comisión, dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.

El exvicepresidente fue sentenciado a 6 años por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Al momento se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga.

En el documento, la Comisión señala que el Estado omitió en indicar si las autoridades competentes efectuarían un análisis de la situación de riesgo del exvicepresidente cono la gravedad de las alegaciones sobre la existencia de amenazas de muerte por parte de otros interno.

La CIDH obtuvo información sobre las malas condiciones de la cárcel en mención, particularmente sobre vrios internos que se encontrarian afectados por tuberculosis y pacientes con VIH-SIDA. Sobre este aspecto, consideran que la inacción por parte del Estado, estaría poniendo en riesgo al propuesto beneficiado al encontrarse expuesto a contraer estos padecimiento.

Además, de manera generalizada en dicho lugar, los privados de libertad no saldrían a los patios y no tendría acceso a una alimentación adecuada.

Por ello, señalan que al requisito de urgencia, la Comisión entiende que, ante el tenor de las amenazas proferidas y la ausencia de medidas efectivas para asegurar los derechos de Glas, «el Estado tenga la obligación de implementar en el menor tiempo las medidas que considere adecuadas para protegerlo».

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano