Rivadeneira y demás correístas asilados en embajada viajan hacia México

El ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, confirmó que un grupo de opositores políticos del correísmo que se encontraban refugiados en la embajada de México en Quito desde octubre, partió hoy hacia ese país con el permiso del Gobierno de Lenín Moreno.

«Hace unos momentos, los ciudadanos en cuestión tomaron un vuelo comercial hacia la Ciudad de México», dijo el ministro en una rueda de prensa aludiendo a varios políticos del movimiento Revolución Ciudadana (RC) que se habían refugiado en la embajada a raíz de la ola de disturbios de octubre.

Se trata entre otros de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, su cónyuge Luis Flores, y otros a los que la Fiscalía del Estado les había abierto investigación por posible instigación durante la violenta ola de disturbios de hace tres meses.

URGENTE-URGENTE: @ValenciaJoseEc informó que el Gobierno de @Lenin otorgó el salvoconducto a asambleists refugiados en la Embajada de Méjico para que puedan #abandonar el Pais; esta información fue puesta en conocimiento después que los ciudadanos habían salido del País. pic.twitter.com/SGOxPXyYaC— ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) January 9, 2020

Preguntado por los periodistas, el ministro no ofreció una lista de las personas que habían viajado y se limitó a decir que lo hicieron «todos los que estaban allí» (en la embajada de México).

«Luego de las violentas jornadas de octubre, un grupo de militantes vinculado al movimiento RC ingresó a la embajada de México y solicitó asilo diplomático a ese país. El gobierno de México informo días después que concedía el pedido», agregó Valencia.

Y precisó que el gobierno de Ecuador ha revisado «conforme a derecho dicha concesión» y los tratados internacionales, estando seguro de que «la conspiración para atentar contra la democracia y lo hechos violentos de octubre serán esclarecidos por la justicia y que sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso».

Junto a ello, abundó, y «siguiendo la linea de respeto a los instrumentos internacionales que han mantenido el Gobierno, esta semana se comunicó a la embajada de México que se brindarían las facilidades necesarias para que esos funcionarios salgan de Ecuador».

La ola de disturbios de la primera quincena de octubre se originó por la eliminación del subsidio a los combustibles por el presidente Moreno -decreto luego derogado-, y en ella murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas.

Durante los disturbios, distintos grupos de izquierdas, sindicales y del movimiento indígena cortaron vías y carreteras, poniendo en jaque el abastecimiento en el país y protagonizando fuertes enfrentamientos con las fuerzas del orden.

El Gobierno de Moreno denunció en su momento la actuación de interesados extranjeros y de grupos políticos afines al expresidente Rafael Correa que supuestamente instigaron a la violencia, por lo que se iniciaron causas contra varios de sus representantes en el país.

Correa y sus partidarios acusan a Moreno de haber iniciado una persecución política contra ellos, por lo que algunos salieron del país y un grupo se refugió en la embajada de México.

A juicio del ministro, el viaje a México bajo autorización «evidencia una vez más (…) que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados por órganos judiciales competentes».

Y al rechazar las acusaciones de persecución, consideró que «Ecuador regresó al orden democrático y respeta plenamente el ordenamiento jurídico nacional y las responsabilidad derivadas del derecho internacional».

Asimismo explicó que «la única manera de que nunca se repitan los ataques y persecuciones de manos del gobernante del turno», alusión a los años de gobierno de Correa, es «demostrar en los hechos que la democracia es la única respuesta», y que «la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos son cruciales». 

Fuente: La República, República del Banano

Se suspendieron elecciones en el Colegio de Abogados del Guayas

El proceso de inscripción de candidaturas iniciaría a las 08:30 de este jueves 9 de enero, pero el proceso se suspendió, lo que generó una reacción de los presentes que estaban tras la expectativa de la renovación del nuevo directorio del Colegio de Abogados del Guayas.

Esta suspensión de la elección de la nueva directiva prevista para el próximo 3 de febrero, obedece al pedido de medidas cautelares que fue aceptado por el juez Gonzalo Villacreses, de la Unidad Judicial Sur, en Guayaquil, frente a ello, los nuevos dirigentes estarán vigentes en el periodo 2020-2023.

El precandidato a la presidencia del gremio de abogados y peticionario de las medidas cautelares fue Hernán Ulloa Ordóñez, vocal alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debido a una supuesta violación a las normativas y la falta de garantías en la transparencia del proceso electoral.

Según la resolución, en el nuevo proceso electoral, el Tribunal de Honor de la institución, que es el órgano electoral, debe emitir un reglamento, depurar el padrón electoral y conformar juntas electorales en cada cantón de la provincia.

Ricardo Vanegas, era otro de los precandidatos, quien llego junto a sus simpatizantes, pasadas las 09:00 de este jueves, a la sede del Colegio, en el centro de la ciudad porteña, sin lograr inscribir su postulación ya que no pudo ingresar al edificio.

Para Vanegas la molestia se evidenció al no poder inscribirse, “somos la única lista que tiene completos a todos sus candidatos y por eso, los candidatos del continuismo nos cierran las puertas para no inscribir nuestra lista”.

Gritos de consignas en contra de Jimmy Salazar, actual presidente del Colegio, fueron los reclamos escuchados en ese escenario de los abogados, donde varios simpatizantes del precandidato Vanegas intentaron abrir la puerta a la fuerza.

Este candidato es esposo de Pamela Martínez, quien fue llamada a juicio por el delito de cohecho, en el caso Sobornos 2012-2016. Vanegas también fue candidato a prefecto de la provincia bajo el Movimiento Justicia Social.

El presidente saliente Salazar llegó minutos después de la gresca, quien desestimó su responsabilidad en la paralización del proceso, les dijo “vayan ante el Juez que dictó la providencia o al precandidato que presentó las medidas cautelares (…) Nosotros hemos convocado para que hoy se inicie el periodo de inscripción, pero un Juez la suspendió”.

En diciembre pasado se dio a conocer por parte del gremio de abogados que hay un total de 17 258 profesionales habilitados para el sufragio.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Prefectura de Pichincha trabaja por hacer competitivos los productos de la provincia

El Gobierno de Pichincha desarrolla el programa Obtención de Notificaciones Sanitarias para productos de las Unidades Productivas de Economía Solidaria (EPS), dirigido a los emprendedores, asociaciones productivas, microempresarios que elaboran alimentos procesados.

El objetivo es que Pichincha cuente con alimentos procesados, con valor agregado, que sean competitivos y puedan posicionarse en el mercado local, así como también tengan la oportunidad de comercializarse en mercados internacionales.

La directora de Economía Popular y Solidaria del Gobierno de Pichincha, Fabiola Quintana, destacó que las certificaciones, como esta notificación sanitaria, es una herramienta que permite a los productores y emprendedores de la EPS abrirse a nuevos espacios de mercado.

Comentó que la obtención de las certificaciones se complica por el costo, por el tiempo o, inclusive, por el desconocimiento de los trámites correspondientes. Por ello, el GADPP decidió ofrecer este servicio, de manera gratuita.

Para el efecto, según contó Quintana, la Prefectura invertirá recursos correspondientes al año anterior, que quedaron como remanentes, para financiar el programa piloto, del cual se beneficiarán 15 emprendimientos, que tendrán lo posibilidad de obtener el registro sanitario para algunos de sus productos.

El programa abarca a todos los cantones de Pichincha: Mejía, Rumiñahui, Quito, Cayambe, Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito. La socialización iniciará el lunes 13 de enero, en la ciudad de Machachi, para el cantón Mejía, a las 09h00; y, para el cantón Rumiñahui, en Quito, a las 14h30, en el Salón de la Provincial del Gobierno de Pichincha.

Martes 14 de enero en Cayambe, a las 10H00, para los cantones Cayambe y Pedro Moncayo.

Miércoles 15 de enero en San Miguel de los Bancos, a las 10H00, para los cantones del Noroccidente de Pichincha: San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

No busco tomarme la presidencia del CNE, asegura Enrique Pita

Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, reconoció que de ser destituida la titular del organismo Diana Atamaint, es él quien deberá asumir la Presidencia, sin embargo aclaró que eso sería de manera temporal hasta que el pleno del ente vuelva a nombrar a las autoridades.

“Yo no estoy buscando la Presidencia del Consejo Nacional Electoral”, destacó Pita al rechazar las afirmaciones de Atamaint de que CREO, organización a la que él pertenece, busque tomarse la Institución.

En ese contexto manifestó que las aseveraciones de la titular del organismo electoral, son una falta de respeto a los asambleístas pues estaría dando a entender que todas las bancadas están subordinadas a una organización política y así entregar el CNE; a la vez mencionó que se falta el respeto a los propios vocales electorales: “Por subordinarse a un individuo como que el ente va a ser un feudo de control absoluto”

En entrevista con Ecuavisa, Pita además indicó que el término controlar significaría tener aliados dentro de la misma función, repartirse el trabajo y entregar responsabilidades sin mirar experiencia.

El funcionario remarcó que el conflicto interno ha provocado el deterioro de la relación de los consejeros pues incluso denunció que se están impulsando programas de desprestigio para estropear la imagen de quienes cuestionan.

De otro lado señaló que debido a estas disputas se le han restado responsabilidades: “Si se revisa el organigrama encontrará que un consejero (José Cabrera) tiene el 70% de responsabilidades: “y Esthela Acero igual, eso no es bueno”.

Personería jurídica de Compromiso Social

Pita aseguró que el informe que le permite participar a esa organización política en las elecciones del 2021, fue presentado a última hora, por tanto no fueron conocidos los argumentos: “Yo me negué a votar porque fue entregado minutos antes de una sesión que fue postergada seis días atrás (…) Era un informe muy ligero y Contraloría”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Ex asesor de campaña de Presidente Moreno es investigado por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República de México (FGR) investiga a Jordi Segarra Tomás, por lavado de dinero. El consultor y estratega político trabajó en Ecuador en la campaña electoral del Presidente Lenín Moreno y en la campaña para la Alcaldía de Quito de Mauricio Rodas Espinel.

Segarra fue ubicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México por la investigación relacionada contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Alonso Ancira Elizondo, dueños de Altos Hornos de México (AHMSA), por la compra millonaria de una planta chatarra.

El principal indicio que tienen las autoridades federales es un depósito de 36 millones de pesos que realizó AHMSA a la empresa EECJS, propiedad de Segarra. Los ingresos y depósitos discrepan con sus reportes declarados ante Hacienda.

En Ecuador, Segarra trabajó para el Presidente Moreno en su campaña en 2017 y según declaraciones del ex consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, él pago con su dinero personal su asesoría, ya que este gasto no fue reportado por al Consejo Nacional Electoral.

En declaraciones para el medio digital La Posta, el año anterior, Cuesta indicó que es un amigo personal de Jordi Segarra.

“Yo lo pagué de mi bolsillo, eso no está reportado como gasto electoral porque es un aporte que yo hice a un consultor político que vino 3 – 4 semanas a asesorar a un Presidente de la República”.


Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Diana Atamaint rechaza que se la quiera vincular con el correísmo por actuar de manera técnica

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, se refirió a la personería jurídica del movimiento Compromiso Social- Revolución Ciudadana, que resolvió el año pasado el Pleno y que le permite a la organización política participar en los comicios del 2021: “Nosotros estamos en la obligación de responder a la democracia del país con transparencia, podemos tener afectos o desafectos pero eso no puede ir contra los derechos adquiridos”.

Atamaint manifestó que el movimiento político pasó por una auditoría de la Contraloría y con base a un informe de esa Institución, el Pleno del CNE le dio estricto cumplimiento analizando la situación legal no solo de Compromiso Social sino de otros partidos.

“Tomamos la Constitución y el Código de la Democracia y aplicamos. Les dimos (a Revolución Ciudadana) el derecho a la defensa para que presenten sus pruebas de descargo y sobre eso salió un informe técnico jurídico que recomendó tomar una decisión”.

Reprochó que ciertos actores políticos tomen ese proceso como un acto que busca resucitar al correísmo: “Dicen que queremos resucitar al correísmo, y ¿cuándo el correismo murió?

Recordó que a lo largo de su carrera política nunca se ha prestado para pactos, por tanto rechazó que se le quiera vincular con el sector correísta por actuar de manera técnica.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Se analizará expediente para condenarla o no a exvicepresidenta Vicuña al terminar las audiencias por caso Diezmos

 Luego de seis horas de audiencia, el Tribunal, que está conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilman Terán, indicaron que analizará el expediente y citarán a una nueva audiencia para anunciar la decisión de condenarla o no a la exfuncionaria.

Pruebas testimoniales y documentales, se entregaron durante los tres días que duró el juzgamiento, por parte de la Fiscalía y la defensa de la procesada ante el Tribunal.

Desde la Fiscalía se dio a conocer 34 evidencias, entre ellas, los testimonios de agentes investigadores, peritos, exfuncionarios bancarios y también el exasesor de Vicuña Ángel Sagbay.

El asesor Sagbay aseguró que cuando trabajaba en el Legislativo, Vicuña le exigió a él y a sus compañeros una mensualidad entre USD 300 y USD 1 400. Esto aportes económicos eran obligatorios, caso contrario no podían continuar en el cargo.

Pero en las indagaciones se demostró que el dinero cubrió gastos de la organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

Se presentó a los jueces el análisis que realizó una perito contable a las cuentas de la exfuncionaria, por parte del fiscal subrogante, Wilson Toainga, cuyos resultados de la pericia son que tres de sus colaboradores de entonces realizaron transferencias a su cuenta bancaria personal, por un total de USD 43.295.

Una evidencia más, los ingresos de la exlegisladora alcanzaron USD 590 628,99, pero ella solo declaró USD 401 045,20 ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), durante el período del 2011 al 2016.

Su defensa Ana María Ontaneda, abogada de Vicuña, entregó 28 pruebas, donde se encontraba la versión de 16 excolaboradores de cuando trabajaba en la Asamblea y militantes de la organización política ABA.

Ellos dijeron que no recibieron amenazas de perder sus puestos de trabajo si no aportaban y aseguraron que los aportes económicos que depositaron en la cuenta bancaria de Vicuña eran voluntarios.

Como parte de las pruebas documentales se entregó dos informes de la Contraloría General del Estado, donde verifica la declaración patrimonial de Vicuña entre el 2013 y 2018 y no hubo un incremento injustificado de su patrimonio, según el ente de control.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Canciller, ministro de Defensa y exembajador comparecerán por vuelos de vigilancia marítima

 La Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional resolvió, con 10 votos a favor, convocar al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, al canciller, José Valencia y a Francisco Carrión, exembajador de Ecuador en Estados Unidos, para explicar, entre otras cosas, las dudas sobre los vuelos de vigilancia marítima.

“Aunque el objetivo es el de la lucha contra el narcotráfico, al cual me adhiero plenamente, es imperativo que haya un acuerdo vinculante entro las partes. Mi preocupación sobre este asunto ha sido transmitida a la Cancillería en varias ocasiones”, explicó Carrión, quien renunció como Embajador por no estar de acuerdo con este tema.

Según Carrión, el convenio, según conoce, aún se encuentra en proceso de negociación. Sin embargo, Cancillería aseguró que “todas las operaciones y procedimientos han sido previamente autorizadas en el marco de los acuerdos generales de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, hoy en vigencia”.

Además, los tres explicarán la salida de Carrión de la Embajada de Ecuador en EE.UU porque, según Juan Sebastián Roldán, el Presidente Lenín Moreno le solicitó la renuncia y buscan un perfil para mejorar las relaciones comerciales. Por su parte, Carrión expresó su sorpresa por estas declaraciones porque, aclaró, él presentó su renuncia un día antes del pronunciamiento de Roldán.

Está previsto que sus comparecencias se concrete hasta el miércoles de la próxima semana, según Fernando Flores (CREO), presidente de la Comisión.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostuvo que se trata de acciones contra el narcotráfico. «Todas las operaciones que se hacen están reguladas bajo la legislación ecuatoriana, no están reguladas por convenios internacionales», dijo Romo.

Fuente: Pichincha Universal,República del Banano