Respuestas de la Procuraduría a la defensa de Rafael Correa por caso Sobornos deberá ser bajo declaración juramentada

Fausto Jarrín, abogado del expresidente de la República Rafael Correa y el exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera, señaló que dentro de los 830 elementos de convicción plateados por la Fiscalía y los 420 de la Procuraduría en el caso “Sobornos 2012-2016”, la jueza los bajó a 180, pues ambas entidades repitieron las pruebas para cada procesado: “Y claro para influenciar la agenda de medios que hace la fiscalía y el procurador, ellos hablan de miles de pruebas, pero resulta que contra el expresidente tienen seis elementos de convicción y no 800”.

Cuestionó que dentro de los elementos contra el exmandatario están su nombramiento como Presidente de la República, el decreto con el que nombraba ministros y la papeleta de depósito del fondo de los funcionarios, de ahí que  manifestó que cuando se enfrente en el juicio con la Procuraduría, deberán demostrar el delito pero no únicamente con declaraciones sino que tendrá que responder a sus preguntas con una declaración juramentada, ya que este caso junto con los otros en los que se lo involucra a Correa irán a organismos internacionales.

“Este Gobierno ha violado derechos humanos y por eso nos han otorgado medidas cautelares de forma repetitiva”

Reiteró que su trabajo no concluirá en las cortes nacionales: “Tenemos presentado ante el Comité permanente de Derechos Humanos demandas por persecución política y por diversidad de cosas. La situación internacional llega después de un tiempo pero llega”.

Para Jarrín la Fiscalía es una oficina más del Ejecutivo donde se determina a quién, cómo y cuándo perseguir: “Y hasta por tweets de ciertos ministros”.

Llamamiento a juicio

El abogado recordó el llamado de atención que recibió la Fiscalía por parte de la jueza Daniella Camacho, el cual se debió al desorden y la falta de objetividad con la que presentó el caso, y no por un tema de estilos como quiso argumentar Diana Salazar, titular del ente, sino por haber entendido la cooperación eficaz que tiene con Odebrecht como un tema de impunidad, agregó.

“Desde el inicio la jueza penal llamó la atención a la Fiscalía y  estableció que actuó  en deslealtad procesal con la misma jueza”

Explicó que al inicio existían tres delitos por los cuales se vinculaba los procesados: cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.

“Después de toda la primera parte de la audiencia, que es muy importante porque la jueza decide sobre su competencia, la procedibilidad y las nulidades procesales (…) después de eso la fiscal le hace conocer a cada una de las partes procesales y a la jueza que no iba acusar por las tres cosas y de una forma prepotente porque hasta ahora no nos ha dicho las razones”

Pese a ello atribuyó la decisión de la Fiscalía de mantener únicamente el delito de cohecho porque con la asociación ilícita y tráfico de influencias el juicio no hubiera prosperado ya que no todos los acusados se encuentran en el país: “El juicio se hubiese tenido que suspender y eso habría evitado la sentencia ejecutoriada contra el presidente Correa para que él no sea candidato (en el 2021)”

“Deslealmente la fiscal retira dos cargos sin dictamen abstentivo, sin que la jueza sepa, luego que la jueza justificó su competencia, le deja sin piso y la jueza se ve obligada a llamarle la atención, se ve obligada a decirle que un convenio de cooperación eficaz con Oderecht no es sinónimo de impunidad. Se ve obligada a decirle a la fiscalía que faltó objetividad e imparcialidad en procesamiento de la información. Se ve obligada a decirle a la fiscalía que no justificó por qué ciertas personas que aparecen en los cuadernos ni siquiera las investigó”.

En ese contexto sostuvo que si Fiscalía no investigó a Odrebrecht es porque esa Institución está en la mesa de negociación con la empresa brasileña: “Y están negociando la devolución del dinero, y eso público tan público que Odebrecht le acaba de amenazar al Estado que si no devuelve los recursos pondrá en riesgo la cooperación eficaz”.

En todo caso, explicó que por la premura con la que quieren llevar el caso, muy seguramente se sorteará el tribunal mañana mismo, tras lo cual vendrían los recursos de apelación y casación.

“Es un camino por recorrer con 21 procesados y alrededor de 120 versiones el juicio durará entre 60 y 70 días, el tema de los tiempos no juega contra nosotros, sino contra ellos”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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